Ante el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, El Catoblepas 38:4, 2005 (original) (raw)

El Catoblepas • número 38 • abril 2005 • página 4

Ante el desafuero del Jefe de Gobierno

del Distrito Federal de México,
Andrés Manuel López Obrador

Ateneo Los días terrenales

Este ensayo consta de tres partes: un análisis crítico de los hechos,
la posición del Ateneo al respecto y una selección de documentos
públicos con las intervenciones de quienes participaron en la sesión
de la Cámara de Diputados el día en que se dio paso al desafuero

A
Análisis crítico

El origen del enfrentamiento

En el año 2000 Vicente Fox, al frente del Partido Acción Nacional (PAN), gana la Presidencia de la República de México, con lo que termina el control político del régimen por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que se vertebró durante prácticamente todo el siglo XX y de cuyo seno brotan las contradicciones fundamentales de México. Fox abanderó «el cambio» y con esa oferta logró captar el voto de sectores medios que desconfiaron de la capacidad de Cuauhtémoc Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), plataforma en la que se resumieron las corrientes de la izquierda política, de imponerse al sistema de poder priísta.

Instalado en la Presidencia, Fox integra en sectores claves de su gabinete –Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Procuraduría General de la República (PGR), Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)– a personalidades centrales de la operación económica y financiera del país de sexenios anteriores (Miguel de la Madrid Hurtado, 1982-1988, Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994, y Ernesto Zedillo, 1994-2000). La orientación, el manejo y el control de la economía no sufrió cambios.

En las mismas elecciones del año 2000, Andrés Manuel López Obrador, con el PRD gana la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal (GDF), capital y centro político y económico del país. Desde entonces, la confrontación no ha cesado por la oposición a los ejes que articulan las políticas económicas «neoliberales» que impulsa el gobierno de Fox. En este contexto, destaca un caso emblemático, no sólo de la orientación de la política económica, sino del tamaño de la corrupción en México: el caso del rescate de los bancos privados con fondos públicos, denominado Fobaproa-IPAB (Fondo Bancario de Protección al Ahorro-Instituto para la Protección del Ahorro Bancario); decisión secreta y arbitraría que han compartido los presidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox. A este respecto López Obrador no ha cejado en demandar su esclarecimiento y el enjuiciamiento de los responsables de una operación que ha costado a los contribuyentes mexicanos, en diez años, 500 mil millones de pesos a valor presente (pesos de 2004) y se estima que su costo total se elevará a un billón y medio de pesos.

A lo largo de tres años, y por diferentes y diversos motivos, el gobernante de la Ciudad de México y el Presidente de la República y sus ministros mantuvieron un enfrentamiento verbal cotidiano, plagado de reiteradas críticas y acusaciones públicas. Sin embargo, a partir de mediados del año 2004, un caso aparentemente irrelevante cambió los términos discursivos y las estrategias de la lucha entre proyectos y adversarios.

El pretexto del desafuero: el caso del Encino

El Encino es un predio ubicado al poniente de la Ciudad de México, parte del cuál fue expropiada por el anterior Gobierno del Distrito Federal, al final del año 2000, para ser destinada a la construcción de vialidades. Desde entonces se dio inicio a una serie de reclamaciones de carácter jurídico-administrativo en torno a dicho predio. En marzo de 2001, en respuesta a un amparo interpuesto por la empresa propietaria del inmueble, por considerar que se afectaban su intereses, un juez dicta un auto de suspensión definitiva «para el único efecto de que las autoridades paralicen los trabajos de apertura de vialidades sólo en la parte de las fracciones expropiadas que servían de acceso al predio denominado El Encino [...] así como para que se abstenga de bloquear y cancelar los accesos al predio de La Quejosa». La autoridad responsable suspende las obras en ese lugar y abre otra vialidad para comunicar a un hospital privado de nueva construcción. Estas obras originan que la «quejosa» denunciara que la autoridad no había acatado la resolución referida y se le concede razón. Éste es el delito que se atribuye a Andrés Manuel López Obrador. Se trata de uno entre miles, en los cuales los juzgados administrativos deben dar vista al Ministerio Público (dependiente de la PGR, fiscalía federal) para lo que proceda y éste tiene la facultad de iniciar proceso o no.

En la legislación mexicana no existe penalidad para este delito, así es que nunca se ha ejercitado acción alguna contra los inculpados y menos una acción penal. Sin embargo, en este caso, dos años más tarde, la PGR inicia un proceso en contra del Secretario de Gobierno del DF «por haber desobedecido el auto de suspensión definitiva». En su defensa el funcionario presenta un oficio firmado a pocos días de haber tomado el cargo, en el que se instruye la suspensión de las obras en el lugar indicado por el juez. La Procuraduría no procede contra él. Sorpresivamente, en marzo de 2004 el culpable ya no es el Secretario sino el Jefe de Gobierno y la PGR solicita a la Cámara de Diputados el desafuero de Andrés Manuel López Obrador.

En México, para poder someter a juicio a altos funcionarios del gobierno es necesario que se les retire la inmunidad procesal, o fuero, de la que gozan por su investidura. Este proceso de desafuero es un juicio político que lleva la Cámara de Diputados, la que debe declarar la procedencia o no del juicio penal al que lo quiere llevar la PGR.

La Cámara de Diputados conformó una comisión (Sección Instructora), integrada por dos diputados del PRI, uno del PAN y otro, el presidente, del PRD, que conoció el caso y el 31 de marzo emitió un dictamen, con el voto en contra de Horacio Duarte, diputado del PRD, que establece que sí ha lugar el juicio penal. Finalmente, el 7 de abril, 360 diputados del PRI, del PAN y del PVEM (Partido Verde Ecologista de México), de un total de 500, aprueban este dictamen y López Obrador pierde el fuero, queda sujeto a que se le inicie proceso penal y podría, incluso, ser encarcelado. El nudo del problema no radica ahí. La Constitución mexicana establece que una persona sujeta a proceso penal pierde sus derechos ciudadanos aunque no haya sido juzgada ni sentenciada.

La acusación es trivial y endeble, con irregularidades procesales e inconsistencias que la hacen muy difícil de sostener jurídicamente. Debido a la centralidad política del caso, se han escrito ya varios libros y se han realizado simposia, conferencias y seminarios con la participación de juristas y abogados de todas las filiaciones. Es opinión generalizada que el caso es un galimatías jurídico y casi insostenible. Para ilustrar, mencionaremos algunos detalles: el delito del que se le acusa no tiene penalidad, por lo que es necesario aplicar un criterio que lo equipara con el abuso de autoridad, pero este delito tiene dos penas y no se cae en ninguno de los supuestos para aplicar alguna de ellas; el ombudsman nacional declaró que de proceder el desafuero se estaría en una situación de discriminación y no debe proceder el proceso penal; existe jurisprudencia que establece que al acatarse una resolución el desacato desaparece y, por tanto, no hay delito; no está definida ni la superficie real del predio afectado, ni sus linderos, ni el sitio donde se encontraban los «accesos bloqueados» (no existe pericial topográfica y La Quejosa ha presentado tres superficies distintas de su predio); se cuestiona que un proceso administrativo se convierta en penal (como si el inculpado haya participado materialmente del delito y además lo haya hecho con dolo).

El ahora exJefe de Gobierno del DF es el posible contendiente a la Presidencia de la República más fuerte y mejor posicionado de cualquier partido (en el DF se sitúa en un rango de 80% y en el resto del país por encima del 35%). Su juicio abre la posibilidad de que quede impedido de contender, además de que se le retira del cargo que ostenta.

Sobre este telón de fondo y ante la preferencia manifiesta por el gobernante del DF en las encuestas de intención del voto hacia la elección presidencial de 2006, el gobierno federal ha decidido eliminarlo de la contienda, por la vía, supuestamente superada, del uso faccioso de las instituciones y bajo el discurso de la legalidad y la justicia.

Consecuencias inmediatas

El caso del desafuero ha tenido consecuencias importantes. En dos ámbitos centrales para el interés del gobierno federal ha ganado la desconfianza: los mercados financieros y la prensa internacional. En el primer caso, en sólo tres días, los bonos de deuda a 20 años emitidos por el gobierno a principio de sexenio –colocación considerada un logro– perdieron lo que habían ganado en dos años. Las tasas de interés se han incrementado afectando directamente al mercado inmobiliario y las principales corredurías y calificadoras financieras han expresado su preocupación y recomiendan cautela a los inversionistas, quienes han comenzado a deshacerse de sus papeles mexicanos. Por el otro lado, los diarios más influyentes, sobre todo de EEUU, coinciden en señalar la aplicación selectiva de la ley, el riesgo de desestabilización política, económica y social del país, así como la duda sobre la legitimidad de las elecciones de 2006. El gobierno federal ha sido cuestionado por los centros del poder hegemónico, tan caros a su proyecto político.

