"Tratamiento constitucional de la descentralización y del sistema competencial de la educación y enseñanza en España ", en Autonomía y evolución del modelo de educación de España, Tudela Aranda José y Kölling Mario (eds.), Fundación Manuel Giménez Abad, Colección Actas 7, págs. 13-57, (original) (raw)
En este trabajo se analiza la descentralización de la educación no universitaria en España desde la perspectiva jurídico constitucional. El estudio tiene en cuenta datos sobre los malos resultados de la educación en España en clave regional, así como el gran impacto que tienen las competencias autonómicas en el gasto público en educación y en que éste se dirija a la enseñanza privada o pública. Tras esta aproximación a la realidad regional de la educación, se describe el régimen constitucional general de las competencias estatales y autonómicas en la enseñanza y la percepción del sistema de reparto constitucional por nuestro Tribunal Constitucional en sus recientes y numerosas sentencias de 2012 y 2013. Luego se detalla el reparto concreto de competencias entre el Estado y las regiones en razón de la normativa estatal vigente (la LODE y la LOE). Sobre este análisis, se afirma que el Estado retiene desde hace décadas todo el diseño del modelo educativo y el núcleo régimen de la enseñanza en España, si bien deja la gestión y la ejecución a las Comunidades Autónomas. Se considera que este fuerte poder central contrasta con la muy fuerte descentralización que se da en España en otros muchos sectores. Sin embargo, se sostiene que la cuestión territorial educativa sólo es el centro de atención jurídica y política en conexión con el debate más general territorial e identitario. De ahí que las cuestiones se vinculen especialmente con la lengua y los contenidos en la educación y los conflictos importantes se ciñe a las Comunidades Autónomas con gobiernos integrados por nacionalistas. analizado los importantes puntos de fricción en los últimos años con Cataluña: la Ley 12/2009, del 10 de julio, de educación de Cataluña, recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular. También se han tenido en cuenta las decisiones judiciales que prohíben excluir al castellano como lengua vehicular en la enseñanza y el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa que plantea el Ministerio desde 2012 para hacer eficaces tales medidas judiciales. De igual modo, se ha examinado este anteproyecto en la clave territorial, en la medida que supone cierto fortalecimiento del poder estatal en la materia. No obstante, la fuerte reacción frente a esta propuesta normativa no se ha centrado en la descentralización. Para el autor, y pese a la importancia de la cuestión, la descentralización no es ni la causa ni la solución a la negativa situación de la enseñanza en España.
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