Pío Moa, La satelización del Frente Popular español por Stalin, El Catoblepas 17:8, 2003 (original) (raw)

El Catoblepas • número 17 • julio 2003 • página 8

Pío Moa Rodríguez

Pío Moa responde a Enrique Moradiellos

Me gusta ir al grano con la mayor sobriedad posible, y debo reconocer que la tendencia de Moradillos a la retórica barroca, con sus divagaciones, nimiedades, justificaciones innecesarias, &c., me resulta tediosa. Pero en fin, es sólo una cuestión de gustos y no voy a negar el mérito que los barroquismos puedan tener. De todas maneras, vamos a ver si centramos ahora el debate, tras las primeras aproximaciones.

Decía en el anterior escrito que, en cuanto a la intervención exterior, la cuestión clave desde el punto de vista español, es la del carácter que adoptó en cada bando, pues supeditó el Frente Popular a Stalin, mientras que no ocurrió nada parecido en el bando franquista. En su tendencia a divagar, Moradiellos ni siquiera había abordado esta cuestión, sospecho que ni siquiera se había percatado de su importancia. Pero ahora por fin, tras mucho preámbulo, tiene que meterse en harina. Menos mal.

Sin embargo, sus críticas carecen, una vez más, de rigor. Antes resumí: «Si Moradiellos pudiera demostrar que el Frente Popular mantuvo el control del oro y lo gastó del modo más conveniente para él, que el PCE no obedecía a Stalin o que su influencia en el Frente Popular fue negligible, que los asesores y militares soviéticos no tuvieron más influencia que los alemanes e italianos en el bando contrario, que la NKVD operaba bajo autoridad española, que la destitución de políticos anticomunistas fue una casualidad, &c., entonces no cabe duda de que habría derrumbado por completo mi tesis básica sobre la intervención exterior, ya que las demás caerían por su peso o serían asunto menor.» ¿Cómo replica a esto el ilustre profesor? Empieza por decir, prometedoramente: «¡Ojo! No se trata de negar lo innegable: que la URSS intervino en la política interior republicana.» Pero, a continuación, con su tendencia a irse por las ramas... pues se va por las ramas, con una disquisición sobre el carácter de la república desde 1931, las «tres Españas», &c. También tocaré esos temas, pero en su momento, pues de otro modo el debate se convertiría en un monumental enredo.

No sólo la URSS, también Italia y Alemania intervinieron, o lo intentaron, en la política interior española. La diferencia está en que los últimos no lo consiguieron, o sólo de manera secundaria, mientras que Stalin logró satelizar al Frente Popular. Para cualquier persona algo enterada de las circunstancias no puede admitir la menor duda el predominio soviético en España, ejercido por tres vías principales y complementarias: el control del oro, la posesión de un partido-agente, el PCE, y la actuación de los asesores y de la policía política soviética, que actuaba en España como en una colonia.

Son datos de tal peso que la cosa queda bien clara, pero Moradiellos se las arregla para salirse por la tangente una vez más. Sobre el oro, en lugar de reconocer que el Frente Popular perdió el control sobre él, se embarca en las disquisiciones y justificaciones ofrecidas por los políticos responsables de su entrega a Stalin, asegurando que «no había otro remedio». Esas justificaciones a posteriori, así como la proyección de las culpas de unos responsables sobre otros, sólo prueban hasta qué punto dichos responsables comprendían la magnitud de la ilegalidad –por llamarla suavemente– cometida, y de sus nefastas consecuencias, y, desde luego, no desmienten, sino que confirman lo arriba dicho: el gobierno español perdió el control sobre sus reservas, y Stalin, al adueñarse del suministro de armas al Frente Popular, se hizo también dueño del destino de éste.

