Constitución y Trabajo Digno (original) (raw)

Si existe un concepto asentado en cualquier debate acerca del trabajo en la actualidad ese es el concepto de «precariedad». De entre las innumerables definiciones del mismo, una de las más amplias y acertadas es la que considera la precariedad como aquel «conjunto de condiciones materiales y simbólicas que determinan una incertidumbre vital en relación con el acceso sostenido a los recursos esenciales para el pleno desarrollo de la vida de un sujeto» [1]. En este sentido, la precariedad debe entenderse mucho más allá de la esfera del empleo y de su vinculación con la obtención de un salario, puesto que implica la institucionalización de la inseguridad, entendida como falta de derechos, que no es sólo un problema económico o restringido al ámbito del mercado de mano de obra sino que es un fenómeno social que tiene, además, unas dimensiones de género claras y fundamentales [2]. En el debate sobre la precariedad y cómo solucionarla, es posible detectar una serie de conceptos que se han asentado de manera indiscutible en nuestros marcos de análisis de la realidad. Precarización, explotación, temporalidad, flexibilidad o «esclavitud moderna» [3], son conceptos sobre los cuales, desde la academia, el sindicalismo y la militancia política nos enfrentamos a enormes interrogantes en la teoría y la praxis. El presente texto, lidiando con todos estos conceptos, pretende apuntar algunas ideas en torno a un interrogante en concreto: ¿son, o pueden ser, las constituciones un dique efectivo contra la precarización? Más aun ¿son todavía efectivas las respuestas jurídico/normativas ante la precarización que se centran en el ámbito estatal, incluso las plasmadas en textos constitucionales? Para tratar esta cuestión, las presentes páginas utilizan una metodología jurídica histórica y comparada que parte de la siguiente premisa: aun cuando es necesario el establecimiento de diques constitucionales a la precarización del trabajo, los mismos no serán posibles, ni efectivos, sin un movimiento global que asegure normativamente la nivelación del terreno de juego del capital transnacionalizado y evite sus estrategias de dumping, para proteger a la ciudadanía, global, frente al proceso de acumulación por desposesión que estamos viviendo. A estos efectos el presente texto se divide en los siguientes apartados. En primer lugar y a modo de punto de partida, va a tratarse la vinculación existente entre precarización, empresas transnacionales y Lex Mercatoria global. En el segundo epígrafe, se enfocará el análisis la extensión de la precarización en el ejemplo español como escenario privilegiado y las débiles garantías del sistema constitucional; el tercer apartado tratará las alternativas existentes frente a la precarización en el constitucionalismo comparado (tomando el ejemplo del nuevo constitucionalismo latinoamericano) y el cuarto abordará la necesidad de realizar una actuación normativa internacional, paralela a la estatal y sus posibilidades actuales