Progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. (original) (raw)
Related papers
Los procesos sociales, económicos, políticos y, en definitiva, culturales que vive Latinoamérica en general y la República Argentina en particular deben llevar a indagar en torno a la necesidad de crear un “mapa del ejercicio de los derechos”. En relación con los derechos económicos, sociales y Culturales deben promoverse instancias colectivas de planificación, diseño y análisis de impacto que habiliten el debido contralor popular. Lo expuesto signado por el principio de “no regresividad” como norte ineludible en materia de promoción y protección de derechos fundamentales. En dicho contexto, las universidades detentan un rol fundamental en el diseño prospectivo de las estrategias y resortes para la consecución de los fines desarrollados.
En este trabajo se propone volver la mirada sobre los debates que existen respecto del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, desde una perspectiva crítica y otra constructiva. La perspectiva crítica busca desarmar los “lugares comunes” desde los cuales se suele discutir sobre el sentido de esta disposición, haciendo referencia a las posturas que cuestionan su carácter vinculante, y aquellas que sostienen la existencia de obligaciones derivadas ésta, con base en varios elementos que sirven de criterio interpretativo en el marco del Sistema Interamericano. Sin embargo, ninguna de estas posiciones se pregunta sobre los presupuestos filosófico políticos que sustentan la disposición. Por ello, se plantea una perspectiva constructiva en la que se presentan dos enfoques interpretativos basados ya sea en el principio democrático (enfoque de protección bottom up), o en el principio de estado de derecho internacional- rule of international law- (enfoque de protección top down) en los que se discute acerca de los fundamentos teóricos sobre los cuales se sustenta la disposición. Posteriormente, se presenta una propuesta teórica que articula elementos filosófico políticos junto con ciertos desarrollos jurisprudenciales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y propone construir el contenido de esta norma a través del desarrollo de una dimensión procedimental y una dimensión sustantiva del desarrollo progresivo de los Derechos Económicos Sociales y Culturales establecido en la Convención Americana, trasladando así los debates sobre el sentido de la disposición, al campo de la filosofía política.
Derechos económicos, sociales y culturales: Indicadores y justiciabilidad
2007
D er ec h o s ec o n ó m ic o s, s o ci al es y c u lt u ra le s. In di ca do re s y ju st ic ia bi lid ad / A lfo ns o M an ue l C ha có n M at a Este trabajo pretende enfocar la posibilidad de hacer más justiciables los derechos económicos, sociales y culturales –o denominados doctrinalmente como de segunda generación–, a través de indicadores precisos, realizables y exigibles que se puedan construir en aras de exigir a particulares y a los mismos Estados, su cumplimiento. Asimismo, se hará un recuento de cuáles han sido los logros y avances surgidos en la sistematización de indicadores concebidos en el seno de diferentes instancias del sistema universal de protección a los derechos humanos (Comité de DESC de la ONU, Comité contra la Discriminación Racial, etc.); de instrumentos internacionales suscritos (Declaración del Milenio), y de los organismos especializados, básicamente.
Historia, concepto y estructura de los derechos económicos sociales y culturales
2007
Resumen Actualmente el debate de los derechos económicos, sociales y culturales ha pretendido construir desde diferentes perspectivas una explicación plausible para lograr su efectividad a través de la reglamentación de estos derechos en las políticas públicas del Estado oa través de la judicialización de los mismos. Frente a este último tema se encuentra con un abrumador panorama surgido de la carencia de una acción judicial expresamente consagrada en la Constitución que permita un claro amparo.
Derechos sociales, económicos y culturales. Apuntes para una reflexión
Letras Jurídicas, 2010
Este artículo tiene como objetivo discutir diversos aspectos relacionados con la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Lo que se dirá es que los derechos humanos requieren una perspectiva integral. Asimismo, se discute el papel de los derechos sociales en relación con los problemas de pobreza y desigualdad, y cómo estos reflejan la concepción de la justicia que posee una sociedad determinada.
Los derechos económicos, sociales y culturales, y el presupuesto público
En este trabajo se comenta el caso de la Asociación de Discapacitados de la Provincia de Lambayeque, que demandó a la municipalidad provincial porque esta no habría acatado el artículo 10 de la Ley General de la Persona con Discapacidad, ni el literal g) del artículo 6.1 de la Resolución de Presidencia Nº 099-2006-PRE/CONADIS. Dichas normas ordenan al Estado brindar atención a las personas con discapacidad a través de ayuda alimenticia. No obstante, solo 40 de los 439 los miembros de la entidad demandante recibirían la ayuda, lo que implica el incumplimiento del mandato expreso de la norma y, además, un trato discriminatorio por su condición de personas con discapacidad.
La inquietud por definir las mejores formas para verificar y monitorear el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) no es novedosa, y si bien ha motivado nume-rosa producción académica, técnica, mandatos de los sistemas de protección internacional de derechos humanos, aún no se ha logrado el suficiente desarrollo, aunque presenta grados de avance diferenciados según regiones. Al igual que en relación con los patrones de exigibilidad en materia de DESC, el debate interna-cional y regional sobre indicadores de medición se entrelaza con la demanda concreta de los actores políticos y sociales que reclaman herramientas e insumos específicos de monitoreo y control ciuda-dano. Al mismo tiempo, los Estados tropiezan con dificultades para responder a los informes solicitados por cada uno de los mecanismos de protección de derechos humanos. Además, muchos países no logran resolver el reto de diseñar políticas públi-cas tomando como marco las normas y estándares de derechos humanos, son reticentes respecto de dotar de efectividad a los derechos humanos asumidos en tratados y en su propia legislación nacional, y en muchos casos, por acción u omisión, se convierten directamente en violadores de esos derechos. Estas situaciones se presentan en el marco de las transforma-ciones en las que se inscribe la acción pública en América Latina, las que van variando desde posiciones genuinas de algunas coali-ciones gobernantes de cuño progresista que efectivamente buscan las mejores prácticas, guías o manuales a los que puedan acudir para conocer cómo se pueden implementar políticas públicas res-petuosas de los derechos humanos, a gobiernos conservadores que 1