Por otra parte, este proceso ha enfrentado a los poderes constituidos. La Asamblea Legislativa del DF (Cámara de diputados local, con mayoría del PRD) desconoció la decisión de la Cámara de Diputados federal e inició, ante la Suprema Corte de Justicia, una Controversia Constitucional en su contra por considerar que no le correspondía retirar el fuero López Obrador por ser el jefe de un gobierno local; a su vez, la Cámara de Diputados interpuso una Controversia contra la Asamblea porque se extralimitó en sus funciones al desconocer su resolución. Está en puerta otra Controversia que alega que la PGR no tiene facultades para dar vista de un caso de esta naturaleza a la Cámara y que es la Suprema Corte de Justicia la única institución con atribuciones para hacerlo y se perfila otra más de la misma Asamblea contra el Senado por pretender modificar las condiciones por las cuales la Asamblea deberá nombrar al sustituto de AMLO. Con seguridad –pues han sido anunciadas por diversos actores–, a estas controversias se sumarán demandas de juicio político contra los diputados que votaron a favor del desafuero por haberse extralimitado en sus atribuciones –corrigieron al juez en la definición del delito y removieron al jefe de Gobierno, siendo que la Constitución establece que sólo pueden declarar la procedencia o no del retiro del fuero–.

En otro orden, López Obrador ha convocado a un movimiento de resistencia civil pacífica en todo el país en contra del desafuero y sus consecuencias, a partir de la consideración de que este proceso representa, en primer lugar, un golpe contra los ciudadanos de Distrito Federal que lo eligieron y, en segundo término, contra los ciudadanos de todo el país que han expresado su intención de votar por él –o por el proyecto político que encabeza– en el 2006.

En general, considerando que en encuestas recientes la mayoría de la población piensa que éste es un proceso para impedir a AMLO participar en las elecciones y no sólo una consecuencia de aplicar la ley sin intenciones políticas, el desafuero de Andrés Manuel López Obrador ha puesto en tela de juicio el «cambio» logrado por quienes votaron por Vicente Fox en el año 2000 y, sobre todo, extiende una sombra de duda sobre la legitimidad de las elecciones de 2006.

Después de 1988, cuando se despojó a Cuauhtémoc Cárdenas de su triunfo electoral por la presidencia del país, el Estado tuvo que hacer un esfuerzo enorme para garantizar la legalidad y la legitimidad de las elecciones. Doce años más tarde, este esfuerzo cristalizó en la alternancia política. El PRI perdió la presidencia y México vivió lo que se ha llamado la normalidad democrática –sólo formal–, una normalidad que implica instituciones electorales confiables y procesos limpios. Poco a poco se habían ido borrando las dudas de siempre sobre la legitimidad de los gobernantes. Hoy, vuelve a surgir la duda pero acrecentada pues todavía falta año y medio para las elecciones. Es decir, como nunca antes, el proceso se ha desvirtuado de antemano, sin que haya iniciado siquiera. El signo de nuestros días es el desengaño, la desconfianza y la incertidumbre. En 1988 el gobierno federal orquestó un fraude para impedir a Cuauhtémoc Cárdenas asumir la Presidencia. Para superar esta crisis de legitimidad fue necesaria la creación del Instituto Federal Electoral con todo el aparato legal-administrativo, de control y sanción necesario, además de 18 años de procesos electorales (cada tres años). Hacia el final del sexenio del «cambio», el gobierno federal ha colocado dinamita bajo toda esta construcción política y ha comenzado a detonarla.

Los límites del formalismo democrático

En virtud de los hechos expuestos en la sección anterior, sostenemos que el reciente proceso de desafuero del ahora exjefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, y su eventual detención y posible encarcelamiento (a menos de que haya una decisión diferente a la que los partidarios de López Obrador esperan como resultado natural) es un acontecimiento político mayor en el que quedarán expuestos de forma nítida y generalizada los límites del formalismo democrático (fundamentalismo democrático, según las coordenadas del materialismo filosófico)

En ese sentido, los limites se deben a que mientras los discursos del Poder Ejecutivo, y de los diputados del PRI y el PAN insisten en que se trata del cumplimiento irrestricto del Estado de Derecho, para gran parte de la opinión pública (incluyendo analistas de diversas corrientes, juristas respetados, medios de comunicación e incluso, algunos diputados y militantes de los tres partidos que votaron por el desafuero, así como periodistas extranjeros de diversas ideologías) en la decisión tomada por la Cámara de Diputados nunca se tomo con base en el expediente judicial ni argumentaciones e interpretaciones legales; sino que fue un acuerdo político entre la cúpula del PRI, el PAN, la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior) y el Presidente de la República, para disminuir la creciente influencia política de López Obrador y sacarlo de la competencia electoral presidencial del 2006.

Es decir, tanto para los actores políticos como para la población y la mayoría de los gobiernos extranjeros defensores del sistema democrático, lejos de aceptar que se defiende el (abstracto e ideal) Estado de Derecho democrático**,** publicitado reiteradamente por los órganos estatales del actual régimen,la percepción aceptada es que setrata, como en muchas ocasiones a lo largo de la historia del país, de su manipulación abierta.Al parecer**,** tal y como el gobierno de partido único lo utilizó para expulsar, recluir, condenar y sabotear a sus diversos opositores, internos o externos, el actual gobierno utiliza los mismos métodos y la mismas argucias para evitar la competencia política de sus adversarios, con lo cual el llamado «cambio político» resulta falso. Lo anterior se refuerza, sobre todo, por los innumerables casos de corrupción denunciados, muchos más graves, que no han tenido una atención tan pronta, irreductible y desmesurada (por ejemplo, los escandalosos casos del financiamiento ilegal de las campañas presidenciales del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional en el año 2000).

Sin embargo, a diferencia de otros casos de manipulación del Estado de Derecho y las leyes, en el proceso de desafuero, los resultados de la decisión concertada entre los dos partidos aún no quedan claras. En otras palabras los supuestos beneficios compartidos que obtendrían aún no se perciben. Los analistas políticos y politólogos coinciden en que el proceso no sólo ha creado una imagen y percepción negativa de los poderes Ejecutivo y Legislativo, sino ahora también pone en una situación crítica al Poder Judicial, al obligarlo a tomar una decisión aparentemente jurídica bajo el sello de un oscuro acuerdo político que, en palabras de López Obrador, incluye al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, con lo cual el llamado Estado de Derecho es francamente inexistente y queda sólo como un instrumento para ganar la guerra política que se libra.

Por el contrario, la estrategia político-jurídica del PRI y el PAN ha tenido beneficios para el crecimiento político de López Obrador en varios frentes. Uno de los más importantes es que el proceso de desafuero ha creado un grave impasse jurídico, debido a que actualmente no existe certeza sobre quién es el jefe de gobierno de la Ciudad de México y, por lo tanto, quién es el responsable por sus actos y decisiones formales. La situación se agrava debido a que en lugar de iniciar con el proceso legal, nuevamente se está esperando la reacción política de los actores del sistema para enviarlo a las instancias jurídicas a las que corresponde resolver; es decir, nuevamente el marco legal es usado como parte de las estrategias políticas del Poder Ejecutivo.

Pero además, para sus oponentes el desafuero del alcalde de la Ciudad de México tendría como consecuencia la eliminación casi absoluta de su enemigo político. La percepción general de la población es que lejos de sepultar el posicionamiento y aspiraciones políticas de López Obrador su capacidad de aglutinamiento ha incrementado. Por ejemplo, si anteriormente existían algunos problemas de cómo resolver sin muchas fricciones la lucha interna por la candidatura presidencial del PRD, ahora ese horizonte ha quedado lejos (el histórico líder moral y tres veces candidato a la Presidencia de la República del PRD, Cuauhtemoc Cárdenas, ha desaparecido prácticamente de la escena política interna). Además el PRD, debido al enfrentamiento, ha dirimido aparentemente las irreconciliables diferencias históricas entre grupos y corrientes. Con respecto a la integración del equipo cercano a López Obrador, las críticas y dudas que expresaba la burocracia partidaria han disminuido y hoy se presentan como un grupo unificado. Otro acierto indudable, y con mayores beneficios para el proceso electoral, es que frente a la esperada reacción violenta, anunciada reiteradamente por el Poder Ejecutivo, el PRI y el PAN, López Obrador ha enviado un mensaje de civilidad y oposición pacífica, con lo cual ha desmantelado la imagen agresiva que frente a situaciones críticas se le había impuesto. Sin embargo, lo más importante que ha arrojado el proceso de desafuero es la polarización de la lucha política entre dos proyectos económicos y políticos, diferentes y excluyentes (el neoliberal y el nacional popular).

El proceso de desafuero ha demostrado que a pesar de que existen diferencias para realizar los cambios legislativos a favor de la liberalización de la economía y la consolidación del binomio formalismo democrático-neoliberalismo, no existen rupturas ni enfrentamientos radicales de proyectos entre el PRI y el PAN. En estricto sentido, ambos grupos comparten la idea de que permitir la llegada de una opción de izquierda nacionalista al poder sería atacar los intereses económicos y políticos que han dominado casi un siglo al país.

