Wilfredo Ardito Vega: Per�: Semejanzas y diferencias entre Garc�a y Toledo (original) (raw)

Reflexiones peruanas

Semejanzas y diferencias entre Garc�a y Toledo

Wilfredo Ardito Vega
La Insignia. Per�, julio del 2007.

-�D�nde pido garant�as para el plant�n que vamos a organizar? -me pregunt� hace poco un estudiante de la Universidad Villarreal, empe�ado en exigir la extradici�n de Fujimori. La pregunta refleja la mayor diferencia entre el gobierno de Alan Garc�a y su predecesor: la creciente restricci�n de los derechos fundamentales. Los ciudadanos tienen derecho a manifestarse pac�ficamente en lugares p�blicos, salvo que empleen armas u obstruyan el tr�nsito. Pueden pedir garant�as si lo consideran necesario, para evitar ser agredidos por terceros, y las Fuerzas Policiales est�n obligadas a proporcion�rselas.

En los �ltimos meses, sin embargo, la Polic�a Nacional viene interpretando la solicitud de garant�as como una especie de "autorizaci�n para manifestarse". Quienes no cuentan con las garant�as corren el riesgo de ser golpeados, detenidos e incomunicados por la propia polic�a, a semejanza de lo que ocurr�a a fines del r�gimen de Fujimori.

Este proceso es bastante comprensible, porque otra diferencia con el r�gimen de Toledo es que, a la s�lida alianza que �ste ten�a con los grupos de poder econ�mico, el r�gimen actual ha permitido que se incorporen entusiastas los sectores militares y fujimoristas.

Como ha sucedido en otras experiencias hist�ricas, cuando un r�gimen se vuelve paulatinamente represivo, la mayor�a de los ciudadanos prefiere ignorarlo si no se sienten directamente afectados. Cuando el caricaturista Piero Quijano fue censurado en la Casa-Museo de Jos� Carlos Mari�tegui, algunos artistas y periodistas reaccionaron sorprendidos y escandalizados, pero deber�an haber tomado en cuenta los antecedentes de los �ltimos doce meses: desde la desaparici�n de la columna de C�sar Hildebrandt tras algunas revelaciones inc�modas, hasta la absurda detenci�n de los campesinos de Chacas; desde la ley que restringe las actividades de las ONG hasta la detenci�n masiva de dirigentes del SUTEP sin orden judicial; desde el impulso a la pena de muerte, hasta la irrupci�n en las viviendas de Guillermo Bermejo y Omar Paredes.

En cuanto a las demandas sociales, lamentablemente, no existen diferencias saltantes con los tiempos de Toledo: se mantiene la misma incapacidad e indiferencia, como lo ha demostrado la reacci�n improvisada ante la cantidad de campesinos fallecidos por el invierno en la zona andina. El agravante, claro, es que el gobierno actual tiene a�n m�s recursos.

Resulta muy positivo que se hayan restringido aquellos gastos suntuarios que caracterizaron a Toledo, desde los viajes a China en avi�n presidencial hasta los sueldos escandalosos de los funcionarios p�blicos, pero m�s all� de la ret�rica, la poblaci�n no siente beneficios concretos. De hecho, ahora que se podr�a eliminar el analfabetismo, asegurar que los documentos de identidad sean gratuitos para todos los ciudadanos o que existan �mnibus escolares en las zonas rurales no hay pasos efectivos en estas direcciones. Ni siquiera el Ministerio de Salud ha cumplido la sentencia del Tribunal Constitucional para salvaguardar la salud de los ni�os de La Oroya.

Eso s�, este r�gimen parece considerar m�s oportuno invertir dinero en golpes de efecto: en septiembre del a�o pasado millones de personas fueron vacunadas contra la rubeola... una enfermedad casi inexistente (el �ltimo caso que yo conoc� fue hace m�s de treinta a�os). Para miles de pune�os, cruzar la frontera y ser operados gratuitamente por m�dicos cubanos en Bolivia resulta m�s pr�ctico que esperar que su propio gobierno se acuerde de ellos.

