Programa del Partido Comunista de España / VI Congreso (original) (raw)

VI Congreso del Partido Comunista de España

(28-31 de Enero de 1960)

El Programa del Partido Comunista de España define las aspiraciones inmediatas y los objetivos finales del Partido; presenta las soluciones de los comunistas a los problemas políticos y sociales, económicos y culturales del país.

Este Programa no es un conjunto de buenas intenciones sin base real, ni persigue simples fines de propaganda; es el fruto del estudio marxista-leninista de la realidad española y de las circunstancias internacionales que influyen en ella. El marxismo permite descubrir los procesos objetivos que tienen lugar en esa realidad social y fijar los fines del Partido en consonancia con esos procesos, es decir, sobre una base científica.

En los primeros decenios del siglo actual España se convirtió en un país de nivel capitalista medio, pero con fuertes supervivencias feudales en su economía y en su superestructura. El capital extranjero detentaba posiciones clave en la economía española, que colocaban a ésta en una situación dependiente. Ambos factores combinados constituían un gran obstáculo para el progreso del país, ya que se traducían en el estancamiento de la agricultura y de otros importantes sectores de la economía, en el bajo nivel de vida de la mayoría de la población y, por tanto, en la estrechez del mercado interior. En esas condiciones era vano todo intento de industrialización.

A la revolución democrático-burguesa que en 1931 derribó la Monarquía correspondía históricamente eliminar esos obstáculos y despejar el camino para el desarrollo capitalista de España dentro del marco político de una República parlamentaria. Pero contra esta perspectiva se confabularon la aristocracia terrateniente, el capital financiero español, que había alcanzado ya relativa importancia, y el capital monopolista extranjero. [4]

La debilidad de los gobernantes republicanos pequeño-burgueses y la política oportunista del Partido Socialista, a remolque de la burguesía liberal –política que impedía a la clase obrera desempeñar el papel dirigente en la revolución democrática, a lo que contribuía también la actitud del anarcosindicalismo– facilitaron la conspiración contra la República, que desembocó en el levantamiento fascista de julio de 1936 apoyado en la intervención armada de las dictaduras fascistas de Alemania e Italia, y propiciado por la intervención indirecta de los Gobiernos imperialistas de Francia, Inglaterra y Estados Unidos.

Pese a esta coalición de la contrarrevolución interior y del imperialismo internacional, el pueblo español no se resignó a capitular y empuñó las armas en defensa de la democracia y de la independencia nacional. La duración y el heroísmo de la lucha armada del pueblo, en condiciones sumamente adversas, reflejaron hasta qué punto había madurado en las masas populares la conciencia de la necesidad histórica de liquidar las supervivencias feudales y la dependencia del imperialismo extranjero, la necesidad de un desarrollo democrático e independiente de España. La derrota de la República cerró transitoriamente ese camino, pero no representó la simple vuelta al precedente tipo de desarrollo capitalista.

En el capitalismo español de antes de la guerra civil el capital monopolista tropezaba con grandes obstáculos para su expansión. El mercado interior era muy reducido, por las razones antes expuestas –derivadas, en lo esencial, del compromiso entre el capital financiero y la aristocracia terrateniente–; por otra parte, el capital monopolista no disponía de más colonias que el pequeño protectorado marroquí y posesiones africanas de difícil explotación. El peso específico de la agricultura, de la industria ligera, en general de tipo medio y pequeño, y de la libre concurrencia, eran muy considerables. Este conjunto de circunstancias daba como resultado una renta nacional muy baja y un ritmo de acumulación capitalista sumamente lento.

Para el capital monopolista era indispensable forzar ese ritmo, acelerar el proceso de concentración y centralización del capital, y, en aquellas condiciones de España, esto sólo podía lograrlo mediante la intervención drástica del poder público, recurriendo al capitalismo monopolista de Estado. La dictadura de Primo de Rivera fue el primer intento en esa dirección, pero la revolución de 1931 vino a interrumpirlo. La derrota de la República, en 1939, permitió reanudarlo en escala mucho mayor.