Aún no queda claro hasta cuando existirá la alianza entre el PRI y el PAN para derrotar a López Obrador. Tampoco queda claro cuáles serán los costos políticos para el PRI, debido a que ha sido el Presidente de la República y sus colaboradores quienes más criticas han recibido por la «manipulación y abuso del estado de derecho», lo cual ha agudizado en el país la percepción de que su gobierno es incapaz, frívolo, ingenuo y torpe políticamente; y en el extranjero de que utiliza las leyes para mantenerse y beneficiarse de su permanencia en el poder. Lo que finalmente importa destacar en los hechos es que, como lo menciona reiteradamente López Obrador, existe un partido político llamado PRIAN.

B
Posición

Es posible que en los acontecimientos que se están desencadenando en el país asistamos al anudamiento de una crisis política mayor en la que nos sea dada la clarificación de los límites del formalismo democrático. Un formalismo que, vertebrado en torno de las figuras hipostáticas de la Democracia y el Estado de Derecho, se constituye en el subterfugio mediante cuya inversión ideológica se hace abstracción de las contradicciones objetivas, dibujadas a escala de poder real y siempre sobre el fondo de la economía política, en las que se incrusta la dialéctica material del curso de la sociedad política mexicana.

Esta abstracción, síntesis del concepto liberal del «gobierno de las leyes» o Estado de Derecho, no ha sido otra cosa que una acción de reduccionismo jurídico de la dialéctica política, o de judicialización de la política. Así, manteniendo un discurso público legalista (el imperio de la Ley, nadie por encima de la Ley, AMLO violó la Ley autoritariamente, &c.) se cancela, sólo en el discurso, el momento político del Estado y se encubre así la intención verdadera que, tal es nuestra tesis, es de naturaleza estrictamente político-partidista, y que consiste en lo siguiente: López Obrador no puede llegar a la Presidencia de la República en tanto que en su figura se resume un bloque histórico en el que cristaliza un antagonismo político objetivo con aquel articulado fundamentalmente desde el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) pero, sobre todo, de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), y del que el gobierno de Fox no es más que una extensión.

En otras palabras, el problema no es tanto sobre las libertades y derechos políticos de López Obrador en sí mismos, cuanto sobre el riesgo que representa para el régimen actual el resultado objetivo que se derive del ejercicio de esas libertades y derechos (si es presidente de la República).

López Obrador no garantiza la seguridad de intereses reales y las estructuras de poder a los que está atado y condicionado el bloque histórico que tiene bajo su control las riendas políticas y económicas de México: la tecnocracia neoliberal y los grandes intereses económicos –comerciales y financieros– ligados al capital extranjero.

Pero lo que verdaderamente muestra su inoperancia política es el principio democrático, en tanto que principio formal. Una inoperancia que consiste en lo siguiente: la democracia no es compatible con el pluralismo material, sólo lo es con el pluralismo formal: mientras no se toquen las estructuras objetivas, materiales, de poder económico-político, pueden darse todo tipo de divergencias, todo tipo de opciones y opiniones, el pluralismo y la tolerancia afloran y permean el «espacio público»; la sociedad es testigo de un «juego democrático» y de un espectáculo sublime de diálogo y deliberación, racional y verdaderamente moderno, aunque el contenido de toda esa «deliberación democrática» sea sólo retórica. Pero si una opción política postula una alternativa que ponga en riesgo las estructuras económico-políticas y los intereses reales y las posiciones de poder que las articulan, en ese momento desaparece la democracia y queda al descubierto su naturaleza ideológica, como sucedió en Chile con Salvador Allende o en el último intento de golpe de Estado a Hugo Chávez en Venezuela.

Y ni siquiera se trata de que López Obrador sostenga una posición política de factura socialista, sino que simplemente la suya es una plataforma orientada en función del objetivo estratégico de detener la expansión del ortograma neoliberal operada por la tecnocracia política mexicana y tutelada por los principios neoclásicos de economía de mercado y por el liberalismo democrático (Estado de Derecho + Derechos Humanos + Democracia formal).

Si se quisiera encontrar una analogía histórica, lo que presenciamos es una repetición obtusa, como farsa, de lo que se dio como tragedia al inicio de la revolución mexicana: Francisco I. Madero, que era liberal, postulaba la necesidad de hacer efectiva la democracia mediante el lema de «sufragio efectivo, no reelección». Su objetivo estratégico era el de quitarle el monopolio del poder político al régimen de Porfirio Díaz. Pero era ésta una necesidad, si bien inminente, que se planteaba fundamentalmente desde un plano formal y no material: en su plan político, el Plan de San Luis, solamente en el artículo 3 se abordaban las cuestiones de carácter económico (la reforma agraria, el problema de la tierra, &c.). En función de este artículo 3 fue precisamente que Emiliano Zapata se levantó en el sur con su Plan de Ayala. La revolución continuó como lucha de facciones. Madero fue asesinado por Victoriano Huerta en 1913 y Zapata fue asesinado en 1919.

En el 2000, por otro lado, Vicente Fox y todo el bloque de intereses que lo apoyó, articuló su estrategia política victoriosa en función de la necesidad de quitarle el monopolio del poder político al PRI. Desde esta perspectiva fue que se inspiraban todas las teorías de la transición democrática, pero solamente en el plano formal: elecciones efectivas. El modelo económico político de Fox es exactamente el mismo que el implementado desde 1982, pero es que sólo bajo esas condiciones de continuidad material fue posible que se hiciera efectiva la «transición a la democracia». En esencia, el país sigue con el mismo rumbo que se prefiguró «antes de la transición».

El retiro del fuero constitucional a Andrés Manuel López Obrador para que sea juzgado por un conflicto menor no está destinado a afirmar la vigencia del Estado de Derecho, sino a impedir que participe en las elecciones del 2006 por el riesgo político que representa a la coalición en el poder, fuera y dentro del gobierno.

En este contexto, la cuestión esencial es la siguiente: dadas las condiciones objetivas que están perfilándose a partir de este momento y dada la magnitud de las fracturas sociales y económicas que determinan la dialéctica política, ¿es posible que se encuentre una solución democrática a las contradicciones? ¿O es que estamos ante el inminente desencadenamiento de un conflicto que desborde esos márgenes y que ponga en riesgo la eutaxia del Estado?

Esto es, sin duda, más que un problema de democracia, un problema de contradicciones objetivas de poder. Las posibilidades de su síntesis histórica habrán de configurarse en el curso de los acontecimientos. Será preciso estar atentos y actuar en consecuencia.

C
Documentos{1}

I

Intervención del Lic. Carlos Javier Vega Memije, Subprocurador especializado en Delitos Federales de la Procuraduría General de la República, en la Sesión de la Cámara de Diputados erigida en jurado de procedencia, llevada a cabo el jueves 7 de abril de 2005.

Honorable Cámara de Diputados: la institución del Ministerio Público de la Federación acude, por mi conducto, ante esta soberanía, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 20 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Se acude para cumplir una responsabilidad constitucional, no para hacer política. El dictamen mayoritario de la Sección Instructora concluye, con base en las resoluciones judiciales y las constancias procesales que obran en el expediente, que ha lugar a proceder penalmente en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal, en virtud de que se encuentra acreditado el cuerpo del delito previsto en el artículo 206 de la Ley de Amparo y la probable responsabilidad del servidor público en su comisión.

Este pronunciamiento está orientado únicamente por la legalidad. El Ministerio Público de la Federación no consiente que se involucren cuestiones diversas de la estricta aplicación de la ley. Es falso que el discurso en el sentido que nos ocupa, tiene motivaciones políticas. La declaración de procedencia tiene como objeto remover la protección constitucional al jefe de Gobierno de la capital para que se someta a la jurisdicción de los tribunales y sean éstos quienes decidan sobre la responsabilidad penal. Debe destacarse que el asunto que nos ocupa no inició en la Procuraduría General de la República por denuncia de un particular sino por la vista ordenada por un juez en autos de fecha 30 de agosto de 2001, en el cual textualmente se dice:

«Primero. Se declara fundado el incidente de violación a la suspensión definitiva.
Considerando Tercero. Toda vez que se ha continuado con los trabajos de apertura de las vialidades denominadas Carlos Graef Fernández y Vasco de Quiroga en el predio denominado El Encino, particularmente en las fracciones que fueron expropiadas, se continúan construyendo vialidades en comento, por lo que se efectúan trabajos de remoción y movimientos de tierra, lo que pone de manifiesto que el jefe de Gobierno del Distrito Federal ha controvertido la suspensión definitiva decretada en resolución del 14 de marzo de 2001.
Segundo. Para los efectos precisados en la parte final del considerando tercero de la resolución, gírese en su oportunidad atento oficio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a efecto de que proceda en los términos de lo dispuesto en el artículo 206 de la Ley de Amparo respecto de los hechos materia de esta denuncia de violación de la suspensión.»

