Manual para prevenirla criminalización de los defensores del derecho a la tierra y el territorio (original) (raw)
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Manual para la formalización de la tenencia de la tierra a la población desplazada
2009
"Este manual está dirigido a equipos interdisciplinarios conformados por las distintas áreas del saber, interesados en los procesos de formalización de la propiedad rural. El presente documento, muestra los aprendizajes y propuestas, especialmente desde el ámbito jurídico, que se han venido elaborando, como producto de la experimentación con procesos de formalización de la tenencia de la propiedad rural en las veredas El Edén del Municipio de Granada, Promisión del Municipio de Angelópolis y San José de Apartado del Municipio de Apartado, entre el año 2007 y 2009. Este surge como resultado de un convenio fi rmado entre La Gobernación de Antioquia a través del DAPARD Coordinador del Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada - CDAIPD, El INCODER (Regional Antioquia), El Proyecto de Protección de Tierras (PPTP) de la Alta Consejería Presidencial de ACCIÓN SOCIAL y Cooperación Internacional y la Universidad Nacional de Colombia - a través de la Facultad de Arquitectura Escuela de Planeación Urbano Regional (sede Medellín)1."
Libro Ordenamiento Territorial para la Defensa del Territorio
L a Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) es una organización internacional sin fines de lucro que usa el derecho y la ciencia para proteger el ambiente y a las comunidades afectadas por el daño ambiental, principalmente en América Latina. AIDA proporciona asesoramiento jurídico y científico gratuito que sirve de puente entre comunidades, movimientos locales, organizaciones nacionales, gobiernos y organismos internacionales. AIDA tiene 20 años de experiencia en ejercer el poder del derecho internacional para obtener victorias de conservación en la región.
Derecho de Tierras-Inseguridad Juridica
DERECHO DE TIERRAS INSEGURIDAD JURÍDICA DE LA PROPIEDAD PRIVADA EN COLOMBIA TOMO III, 2023
En este estudio se busca desarrollar la historía de la pro- piedad privada en Colombia, así como los problemas de seguridad jurídica que se han presentado a lo largo de la historia, hasta llegar a las herramientas jurídicas con la que se cuenta en la actualidad para su protección. Este trabajo es producto del proyecto de investigación desa- rrollado en el Observatorio de Derecho de Tierras de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, y presenta los resultados de la tesis de maestría del trabajo presentado por la autora Edith Nieto y su directora Carolina Bayona. En busca de enri- quecer la colección editorial de las publicaciones sobre Derecho de Tierras, ponemos a disposición del lector este arduo trabajo investigativo.
Derecho a la resistencia y criminalización de la defensa de la naturaleza
2017
Rechazamos este nuevo intento de acallar las voces de los pueblos que exigimos nuestros derechos, que se respete nuestra educación intercultural, las escuelas comunitarias, nuestra justicia indígena y nuestras territorios. Esto no nos detendrá, el pueblo ratifica que fortalecerá la resistencia aunque el Estado utilice la justicia para detenernos" (CONAIE). En este primer capítulo, esbozaremos a brevedad, el origen del ius resistendi, a partir de la historia clásica tomando como elementos esenciales, la edad antigua, la edad media y la edad moderna.1.1. Origen del derecho a la resistencia. El origen de este derecho surge en la Grecia clásica, donde desarrollaron dos concepciones, según lo que nos dice Juan Ugartemendia (1999, p. 216), la primera, es la "ley divina no escrita, y la segunda, ley escrita del Estado". Con lo que se generaron contraposiciones causadas por no existir una relación entre estas dos leyes, que a simple vista, provocó antagonismos entre las diferentes creencias, siendo la ley divina considerada como una ley suprema, con gran influencia para poder decidir incluso autorizaba a desobedecer la ley civil. De ahí que la ley divina se consideró superior a "obedecer a la autoridad civil, y si aquél, inmiscuyéndose en la esfera de Dios, contradice lo que éste manda o prohíbe, tiene la obligación de resistirse a obedecer a la autoridad civil, lo que constituye una obligación, y no, todavía, derecho a resistir, pues la resistencia se concibe en este momento en su forma pasiva". (Ugartemendia, 1999, p.
2013
Este trabajo busca encontrarle una salida a la creciente criminalización de la defensa de los derechos humanos, mediante su reconocimiento como actividad legítima dentro de la garantía social del derecho a la resistencia y los mecanismos que dicho derecho podría ofrecer a los cientos de personas que, en nuestro país y en todo el mundo, luchan por sociedades más justas, por eliminar la justicia, por la plena vigencia de la Constitución y que, para lo cual, se toman los derechos en serio. El presente trabajo está dividido en dos capítulos. El primer capítulo, titulado El derecho a resistir el Derecho, presenta los antecedentes históricos para el reconocimiento del derecho a la resistencia, desarrolla un análisis respecto a los elementos que tiene el derecho, los momentos de su ejercicio y su garantía. El segundo capítulo, titulado Nosotros los terroristas. Criminalización de la resistencia, desarrolla la noción del enemigo en el Derecho, el enemigo en el contexto latinoamericano, las defensoras y defensores de derechos humanos como enemigos de estado y, finalmente, se exponen algunas ideas de cómo evitar la criminalización. Una vez concluido el trabajo, se ha logrado demostrar que el derecho a la resistencia genera ciertas obligaciones al Estado en cuanto a la disminución de la intervención penal en la esfera de la defensa de los derechos humanos. El derecho a la resistencia, más que un derecho fundamental común, es una garantía social que permite el acceso al debate público a quienes tradicionalmente están excluidos. Es además un último recurso de protección de los derechos amenazados por alguna acción u omisión estatal. Queda claro que la resistencia que se da ante la negativa del Estado de tutelar derechos, en una sociedad plural, respetuosa y democrática, este tipo de recursos no sería necesario.