Fernando de la Cuadra: Chile: Los dilemas de la izquierda chilena (original) (raw)

22 de agosto del 2007

Los dilemas de la izquierda chilena

Fernando de la Cuadra (*)

La Insignia. Chile, agosto del 2007.

Se cumplen 18 meses desde que el gobierno de la socialista Michelle Bachelet asumiera la conducci�n de los destinos del pa�s. En este periodo, tanto la popularidad del gobierno como de la propia mandataria han experimentado un acelerado descenso, seg�n revel� una encuesta de Adimark dada a conocer recientemente.

Por primera desde el inicio de su mandato, el nivel de respaldo a la gesti�n de la presidenta Michelle Bachelet (41,5%) ha sido superado por el porcentaje de desaprobaci�n (42,8%). �A que se deber�a tal ca�da en el apoyo al gobierno en tan breve lapso de tiempo?

Algunos analistas han atribuido el descenso a los efectos negativos decurrentes del fracaso del Plan de Transporte P�blico de Santiago (Transantiago) que por cierto ha influido en la percepci�n negativa de la poblaci�n desde que se implement�. Sin embargo, aun considerando que dicho factor tiene alguna influencia en la p�rdida de aprobaci�n, es indudable que �ste expresa sobretodo el malestar manifestado por los habitantes de la capital. La �ltima encuesta revela justamente que desaparece la diferencia de evaluaciones entre Santiago y regiones, que ahora se igualan. Por lo tanto, si el Transantiago no parece ser la raz�n exclusiva para el mal desempe�o de las encuestas a nivel nacional, es necesario buscar otras claves explicativas que nos permitan comprender este fen�meno en su totalidad.

A nuestro entender, el agotamiento mostrado por el gobierno y la presidenta hay que buscarlos dentro de una constelaci�n de factores, que se encuentran tanto en la manutenci�n de la matriz econ�mica y sociopol�tica heredada de la dictadura como en un conjunto de aspectos interrelacionados que han impedido al gobierno, por una parte, cumplir con las promesas de transformaci�n del modelo realizadas durante la campa�a y, por otra parte, propender a una m�s activa participaci�n de la comunidad en la construcci�n de un proyecto nacional.

En el primer caso, el gobierno, lejos de marcar la diferencia con relaci�n a lo realizado por las anteriores administraciones, viene mostrando una tendencia a profundizar la aplicaci�n del modelo neoliberal en curso. Ello se expresa claramente en la manutenci�n de un equipo econ�mico en sinton�a con los preceptos del neoliberalismo ya por todos conocidos: estabilizaci�n, super�vit fiscal, ventajas competitivas, respeto irrestricto por la propiedad privada, desregulaci�n, sistema impositivo regresivo, estimulo al lucro de las empresas por sobre los trabajadores, etc.

En el conflicto suscitado entre los trabajadores del cobre y las empresas contratistas de Codelco, fue clara la postura a favor de las empresas que asumieron los ministros del �rea econ�mica -especialmente el titular de Hacienda, Andr�s Velasco- y el directorio de Codelco, encabezado por Juan Pablo Arellano. Seg�n lo denunciado por un grupo de diputados oficialistas, estos personeros "han utilizado las mismas pr�cticas antisindicales de la dictadura, amenazando y dividiendo al movimiento sindical. Han desplegado toda su artiller�a tecnocr�tica para impedir concesiones razonables, lo que resulta parad�jico con los altos precios del cobre y con los miles de millones de d�lares acumulados en las cuentas de Codelco y en la caja fiscal. (�) Esta intransigencia e irresponsabilidad ha sido respaldada por el ministro de Hacienda, quien ratifica sus pol�ticas contra los sectores m�s d�biles de la sociedad chilena"

Insisto, esta cr�tica proviene de diputados de la propia Concertaci�n y pone en evidencia que la econom�a del pa�s est� actualmente en manos de funcionarios m�s proclives a congraciarse con los intereses de la banca y de las transnacionales que de apoyar decididamente las transformaciones del modelo econ�mico que el pa�s requiere con urgencia.

Asociado a lo anterior, en el �mbito de la participaci�n ciudadana, el gobierno parece m�s interesado en evitar cualquier tipo de conflicto que en incentivar nuevas formas de envolvimiento de la ciudadan�a en la construcci�n de un modelo m�s democr�tico de gesti�n en los asuntos p�blicos. El celo mostrado por las autoridades en la defensa del "orden p�blico" ha significado hacer caso omiso o actuar con indolencia ante acciones represivas desplegadas por la fuerza p�blica, como en el caso del trabajador forestal asesinado, en la violencia ejercida contra los estudiantes secundarios, en la descalificaci�n de los trabajadores del cobre o de los deudores hipotecarios. Estos hechos contradicen flagrantemente la declaraci�n de buenas intenciones expresadas en innumerables discursos, de que la actual administraci�n se caracterizar�a por ser un "gobierno ciudadano". La ausencia de una mayor inclusi�n de la ciudadan�a en la soluci�n de sus necesidades, se debe en gran parte a una excesiva gubernamentalizaci�n de las pol�ticas, con la consiguiente desautorizaci�n y deslegitimaci�n de las movilizaciones emprendidas por la sociedad civil para la activaci�n de sus demandas.

