Clara L�pez Obreg�n: Colombia: El ministro no tiene raz�n (original) (raw)

15 de agosto del 2007

Colombia

El ministro no tiene raz�n

Clara L�pez Obreg�n

La Insignia. Colombia, julio del 2007.

Las candidaturas de tres ex integrantes de las AUC a la Asamblea del Cesar y a una alcald�a en Antioquia y la debilidad de la respuesta oficial constituyen una se�al de alerta sobre los graves tropiezos que se presentan para el desmantelamiento del paramilitarismo, requisito cr�tico para la consolidaci�n de una democracia real en nuestro pa�s. Seg�n datos gubernamentales, hasta agosto de 2006 se hab�an desmovilizado 31.671 personas en actos colectivos y 9.964 en individuales, para un total de 41.635.

De este n�mero, aproximadamente 36.000 son paramilitares de los cuales 33.500 han sido beneficiados con indultos, cesaci�n de procedimiento o autos inhibitorios con arreglo a la Ley 732 de 2002. Al no haber sido judicializados por su pertenencia a organizaciones armadas fuera de la ley, se nos dice ahora que ninguno de ellos est� incurso en la inhabilidad para acceder a cargos de elecci�n popular que cobija a quienes hayan sido condenados por la comisi�n de delitos comunes.

Para poner en contexto el exabrupto de esa ligera interpretaci�n, basta con entender que el profesor de las escuelas de descuartizamiento de las AUC podr�a aspirar, por ejemplo, al Concejo de La Hormiga, donde la intimidaci�n del poder�o paramilitar sigue intacta. Hasta que su comandante fuera apresado con un celular que portaba la imagen de semejante atrocidad, Juan Carlos de la Cruz era un desmovilizado m�s, con todos sus derechos pol�ticos intactos y nada ni nadie, seg�n el ministro Holgu�n, habr�a podido impedir que recogiera las firmas para aparecer de candidato, entre otras cosas, porque las autoridades no ten�an noticia judicial de sus antecedentes en las AUC.

Pero resulta que la Ley 732 de 2002 no autoriz� amnist�a ni indulto para quienes hubiesen cometido delitos comunes. Los paramilitares desmovilizados est�n incursos en, por lo menos, el delito de concierto para delinquir, por su pertenencia a un grupo armado fuera de la ley. Ya la Corte Constitucional determin� concretamente que ello no es asimilable al delito pol�tico de sedici�n, como pretend�a la Ley de Justicia y Paz.

Como tantas veces se ha repetido, la desmovilizaci�n en condiciones favorables para quienes se acojan de buena fe constituye una necesidad para la consecuci�n de la tan anhelada paz. Pero para que surta efectos, debe ser llevada dentro de los c�nones constitucionales que comprenden que quien haya cometido delitos comunes no puede ejercer cargos de elecci�n popular. Est� bien que el Estado brinde a los desmovilizados de las AUC las oportunidades necesarias para su reinserci�n en la sociedad. Pero no sirve a los intereses de la democracia ni de la seguridad del Estado que el gobierno renuncie a ejercer la acci�n penal y con ello permita que se legalice la parapol�tica del Congreso en los �rganos de representaci�n popular regional y local. Todav�a hay tiempo para reaccionar antes de que sea demasiado tarde. En definitiva, no tiene raz�n el se�or ministro de Interior y de Justicia.