Termina la cita. Entonces, queda claro que la investigación inicia por denuncia del propio juez de amparo, que resolvió que se había desobedecido la suspensión por él ordenada. Así es: la referida autoridad judicial hizo de nuestro conocimiento que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, abusando de su poder, desacató la suspensión otorgada a un particular. De las constancias se demuestra en forma inequívoca que durante 11 meses consecutivos –óigase bien: ¡durante 11 meses consecutivos!– el jefe de Gobierno del Distrito Federal, abusando de su poder, desacató la orden, expresa y clara, de que debía suspender las obras de apertura de vialidades en un predio cuya expropiación estaba cuestionada por ilegal, y que debía abstenerse de cancelar o bloquear al propietario los accesos al predio El Encino. Es de destacar que la orden del juez fue debidamente notificada el día 22 de marzo de 2001 y, no obstante ello, la suspensión fue desobedecida. La violación de la suspensión fue declarada por el juez el 30 de agosto de 2001 y, después de ello, durante cuatro ocasiones más, recibió al jefe de Gobierno para que le informara sobre el cumplimiento de esta suspensión, sin que la misma haya sido obedecida en los términos de ley.

Por todo lo anterior, resulta falso y tendencioso lo que ha venido sosteniendo el jefe de Gobierno del Distrito Federal en el sentido de que se le quiere castigar por abrir una calle y beneficiar así el acceso a uno de los hospitales privados más caros del país. No, señores diputados, estamos aquí porque se desafió y se desobedeció el mandato del Poder Judicial de la Federación. Estamos aquí porque dos órganos, primero un juez de distrito y luego un tribunal colegiado, resolvieron en forma definitiva que el jefe de Gobierno del Distrito Federal había desobedecido la suspensión concedida a un particular. Es importante citar que el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito señaló lo siguiente: «El juez del conocimiento determinó en forma acertada lo fundado de la denuncia de la violación de la suspensión otorgada, ya que el juez fijó claramente la materia de violación de la suspensión.» Termina cita. Esto es, los órganos judiciales a que corresponde determinar si había sido transgredida la suspensión determinaron con contundencia que el jefe de Gobierno del Distrito Federal sí había violado la suspensión, por lo que ahora no puede sostenerse lo contrario, ya que la desobediencia del jefe de Gobierno está demostrada.

La Ley de Amparo, en su artículo 206, señala: «La autoridad responsable –en este caso, el jefe de Gobierno– que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, será sancionada en los términos que señala el Código Penal aplicable en materia federal para el delito de abuso de autoridad por cuanto a la desobediencia cometida, independientemente de cualquier otro delito en que incurra.» Termina cita. En virtud de que está demostrado que el jefe de Gobierno del Distrito Federal tenía el carácter de autoridad responsable dentro del juicio de amparo número 862/2000 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal y que con este carácter desobedeció la suspensión que le fue ordenada, solicitamos que se apruebe el dictamen de la Sección Instructora que concluye que ha lugar a proceder penalmente contra el señor Andrés Manuel López Obrador, por ser probable responsable en la comisión del delito previsto y sancionado por los artículos 206 de la Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal.

En relación con el sistema de responsabilidades, ya el Constituyente de 1917 nos decía: «La responsabilidad de los funcionarios es la garantía de cumplimiento de su deber y, por tal motivo, todo sistema legislativo que vea la manera de exigir la responsabilidad en que incurren los funcionarios públicos por las faltas cometidas en el cumplimiento de sus encargos es de capital importancia para el sistema constitucional.» Termina cita. Así es: resulta de capital importancia para la protección de la Constitución, del juicio de amparo y de los derechos de los particulares que se respeten las decisiones de los jueces pues, de lo contrario, se disloca el sistema constitucional y los gobernantes se colocan por encima de los gobernados, por encima de las leyes que los rigen y con perjuicio a la democracia y a las libertades.

La ley es el único límite a la arbitrariedad. Si permitimos su violación por parte de las autoridades, consentimos el autoritarismo como forma de gobierno. ¿Cómo vamos a tener una justicia sólida si las autoridades no nos sujetamos a la ley y las determinaciones del Poder Judicial? Las instituciones y las leyes fueron hechas para proteger al ciudadano del abuso del poder; cada una de ellas es un referente de derechos y obligaciones. No sería ético ni justo que su cumplimiento significara una exigencia para los ciudadanos y una exención para las autoridades. El fuero no se concibió como un privilegio para los gobernantes o como una patente de impunidad; se concibió como un voto de confianza sobre la probidad de su comportamiento. El Presidente Juárez, tan mencionado por el jefe de Gobierno, afirmó: «No me permitiré un solo acto que conculque derechos legítimos, pero seré severo e inexorable con los transgresores de la ley.» Termina cita. La obligación de la institución que represento es promover el cumplimiento de la ley porque, como decía Madero, es imperativo que todos –y cito:– «hagamos un esfuerzo porque se cumplan las leyes que tenemos pues, buenas o malas, siempre serán preferibles a la voluntad de un solo hombre». Termina cita.

No podemos distinguir en la aplicación de la ley: la ley se aplica o no se aplica; las resoluciones judiciales se cumplen o no se cumplen. Lo que no es concebible es que se alegue, como lo hace el jefe de Gobierno, que en diversos casos del pasado ha habido impunidad. En primer término, habría que responderles que la Procuraduría General de la República en todos los casos ha actuado conforme a derecho y, en segundo lugar, debe decirse que es inaudito su atrevimiento para invocar la supuesta impunidad de otros casos para alcanzar impunidad para él. Esto no se puede permitir; resulta ominoso para cualquier hombre, y más para un servidor público, alegar la impunidad de supuestos abusos de poder para tratar de lograr impunidad para él. Si eso fuera válido, habría que aceptar que cualquier delincuente alegara perversamente eso para lograr impunidad; y eso sería sin duda renunciar al Estado de derecho.

No, señores legisladores, lo contrario es precisamente lo que demanda la sociedad: no más impunidad en todos los ámbitos. Y, más que apoyarse en precedentes de abuso de poder, estamos obligados a optar decididamente por el imperio de la ley. La desconfianza que existe en sectores amplios de la sociedad respecto de la legalidad y de la justicia deviene fundamentalmente de que con frecuencia se esgrime el argumento de la inconveniencia política para no aplicar la ley. Eso debe terminar; postergarlo para ocasiones más propicias, ceder al chantaje y a la amenaza de revuelta sería optar por un México de violencia y no por el México de leyes al que todos aspiramos. Ya lo decía don Ignacio L. Vallarta, «el pueblo exige imperiosamente que sus leyes se respeten, que nada contra ellas se alce, sustituyendo a los preceptos de éstas su propio capricho; la época de la sedición y el pronunciamiento ha concluido, sólo la ley ha de imperar ya entre nosotros». Termina cita.

El derecho es el mayor de los bienes públicos; de su cumplimiento dependen la estabilidad de las instituciones, las libertades de los particulares, la actuación legal de las autoridades. No podemos hacer a un lado la ley, no podemos dejar de cumplirla, no podemos permitir el incumplimiento de las resoluciones judiciales porque ello sería dejar atrás las luchas de millones de mexicanos para que sea la ley la que rija nuestra actuación y no para que sea la voluntad de las autoridades la que fije los límites de nuestras libertades, de nuestras propiedades y de nuestros derechos. Las discusiones de hoy son valiosas para definir qué México queremos: el México de leyes o el México de la impunidad, el México del respeto de los ciudadanos o el México del abuso del poder, el México de libertades o el México de trasgresión de los derechos fundamentales. Con el propósito de dejar perfectamente claros los hechos que sustentan la solicitud que nos ocupa, narraré de manera sucinta los actos que con sus respectivas evidencias constan en los autos del expediente que obra en poder de esta soberanía; éstos son los hechos:

El día 14 de marzo de 2001, el juez noveno de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal otorgó a un gobernado que se quejaba del atropello de su derecho de propiedad la suspensión definitiva para los efectos de que el jefe de Gobierno de esta capital paralizara los trabajos de apertura de vialidades que se estaban realizando en el predio expropiado conocido como «El Encino», así como para que se abstuviese de bloquear los accesos al terreno. En el expediente consta que, mediante declaraciones ante el Ministerio Público, el propio jefe de Gobierno del Distrito Federal reconoce que dicha suspensión le fue debidamente notificada el día 22 de marzo de 2001. No obstante ello, transcurrieron aproximadamente 11 meses y, dentro de ese lapso, 5 requerimientos de la autoridad judicial, con diversos apercibimientos para que se cumpliera la suspensión. Es decir, el desacato de la disposición judicial fue con pleno conocimiento de causa y reiterado a lo largo de casi un año.

