Actores civicos y margenes ilicitos: el caso Zamora (original) (raw)

2020, Hacia la justicia cuando escasean las garantías: la sociedad civil en contextos de violencia

En la primera parte del capítulo, empleo el término márgenes ilícitos como una forma de pensar lo que diversos autores han señalado en otros términos, que en ocasiones se suspenden los marcos normativos de políticas públicas con el fin de realizar negocios particulares que incluyen, aunque no se reducen, los negocios propiamente criminales (Flores Pérez 2013; Moncada 2016). Entonces, entiendo por márgenes ilícitos los espacios de maniobra o acción que se abren dentro del quehacer institucional para posibilitar ciertos negocios que contradicen el espíritu y muchas veces la letra de las normas institucionales. Luego explico qué entiendo por actores cívicos, término que retomo de un artículo sugerente de Enrique Desmond Arias (2018), quien lo usa para denominar los diversos actores que median en los procesos de diseño e instrumentación de las políticas públicas y los intereses de actores criminales. (Arias 2018). Es decir, se prestan para mantener abiertos los propios márgenes de acción institucional e ilícita, así como la relación entre ellas. Lo que no se pregunta Arias (2018) es por qué en otros contextos algunos de estos diversos actores cívicos buscan acotar los márgenes ilícitos en lugar de abrirlos. En la segunda parte del capítulo, ofrezco un breve análisis procesal del caso Zamora, que incluye una consideración del por qué se incrementan en cierto momento el número de actores cívicos que buscan precisamente acotar estos márgenes de acción en lugar de crearlos o sostenerlos; cuáles son sus características, así como las relaciones entre sí y sus alcances. Mi objetivo es entonces adaptar la propuesta de Arias (2018), junto con la de otros autores, para comprender mejor el caso Zamora. A la vez, pretendo dejar un marco analítico útil para investigadores que, en otros contextos, dentro y fuera de México se interesen en el papel de las organizaciones civiles en relación con las políticas públicas, sobre todo en contextos de crimen organizado.