Arnaldo P�rez Guerra: Chile: Injusticia militar (original) (raw)

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28 de noviembre del 2007

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Chile

Injusticia militar

Arnaldo P�rez Guerra

La Insignia. Chile, noviembre del 2007.

La Segunda Fiscal�a Militar y el OS-9 de Carabineros acusaron a ex presos pol�ticos del Movimiento Juvenil Lautaro (MJL) -Juan Aliste Vega, Marcelo Villarroel Sep�lveda y Carlos Guti�rrez Quiduleo-, de participar en un asalto el 18 de octubre al Banco Security, donde fue asesinado el suboficial de Carabineros Luis Moyano. Tambi�n se acus� a Freddy Fuentevilla Saa, hermano de un ex preso pol�tico del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). A partir de estos hechos lamentables, la derecha y sectores de la Concertaci�n han cuestionado hasta la histeria el indulto aprobado por los parlamentarios en el a�o 2004, que benefici� a los ex presos pol�ticos durante el gobierno de Ricardo Lagos. Incluso la presidenta Michelle Bachelet se ha hecho eco del coro: "esas personas son delincuentes y como delincuentes tienen que responder; el resto fue una decisi�n parlamentaria y lo importante es que hoy cada uno tiene que responsabilizarse de sus actos". El l�der de la derecha, Sebasti�n Pi�era, agreg� que el indulto a los presos pol�ticos fue "un tremendo error". Incluso algunos senadores que aprobaron la iniciativa hoy se muestran "arrepentidos". Se acusa y criminaliza a personas que a�n no se han presentado ante la justicia ni han sido condenadas todav�a. Se repiten hasta el cansancio hechos falsos, informaciones distorsionadas y supuestos equivocados.

Alfonso Baeza Donoso, ex vicario de la Pastoral Social e impulsor de la ley de indulto para los presos pol�ticos, ha puntualizado -con justa raz�n- que ninguno de los acusados se benefici� de la ley de indulto, aunque se sigue machacando lo contrario en los medios de comunicaci�n. "Ninguno fue indultado. Consiguieron su libertad con beneficios carcelarios, algunos incluso antes de que se aprobara la ley de indulto", dice. �A qui�n puede, entonces, importarle instalar en la opini�n p�blica que todo es culpa de haber indultado a ex subversivos? "Ninguno de los acusados del asalto al banco y la muerte del carabinero obtuvo indulto sino beneficios tras diez a�os o m�s recluidos. Juan Aliste no fue indultado. Marcelo Villarroel sali� libre porque la Corte le otorg� la libertad condicional. Ni ellos ni los otros est�n en libertad por la ley de indulto. Es horrible lo que est�n haciendo los medios de comunicaci�n con esto", agrega Monse�or Alfonso Baeza. Se acusa gratuitamente al ex preso pol�tico Juan Aliste Vega de asaltos y cr�menes que jam�s cometi�, y que ser�a de f�cil averiguaci�n por los medios y autoridades gubernamentales si realmente les interesara publicar o decir la verdad. No es primera vez que Juan Aliste enfrenta acusaciones y montajes medi�tico-policiales. Por alguna raz�n las polic�as, los medios y las autoridades se han ensa�ado con este artesano, fot�grafo y estudiante de Periodismo de la Universidad ARCIS.

El caso tambi�n ha generado pol�mica por la "competencia" de la Justicia Militar. El juez del S�ptimo Juzgado de Garant�a, Daniel Urrutia Laubreaux, requiri� a la Justicia Militar "declararse incompetente por ser contraria a la Convenci�n Americana de Derechos Humanos".

Es ins�lito pero en Chile a�n las fiscal�as militares juzgan a civiles. "La Corte Suprema deber� resolver esta contienda de competencia", se dice, sin reparar en que el que la Justicia Militar mantenga intactos sus poderes viola tratados y convenciones internacionales de derechos humanos suscritas por nuestro pa�s. Hasta ahora, el fiscal Roberto Reveco pretende seguir investigando el asesinato del cabo Luis Moyano.

El juez Urrutia apunta en su resoluci�n: "Los mismos hechos est�n siendo conocidos por la II Fiscal�a Militar de Santiago. Las consecuencias de dicha decisi�n, son de gran trascendencia para los derechos de los imputados, querellantes y v�ctimas y para una eventual responsabilidad internacional del Estado de Chile por incumplir la Convenci�n Americana de Derechos Humanos". Seg�n el juez debiera restringirse la aplicaci�n de la jurisdicci�n militar "s�lo a situaciones donde se vea envuelto personal de Carabineros en su funci�n de Defensa Nacional y no en funci�n de orden interno", interpretaci�n que "otorga una salida acorde con los principios que rigen un Estado democr�tico de Derecho y con los tratados de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha recomendado en los fallos Durand y Ugarte (1999) y Palamara (2005), "la necesidad de adecuar el ordenamiento jur�dico interno a los est�ndares internacionales sobre jurisdicci�n penal militar. El Estado debe establecer, a trav�s de su legislaci�n, l�mites a la competencia material y personal de los tribunales militares, de forma tal que en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicci�n de los tribunales penales militares". Expresamente la CIDH exhorta que a que civiles no debieran ser juzgados por tribunales militares por delitos comunes en tiempos de paz: "Dicha situaci�n es una violaci�n de las garant�as judiciales de la Convenci�n Americana. La reforma procesal penal chilena no incluy� una reforma de la jurisdicci�n militar. Seg�n la CIDH, la justicia militar no asegura imparcialidad e independencia, ni garant�as de publicidad, pues existe un abuso del secreto, y no asegura -en los t�rminos de la Convenci�n- un adecuado derecho a defensa. De esta manera, no restringir la jurisdicci�n militar a los casos espec�ficos atenta contra los art�culos 8 y 25 de la Convenci�n Americana, como lo se�al� la CIDH ya en el Informe Anual de 1993", se�ala en su resoluci�n el juez. Adem�s, la CIDH ha dicho que: "Los Estados no pueden, para no dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales, invocar disposiciones existentes en su derecho interno".