Esta desobediencia recurrente sólo confirma el desprecio del jefe de Gobierno del Distrito Federal a las órdenes judiciales; es decir, al Estado de derecho. Resulta evidente que el delito se consumó, que se causó un daño a la eficacia del juicio de amparo y a los derechos del particular que promovió el amparo, del que deriva toda la controversia. Por esos daños, por la desobediencia en que incurrió el jefe de Gobierno del Distrito Federal, ahora es obligado que se restituya o que se indemnice al particular afectado en sus derechos. Esta desobediencia causó un doble perjuicio a los intereses de la Ciudad de México: primero, se gastaron recursos económicos muy importantes para continuar una obra en forma totalmente ilegal, ante la determinación de un juez de que ésta debería haberse suspendido; segundo, ahora tendrá el Gobierno del Distrito Federal que pagar, con recursos públicos, una indemnización por los daños causados por la desobediencia del señor Andrés Manuel López Obrador, a las determinaciones del Poder Judicial de la Federación. Fue precisamente el Poder Judicial de la Federación el que, por conducto de dos de sus órganos, primero el juez noveno de Distrito en materia Administrativa en el Distrito Federal y el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, el que determinó en forma inequívoca que el jefe de Gobierno del Distrito Federal había desobedecido el auto de suspensión ordenado por la propia autoridad judicial.

Es preciso señalarles que al jefe de Gobierno siempre se le respetaron sus derechos de audiencia y de defensa, ya que compareció a la averiguación previa en cuatro ocasiones. En ninguna de ellas presentó prueba que lo eximiera de responsabilidad; y, por el contrario, en sus declaraciones reconoció que se continuaron los trabajos de apertura de vialidades, aun cuando expone infundadas razones defensivas. Esto, en el derecho procesal, se llama «confesión». Señoras y señores legisladores: en el México de nuestro tiempo, que vive cambios trascendentes, hemos logrado un avance significativo en el ámbito democrático, cuando hemos alcanzado mayor participación de los ciudadanos en las decisiones públicas, cuando la inmensa mayoría de los mexicanos hemos apostado a la fuerza de las instituciones por la pluralidad y por la solución pacífica de nuestras controversias, cuando se moderniza nuestro marco normativo para lograr legalidad y transparencia en los actos de toda autoridad, cuando todas las fuerzas políticas han refrendado en innumerables discursos su compromiso con la legalidad.

Resulta imperativo, vital para la sociedad que se respeten las decisiones del Poder Judicial. Al respecto no debe haber concesiones, mucho menos si el desacato proviene de una autoridad. El Poder Judicial de la Federación, por medio del juicio de amparo, se erige en defensa de todos los mexicanos, como el más importante mecanismo de los gobernados frente a las autoridades públicas. La desobediencia de los mandatos de la autoridad judicial representa el desprecio a la ley y a las instituciones y pone en riesgo la seguridad y la certeza jurídica, que son el pilar de todo Estado democrático de derecho. Desobedecer los mandatos de un juez que está actuando para hacer prevalecer los derechos de los gobernados es la más evidente ruptura con la Constitución y con la protesta de todo servidor público de cumplir con ella y hacerla cumplir. Cierto es que la justicia es el sustento más importante de la democracia, pero no hay justicia sin legalidad; no puede haber justicia si no se respetan las decisiones del Poder Judicial. La eficacia plena y el respeto de la ley son los únicos caminos para mantener la democracia alejada de la lógica del poder y de las ambiciones privadas de los políticos.

El dictamen mayoritario de la Sección Instructora propone que este honorable Pleno vote a favor de la declaración de procedencia solicitada. Es un dictamen a favor de la legalidad y apoyado en pruebas sólidas, y -lo más importante- en determinaciones firmes del Poder Judicial de la Federación. El jefe de Gobierno desobedeció durante 11 meses una suspensión definitiva otorgada por un juez dentro de la tramitación de un juicio de amparo. Eso, para la ley, es un delito. Por ello votar a favor del dictamen es votar en contra de la impunidad, es favorecer la vigencia del Estado de derecho, es favorecer la estabilidad de las instituciones jurídicas del país. Con enorme costo publicitario y en la estrategia de victimizarse, el jefe de Gobierno ha pretendido que lo identifiquen con vidas ejemplares, como las de Mandela o Gandhi; empero, estos personajes fueron individuos atropellados por el poder. Pero el señor López Obrador es quien desde el poder ha atropellado los derechos ciudadanos. Hay que decirlo con toda claridad: para contrarrestar el cúmulo de falsedades que se han propalado durante meses a la opinión pública, esta Cámara de Diputados no juzga, ni absuelve, ni condena a López Obrador, sólo permite que un juez lo haga, como sucede con cualquier ciudadano.

No le priva o le suspende en sus derechos políticos; ésa no es la finalidad de la declaración de procedencia. No lo ataja en sus ambiciones personales o de grupo. No lo inhabilita para ejercer cargos públicos. Lo que sí puede hacer esta soberanía, y así lo pide el Ministerio Público de la Federación, con apoyo en las resoluciones dictadas por diversos órganos del Poder Judicial, es quitarle el fuero para que se someta a los tribunales, tal y como lo previenen la Constitución y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Como estrategia de medios y con propósitos meramente políticos, el jefe de Gobierno del Distrito Federal ocupará esta tribuna para cuestionar todo lo habido y por haber, para atacar a personas e instituciones o para autoerigirse en el abanderado de las causas populares. Lo que no podrá hacer nunca será justificar el abuso de poder que ha realizado desde su cargo, al desobedecer la orden de un juez, en violación de la ley, en agravio de la sociedad mexicana. (Escándalo en el salón.) La solicitud del Ministerio Público es que este asunto... (El Presidente de la Cámara, diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, interrumpe**:** le recuerdo, señor orador, que se ha terminado su tiempo. Termine por favor).

Termino, señor Presidente: la solicitud del Ministerio Público es que este asunto se analice con la ley en la mano, que las instituciones privilegiemos el cumplimiento de la ley. ¡Nadie puede estar encima de la ley! ¡Nadie puede decir que la aplicación de la ley no es justa! La justicia no la determina un solo individuo. La justicia es la síntesis de las aspiraciones de un pueblo; y en México, la expresión del pueblo está en sus leyes. Por ello se aplicará en realizar actos de justicia. Por su atención, muchas gracias.

II

Intervención de Andrés Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Sesión de la Cámara de Diputados erigida en jurado de procedencia, llevada a cabo el jueves 7 de abril de 2005

Ciudadanas y ciudadanos, diputadas y diputados, Pueblo de México:

Comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra.

Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio. Hemos reiterado nuestra defensa en numerosas ocasiones. Sólo diré que no he violado la ley, que jamás he actuado en contra de la justicia y nunca ha sido mi intención hacerle mal a nadie.

Nunca firmé ningún documento ni ordené que no se respetara la suspensión del amparo otorgado al presunto dueño del predio «El Encino». Por el contrario, hay constancias de que todos los servidores públicos responsables del caso cumplieron con su deber.

A pesar de que el Ministerio Público pretendió llevarlos a que me inculparan como pueden ustedes constatarlo en el expediente, plateándoles interrogatorios insidiosos, no logró su cometido. Nadie de los servidores públicos del gobierno declaró en mi contra.

El Juez Administrativo no se tomó la molestia de presentarse en «El Encino» para verificar si se daban o no las conductas de violación que me atribuyen. Tuvo, sin embargo, la ruindad de otorgar valor probatorio pleno a supuestas inspecciones judiciales practicadas por actuarios. Es decir, el Juez se limitó a recibir los dichos de sus empleados y con estas pruebas ilegales se me acusa.

Es más: el supuesto dueño de «El Encino» primero reclamaba una propiedad de cien mil metros cuadrados; luego presentó una escritura ante el Ministerio Público de 86 mil metros cuadrados. Y en el Registro Público de la Propiedad aparece que sólo posee 83 mil metros cuadrados, y que el tramo en cuestión ni siquiera es de su propiedad. Pero esto no se nos aceptó como prueba, porque en la Sección Instructora se opuso a realizar un deslinde del terreno.

El expediente está plagado de falsedades. Me acusan, simple y llanamente, por ser el superior jerárquico del Gobierno del Distrito Federal.

Por último, les preguntaría a ustedes: ¿dónde está el dolo y la mala fe, si el camino no se construyó?, y aquí quiero aclarar algo, tres veces el licenciado Memije habló de que en 11 meses se incumplió la decisión del juez, es decir 11 meses llevó la violación al amparo.

Estamos hablando de 200 metros, si hubiese dolo, mala fe, abuso de autoridad, ¿ustedes creen que en 11 meses no hubiésemos terminado de hacer el camino?, no fue así. Tuvimos que hacer un camino alterno para comunicar al Hospital ABC y ahí va a quedar la brecha que constata que no hubo ningún desacato.