Los papeles de Largo Caballero, no destinados a la propaganda y que he citado con extensión en El derrumbe de la II República, demuestran inapelablemente que:

a) La operación se hizo entre Negrín, Largo Caballero y Prieto, y al margen del presidente de la «república», a quien sólo presentaron los hechos consumados. Prefirieron no informarle, dice Largo por su penoso «estado espiritual». Según Prieto, y aquí es creíble, cuando Azaña se enteró, tuvo una tremenda explosión de cólera, y amenazó con dimitir (por lo demás, sus amenazas de dimisión abundaron). Es muy significativo el silencio de Azaña en torno a este turbio asunto, que inevitablemente le implicaba, precisamente por no haber dimitido.

b) La ilegalidad del envío empeoró al no ser tampoco informado previamente el resto del gobierno. Se trató de una decisión oscura tomada entre tres políticos socialistas. No comunistas, entiéndase bien.

c) La entrega del tesoro español se hizo sin documentos probatorios de la propiedad española. ¡Fue Stalin quien propuso ese documento!... Que por lo demás quedó en papel mojado. Largo que, como presidente del gobierno, era una de las personas con poder de disponer el gasto, fue simplemente apartado en cuanto se convirtió en un estorbo para la política soviética, y fue Negrín, autor material del envío, quien siempre manejó el depósito, en la medida en que la URSS quiso salvar las formas.

d) Stalin jamás ofreció una contabilidad detallada de los gastos, y utilizó la amenaza de suspender los envíos de armas, compradas a alto precio por el Frente Popular, como presión e injerencia en la política española.

e) Tampoco Negrín informaba al resto del gobierno sobre su manejo de la Hacienda (supuestamente) pública, como corrobora Zugazagoitia. Su manera opaca y absolutamente irregular de manejar los fondos del país se extendía a medidas como la creación, por su cuenta y como ministro de Hacienda, de una especie de ejército particular de carabineros.

f) Mientras que los nacionales obtuvieron cuantiosos créditos sin disponer de ninguna garantía financiera, los políticos izquierdistas, disponiendo de la cuarta reserva mundial de oro, no pudieron obtener de la URSS crédito alguno hasta la consunción oficial de dicha reserva.

Todas estas cosas deben parecerle normales o perfectamente justificables a Moradiellos, como a Viñas y a tantos otros panegiristas de Negrín. Pero si los encuentran justificables sólo puede ser porque tanto la legalidad como la transparencia (al menos dentro del mismo gobierno) como, sobre todo, la independencia de España, les parecen asuntos sin importancia. Conviene señalar esta implicación inequívoca, porque si no nos perderíamos en enredos palabreros. Mi punto de vista es que la cuestión central de la intervención soviética consiste en el sometimiento del Frente Popular a Stalin, mientras que para Moradiellos y demás, eso apenas tiene interés, por lo que desvían la atención de los hechos, centrándola en las justificaciones.

Una vez clarificado este punto, paso a las justificaciones. Como sabemos, Prieto y Largo dan versiones distintas y culpan a Negrín, mientras que éste sólo nos ha dejado justificaciones propagandísticas y sin reflexión ulterior, pues no ha escrito memorias ni análisis retrospectivos –cosa increíble, dada su responsabilidad, pero también muy significativa–; y Azaña guarda un silencio revelador. Por alguna razón poco clara, el neostalinista Moradiellos prefiere las justificaciones propagandísticas de Negrín y, en lo que le apoyan, las de Largo.

Según esas justificaciones, se entregó el oro a Moscú «porque no había otro remedio», dada la actitud de las democracias (al respecto cuela también una falsedad, pretendiendo que Viñas y Aceña sostienen la misma idea. Aceña no cree necesaria la entrega). El argumento indica mucho, pues supone reconocer que fue un mal, aunque «inevitable». El mal, rara vez mencionado, consistía precisamente en la supeditación a Stalin, probablemente el tirano más brutal y sanguinario del siglo XX, en rivalidad con Hitler (aunque éste apenas había iniciado entonces su escalada exterminadora). Se trataba, implica Negrín, de elegir entre la rendición incondicional a Franco o la sumisión a Stalin. Examinemos las dos opciones. La primera significaba aceptar una fuerte represión -aunque ni mucho menos la pretendida por la propaganda–, pero en compensación habría muchos menos muertos y destrozo del país, que seguiría independiente. La segunda suponía perder la independencia, destruir buena parte del país y aumentar en decenas o cientos de miles las víctimas, aunque, de salir bien las cosas, ofrecería a la izquierda la ocasión de ser los perseguidores y no los perseguidos al final de la contienda. Dejemos esto aquí ahora, pues ya veremos el final de esta elección entre Stalin y Franco.

