Alejandro O. Vera | Universidad Nacional de Córdoba (original) (raw)

Papers by Alejandro O. Vera

Boletín Ambiental del Instituto de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales, 2022

Escazú amplía el catálogo de mecanismos de reparación ambiental existentes en nuestro marco juríd... more Escazú amplía el catálogo de mecanismos de reparación ambiental existentes en nuestro marco jurídico. La norma analizada conecta al art. 28 de la LGA con la terminología y principios propios del sistema de reparación de las víctimas de derechos humanos, integrando la recomposición y la prevención, lo colectivo y lo individual, como caras de una misma moneda.

Revista de Derecho Ambiental - Abeledo Perrot, 2021

Sumario: I. El caso y sus decisiones cautelares.— II. Las zonas de resguardo en la jurisprudencia... more Sumario: I. El caso y sus decisiones cautelares.— II. Las zonas de resguardo en la jurisprudencia reciente.— III. Restricciones municipales y comunales en Córdoba, en materia de productos fitosanitarios.— IV. Las atribuciones de los tribunales en materia ambiental.— V. El principio precautorio en el caso y su control judicial.— VI. La evolución jurisprudencial en materia de competencias municipales y comunales.— VII. Reflexiones finales.

La Ley Córdoba, 2020

El objetivo de este trabajo es extraer las reglas construidas, interpretaciones e, incluso, las a... more El objetivo de este trabajo es extraer las reglas construidas, interpretaciones e, incluso, las afirmaciones obiter dictum en materia ambiental, realizadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba (TSJ) a lo largo de los últimos veinte años.
Dada la transversalidad de esta materia, la cual no se circunscribe a un único fuero o rama del derecho, la exposición procurará abordar la variedad propia de las distintas acciones y conflictos judicializados, sin perder de vista a lo ambiental como elemento unificador. Nos referimos, en particular, a procesos donde: a) Se han discutido medidas con impacto sobre los componentes del ambiente (aire, agua, suelo, etc.) y también a partir de tal impacto, sobre la salud de la población y b) Se ha utilizado, en tales planteos, normas jurídicas provenientes del orden público ambiental, en una mayor proporción que en otros casos.
A tal fin presentaremos, en primer lugar, cuestiones vinculadas a la política ambiental general (leyes de presupuestos mínimos, competencia municipal, principios ambientales); en segundo lugar, decisiones que hayan abordado algunos instrumentos de gestión ambiental (ordenamiento ambiental del territorio, evaluación de impacto ambiental y acceso a la información pública ambiental); en la tercera parte, trataremos aportes sobre diversos aspectos procesales (medidas cautelares, acción de amparo y legitimación), finalizando luego con pronunciamientos atinentes a ciertas actividades de potencial impacto sobre el ambiente (residuos sólidos urbanos, residuos peligrosos y minería).

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación propone un concepto ampliado de bienes y un criter... more El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación propone un concepto ampliado de bienes y un criterio clasificador a través del cual cobran protagonismo distintas formas de ejercicio de los derechos, en especial los derechos de incidencia colectiva. Sin embargo, la nueva categoría de bienes colectivos no reemplaza a la conocida clasificación de bienes públicos y privados. En esencia, y salvo algunas excepciones, los bienes colectivos son bienes públicos que se “socializan” a los fines de que la sociedad civil pueda exigir su tutela ante los estrados judiciales. A su vez, esta categoría intermedia se presenta como un nuevo límite al ejercicio individual, límite que se suma a la buena fe, las buenas costumbres y el orden público, trabajados, hasta ahora, por la teoría del abuso del derecho. La inclusión de lo colectivo en el código civil nos obligará a repensar la división entre lo público y lo privado, y el rol de los actores individuales, grupales y estatales en el entramado social de las relaciones de poder.

La acción de daño ambiental colectivo puede ser una vía útil, en especial por su independencia de... more La acción de daño ambiental colectivo puede ser una vía útil, en especial por su independencia del análisis de ilicitud y las posibilidades más amplias de conocimiento, argumentos éstos utilizados comúnmente para el rechazo de las acciones de amparo. A su vez, la especial tutela preventiva introducida por el nuevo Código Civil y Comercial ha nutrido a esta acción de nuevas herramientas frente a daños futuros, a las que se suman las medidas cautelares y precautorias ya existentes en la legislación y jurisprudencia.

