Nuevas leyes de comunicación en Latinoamérica. Protección de un bien público y representación de la diversidad cultural y social: Una necesidad imperante en Colombia. (original) (raw)

En lo poco que va del Siglo XXI diferentes países latinoamericanos han sido gobernados por líderes que han apostado a la renovación y modificación de las Leyes de Medios en Comunicación. Estos esfuerzos políticos han demostrado lo importante de la democratización comunicativa, el apoyo a nuevas producciones y productores, la constitución de un sistema de medios de carácter público, la educación de los usuarios y las reflexiones sobre el surgimiento de herramientas, usos y posibilidades que habilitan las nuevas tecnologías. Como ejemplo citamos a la Argentina, donde en 2010 se propone y aprueba la Ley de Medios 26.522, que garantiza la distribución equitativa del espectro radioeléctrico, entre otras garantías a favor de la protección social, política y cultural de la nación. Por otro lado, la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador aprobada en junio de 2013 bajo la dirección del presidente Correa, del mismo modo la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación del 2011 que es puesta en ejecución en el Estado Plurinacional de Bolivia y finalmente la Ley Resorte en Venezuela aprobada por Hugo Chávez. El panorama actual en Colombia es diferente; los medios de comunicación privados son un mercado monopólico dominado por dos grandes grupos económicos; los pocos canales públicos carecen de inversión estatal y las representaciones culturales son peligrosamente sesgadas. La actual Ley de Medios es una farsa comprobable; válida para citar al actual presidente del Ecuador cuando afirma que "desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta". Situación de alto riesgo social, político y cultural, si se tiene en cuenta que este territorio y sus nacionales se encuentran inmersos en un conflicto interno armado que supera los 60 años. Teniendo en cuenta este contexto; creemos necesario reflexionar sobre estos procesos comunicacionales: sus consecuencias o efectos políticos, sociales y culturales; con el fin de formular, específicamente, la necesidad de que en Colombia urge una nueva Ley de Medios; que priorice la inversión a los medios públicos, la regulación a la medios privados, y la garantía y protección de este bien comunicacional.