Pero incluso al centrarse en la retórica justificadora de la entrega del oro, Moradiellos olvida algo esencial. Las justificaciones se construyen hacia el final o después de la guerra, cuando ésta está perdida y casi todos se han desengañado de la URSS. Ahora bien, la entrega del oro se planeó y efectuó muy poco tiempo después de la constitución del gobierno de Largo Caballero, «gobierno de la victoria», como se llamó, y muy razonablemente, dado el balance de fuerzas materiales. En ese momento, Largo, Negrín y Prieto no estaban simplemente hartos de la abstención de las democracias, con las cuales se identificaban muy poco o nada, sino que, por el contrario, confiaban en Stalin de manera casi ciega –ni siquiera le pidieron acreditación de la propiedad del oro, como hemos visto–. Éste es el punto clave. Para los entreguistas, Stalin venía a ser un modelo. Los tres habían sido máximos dirigentes u organizadores de la insurrección socialista de octubre de 1934, planeada textualmente como una guerra civil y contra un gobierno democrático, a fin de imponer en España una dictadura proletaria, es decir, un régimen similar al soviético. Las disputas posteriores entre Largo y Prieto –apoyado por Negrín– se habían difuminado con motivo de la guerra, radicalizándose de nuevo todos ellos. La ayuda de Stalin auguraba por entonces la victoria y el ajuste de cuentas al enemigo, y el coste de todo ello preocupaba muy poco a aquellos políticos socialistas. Al aceptar las justificaciones tal cual, olvidando la cronología, las circunstancias y los precedentes, Moradiellos, como Viñas y otros, otros muestran un espíritu crítico muy romo.

Observemos, además, que el «no había más remedio» podría aplicarse con mucha mayor razón al bando franquista, que, falto de recursos financieros, de industria y legitimidad internacional, estaba en principio atado de pies y manos ante la presión de las potencias fascistas amigas. Pero, ya ve Moradiellos, ¡sucedió exactamente al revés!

Tampoco resulta más agudo el comentarista en cuanto al segundo factor de imposición soviética, el PCE. Si en el caso anterior sustituía al análisis de los hechos y sus consecuencias por la aceptación acrítica de la retórica de Negrín, ahora vuelve a desviarse de la cuestión para centrarse en una interpretación de la política comunista. La cuestión es si el PCE fue un partido agente de Stalin o no, y si su influencia en el Frente Popular de la guerra fue importante o no. La respuesta indiscutible a ambas preguntas es SÍ, y ni el mayor de los enredos podrá disimularlo. El PCE no sólo influyó en el Frente Popular, sino que se convirtió en el partido decisivo de éste. Dejó enseguida de ser un partido menor, aliándose con el poderoso sector bolchevique del PSOE, para luego defenestrarlo cuando se cruzó en su camino. En mayo del 37 había logrado tal fuerza que se deshizo simultáneamente de la antes potentísima CNT y del pequeño POUM, así como obligó a retroceder a los nacionalistas catalanes. Desde entonces su peso político no hizo sino crecer: controló la mayor parte del ejército, y, sobre todo, la mejor armada y operativa, así como la policía y otros resortes del poder, defenestró a Prieto como había hecho con Largo, desbarató maniobras adversas como las esbozadas por Azaña y los nacionalistas vascos y catalanes, dividió de nuevo a la CNT, e impuso su estrategia general.

Este enorme poder vino al PCE no sólo por la tutela de Moscú, sino también por sus propios méritos. Era el único partido izquierdista con una estrategia digna de tal nombre –la de los demás iba poco más allá del ansia por sobrevivir a cualquier precio–; y poseía una disciplina férrea, y un impulso proselitista que le llevó a configurarse como el partido más fuerte, tanto en número como, principalmente, en capacidad operativa y maniobrera. Todo ello al servicio primordial no de España sino de la URSS, la potencia más totalitaria y mortífera del siglo XX, ¿o tiene alguna duda al respecto Moradiellos? ¿O cree que la Falange tuvo un papel similar al servicio de Alemania o de Italia? Tampoco aquí la injerencia del Kremlin provoca en Moradiellos ningún problema, debido a su evidente indiferencia por la independencia de España. Pero esta cuestión, insisto, es la principal y debe quedar bien clara como base de la discusión.