En cuanto al empleo, debe reconocerse que existe una mayor incidencia de las inspecciones laborales, con el respaldo del Decreto Supremo 016-TR-2006, que establece sanciones graves para numerosas infracciones. Sin embargo, la mayor parte de la herencia de Toledo (y Fujimori) se mantiene intacta: dentro del propio Estado, millares de empleados, obreros y profesionales se encuentran por a�os en situaci�n de precariedad a trav�s de los llamados "servicios no personales". En el sector privado, los trabajadores precarios siguen siendo frecuentes v�ctimas de accidentes de trabajo, como sucede en el sector minero, donde las huelgas han sido mucho m�s numerosas que en tiempos de Toledo.

En casos como Casapalca, la empresa textil Topy Top y la agroexportadora Camposol, los trabajadores han afrontado despidos y golpizas por el simple hecho de organizarse en sindicatos. Mientras esto suced�a, el gobierno de Garc�a aseguraba al de Estados Unidos la plena vigencia de los derechos laborales en nuestro pa�s. Se trata, mas bien, de efectos ret�ricos, como instituir el D�a de las Trabajadoras del Hogar, sin tomar medidas efectivas para apoyarlas.

En cuanto al medio ambiente, aunque Toledo no estaba precisamente comprometido en este tema, los retrocesos han sido marcados: se ha impedido a las Municipalidades crear zonas ecol�gicas y se han otorgado mayores facilidades para que las concesiones de exploraci�n minera, disminuyendo la participaci�n de la poblaci�n. Desde Per� Petro se busca inclusive negar la existencia de pueblos ind�genas aislados para entregar los lugares donde �stos viven a empresas petroleras.

Como Toledo, Garc�a ha tenido que enfrentarse a muchas protestas sociales, pero �stas ya no est�n motivadas por alcaldes corruptos o conflictos lim�trofes con otras provincias, sino por un descontento hacia el gobierno central. En las �ltimas semanas, solamente Lima y algunas ciudades del norte del pa�s no quedaron paralizadas por las movilizaciones. M�s all� de las cifras econ�micas positivas, la sensaci�n de malestar est� muy presente, como recuerda el pronunciamiento por fiestas patrias de la iglesia cat�lica. Afortunadamente, ning�n vocero del r�gimen se atreve ahora a hablar de "chorreo", que se considerar�a una expresi�n inaceptable e insultante.

Sin embargo, probablemente la diferencia m�s marcada es la violenta respuesta del r�gimen a las protestas sociales y, en general, un accionar policial donde disparar primero y preguntar despu�s se hace cada vez m�s frecuente, como ocurri� con las muertes del empresario Guillermo Li y el ni�o Imel Huayta cerca de Ilave. En los cinco meses desde que Luis Alva Castro asumi� el Ministerio del Interior han fallecido m�s personas a consecuencia de excesos policiales que en cualquiera de los cinco a�os que gobern� Toledo.

Al parecer, es muy posible que estas muertes se multipliquen: el 22 de julio se public� el Decreto Legislativo 982 que dispone la inimputabilidad de los militares y polic�as que maten personas empleando sus armas reglamentarias y en cumplimiento de su deber. Seguramente, los polic�as involucrados en las ocho muertes ocurridas en lo que va del r�gimen invocar�n esta causal para evitar cualquier sanci�n. Inclusive desde la prisi�n norteamericana donde se encuentra, puede usarla en su favor el sanguinario Telmo Hurtado, responsable de la masacre de Accomarca. Debe se�alarse, en honor a la verdad, que ni en los peores tiempos de la violencia pol�tica se plante� una norma semejante.

