Gini Index Research Papers - Academia.edu (original) (raw)

Se acaban de cumplir cincuenta años del golpe militar del 3 de octubre de 1968. Efectivamente, toda interrupción del orden democrático es negativa; sin embargo, su plataforma económica y política fue abiertamente nacionalista y redistributiva entre 1968-1975. No fue la única experiencia de este tipo durante la historia republicana reciente, ya que hubo otras previas con instrumentos y resultados diferentes con Bustamante y Rivero (1945-1948) y, más recientemente, con García (1985-1990). Desafortunadamente, ninguna de estas tuvo un buen término tanto por razones de orden político como económico. La respuesta a estos intentos reformistas fueron en algunos casos golpes militares y/o una situación económica convulsionada que se caracterizó por desequilibrios en la balanza de pagos, problemas con las finanzas públicas, caída de la demanda y producción, e inflación-con la consiguiente contracción del poder de compra de los ingresos de los trabajadores-. Es indiscutible que hubo errores al momento en que se ejecutaron estas políticas redistributivas, pero ello no debe conducir a abandonar el tema. Tanto a nivel positivo como normativo se puede y debe actuar, reconociendo que hay límites. Estos pueden ser directos y explícitos, como la presión que los mayores ingresos pueden generar sobre las importaciones y la balanza de pagos. También, si no hay aumento en la productividad, sobre los costos y precios, afectando el tamaño del mercado interno y los espacios en los mercados internacionales. Hay otros límites indirectos y encubiertos que podrían impactar negativamente la inversión privada por la mayor cuota de los salarios en el producto debido a que los perceptores de ganancias no acepten esta mayor participación, perturbando los flujos económicos a través de acciones de desabastecimiento y promoviendo escasez, formación de mercados negros y mayores precios, entre otras reacciones adversas posibles. No hay que ser cándido, una mejor distribución del ingreso solo sería viable si existe consenso entre los diferentes actores económicos, sociales y políticos, incluidos los grupos de poder y élites empresariales. Con las prescripciones del Consenso de Washington relativas a las prioridades del gasto público (Williamson, 1990) se ha sustituido la perspectiva redistributiva tradicional, basada en la propiedad y en los ingresos, por otra efectivizada en el gasto social focalizado hacia los estratos de menores ingresos para igualar oportunidades con el resto de la población. Se trataría de mayor gasto en educación y salud, el cual tiene el carácter de inversión en capital humano. Asimismo, se afirma que la inversión en educación primaria es mucho más relevante que la destinada a la educación universitaria, y la atención primaria de salud (especialmente el tratamiento preventivo) es más beneficiosa para los pobres que la de invertir en hospitales de alta especialización. Williamson aclara que esto no significa que no se necesiten universidades ni hospitales con tecnología de punta, ni que se deba dejar de capacitar y retener a una élite educada; sin embargo, cree que los gastos deben ser redirigidos hacia la educación y la salud en general de una manera que beneficie más a los desfavorecidos. Solo en la teoría económica neoclásica la distribución del ingreso depende de un criterio técnico único permanente en el tiempo: la productividad marginal del trabajo y del capital. En otras teorías y en la realidad sus elementos explicativos son numerosos y diversos, e interactúan y se modifican continuamente. De igual forma, cuando se revisa la información estadística de una economía cualquiera, la distribución de la riqueza, la distribución factorial entre sueldos y salarios, las ganancias, los ingresos mixtos y la distribución personal del ingreso cambian, mostrando tendencias y ciclos particulares. Asimismo, el éxito o el fracaso de las políticas redistributivas depende de un amplio conjunto de elementos, al igual que la distribución del ingreso es un fenómeno multidimensional y multifactorial. Además, como cualquier otra política pública, los problemas pueden surgir en cualquiera de sus etapas: gestación, formulación, evaluación ex ante, implantación y evaluación ex post. Por otra parte, las disciplinas que pueden ser útiles para analizarlas y concretarlas en la realidad van desde la administración, el derecho, la ciencia política y la economía hasta la sociología y la psicología (Alarco & Orellana, 2009). Los objetivos de este documento son múltiples. En primer lugar, relievar la importancia de enfrentar la elevada desigualdad por sus impactos negativos a nivel social, económico y político. Se trata de una tarea pendiente en el Perú, donde la visión oficial de igualar oportunidades no es suficiente. En segundo lugar, confrontar la información oficial sobre la desigualdad a nivel de la distribución de la riqueza, la distribución funcional o factorial del ingreso (entre ganancias, sueldos y salarios e ingresos mixtos), y la distribución personal del ingreso con la realidad. En tercer lugar, evaluar la capacidad redistributiva de los diferentes programas sociales focalizados: ¿son o no importantes? En cuarto lugar, establecer algunos elementos clave e instrumentos para redistribuir ingresos en el Perú. Este documento tiene cinco secciones, además de la introducción y las conclusiones. La primera parte describe los impactos y explicaciones de la elevada desigualdad. La segunda aborda las principales tendencias distributivas a nivel internacional y en América Latina. La tercera sección analiza la evolución de la desigualdad a partir de la información oficial y la realidad en sus tres esferas. La cuarta evalúa los impactos de los programas sociales focalizados con información de la Encuesta Nacional de los Hogares (Enaho) y de dichos programas en 2016. Por último, en la quinta sección se anotan algunos elementos clave para redistribuir ingresos, destacando la primera regla básica relativa a lograr un nuevo consenso económico social. Este documento se circunscribe a analizar la desigualdad en la distribución de la riqueza, funcional y personal; así, no se evalúan otras desigualdades como las regionales, sectoriales, de género y etaria, ni se incorpora un análisis histórico. Para medir la desigualdad se utilizan tanto el tradicional coeficiente de Gini, que la mide entre un valor 0 (equidad absoluta) y 1 (desigualdad absoluta), como las participaciones o cuotas de los diferentes