Con relaci�n a la pol�tica social, el gobierno tampoco ha respondido a las expectativas de la gran mayor�a del pueblo chileno. Si bien el gasto social ha experimentado un aumento en el �ltimo per�odo, este gasto se orienta fundamentalmente por el principio de la focalizaci�n, dejando en manos del sector privado una parte importante del funcionamiento de esferas claves como educaci�n, salud, previsi�n, vivienda y servicios sociales, reforzando el car�cter neoliberal de su pol�tica. Estas, al final, s�lo han experimento cambios que buscan sobretodo su maximizaci�n y no su reestructuraci�n. Sintom�tico de lo anterior, es que de acuerdo a los resultados de la �ltima encuesta de Caracterizaci�n Socioecon�mica (CASEN), m�s de dos millones de personas viven todav�a en condiciones de pobreza y que la distribuci�n del ingreso contin�a siendo abismal: los ricos son cada vez m�s ricos.

Finalmente, aunque no menos importante, la presente administraci�n tambi�n ha ignorado o minimizado los efectos del modelo econ�mico productivista sobre los recursos naturales. Los chilenos seguimos testimoniando la emergencia de conflictos socioambientales entre las empresas y las comunidades locales. Sabemos que la mayor�a de estas empresas buscan s�lo el lucro a expensas de los recursos del pa�s, empresas que generalmente son amparadas por el comportamiento omiso de la autoridad en la fiscalizaci�n de muchos emprendimientos que atentan contra el medio ambiente y que fragilizan las formas de vida de las comunidades y pueblos que habitan en esos ecosistemas (1).

A partir de este escenario, surge la interrogante sobre cu�l deber�a ser el papel a ser desempe�ado por la izquierda chilena para la construcci�n de un nuevo proyecto de pa�s. Si asumimos la definici�n de Norberto Bobbio respecto de lo que significa ser de izquierda, concordaremos que el leit motiv de las diversas agrupaciones y partidos que se dicen representantes de esta "sensibilidad" es la lucha por una mayor igualdad y por justicia social.

Considerando este prerrequisito m�nimo, emerge al un�sono el dilema que enfrenta la izquierda chilena. Este consiste por una parte en apoyar incondicionalmente -o con esp�ritu cr�tico- la propuesta de cambios que pretende implementar la administraci�n de la socialista Bachelet, o por el contrario, considerar que tales transformaciones requieren medidas m�s dr�sticas e imposibles de ser aplicadas por un gobierno que se sustente en una coalici�n de partidos como la actual.

En la primera situaci�n, si la izquierda quiere profundizar los mecanismos democr�ticos de formulaci�n de pol�ticas e impulsar las medidas que propendan a una mayor protecci�n de la ciudadan�a, no se puede alejar de lo realizado por el gobierno sin correr el riesgo de dejar v�a libre a los grupos que pretenden dar continuidad al modelo imperante en el pa�s, desde un discurso hasta ahora tributario de los sectores m�s progresistas. No es casualidad que la derecha enarbole hip�critamente la bandera de la igualdad y la justicia social como parte de su estrategia.

Una segunda posici�n de la izquierda consiste en asumir que en el actual contexto nacional y global ser�a imposible realizar las transformaciones que son necesarias para mudar la matriz neoliberal. Esto, porque todav�a seguimos muy dependientes de las directrices que emanan del cuadro general de globalizaci�n financiera y, tambi�n, porque en el �mbito interno, la Concertaci�n no representa en su conjunto una coalici�n de partidos dispuestos a romper definitivamente con la herencia dejada por la dictadura. Una tesis conspirativa decurrente de este an�lisis llevar�a a sostener que la mejor opci�n que existe para reforzar la perspectiva de un proyecto socialista es que la derecha gane las pr�ximas elecciones. Ello representar�a el fin de la Concertaci�n y la posibilidad de construir nuevas alianzas que impulsen una estrategia de cambios m�s radicales.

Ante una versi�n dicot�mica del dilema (apoyar incondicionalmente o boicotear), una izquierda moderada sostiene que a�n hay tiempo y espacio para ejercer un respaldo constructivo del gobierno e insiste en la urgencia de impulsar y consolidar un conjunto de reformas en el �mbito econ�mico, pol�tico, social y cultural. Esta izquierda no puede ser autocomplaciente con las imperfecciones y promesas incumplidas del Ejecutivo, que todav�a est�n en carpeta. Una postura cr�tica no implica necesariamente desealtad con el gobierno; bien al contrario, su funci�n es aportar en la b�squeda de los caminos que lleven a profundizar las reformas progresistas. La posici�n intransigente de ciertos ministros y otras autoridades en la soluci�n de algunos conflictos representa un retroceso importante en ese esfuerzo de inclusi�n en que deber�a estar empe�ado el gobierno y los partidos que lo sustentan. A�n m�s, los conflictos son precisamente una manifestaci�n del descontento de la poblaci�n para con lo realizado por las autoridades.

Que se imponga una u otra perspectiva depende de muchos factores; entre ellos, de las propias movilizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, todo apunta a prever que de no realizarse las transformaciones anunciadas, el proyecto de la coalici�n de partidos -y de la izquierda que la apoya- esta condenada a su agotamiento y fracaso.

Notas

(*) Fernando de la Cuadra es Soci�logo. Miembro de la Red Universitaria de Investigaci�n sobre Am�rica Latina (RUPAL).

(1) La puesta en marcha de la Central Hidroel�ctrica Ralco, la explotaci�n del bosque nativo por empresas forestales, la contaminaci�n del R�o Cisnes por la Celulosa CELCO o el Mega-proyecto Pascua Lama son probablemente los casos m�s emblem�ticos de esa pol�tica de destrucci�n del patrimonio natural y ambiental.