El dolo y la mala fe es de quien me acusa, de quienes me acusan. Tengo la conciencia tranquila. Desde hace muchos años que lucho por mis ideas y lo hago apegado a principios, uno de estos es precisamente, hablar con la verdad y conducirme con rectitud.

Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley sino por mi manera de pensar y actuar, y por lo que pueda representar, junto con otros mexicanos, para el futuro de nuestra patria.

Atendamos lo evidente: diputadas y diputados, hay en México, hoy, se debaten dos proyectos de nación, y de nación en la globalidad, distintos y contrapuestos, y a los que verdaderamente mandan junto con los que mal gobiernan al país, les preocupa y les molesta que nuestro programa en la Ciudad de crecimiento económico, generación de empleos, construcción de obras públicas, de educación, salud y vivienda y de apoyo a los más humildes y olvidados se propague cada día más, se acredite entre la gente y se aplique a nivel nacional.

Este es el fondo del asunto. Por eso, y por ninguna otra causa, nos quieren atajar y me quieren quitar mis derechos políticos, con miras a las elecciones del 2006.

Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México. Son los que en verdad dominan, mandan en las cúpulas del PRI y del PAN. Son los que mantienen a toda costa una política antipopular y entreguista.

Son los que ambicionan las privatizaciones del petróleo y de la industria eléctrica, algo que aún no consiguen tras la entrega sucesiva de los bienes nacionales.

Son los que utilizan al Estado para defender intereses particulares y rescatar instituciones financieras en quiebra.

Son los que, al mismo tiempo, consideran al Estado una carga y quieren desvanecerlo en todo lo tocante a la promoción del bienestar de los pobres y de los desposeídos que es, también, si bien se ve, el bienestar de una nación corroída por la desigualdad.

Son los que manejan el truco de llamar «populismo» o «paternalismo» a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías, pero nombran «fomento» o «rescate» a lo demasiado que se le entrega a minorías rapaces.

Son los partidarios de privatizar las ganancias y de socializar las pérdidas.

Son los que han triplicado en veinte años la deuda pública de México. Son los que defienden la política económica imperante, no obstante su serie de fracasos, que dan como resultado el cero crecimiento y el aumento constante del desempleo.

Son los que quieren cobrar IVA a los medicamentos y a los alimentos, pero exentan de impuestos a sus amigos y protectores. Que la mayoría lo pague todo y que la minoría selecta nos dé por favor una limosna.

Son los que han socavado la calidad de vida de las clases medias.

Son los que han convertido al país en un océano de desigualdades, con más diferencias económicas y sociales que cuando Morelos proclamó que debía moderarse la indigencia y la opulencia.

Son los que han arruinado la actividad productiva del país y han obligado a millones de mexicanos a dejar sus hogares y sus familias para emigrar a Estados Unidos, arriesgándolo todo en busca de lo que mitigue su hambre y su pobreza.

Son los que quieren perpetuar la corrupción, el influyentismo y la impunidad, que son sus señas de identidad.

Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero. Y ese miedo cobarde de perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses y proponga una patria para todos y patria para el humillado.

Por eso utilizan al ciudadano Presidente, a quien encumbraron para seguirse devorando al país y a quien lanzan en mi contra para impedir que avance el movimiento de transformación nacional, capaz de crear una nueva legalidad, una nueva economía, una nueva política, una nueva convivencia social con menos desigualdad, con más justicia y dignidad.

Un empresario me contó que el 10 de junio del año pasado, en una reunión en casa de Rómulo O'Farrill, ese grupo compacto de intereses creados le dijo al ciudadano Presidente, palabras más, palabras menos: «Nos has quedado mal, no has podido llevar a cabo las privatizaciones y la reforma fiscal, pero eso ya no es lo que nos importa. Ahora lo único que te pedimos es que por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel llegue a la Presidencia.»

Tal vez, a partir de entonces o de una lectura febril de las encuestas, al Presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Eso es lo que explica este desafuero, tramado desde Los Pinos.

Por eso, con seguridad y firmeza, desde esta tribuna, aunque no sea la máxima tribuna, acuso al ciudadano Presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia.

Lo acuso de actuar de manera facciosa, con el propósito de degradar las instituciones de la República.

Acuso también por complicidad al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Güitrón, por supeditar los altos principios de la justicia y de la Constitución a las meras consignas políticas ordenadas por los intereses creados del momento.

Días antes de iniciar el procedimiento en mi contra, en abril del año pasado, el presidente de la Corte acudió a un encuentro con el Ciudadano Presidente para tratar este asunto olvidándose que su deber no es encubrir las arbitrariedades del titular del Poder Ejecutivo, sino el de proteger a los ciudadanos del atropello y del abuso.

Es más, dos días después de presentada la solicitud de desafuero, la Suprema Corte hizo publicar un desplegado donde, por anticipado, se trataba de legitimar este aberrante procedimiento en mi contra y se alababa la actuación de quienes actuaron por consigna haciéndose pasar por jueces.

Claro está, y aquí lo hemos escuchado, que quienes me acusan tratan de justificar su actuación, hablando en nombre de la ley e invocando el Estado de Derecho. Así ha sucedido siempre: todo acto autoritario suele encubrirse en un discurso de aparente devoción por la legalidad.

Lo cierto es que estos personajes no sólo están envileciendo a las instituciones sino haciendo el ridículo.

Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del Fobaproa{2}, de los Amigos de Fox{3}, del Pemexgate{4} y otros latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y juzgan, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar, me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Repito: por intentar abrir una calle para comunicar un hospital.

Ahora resulta que los Defensores del Derecho Supremo del Privilegio han convertido en un «grave delito», una supuesta infracción jurídica que amerita despojarme del cargo que legal y legítimamente me fue otorgado por los ciudadanos del Distrito Federal.

¿Ése es el Estado de Derecho que pregonan?, ¿Cuál Estado de Derecho puede haber si en México los encargados de impartir justicia, en vez de proteger al débil, sólo sirven para legalizar los despojos que comete el fuerte?.

¿De cuál Estado de Derecho hablamos si sólo se castiga a los que no tienen con qué comprar su inocencia?, ¿Qué Estado de Derecho existe si la mayoría de los jueces, magistrados y ministros no tienen el arrojo de sentirse libres y todavía se comportan como empleados del Poder Ejecutivo Federal?

¡No señoras y señores!

Eso no es Estado de Derecho. En México, desgraciadamente, el Derecho ha significado por lo común lo opuesto a su razón de ser; el Derecho que ha imperado ha sido el del dinero y el del poder por encima de todo; el Derecho de un modelo de país exclusivo para los privilegiados y el Derecho de destruir a quienes pongan en peligro ese modelo.

Es un timbre de orgullo que se me juzgue como en otros tiempos se condenó a quienes han actuado en defensa de los derechos sociales, civiles y políticos.

Por ejemplo, cuando la dictadura porfirista presintió que sería derrotada en las urnas por Francisco I. Madero, decidieron sacarlo de la carrera presidencial inventándole cargos y conduciéndolo, finalmente, a prisión. Ya desde abril de 1910, para impedir su asistencia a la Convención Antirreeleccionista se le había acusado de invadir un predio ajeno para robarse una carga de guayule.

Cuando este cargo fracasó, por ridículo e infundado, se le acusó siendo ya candidato a la Presidencia de la República de proteger de la policía al orador Roque Estrada quien había pronunciado un supuesto «discurso injurioso» en contra de las autoridades. De ese modo, Francisco I. Madero fue detenido en Monterrey y trasladado a la cárcel de San Luis Potosí en donde radicaban los cargos.

Desde la prisión, Madero escribió a uno de sus partidarios: «Efectivamente, es un atentado incalificable el que se ha cometido conmigo, pero ha servido para quitar definitivamente la careta a nuestros gobernantes, para exhibirlos como tiranos vulgares y para desprestigiarlos completamente ante la opinión pública, a la vez que nuestro partido se ha fortalecido de manera increíble. Por estas circunstancias no me aflige mi prisión, pues aquí descansando, creo que estoy prestando grandes servicios a nuestra causa.»

También, cuando se obtuvieron con engaños las renuncias de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, la mayoría de la Cámara de Diputados cometió la indignidad de desaforarlos que a eso equivalió aceptar sus renuncias y de prestarse a la farsa de legalizar, siempre preocupados porque todo sea legal, un nombramiento que duró en el poder 45 minutos, tiempo suficiente para que el tal Pedro Lascuráin nombrara como Secretario de Relaciones Exteriores a Victoriano Huerta y luego renunciara convirtiendo a El Chacal en Presidente de la República.

Un dato más para comprender la historia, que es la maestra de la vida y que no se tome como un insulto, porque la verdad no es injuria: el bisabuelo de Santiago Creel{5}, Enrique Creel, fue ministro de Relaciones de Porfirio Díaz y su abuelo, Luis R. Creel, fue huertista y participó en La Decena Trágica.

