Una norma, dos magistraturas, tres escenarios: La Ley de 19 de agosto de 1885 sobre unificación de la carrera judicial en la Península y en Ultramar (original) (raw)
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The legal regulation of the civil servants in Overseas State Administration continued into the second half of the XIXth century to set standards for the peninsular civil servants. The state of Overseas civil servants underwent political changes of the Metropolis and these alterations filtered down to those territories. The legal regime was object of successive general arrangements: 1860, 1863, 1866, 1876, 1890, amongst others. The main problems were centred on: the integration of the native population in inferior categories and classes, the establishment of extra payments for the remuneration of the civil servants sent there as well as deposit mechanism and promotion and suspension within the Administration, which were varying in agreement with the criteria and interests of the Governments of Madrid.
El marco normativo de la carrera civil de Ultramar (1852-1899)
2005
La regulacion juridica de los funcionarios de la Administracion general del Estado de Ultramar siguio en la segunda mitad del siglo XIX las pautas marcadas para los funcionarios peninsulares. El estatuto de los funcionarios de Ultramar sufrio los cambios politicos de la Metropoli y las alteraciones acaecidas en aquellos territorios. Su regimen juridico fue objeto de sucesivas disposiciones generales: 1860, 1863, 1866, 1876, 1890, entre otras. Los principales problemas se centraron en la integracion de la poblacion autoctona en las categorias y clases inferiores, el establecimiento de sobresueldos para la retribucion de los funcionarios alli destinados junto con los mecanismo de ingreso, ascenso y cesantia, que fueron variando de acuerdo con los criterios interesados de los Gobiernos de Madrid.
Revista Española de la Transparencia, núm. 16, 2023
Aunque la doctrina del TC sobre la cláusula de supletoriedad del derecho estatal del artículo 149.3 CE no está exenta de crítica, su orientación puede considerarse estable y aclarada desde las conocidas Sentencias 118/1996 y 61/1997, que se decantaron definitivamente por considerarla una norma ordenadora de la aplicación de las normas en el Estado compuesto configurado por la CE. No obstante, la STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, núm. 422/2022, que sirve de apoyo a este análisis, se separa de los criterios jurisprudenciales del TC y realiza una aplicación supletoria de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que es básica, integrando una presunta laguna de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Esta aplicación supletoria de la ley básica produce, además, el efecto de modificar el régimen jurídico de la transparencia de las corporaciones locales de la Región de Murcia, que es parcialmente competencia autonómica, y modifica también el régimen del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia, materia que es de la exclusiva competencia autonómica sobre autoorganización.
Ultramar excepcional. La construcción de un espacio jurídico para España y sus colonias, 1837-1898
This paper discusses the possibility of thinking the colonial ambit of 19th century Spain as a common legal space in which legal understandings and categories covering both the metropolis and colonies are shared. The consolidation of the American independences and the political redefinition of Spain, not to mention its imperial remnants would have led in appearance to a normative division of space between metropolis and colonies; one that allegedly would have introduced the European Spain into a liberal constitutionalism, while the American and Asiatic territories would have remained mired in the Ancien régime, thus giving rise in 1837 to the »special legislation« attributed to the Spanish Antilles and the Philippines. However, if the entirety of that space was contemplated not from the perspective of a legal system, but rather from a wider cultural and juridical point of view, then a shared understanding of the law both on the Peninsula and overseas would emerge which had the potential to explain how the metropolis conceived, through juridical instruments, the government of the colonies and, in turn, how they modulated the progressive establishment of the own Spain as a liberal state.
Orden jurídico. El mito de la unidad y jerarquía normativas
Justicia &Derecho, 2021
Se aborda en este artículo una crítica al concepto de orden jurídico como se entiende desde el normativismo iuspositivista, dada su incapacidad para explicar los sistemas de gobierno federales y la convivencia de distintos órdenes regulatorios no estatales. Se propone una visión del orden jurídico a la luz del Principio de Subsidiariedad como sustituto del concepto de unidad de orden normativo y al de competencias como sustitutos del concepto de jerarquía.
Uniformar e instruir: el reglamento del Real Tribunal de la Acordada de 1776
Boletín del Archivo General de la Nación, 2021
Este trabajo se centra en el análisis de la reforma judicial del Real Tribunal de la Acordada de la Nueva España, iniciada con la publicación del reglamento de 1776. El documento se analizará conforme con sus propuestas para uniformar las acciones de sus jueces en el combate del crimen y el castigo de los delincuentes.
Anuario de Historia del Derecho Español, 2020
En la Edad Media la utilización del duelo dentro y fuera de los procedimientos judiciales estuvo presente en un número importante de textos. Desde el rey a los concejos se hizo necesario regular una institución que adquiría cada vez mayor complejidad. A pesar de la relativa abundancia de testimonios legales, el duelo ha sido objeto de una esporádica atención que ha dejado grandes lagunas en su conocimiento. En el presente ensayo nos proponemos estudiar su efectiva aplicación en la vida jurídica medieval en la corona castellana. Los fueros locales nos presentan una institución que evoluciona mientras a su alrededor se desarrolla una pugna entre defensores y detractores. La nobleza y las oligarquías locales fomentaron su uso legal y extralegal a la vez que intentaban apropiarse de la institución expulsando a otros colectivos. Enfrente se situó la Iglesia que fracasó en obtener una prohibición general, pero consiguió que sus miembros quedasen liberados del duelo, para más tarde extender el privilegio a sus servidores laicos. Las fuentes reflejan este conflicto que sigue numerosas líneas de actuación. Desde la prohibición expresa, propia de los concejos más cercanos al Camino de Santiago y de las localidades bajo autoridad eclesiástica hasta la autorización para su uso, pero solo para delitos específicos. Menos llamativos son los numerosos detalles que se introdujeron en el procedimiento judicial destinados a lograr la renuncia de los acusadores a solicitar este medio de prueba.