La provincia de Córdoba reguló por primera vez el amparo ambiental colectivo con la ley N° 10.208... more La provincia de Córdoba reguló por primera vez el amparo ambiental colectivo con la ley N° 10.208 sobre Política Ambiental provincial, sancionada el 11 de junio del año 2014, en sus artículos 71 a 74. Hasta ese entonces, esta figura se encontraba regulada únicamente por la ley N° 4915 (similar a la ley nacional N° 16.986), con las modificaciones del art. 43 de la Constitución Nacional...

Journals/Blogs by Alejandro O. Vera

FORSTZEITUNG.at, 2021

ArIm Föderalismus ist es für den Staat nicht immer einfach, nationale Interessen gegen anders gel... more ArIm Föderalismus ist es für den Staat nicht immer einfach, nationale Interessen gegen anders gelagerte Prioritäten der Bundesländer durchzusetzen – das weiß auch der gelernte Österreicher. Argentinien hat mittels eines nationalen Gesetzes seinen 23 Provinzen „Mindestvoraussetzungen für den Umweltschutz einheimischer Wälder“ vorgeschrieben und die Umsetzung mit geschickten Kontrollmechanismen erreicht

Miscelaneas Educativas - Revista de Pedagogía de la Universidad Blas Pascal, 2021

El método de casos es una alternativa metodológica que utiliza situaciones o problemáticas especí... more El método de casos es una alternativa metodológica que utiliza situaciones o problemáticas específicas, en busca de lograr en los estudiantes razonamientos inductivos, deductivos, reflexiones críticas, entre otras habilidades necesarias para la formación profesional. Un caso
puede ser una narrativa, un conjunto de datos o una afirmación que presenta una situación, una pregunta o un problema irresuelto o provocativo. En el ámbito jurídico, los casos suelen ser conflictos sociales reales o ficticios, los cuales buscan ser dirimidos a partir de la aplicación del derecho vigente.

Book Chapter by Alejandro O. Vera

La disputa por la construcción política ambiental en Argentina, 2019

El acceso a la información pública ambiental tiene como principal fuente en Argentina un sistema ... more El acceso a la información pública ambiental tiene como principal fuente en Argentina un sistema normativo complejo. Este sistema se encuentra integrado, en primer lugar, por normas constitucionales, tratados internacionales como el reciente Acuerdo de Escazú y leyes de presupuestos mínimos ambientales, instrumentos que funcionan como un marco ineludible o un piso mínimo que el resto de los regímenes administrativos no puede flexibilizar. Entre ellos, el régimen del Gobierno Federal ha experimentado importantes cambios en los últimos tres años, en especial a partir de la sanción de la Ley Nacional Nro. 27.275, dotando a este subsistema de nuevas herramientas, mayores avances en transparencia activa, pero también evidenciando algunos problemas de congruencia con la normativa ambiental específica y aspectos incumplidos en materia institucional

La investigación jurídica en políticas públicas ambientales, 2019

La sanción accesoria de reforestación constituye una penalidad adicional a la multa, clausura y d... more La sanción accesoria de reforestación constituye una penalidad adicional a la multa, clausura y demás sanciones reguladas por la legislación forestal administrativa, que obliga a quien desmonta ilegalmente a recomponer el área afectada. A pesar de que esta ﬁ gura existe en el sistema jurídico cordobés desde el año 1999, su aplicación fue escasa o nula a lo largo del tiempo, hasta la creación de la Dirección Provincial de Policía Ambiental. Actualmente, el número de hectáreas que se encuentran en proceso de recuperación es ínﬁmo en comparación con la cantidad de hectáreas que han sido desmontadas ilegalmente. A la complejidad legal e institucional de esta ﬁgura, se suman desafíos propios de esta materia, abordados por la Ecología de la Restauración.

Investigaciones aplicadas en el ámbito del Poder Judicial de Córdoba, 2019

El litigio socio-ambiental en Córdoba es transversal, no se limita a una sola figura jurídica e i... more El litigio socio-ambiental en Córdoba es transversal, no se limita a una sola figura jurídica e involucra a un gran número de actores y fueros. De la opinión de algunos operadores internos y externos al Poder Judicial provincial que han estado vinculados con esta categoría de litigios, se advierte la necesidad de mayor capacitación y apoyo interdisciplinario durante su tramitación, así como reformas normativas e institucionales que le brinden a estos procesos mayor celeridad, inmediación y una mejor apertura hacia la sociedad. La preocupación por la imposición de costas y la falta de recursos materiales y humanos para acceder y recolectar el material probatorio, constituyen algunas de las limitaciones económicas más relevantes. También se demanda un rol más activo del Ministerio Público y de los tribunales, capaces de brindar respuestas judiciales efectivas y realizables. Se reconoce, además, en un ámbito interno, la necesidad avanzar en el diseño y organización de las oficinas públicas con criterios de sustentabilidad.