En lugar de aclararla, Moradiellos se desvía hacia la política concreta del PCE, la cual encuentra muy aceptable. Vamos a este punto, como antes con las justificaciones por el envío del oro a Moscú. Según el crítico, la política comunista se basó en la «colaboración con el alto mando republicano», y en el «interés recíproco», por acabar con la revolución, entre el PCE y «los republicanos de izquierda, los socialistas moderados (los de Prieto y Besteiro, dice él, identificando falsamente a ambos, representantes de tendencias muy diferentes, nada moderada la de Prieto) y los restantes soportes organizados del programa reformista». Con expresiones tales, da la impresión de algo así como una colaboración entre iguales. Craso error. En cuanto al «mando republicano», el ejército implantado en el Frente Popular ya no era el de Azaña, sino de tipo soviético, aunque incompleto, y los mandos que no colaboraban con los comunistas eran apartados, incluso asesinados.

Y en cuanto a los «reformistas», su inconsecuencia e ineptitud para pensar en términos estratégicos, puesta de relieve sangrantemente por Azaña, permitió al PCE manejarlos y neutralizarlos. Los comunistas tenían su propia línea revolucionaria, como explicaron mil veces, aunque los Moradiellos prefieran hacerse los sordos o ciegos ante la evidencia. Ya antes de julio del 36, la táctica comunista consistió en presionar al gobierno «reformista» para que aniquilase a las derechas y encarcelara a sus jefes, dando así un gran paso hacia la revolución. Luego, al estallar la guerra cundió por el país una revolución anárquica, más bien que anarquista, desatada, nótese bien, por el gobierno «reformista» de Giral al ordenar el reparto de armas. Entonces el PCE procuró, por una parte, la alianza con todos, desde los anarquistas a los «reformistas», y por otra intentó dar marcha atrás a la anarquía. Ello interesaba mucho a Moscú, porque aquella revolución incontrolable había espantado a las democracias, dificultando su intervención en España. Pero Stalin no quería simplemente la intervención de las democracias, ni el mero acuerdo con los «reformistas» españoles. Él buscaba arrastrar a todos ellos y, so pretexto de ganar la guerra, asegurar la hegemonía comunista en los órganos decisivos del estado, de modo que al final nadie pudiera oponerse a su «democracia de nuevo tipo», un régimen revolucionario propio.

Y lo consiguió básicamente, en un proceso estudiado por Bolloten y que he expuesto con algún detenimiento en El derrumbe de la II República. Como no ignora Moradiellos, en esa «colaboración contrarrevolucionaria» entre comunistas y «reformistas», quienes llevaron la batuta fueron los comunistas, y ellos también quienes se fortalecieron con enorme rapidez, y no los divididos, desconcertado e ineptos «reformistas», cada vez más débiles. Los diarios de Azaña, que Moradiellos cita cuando le conviene, prueban la patética inoperancia de él y los suyos. Por supuesto, la «colaboración» comunista se volvió pronto insoportable para sus presuntos beneficiarios «reformistas». Prieto quiso rectificar y fue barrido, como lo habían sido Largo o la CNT. Azaña se sentía como en una cárcel (pero no acababa de dimitir). Los nacionalistas catalanes quedaron relegados. Los socialistas de Largo se vieron acosados, y los anarquistas divididos con maniobras bien preparadas. El chantaje comunista era siempre el mismo: o nosotros, o Franco.

Bien, como es sabido, la desesperación tanto de los revolucionarios no comunistas, como de los «reformistas» les llevó a preferir la rendición incondicional a Franco antes que seguir bajo tutela staliniana: así terminó la guerra, en una guerra civil entre comunistas y negrinistas por una parte, y, nótese bien, «reformistas» y revolucionarios anarquistas por la otra. Este hecho sintetiza el carácter del Frente Popular.

