María Luz Zanvettor | Universidad Austral (original) (raw)

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Papers by María Luz Zanvettor

El artículo contiene un análisis de la Ley de Responsabilidad del Estado Nro. 26.944 en cuanto a ... more El artículo contiene un análisis de la Ley de Responsabilidad del Estado Nro. 26.944 en cuanto a la responsabilidad de la Administración Pública por omisión a deberes genéricos. He puesto de manifiesto las falencias de la norma en torno a esta temática. Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) tienen por rasgo característico la imposición en cabeza del Estado de diferentes deberes de contenido positivo, necesarios y existenciales para el ser humano. Elemento este último que torna a la omisión de tratamiento en la ley, como una de las principales amenazas para su vigencia.

En la primera entrega sobre la temática, se analizó la jurisprudencia construida por la Corte Fed... more En la primera entrega sobre la temática, se analizó la jurisprudencia construida por la Corte Federal en torno a la responsabilidad por omisión ante deberes genéricos, destacando el fuerte impacto que ha tenido la sanción de la Ley N°26.944, la cual en su artículo 3° ha prácticamente eliminado ese tipo de responsabilidad. Las consecuencias negativas de esa decisión legislativa se agravan si pensamos en la asunción de diferentes compromisos por parte del Estado en materia de derechos económicos, sociales y culturales (DESC), pues ese tipo de derechos tienen por rasgo característico la imposición en cabeza del Estado de diferentes deberes de contenido positivode rasgonecesarios y existencial para el ser humano, elemento que torna a la omisión como una de las principales amenazas para su vigencia. De esa cuestión nos ocuparemos en esta oportunidad. I. La tendencia jurisprudencial y la nueva ley La necesidad de reconocer la responsabilidad del Estado ante la omisión a sus deberes genéricos encuentra un anclaje directo en la irrupción de los DESC en el derecho argentino, pues esa categoría ha implicado un cambio en el paradigma de operatividad de los derechos: mientras que los clásicos derechos civiles-libertad, igualdad, propiedad-exigían del Estado un mero deber de abstención-un non facere-, los DESC exigen conductas estatales positivas para su disfrute. Con ello se quiere expresar que el paradigma ha virado desde una pretensión de omisión –que el Estado se abstenga de intervenir en el goce de los derechos civiles-a una prohibición en la omisión –que el Estado intervenga activamente a través de prestaciones que garanticen los derechos sociales, económicos y culturales. La persona tiene la facultad de la plena exigibilidad de los preceptos constitucionales y debemos controlar ahora las omisiones contrarias a esos preceptos. En la actualidad, los derechos fundamentales aparecen como mandatos de protección que exigen un obrar estatal como condición de posibilidad. La jurisprudencia de la Corte Federal ha explicitado claramente ese viraje. Es interesante revisar así algunos casos jurisprudenciales: a) Mendoza 2 En el Considerando 7° del fallo se dijo que " El reconocimiento de status constitucional del derecho al goce de un ambiente sano, así como la expresa y típica previsión atinente a la obligación de recomponer el daño ambiental no configuran una mera expresión de buenos y deseables propósitos para las generaciones del porvenir, supeditados en su eficacia a una potestad discrecional de los poderes públicos, federales o provinciales, sino la precisa y positiva decisión del constituyente de 1994 de enumerar y jerarquizar con rango supremo a un derecho preexistente ". A su turno, dice el Considerando 10 que " el derecho a gozar de un ambiente sano no queda librado a la discrecionalidad de los poderes públicos y la ineficacia en la protección autoriza a accionar cuando se invoque un " daño que se atribuye a la inactividad y omisión del Estado provincial cuando pesa sobre éste la obligación de actuar en ejercicio imperativo del poder de policía, entendido como una potestad publica propia del Estado de Derecho, tendiente a la protección de la vida e integridad física y patrimonial de los particulares ". b) Quispe 3 En el Considerando 9° la Corte indicó que del sistema de fuentes aplicable al caso se desprende el reconocimiento de un derecho de acceso a una vivienda digna y el deber de protección de sectores especialmente vulnerables como las personas con discapacidad y los niños en situación de desamparo, de modo que corresponde al Poder Judicial establecer el alcance de dichos preceptos en relación al caso. Esto implica que el deber por el cual se responsabilizó al gobierno de la CABA no era específico sino genérico ya que no surgía de manera concreta de ninguna de sus normas, sino de las interpretaciones e integración del plexo normativo aplicable al caso. Se agrega en el Considerando 10 que la primera característica de esos derechos y deberes es que no son meras declaraciones, por el contrario, son normas jurídicas operativas con vocación de efectividad. En definitiva, como bien explica Canda, el damnificado debe probar la existencia de un deber específico e incumplido. Si el deber existe, entonces, el órgano debe ejercer obligatoriamente su competencia para garantizarlo. Si tal deber específico no existe y se trata de un deber genérico, para determinar si el ejercicio de su competencia devendría obligatorio, debemos analizar las circunstancias del caso. 4 c) Mosca

