Chinchón Álvarez, Javier (2012) Proceso penal y Derecho internacional. Imposibilidad de castigar vs. obligación de investigar: algunas reflexiones y propuestas. La Ley. Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía , XXXIII (7845)... (original) (raw)
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CHINCHÓN ÁLVAREZ, J.: "Formulando las preguntas correctas sobre los problemas de cumplimiento de las obligaciones de investigar, juzgar, sancionar y reparar los crímenes pasados", en ALMQVIST, J. y ESPÓSITO, C. (coords.): Justicia transicional en Iberoamérica, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2009, páginas 343-367, (ISBN: 978-84-259-1468-3).
2021
El debido proceso es uno de los grandes principios jurídicos de todos los Estados de Derecho en su objetivo de impedir el poder arbitrario. Su función es la de garantizar que todas las personas sean juzgadas por un procedimiento previamente fijado en las leyes y respetando unos procedimientos que le permitan un juicio justo ante un juez imparcial. El debido proceso se proyecta sobre los tres poderes del Estado: el poder legislativo tiene que regular procesos judiciales con unas garantías suficientes para que los ciudadanos puedan ser juzgados; el poder ejecutivo tiene que respetar los mandatos legales si quiere sancionar a un ciudadano determinado y el poder judicial tiene que resolver los casos que se le presenten según lo establecido en las leyes. Desde el punto de vista de los individuos, el derecho al proceso debido es un derecho subjetivo por el cual se le garantiza un juicio justo regulado por una ley, muy especialmente en el ámbito penal.
Desde inicios de 2009 y hasta la fecha, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha resuelto una serie de casos que como denominador común abordaron la naturaleza, dependiente o independiente, continuada o no, de la obligación procesal de investigar del artículo 2 del Convenio; y muy especialmente de su competencia temporal respecto a ella. La configuración realizada por estas decisiones ha puesto sobre la mesa la exigencia de una serie de novedosos requisitos cuyo encuadre dentro de la teoría general al respecto resulta ciertamente compleja, y su concreción algo más que difícil, como lo es compartir las razones que formalmente pretenden justificarlos. A partir de la teoría general sobre el principio de irretroactividad de los tratados, los hechos continuados y la competencia ratione temporis, este artículo examina y valora esta construcción del Tribunal Europeo, sirviéndose para ello fundamentalmente de sus decisiones en los casos Šilih c. Eslovaquia (GS), Varnava y otros c. Turquía (GS), Antonio Gutiérrez Dorado y Carmen Dorado Ortiz c. España, y Janowiec y otros c. Rusia; pero estudiando también otros casos y decisiones pertinentes, desde las más remotas como De Becker c. Bélgica y hasta las más recientes, como Canales Bermejo c. España. Since 2009 and until nowadays, the European Court of Human Rights has decided a number of cases which have dealt with the nature of the procedural obligation to investigate under article 2 of the Convention: whether it operates independently of the substantive obligation or not, whether there is a continuing obligation under article 2 or not and, in particular, the scope of the Court’s temporal jurisdiction. The interpretation rendered by the Court in such decisions has introduced a number of new and vague requirements which are difficult to embed into the general theory that applies on this matter, as difficult it is to share the arguments upon which such requirements are formally justified. Taking as a starting point the general principles of international law concerning the non-retroactivity of treaties, continuing acts and jurisdiction ratione temporis, this article examines and assesses the European Court’s approach on this issues, taking into consideration the following cases: Šilih v. Slovakia (GC), Varnava and others v. Turkey (GC), Antonio Gutiérrez Dorado and Carmen Dorado Ortiz v. Spain, and Janowiec and others v. Russia. A number of other relevant decisions have also been taken into account, from landmark decision like the case De Becker v. Belgium up to the most recent decision like the case Canales Bermejo v. Spain.