Moradiellos cree poder desvirtuar los hechos falseando la conducta de Negrín. Éste fue realmente el hombre del Kremlin en España, pues reunía dos rasgos esenciales: no siendo comunista, podía pasar por reformista ante las democracias (no pasó, desde luego), y era un perfecto instrumento en manos de Stalin desde el momento –olvidado por Moradiellos– en que entregó a éste el oro y con él la independencia del Frente Popular. No fue un agente pagado, pero sí el gran servidor voluntario y eficiente del Kremlin. Y de nada vale argüir ocasionales quejas de los comunistas por ocasionales incumplimientos de Negrín: todos los amos tienen quejas de sus criados, por expresarlo de forma algo sumaria. Y también los criados murmuran a veces de sus amos. Pero esas obviedades no han de empañar la percepción de quién es el señor y quién el servidor.

Sin darse cuenta, Moradiellos refuta su pretensión de una «colaboración» entre iguales cuando cita a Vidarte, a quien Negrín habría confesado: «¿Es que cree que a mí no me pesa, como al que más, esta odiosa servidumbre?» En efecto, era una servidumbre odiosa, era la pérdida de la independencia. Pero no había sido Stalin, sino directamente Negrín, el artífice de la misma. El libro de Radosh, &c., España traicionada, tiene un título equivocado, al menos si se entiende que Stalin traicionó a nuestro país. Si traición hubo, y desde luego la hubo, salvo para quienes tienen la independencia española por un valor negligible, ella no vino de Stalin, que se limitó a defender sus intereses, sino de los jefes del Frente Popular, pues ellos, unos por acción, otro por omisión, pusieron en manos del Kremlin los destinos del país. Por lo demás, lo de la «odiosa servidumbre» fue un desahogo ocasional. En general Negrín admiraba profundamente a Stalin, «gran amigo de España, guía de un magnífico pueblo hermano, paladín de una nueva civilización», como cantaría sin presión de nadie. Ese Stalin a quien informaba de las maniobras y sabotajes de sus aliados «reformistas», advirtiendo: «Hoy no podemos responder aún de forma adecuada». Aún.

La elección, una vez más, era entre Franco y Stalin, y Negrín habría explicado: «rendición sin condiciones para que fusilen a medio millón de españoles, eso nunca». Y con la habitual ausencia de sentido crítico, Moradiellos cita el discurso de Negrín, «legítimo jefe del Gobierno», condenando la rebelión de Casado: «Lo que yo he querido siempre es conseguir la paz (...) ¿Resistir para qué? ¿Para entrar triunfalmente en Burgos? Nunca hemos hablado ni pensado en ello, señores. Proclamar una política de resistencia implica confesar que no se cuenta con medios para aplastar al enemigo, pero que causas superiores obligan a luchar hasta lo último».

Tratar de «jefe de gobierno legítimo» al autor del expolio del oro (y de otros muchos bienes públicos y privados) y de la «odiosa servidumbre» del Frente Popular, indica algo sobre lo que Moradiellos entiende por legitimidad. Por lo demás, Negrín no dice una sola verdad en su discurso. Sí pensó «entrar triunfalmente en Burgos» y por algo su gobierno nació proclamándose «de la victoria». Sólo las derrotas le llevaron, ya avanzado 1938, a una política de resistencia, con el fin –que a Moradiellos da la impresión de parecerle bien– de enlazar la guerra española, por si había sido poco sangrienta, con la mundial en ciernes, con la consiguiente multiplicación de víctimas, que a Negrín poco le importaban. Como, parece, a Moradiellos.

Las «causas superiores» que obligaban a luchar hasta lo último, ¿cuáles podrían ser? Moradiellos, tan azañista a ratos, podría aquí citar ampliamente el pensamiento de Azaña en torno a esas causas resistencias, sobre las que el presidente de la República» no ahorra sarcasmos y amargura. La única «causa superior» sólo podía ser el interés soviético en una guerra en el occidente europeo, pero ahí Negrín, a principios de 1939, se equivocaba totalmente. Stalin, había cambiado de estrategia, dedicando su esfuerzo a pactar con Hitler, y eso ayuda a entender la escasa resistencia de los comunistas al golpe de Casado. De resistir cinco meses más, Negrín se habrían encontrado en la situación surrealista de que Hitler y Stalin se habían amistado. ¡Destino de criados!