Aquí se examina la importancia que reviste en los reglamentos desarrollar la motivación de sus pr... more Aquí se examina la importancia que reviste en los reglamentos desarrollar la motivación de sus prescripciones que puedan ser consideradas inconstitucionales por ser portadoras de una categoría sospechosa de discriminación. A su vez, hice referencia a los límites a tener en cuenta al aplicar esta presunción, dado que tal subsunción puede afectar la validez de los actos administrativos que contengan como antecedente de derecho a dicho reglamento y, además, hacer peligrar a uno de los caracteres del acto administrativo como es la presunción de legitimidad.
Cabe destacar que el presente ensayo fue analizado en base a un caso jurisprudencial en el que se discutió si el requisito de nacionalidad argentina que deben reunir los aspirantes a concurso para acceder a una vacante para la realización de Residencias Médicas y Bioquímicas en el Hospital Infantil de la Municipalidad de Córdoba —contenido en el régimen aprobado mediante el dec. 755/2005—, es una norma portadora de una categoría sospechosa de discriminación en términos de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Sumario: I. INTRODUCCIÓN. II. El CASO -REQUISITO DE SER ARGENTINO O NATURALIZADO PARA ACCEDER A R... more Sumario: I. INTRODUCCIÓN. II. El CASO -REQUISITO DE SER ARGENTINO O NATURALIZADO PARA ACCEDER A RESIDENCIAS MÉDICAS EN EL HOSPITAL INFANTIL. III. COMO AFECTA A LA PRESUNCIÓN DE LEGITIMIDAD. IV. LIMITES AL CONTROL JUDICIAL. V. CONCLUSIÓN.

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En una primera aproximación, podemos señalar que, en las decisiones judiciales que aplican leyes ... more En una primera aproximación, podemos señalar que, en las
decisiones judiciales que aplican leyes de presupuestos mínimos,
no es frecuente que se aborde de manera directa el alcance o significado de tal concepto. Aun así, algunas decisiones han definido
términos como mínimo o complementar.

La mayoría de los pronunciamientos centran su análisis en
el alcance de la competencia para legislar o complementar tales
presupuestos, como en el alcance de la competencia para juzgar.
En este campo, encontramos numerosos pronunciamientos relativos
a cuestiones de competencia judicial, siendo ésta una materia
específicamente regulada por esta normativa y con una fuerte
construcción jurisprudencial. A su vez, la competencia legislativa
predomina en planteos de inconstitucionalidad, tanto de normas
locales (provinciales y comunales), como planteos que atacan a
las mismas leyes de presupuestos mínimos.

Cabe remarcar, finalmente, la fuerte influencia que han tenido
estas leyes nacionales sobre aspectos procesales locales, en dos
sentidos. Por un lado, en procedimientos administrativos provinciales,
como por ejemplo las evaluaciones de impacto ambiental.
Por el otro, estas normas han introducido fuertes modificaciones
en los procesos judiciales, órbita también predominantemente
provincial, especialmente en materias vinculadas con el rol del
juez, carga de la prueba, acceso a la justicia y legitimación.

Este artículo es un capítulo del Libro "La Investigación jurídica en políticas públicas ambiental... more Este artículo es un capítulo del Libro "La Investigación jurídica en políticas públicas ambientales" Parte II, de la Colección Ciencia, Derecho y Sociedad, Serie: Textos de Estudio, Publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba en el marco del Seminario Permanente en Derecho Ambiental CIJS-ISEA 2014, Ed. Advocatus, 1º ed., Córdoba 2015, ISBN 978-950-33-1242-1, pags. 1/231 (51/69). Fecha de publicación: 01/12/2015.