El aislamiento social obligatorio y su impacto en los contratos privados: El caso “Coronavirus” en el Perú (original) (raw)

El evento pandémico en Perú: COVID-19, política neoliberal y exclusión social

PACARINA DEL SUR. REVISTA DE PENSMAIENTO CRÍTICO LATINOAMERICANO, 2022

Este artículo brinda una introducción a las políticas implementadas por el gobierno peruano al inicio de la pandemia de COVID‑19 y sus efectos sobre la exclusión social. Tomando como periodo de estudio el inicio de la pandemia el año 2020, se examina cómo el gobierno peruano manejó este contexto, poniendo el foco sobre las disposiciones elaboradas e implementadas para frenar el avance de la pandemia. En este sentido, se aprecia que este evento pandémico puso en tela de juicio las políticas neoliberales, exponiendo la exclusión social y la desigualdad en el Perú. En un primer momento, se analiza el impacto de la pandemia, luego se examina la producción del evento pandémico para comprender los fenómenos suscitados, así como la movilidad desplegada por las personas pertenecientes a los sectores más excluidos entre distintos puntos del país. Finalmente, es un estudio de caso en el que se describe brevemente la experiencia de la pandemia vivida por la población del Altiplano peruano, en el contexto del año 2020.

Régimen laboral de la actividad privada en el Perú

La legislación laboral peruana establece derechos y beneficios comunes para los empleados en el sector privado 1. Sin embargo, en algunos casos, se establecen condiciones y derechos diferentes en función de la industria (p.ej. sector agrario, minería, textil, entre otros), la ocupación o actividad (p.ej. régimen de enfermeras) o el número de empleados en la empresa (p.ej. microempresas y pequeñas empresas). Contratos de trabajo Los contratos de trabajo son acuerdos entre el empleador y el empleado que se basan en 3 elementos esenciales: 1. El servicio debe ser personal (no puede ser delegado), 2. Relación de subordinación entre el trabajador y el empleador, 3. Salario que el empleado recibe por el trabajo realizado.

(2017) Fuerza obligatoria y función social del contrato: un estado de la cuestión en Brasil y Chile

Latin American Legal Studies, Vol. 1, No. 1., 2017

Este trabajo muestra el tránsito del derecho de contratos en el contexto jurídico latinoamericano. Pese a que las codificaciones decimonónicas suscribieron ostensiblemente parámetros individualistas, con que fue diseñado el derecho contractual moderno, la codificación contemporánea de la región se ha distanciado de esta manera de comprender el contrato, sus fundamentos y propósitos, afianzándose en exigencias de sociabilidad u otros principios sociales. Ello es analizado, en particular, a partir de la consagración de la función social del contrato en la actual legislación brasilera, que ofrece dificultades a la vigencia de la fuerza obligatoria del contrato y otros principios de la contratación. Se muestra en qué sentido este fenómeno devela la complejidad del derecho de contratos, constituyendo un desafío inmediato para los esfuerzos de armonización del derecho de contratos en Latinoamérica, a la luz de un fundamento común.

La negociación colectiva en el Perú: la hiperdescentralización y sus múltiples inconvenientes

Derecho PUCP, 2015

In Latin America, most countries have a decentralized bargainingstructure that is in the company’s main area of negotiation and different from the warranty obligations and promotion deriving from the new Latin American constitutionalism emerged after the fall of dictatorships in the last quarter of the past century. In Peru, the legislative option enforces a hyper- decentralized model that has restricted maximum coverage and effectiveness of the collective protection. Therefore, the state regulation referred to the articulated collective bargaining is not complete because it ignores issues such as the legal nature of the instruments of juncture, the framework agreements, their effectiveness, etc.The weakness of the collective protection has transcended the specific field of business and questions the social, economic and political balances that underpin the constitutional rule of law.