En general, no parece que el actual gobierno otorgue mucho valor a la vida humana: mientras la sanci�n penal para el homicidio es de 15 a�os, el Decreto Legislativo 982 dispone que si dos personas bloquean pac�ficamente una carretera enfrentan hasta 25 a�os de c�rcel, porque esta conducta es considerada una forma agravada de "extorsi�n".

Las nuevas normas se presentaron como mecanismos eficaces contra el crimen organizado, pero m�s bien constituyen nuevas formas de criminalizar las protestas sociales. El transfondo pol�tico resulta muy evidente, porque en la concepci�n de extorsi�n se incluye la participaci�n en huelgas de las autoridades regionales y locales, sancion�ndolas con inhabilitaci�n. En realidad, existe un problema de redacci�n, porque las autoridades no suelen involucrarse en huelgas y s� en otras movilizaciones sociales, que ser�a aquello que se intenta impedir. En todo caso, el decreto no distingue entre la incitaci�n a actos violentos, que s� deber�a acarrear la inhabilitaci�n, y las expresiones populares pac�ficas y justas.

Mientras el Decreto 982 viene generando hondo rechazo al interior del pa�s, los optimistas conf�an en que las nuevas medidas represivas sean una respuesta desesperada frente a las demandas sociales y que pronto ser�n derogadas. Los pesimistas sostienen que se trata de un camino sin retorno hacia el autoritarismo. La situaci�n de las libertades democr�ticas y los derechos humanos en los pr�ximos meses demostrar� qui�nes ten�an la raz�n.

Relaci�n de fallecidos en acciones policiales durante el gobierno de Alan Garc�a

Jonathan Condori, 30 de agosto de 2006, Sicuani, Cusco. Jonathan era un adolescente de 17 a�os, que protestaba con otras personas contra diversos bares clandestinos, cuando la polic�a abri� fuego contra la poblaci�n.
Cirilo Tuero, 5 de diciembre de 2006, Abancay, Apur�mac. Participaba en unas protestas contra la presidenta regional.
Guillermo Li, 6 de abril del 2007, Lima. Este empresario fue asesinado por integrantes de la comisar�a de Monterrico, que aparentemente lo confundieron con uno de sus secuestradores, debido a sus rasgos f�sicos.
Marvin Gonzales, 11 de abril del 2007, Ancash. Este agricultor participaba en un paro departamental. La polic�a le dispar� por la espalda. Las estaciones de televisi�n que difundieron los hechos fueron clausuradas a la semana siguiente.
Imel Huayta, 22 de abril de 2007, Puno. Imel, de 8 a�os, viajaba en un cami�n con sus padres cerca de Ilave, cuando la polic�a que realizaba operativo contra el contrabando dispar� al parabrisas.
Julio Raymundo y Oscar Fern�ndez, 15 de junio del 2007. Trabajadores de la empresa Casapalca, fallecidos cuando la polic�a pretend�a abrir un bloqueo de la Carretera Central.
Juli�n Altamirano, 15 de julio del 2007. Campesino de Andahuaylas, fallecido durante las protestas realizadas en esta localidad.

V�ctimas de las Fuerzas Armadas

Octavio Aquino, 19 de marzo del a�o 2007. Profesor de la comunidad de Huachocolpa (Huancavelica), falleci� al parecer a consecuencia de una bala perdida durante un confuso incidente en el que al parecer los militares se enfrentaron a un grupo subversivo.

Casos en los que subsisten dudas

Isidro Llanos, 2 de agosto del 2006. Campesino de Combayo (Cajamarca), sobre cuya muerte no existe total claridad, siendo tambi�n atribuida al personal de seguridad de la empresa Yanacocha. Esta muerte se produjo a cuatro d�as de asumir el gobierno Alan Garc�a y las investigaciones se encuentran paralizadas.
Herminia Herrera, profesora del SUTEP fallecida el 11 de julio del 2007 en el Hospital Rebagliati aparentemente debido a la violencia policial. Las autoridades han negado los hechos.