En cuanto a la otra «causa superior», el aludido medio millón de fusilados por los «fascistas», se quedó en veinte veces menos. Aún así fue una cifra tremenda. Pero, como había anunciado Prieto a raíz del asesinato de Calvo Sotelo, «será una lucha a muerte, porque cada bando sabe que si el otro triunfa, no le dará cuartel». ¿Qué habrían hecho una izquierdas ganadoras? Podemos hacernos una idea por las brutales represiones y las dos guerras civiles entre ellas mismas. Si así se odiaban y trataban, ¿qué no habrían hecho con las derechas inermes? Y recordemos otro detalle cargado de sentido: los jefes izquierdistas se apresuraron a huir, sin dejar la mínima previsión de ocultamiento o fuga para miles de sus seguidores, muchos de ellos complicados en el terror contra la derecha, y que quedaron cogidos como en un inmenso cepo. Negrín sólo se preocupó de sacar ingentes bienes públicos y privados saqueados, para asegurar la supervivencia de sus adictos en la emigración.

Dejaré de lado, por parecerme suficiente lo anterior, el asunto de los consejeros y la policía soviética. Moradiellos tampoco lo trata, excepto tangencialmente, cuando pretende que el caso del POUM revela la persistencia de una legalidad democrática o algo así, o la no hegemonía comunista. Hablar de legalidad en relación con el POUM es un sarcasmo: el jefe poumista fue torturado y asesinado por los soviéticos en una cárcel particular escondida al gobierno, el partido fue disuelto, cientos de sus militantes detenidos y torturados en cárceles secretas, por no hablar de los anarquistas asesinados por entonces. Si esto lo presenta Moradiellos (como Tusell y otros) como prueba de legalidad, ya sabemos lo que significa legalidad para ellos. Cierto que los comunistas no alcanzaron la guinda de un «proceso de Moscú» en España, pero sólo eso les faltó. A cambio, además de aniquilar al POUM, defenestraron a Largo Caballero y a la CNT. Haciendo balance, no tenían motivo de queja. Siempre debieron hacer algún sacrificio a la necesidad de fingir un Frente Popular democrático.

En suma: la intervención soviética satelizó de modo fundamental al Frente Popular, y fueron los líderes de éste quienes dieron a Stalin un poder decisivo sobre el régimen. Moradiellos no ha logrado rebatir un solo punto al respecto, ni siquiera lo ha intentado, pues ha procurado más bien desviar la atención por vías secundarias o detalles de poca relevancia. Y es que las evidencias, aun muy resumidamente expuestas como aquí, resultan abrumadoras.

También es verdad que, en la valoración implícita de Moradiellos, como de Tusell, Viñas y tantos otros, la independencia de España no cuenta mucho. En apariencia lo que cuenta para ellos es la democracia y la legalidad. A ese respecto nos sirven una historia de las «tres Españas», que abordaré en la próxima entrega, donde quedará en evidencia que su preocupación por la democracia –ya manifiesta aquí en su modo de tratar el caso del POUM o el manejo del oro– no vale mucho más que la que sienten por la independencia.

Decía también que las posiciones de Moradiellos son «neostalinistas», y él cree salir del paso señalando que Antonio Sánchez Martínez le llama «azañista». En realidad no hay ninguna contradicción. Azaña empezó su carrera creyendo poder dirigir a «los gruesos batallones populares», y terminó, como es sabido, arrastrado por éstos. La versión de Moradiellos sobre la guerra es básicamente la elaborada por la propaganda staliniana, también utilizada, qué remedio, por Azaña y los demás «reformistas», como veremos más detalladamente en el próximo artículo.