También, para quienes padecen amnesia, para los que creen que la política sólo consiste en una enciclopedia del conocimiento de las mañas y el golpe artero, a ellos conviene recordarles otro hecho indigno que pasó por esta Cámara de Diputados. Me refiero a la renuncia forzada ante la amenaza de desafuero de Carlos A. Madrazo Becerra{6}.

En ese entonces, el pretexto fue un supuesto fraude con tarjetas de braceros cuando en el fondo se trataba de una venganza política porque Carlos Madrazo Becerra apoyaba para la sucesión presidencial al entonces regente Javier Rojo Gómez. Tan es así que luego de ser encarcelado por cerca de nueve meses, una vez que se eligió a Miguel Alemán como candidato a la Presidencia, Carlos Madrazo obtuvo su libertad.

También estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México; por quienes ofrecieron un cambio y mintieron; por quienes se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado, como Carlos Salinas de Gortari, y mantienen la misma política de siempre, ésa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo.

Lamento que el voto útil se haya convertido en voto inútil, que se haya perdido tristemente el tiempo con el llamado gobierno del cambio y no se haya logrado nada, absolutamente nada habiendo tantas demandas nacionales insatisfechas.

Pero no hay mal que por bien no venga; hacía falta conocer a fondo a los santurrones, a los intolerantes, a los que hipócritamente hablaban de buenas conciencias y del bien común. Hacía falta que esas personas se exhibieran sin tapujos, con toda su torpeza, frivolidad, desparpajo, codicia y mala fe para saber con claridad a qué atenernos.

Diputadas y diputados:

Como deben suponer estoy acostumbrado a luchar. No soy de los que aceptan dócilmente condenas injustas. Me voy a defender y espero contar con el apoyo de hombres y mujeres de buena voluntad que creen en la libertad, en la justicia y en la democracia.

Les repito: no me voy a amparar ni solicitaré libertad bajo fianza porque sencillamente no soy culpable y porque así protestaré de manera pacífica ante la arbitrariedad que se comete en mi contra y en contra de quienes luchan por la democracia y rechazan la injusticia.

Tampoco voy a recurrir a artimañas o a negociaciones vergonzosas. Nada, ni siquiera la aspiración al cargo más elevado de la República, podría justificar el hacer a un lado la dignidad y los principios.

No soy un ambicioso vulgar. No llevaré a nadie al enfrentamiento. Todo lo que hagamos se inscribirá en el marco de la resistencia civil pacífica.

Por último, diputadas y diputados, con sinceridad les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero. No soy ingenuo. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares.

Claro está que otros diputados, los menos desgraciadamente, votarán con dignidad y decoro.

Pero los que van a votar en mi contra y los que se abstendrán, pensando que hay justo medio entre ser consecuente o cortesano, no deben ufanarse por haber logrado una especie de desafuero patriótico porque todavía la conducta de ustedes tendrá que pasar por el escrutinio público, por la opinión y la decisión de la gente.

Estoy seguro que la mayoría de ustedes votará a favor del desafuero sin medir las consecuencias de sus actos, o porque piensan que podrán justificarse, como lo expresó increíblemente una diputada que llegó a decir, creo que es la diputada Rebeca Godínez, llegó a decir –abro comillas– «¡Con esto empieza el Estado de Derecho en México!»

Conste que el Estado aludido no se tardó y debutó muy mal.

Repito: ¿de cuándo a acá los más tenaces violadores de la ley, los saqueadores, quieren aparecer como los garantes del Estado de Derecho?

Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia.

¡Viva la dignidad!

¡Viva México!

III

Intervención del diputado Horacio Duarte Olivares, del Partido de la Revolución Democrática y presidente de la Sección Instructora, en la Sesión de la Cámara de Diputados erigida en jurado de procedencia, llevada a cabo el jueves 7 de abril de 2005

Con la autorización de la Presidencia: lamento que en este Jurado una curul esté vacía, la curul del señor Emilio Chuayffet{7}, que es jurado y no está en el debate, ni está escuchando los argumentos. ¡Lastima de tipo de Jurado! También agradezco y reconozco a las diputadas y los diputados que han aguantado la presión de la línea y que votarán aún en contra del desafuero, a pesar de lo que digan sus jefes en turno. Quiero referirme, quiero referirme a la serie de inconsistencias del dictamen de la mayoría. También en este sentido vamos a ver cómo en su dictamen caen en contradicciones, cómo no pueden sostener una acusación y recurren al método de la contradicción. Página 288 de la Gaceta de su dictamen. Esta Instructora señala que el jefe de Gobierno tuvo una participación material, una participación material en los actos reclamados. Dice, por otro lado, en la página 299, que el jefe de Gobierno no sería culpable si le hubiera bastado ordenar de manera expresa y contundente que se paralizaran las obras. Por fin, ¿participó materialmente o fue omiso? Eso es una contradicción cuando se analiza la responsabilidad del jefe de Gobierno. Pero ahí estará la historia, ahí estará el debate jurídico porque aquí no ha habido debate jurídico. Por cierto, agradezco al secretario de Gobernación, Santiago Creel, que nos haya mandado su discurso a través de su vocero, el subprocurador, que vino a hacer uso de la tribuna, porque jamás el subprocurador trajo elementos jurídicos de acusación. Vino a hacer, vino a hacer elementos políticos, juicios de valor. ¡Qué bueno que en la Procuraduría también estén claros de que aquí, en este debate, es el debate de la política y de las ideas!

Quiero también señalar puntualmente, puntualmente que la Sección Instructora por mayoría le corrigió la plana, jurídicamente hablando, a la PGR. Ojalá, ojalá se den cuenta de eso; ojalá lean la página 345 del dictamen, donde señala el voto de la mayoría que el delito que se señala al jefe de Gobierno es por omisión y no comisión por omisión. Es decir, la Instructora sabe, reconoce que la acusación de la PGR estaba mal enfocada y que le tuvieron que corregir la plana aquí, en el Poder Legislativo. Aun así, hay contundencia de que esta acusación es falsa, temeraria y responde a los intereses políticos que ya otros compañeros y que ya el pueblo de México sabe existen. Primero, jamás se probó dónde estaban los llamados «accesos» al predio El Encino. Jamás se pudo probar dónde está el predio El Encino; sólo de ese tamaño es la acusación porque a la PGR se le olvida que en este país, en este nuestro sistema constitucional sigue privando el principio de presunción de inocencia. El que acusa tiene que probar y si acusan que se bloquearon los accesos a El Encino, prueben dónde está El Encino y dónde estaban los accesos. Esta declaración de procedencia debe negarse también porque el procedimiento debió ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no por el procedimiento que ahora se siguió; no lo digo yo, lo dicen diversos tribunales colegiados de circuito que tienen, en la Corte, una contradicción de tesis, que habrán de resolver el procedimiento que se debe seguir. Por eso hay elementos suficientes para declarar la no responsabilidad. Pero, evidentemente, quiero llegar a la última parte, a la última parte que declararon y que hicieron mis compañeros instructores.

Dicen en su proyecto –en el punto primero– que, «como consecuencia del presente procedimiento, ha quedado acreditada la existencia del delito y la supuesta responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador». Y en su punto tercero dicen que de ninguna manera prejuzgan respecto a la existencia del delito y la probable responsabilidad. La pregunta a mis compañeros de la Instructora: si ya dicen que hay delito, ¿por qué después señalan que no están prejuzgando? ¡Claro que están prejuzgando, claro que están señalando que hay un posible delito! Pero también este elemento de rechazar la declaración no queda aquí. La propia PGR, en documentos oficiales, ha rechazado ejercer acción penal en casos idénticos. ¿Saben por qué? Porque rebate la tesis de jurisprudencia de la Corte, esta que dicen que resolvió el problema de que no se viola el artículo 14 constitucional, porque dicha jurisprudencia no señala finalmente qué pena se va a señalar a quien esté sometido a este proceso. Por eso, la PGR en casos idénticos ha rechazado el ejercicio de la acción penal. Por eso ahí está la clave de la justicia selectiva que ahora se da en el caso del jefe de Gobierno. Ése es el tipo de justicia que tenemos ahora en México.