Para ver todas las publicaciones de este Tomo, visitar la web del Centro Núñez: http://escuelajudicial.justiciacordoba.gob.ar/?p=221

La investigación jurídica en políticas públicas ambientales: Parte II

La Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para el Enriquecimiento, la Restauración, Conservación, A... more La Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para el Enriquecimiento, la Restauración, Conservación, Aprovechamiento y Manejo Sostenible de los Bosques Nativos es el marco normativo de una política pensada para detener las altas tasas de deforestación existentes en el país. La norma se asienta sobre un instrumento de gestión: el ordenamiento ambiental del territorio. Para su implementación, consagró en su texto a la participación ciudadana como un requisito ineludible o un verdadero presupuesto mínimo que las provincias deben respetar. Esta idea, en un país federal como Argentina y en una provincia predominantemente agroexportadora como Córdoba, conllevó y conlleva un sinnúmero de desafíos. Repasar el proceso participativo allí llevado a cabo nos obliga a debatir el concepto de presupuesto mínimo ambiental (art. 41 de la CN), la noción y práctica de la participación pública ciudadana, la actuación de las entidades técnico-científicas en los procesos de discusión ambientales (universidades e institutos de investigación), el modelo productivo vigente en la provincia, como así también las prácticas reales de algunas instituciones gubernamentales. El de Córdoba es un caso testigo que invita a tomar nota acerca del rol de cada uno de estos actores en la praxis de los procesos políticos y participativos en materia ambiental y forestal.

Nos proponemos una primera exploración sobre las derivaciones que el nuevo régimen de responsabil... more Nos proponemos una primera exploración sobre las derivaciones que el nuevo régimen de responsabilidad civil desplegará sobre el tratamiento jurídico del daño ambiental. Para ello, trataremos primeramente la relación del nuevo orden con el resto de las normas propias de la temática enfocada, para continuar posteriormente con las implicancias de tal integración en cada una de las funciones introducidas por el Nuevo Código. Para finalizar, abordaremos algunas posibles consecuencias del nuevo sistema de responsabilidad estatal sobre nuestra temática.

En una primera aproximación, podemos señalar que, en las decisiones judiciales que aplican leyes ... more En una primera aproximación, podemos señalar que, en las
decisiones judiciales que aplican leyes de presupuestos mínimos,
no es frecuente que se aborde de manera directa el alcance o significado de tal concepto. Aun así, algunas decisiones han definido
términos como mínimo o complementar.

La mayoría de los pronunciamientos centran su análisis en
el alcance de la competencia para legislar o complementar tales
presupuestos, como en el alcance de la competencia para juzgar.
En este campo, encontramos numerosos pronunciamientos relativos
a cuestiones de competencia judicial, siendo ésta una materia
específicamente regulada por esta normativa y con una fuerte
construcción jurisprudencial. A su vez, la competencia legislativa
predomina en planteos de inconstitucionalidad, tanto de normas
locales (provinciales y comunales), como planteos que atacan a
las mismas leyes de presupuestos mínimos.

Cabe remarcar, finalmente, la fuerte influencia que han tenido
estas leyes nacionales sobre aspectos procesales locales, en dos
sentidos. Por un lado, en procedimientos administrativos provinciales,
como por ejemplo las evaluaciones de impacto ambiental.
Por el otro, estas normas han introducido fuertes modificaciones
en los procesos judiciales, órbita también predominantemente
provincial, especialmente en materias vinculadas con el rol del
juez, carga de la prueba, acceso a la justicia y legitimación.

Drafts by Alejandro O. Vera

SUMARIO: I. Introducción; II. El régimen penal en relación a los residuos peligrosos; II.a. La Le... more SUMARIO: I. Introducción; II. El régimen penal en relación a los residuos peligrosos; II.a. La Ley Nacional de Residuos Peligrosos N° 24051; II.b. El régimen penal de la ley nacional de residuos peligrosos; II.c. La Ley Nacional de Presupuestos Mínimos N° 25612: Gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicio; II. d. Otras regulaciones relacionadas con residuos peligrosos; III. La cuestión de la competencia; III.a. Razones del problema: Razón 1: Incongruencia dentro de la misma Ley N° 24051; Razón 2: La sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos N° 25612; Razón 3: El veto del Ejecutivo al régimen penal; III. b. Posturas vigentes en cuanto al problema: Tesis de la competencia federal absoluta; Tesis de la competencia federal de excepción; Tesis de la competencia local; IV. Conclusión; Bibliografía