Y el neostalinismo de Moradiellos sale de nuevo a relucir cuando insiste en que el derecho de réplica no pasa de ser una cuestión de «buen gusto» o un «ideal de pureza democrática», sin apoyo jurídico. Yerra, una vez más. El derecho de réplica es una exigencia mínima y elemental de la libertad de expresión y de la honradez intelectual, y, contra lo que él dice, está tipificado legalmente. Ante El País yo apelé primero a la decencia democrática, y luego, visto el fracaso, a la ley. Según ésta, el juez puede ordenar sin más el respeto a ese derecho, o bien puede hacer juicio. Por desgracia, se inclinó por lo último, y yo no estaba dispuesto a perder el tiempo en tales cosas, por lo que El País pudo salirse con la suya. Acabo de tener otro encontronazo al respecto, que he expuesto en Libertaddigital.com y reproduzco aquí, por lo que tiene de revelador de una (lamentable) situación periodística y académica:

Una pequeña confesión

Recientemente escribí a El País esta carta al director:

«En el Babelia del 24 de mayo Santos Juliá, aparte de simplificar infantilmente las tesis de mis libros, escribe: «Pio Moa (...) comenzó "fusilando" a mansalva a Arrarás sobre la Segunda República.» Comprendo que Juliá esté escocido porque en Los orígenes de la guerra civil pongo al descubierto algunas manipulaciones historiográficas suyas, que él no ha podido desmentir. Pero la irritación no le autoriza, o no debiera autorizarle, a escribir lo dicho. Cualquiera que haya leído el libro sabe muy bien que, lejos de «fusilar» a Arrarás, a quien cito pocas veces, lo que «fusilo», por así decir, es, entre otros, los archivos de la Fundación Pablo Iglesias, en cuyos documentos se basa lo principal de la investigación. Pero sin duda Juliá escribe para personas que aún no han leído mis libros, con la esperanza evidente de disuadirles de su lectura.
Durante cuatro años Juliá y otros han respondido a mis críticas con el silencio. Ahora lo rompen, y sólo se les ocurre salirse con desvirtuaciones así de pobres. Pero la barrera del silencio ha sido ya rota en pedazos. Debieran darse cuenta de ello y optar, de una vez, por un debate serio y razonable, en lugar de estas explosiones de _mala leche._»

La carta no fue publicada. En cambio Lluis Bassets, director de Opinión del periódico, me ha contestado:

«Le agradezco, ante todo, la pormenorizada y continuada atención que presta usted a mi periódico. Quiero subrayarle, en cualquier caso, que nuestros críticos, que nosotros hemos elegido, tienen plena libertad para ejercer su función, como no puede ser de otra manera en un régimen de libertades –de expresión, de crítica y de empresa– el decidir sobre qué libros van a versar las reseñas aparecidas en el periódico y quiénes son los especialistas encargados de hacerlo. También lo es el elegir cuáles son los temas de debate "serio y razonable" a los que debe dedicar su espacio y sus energías el periódico. En este sentido, nuestro criterio sobre sus (las mías) "aportaciones" a la historia de la guerra civil son exactamente los que ha podido ver reflejados en nuestro periódico. Como ha quedado demostrado y usted sabe perfectamente, hay otros medios y otros espacios donde pueden reflejarse y de hecho se reflejan otros puntos de vista más satisfactorios para usted y más acordes con sus ideas.»

Esta mezcla de necedad y arrogancia refleja muy bien todo un estilo, y equivale a una pequeña confesión. Tiene razón don Lluis: nuestros criterios difieren. Según el mío, en un régimen de libertades una persona aludida en un periódico debe poder replicar, tanto por su derecho a defenderse como, más aún, por el derecho de los lectores a una información contrastada. En cambio los Bassets y compañía creen lícito imponer la censura y la manipulación a sus lectores y la humillación a las personas sobre quienes su periódico informa torcidamente. Si no estuviera tan gastado el término, diría que su criterio es fascista.

Hace unos meses El País hizo lo mismo con mi réplica a Tusell, la cual silenció con el mismo talante «democrático» que ahora. Pero no sólo son responsables semejantes «demócratas». En cierto sentido lo son más los Tusell y los Juliá, que, conociendo estos desmanes, en vez de hacer algo por evitarlos, se aprovechan descaradamente de ellos. Y al obrar así nos ofrecen también una muestra concreta y palpable de sus «métodos historiográficos».

Hasta aquí el artículo en Libertaddigital. Recordaré que en Revista de libros Moradiellos recurrió al método de Juliá afirmando, en una reseña, que yo me basaba casi exclusivamente en Ricardo de la Cierva y Arrarás. Da la impresión de ser una consigna.