Finalmente, quiero decir que algunos diputados tienen mala información porque no fueron de la Instructora y porque seguramente «de oídas», como se dice, tomaron elementos. Primero: el tema de la violación de la suspensión sólo ha sido conocido por un juzgado y un tribunal colegiado, no por dos, ni colegiado ni juez. También se equivocan quienes de manera sesgada leen un acta de Servimet{8}, en un tema del que no conocen la historia, como no la conocen en otros momentos. Hay que decir que en el caso que alegan de Servimet, sobre esto de las demandas, los predios que fueron vendidos al hospital ABC se dieron en el gobierno de Óscar Espinosa Villarreal{9}, no fue en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hoy se quiere meter una nueva insidia, una nueva insidia porque nuestros desconocedores del derecho creen que si el jefe de Gobierno está desaforado hoy podrán acusarlo de otros elementos. Pues se equivocan porque la decisión de esta Cámara sólo conoció de un delito y sólo de una acusación, y se quedarán solamente esperando querer introducir otros elementos. Termino señalando y diciendo que está muy claro de qué lado está la democracia, de qué lado está la gente que quiere demostrar que este proceso democrático llegue bien a 2006. Y está también muy claro de qué lado están los golpistas que darán el día de hoy, con su voto, este golpe a la incipiente democracia mexicana. Por eso, el desafuero es una irracionalidad, y ustedes habrán de cometerla.

IV

Intervención del diputado Roberto Rafael Campa Cifrián, del Partido Revolucionario Institucional, en la Sesión de la Cámara de Diputados erigida en jurado de procedencia, llevada a cabo el jueves 7 de abril de 2005. (El diputado Campa fue parte de los doce diputados del PRI que votaron en contra del desafuero y el único de ese partido que hizo pública su posición en la tribuna.)

Reconozco al diputado Presidente de la Mesa Directiva mi inscripción para participar en este debate, atendiendo a una solicitud personalísima, formulada el pasado martes. Participo con fundamento en las normas que nos rigen, como lo que soy: un diputado del PRI. Respeto la decisión de la diputada Godínez y del diputado Frías, entrañables compañeros, pero no la comparto. No la comparto porque quienes han actuado en el gobierno saben que en los juicios de amparo administrativo sólo la indolencia o la franca complicidad evitan dar la pelea hasta el final, hasta el límite último de la ley; que de las sentencias se abusa, frecuentemente en connivencia con la autoridad, protegiendo sin derecho a un particular contra los intereses y los derechos de otros particulares y de la colectividad. Por eso fue necesaria la reforma del 107 de la Constitución, modificando el sistema de cumplimiento de resoluciones de amparo, poniendo énfasis en la restitución al quejoso y no en la imposición de sanciones, porque hay amparos como éste, cito: «Lo que amparó, lo que determinó el juez, para el único efecto de que las autoridades responsables paralicen los trabajos de apertura de vialidades sólo en la parte de las fracciones expropiadas que servían de acceso al predio El Encino, ubicado en la zona de la Ponderosa, en la delegación del Distrito Federal en Cuajimalpa de Morelos, así como para que se abstenga de bloquear y cancelar los accesos al predio de la quejosa.» Termino la cita. No se amparó para parar las obras que abrirían las vialidades; el amparo es sólo en la parte expropiada que servía de acceso.

¿Cuántos propietarios o seudopropietarios obtienen uno como el que se negó primero, el 6 de diciembre de 2000, y se concedió después, el 13 de diciembre, con el propósito de negociar en detrimento del erario público una indemnización desproporcionada?: cientos, y –por la información que tenemos– éste es uno de ellos.

No comparto la posición porque estoy convencido de que justicia selectiva es todo menos justicia, y sabiendo que suceden desacatos de incidentes de amparo todos los días, en todo el país, no se conoce ningún otro caso de solicitud de desafuero. Y el dilema no es, no puede ser legalidad contra política o vigencia de la ley contra gobernabilidad y paz social. No hay alternativa. La ley es el sustento principal del Estado democrático.

¡No, porque estoy plenamente convencido de que este juicio tiene una razón y una motivación política: que se utiliza la ley para eliminar a un adversario, que se finge la legalidad, como dijera el Presidente en su lapsus del viernes: que su juridicidad es apenas un ropaje!

¡No la comparto porque sé, como todos los que estamos aquí y los millones que están afuera, que lo que está realmente sucediendo es producto de una decisión que representa a muchos que consideran que bajo ninguna circunstancia debe ser López Obrador Presidente de la República, pero suponen que son más quienes lo votarían y se asumen con derecho a cancelar esa posibilidad! Admitamos, al menos en nuestro fuero interno, que es ésa la razón y asumamos todos las consecuencias de nuestros actos. Insistir en que un buen día un juez descubrió que el jefe de Gobierno era un peligroso delincuente y eso detonó todo es faltarnos al respeto. El origen de todo no es que López Obrador sea un delincuente, es que es un candidato peligroso. ¡Por eso no se procede contra ningún otro servidor público que se encuentre en las mismas condiciones! Haciendo justicia selectiva se busca hacer democracia selectiva.

La pregunta que debemos respondernos es si es ésta una manera legítima de resolver la elección de 2006, cancelando una de las opciones de nuestra democracia, diciendo al pueblo que no tiene derecho a decidir, a decidir a equivocarse otra vez si así lo resuelve. El PRI tenía antes de 2000 todas las razones para evitar que Vicente Fox llegara a la Presidencia: ignorante de nuestra historia, siempre cuestionando la ley y retando a las instituciones, mesiánico, fundamentalista, representante de una derecha radical, formado profesionalmente por intereses trasnacionales y rodeado de personajes francamente inescrupulosos, pero a nadie se le ocurrió eliminarlo de la competencia. Sabíamos que el tiempo de la democracia había llegado y confiamos en sus virtudes, los contrapesos de otros poderes y de la opinión pública, la independencia de muchos medios de comunicación y sabíamos que después de seis años se iría y entonces volveríamos a aspirar y a buscar democráticamente el poder.

Profundamente triste, me sentí orgulloso de un partido que privilegió los intereses de la nación y que, en el mayor testimonio de compromiso democrático, entregó el poder cuando perdió la elección. Comparto plenamente la percepción de que López Obrador está muy lejos de tener los atributos que reclama un estadista. Mesiánico, fundamentalista, siempre cuestionando la ley y retando a las instituciones, militante de una interpretación maniquea de la historia, representante de la izquierda populista más atrasada, casi sin formación y rodeado de personajes francamente inescrupulosos, pero en la democracia esas características las califica el voto, el voto popular, no el voto de calidad que se pretende imponer.

Cuando se legitima la democracia selectiva, se cancela a los excluidos el camino de la legalidad y se abre la puerta a opciones rupturistas. Eso y no otra cosa es lo que estamos decidiendo aquí hoy. Un Presidente que no fue capaz de aprovechar la oportunidad que le dio la historia y dilapidó en frivolidades la enorme fuerza democrática de su mandato no fue capaz de construir un proyecto común pretende ahora condenarnos, cancelando cualquier posibilidad de acuerdo futuro no sólo para esta Legislatura sino, como alguien escribió esta semana, para una generación, tratando de construir torpemente una candidatura desde Los Pinos. ¿O alguien cree de veras que excluir una opción como la que representa hoy la izquierda mexicana no tendría consecuencias? Espero estar equivocado, porque creo que estos eventos de relevancia necesariamente histórica se ubican entre los negativos de nuestra historia, negativos de una clase gobernante que salvo excepciones desprecia profundamente al pueblo y, por tanto, desconfía de la democracia. Historia de intolerancia, de incapacidad para construir con quien piensa distinto. Negativos de exclusión. Cualquier cosa antes que entregar el poder a un adversario. Eso era lo que parecía superado con el enorme salto que dimos todos, incluido el PRI, en el año 2000. Pero, a pesar de las dificultades, tenemos que ver hacia delante. El Poder Legislativo, esta Cámara, con su voto diverso, juega hoy un papel trascendental. Respetemos nuestras divergencias, estamos obligados, y afiancemos nuestras coincidencias. Sólo así podremos ayudar a procesar las consecuencias de nuestra decisión en términos institucionales, y eso es lo mínimo que debemos ofrecer a la nación mexicana.

Notas

{1} Todos los documentos se pueden encontrar en la Crónica Parlamentaria del día 7 de abril de 2005, en la dirección electrónica http://cronica.diputados.gob.mx/

{2} Fondo Bancario de Protección al Ahorro.

{3} Organización con la que se financió la campaña de Vicente Fox Quesada para la presidencia de la República. Provocó fuertes controversias sobre el origen de los recursos y sobre su mismo estatuto jurídico.

{4} Conflicto derivado del desvío de recursos de Petróleos Mexicanos para la campaña de Francisco Labastida Ochoa a la presidencia de la República en 2000 por el PRI a través del sindicato de la empresa.

{5} Actual Secretario de Gobernación (Ministerio del Interior) del gobierno de Fox y miembro del Partido Acción Nacional. Es el candidato más fuerte de su partido para contender por la presidencia de la República en 2006.

{6} Fue líder del Partido Revolucionario Institucional de 1964 a 1965 e impulsó cambios hacia la modernización y democratización del mismo. Su hijo, Roberto Madrazo Pintado, es el actual líder nacional del PRI.

{7} Líder de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados.

{8} Servicios Metropolitanos, organismo público del Gobierno del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de la comercialización de proyectos de desarrollo urbano.

{9} Ex-Regente de la Ciudad de México y miembro del PRI.

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