El sistema llamado capitalismo monopolista de Estado significa la utilización a fondo del aparato estatal por los monopolios para intervenir la totalidad de la vida económica y política y asegurar a todo trance los altos beneficios del capital monopolista. Para conseguir esos fines no vacila en recurrir a medios ilegales, a la corrupción y la violencia, al terror y la guerra. En España, la instauración de la dictadura fascista y el estado de agotamiento en que quedaron las fuerzas obreras y democráticas, desangradas y desorganizadas por la derrota militar y la salvaje represión que la siguió, despejaron el camino a la oligarquía financiera permitiéndole aplicar ese sistema en sus formas más perjudiciales para las [5] masas trabajadoras y las capas medias. Los principales procedimientos empleados en España por el capital monopolista, valiéndose del Estado fascista, han sido los siguientes:

En primer lugar, extremar la explotación de la clase obrera con las formas más reaccionarias e inhumanas; reducir su salario real al más bajo nivel de Europa; introducir diversos métodos, en particular complicadas formas de pago, para obligar al obrero a intensificar su esfuerzo físico y a producir más con un utillaje anticuado; prolongar la jornada de trabajo hasta diez, doce y más horas en los períodos de coyuntura económica favorable; dejar reducidos a los obreros a un salario base de hambre mediante la supresión de las horas extraordinarias, las primas y otras bonificaciones en los períodos de crisis, o lanzarlos al paro y a la miseria.

En segundo lugar, esquilmar a los campesinos mediante el envilecimiento de los precios agrícolas pagados al productor, la intervención en la comercialización de los productos del campo, tanto en el mercado interior como en el exterior, el crédito usurario, las múltiples cargas fiscales, los arriendos leoninos, &c. Y mientras se aceleraba, por éstos y otros medios, el proceso de expropiación de las masas campesinas y de concentración de la propiedad agraria, forzando el desarrollo capitalista en el campo por el camino más penoso para los campesinos, se protegía a los latifundistas absentistas, que iban transformándose cada vez más en financieros y monopolistas, sin dejar de ser aristócratas y terratenientes. A través de este proceso, la tela de araña del capital financiero se extendió a la totalidad del agro, sometiendo a su explotación no sólo a los campesinos pobres y medios, sino también a los ricos.

En tercer lugar, estrujar a las pequeñas y medias empresas industriales y comerciales recurriendo a la intervención de los precios, la distribución de las materias primas, el control del comercio exterior y del crédito, el aumento de los impuestos y otros procedimientos que, al mismo tiempo que permitían a la oligarquía financiera apropiarse una parte de los beneficios de esas empresas, forzaba la concentración monopolista en la industria y en el comercio. Víctimas de esos procedimientos, innumerables empresas pequeñas y medias han sido liquidadas y otras se han transformado en simples apéndices de los monopolios.

En cuarto lugar, condenar a un bajísimo nivel de vida a la gran masa de los funcionarios y empleados, maestros, médicos, profesionales de todo tipo e inclusive a parte considerable de los miembros de la Magistratura, de las Fuerzas Armadas y de Orden Público.

Finalmente, como uno de los métodos más importantes, que ha acompañado inseparablemente a los anteriores, la inflación, con sus efectos de carestía crónica, de desvalorización continua de los ingresos de los obreros y campesinos y de los beneficios de la burguesía no monopolista. Cuando la evolución económica, nacional e internacional, ha hecho imposible continuar recurriendo a la inflación sistemática y en gran escala, la devaluación y la «austeridad» se han encargado de perseguir, con otros medios, idénticos fines.

Así acumuló el capital monopolista los recursos que habría de invertir en sus empresas o en las empresas estatales que controlaba [6] directa o indirectamente; así financió el mercado estatal –en el que los pedidos bélicos ocupan lugar preferente– encargado de garantizar a las empresas de la oligarquía la colocación ventajosa de una parte de su producción. Así se han realizado a través de los procedimientos sumariamente enumerados, cambios radicales en la distribución de la riqueza y de la renta nacional, pero no a favor de los más débiles, como prometió el franquismo, sino de los más fuertes, de la oligarquía financiera.

Ese desarrollo forzado del capitalismo monopolista, utilizando a fondo la palanca estatal, es lo que Franco y los panegiristas de la dictadura presentan como «revolución nacional» y «justicia social», como «industrialización» de España y «dirección y planificación de la economía», como plasmación de otros ideales no menos sonoros.

Pero la realidad es que España no ha dado ningún paso importante para liquidar su retraso crónico. Hoy, como hace veinte años, la mayor parte del equipo industrial tiene que seguir importándose del extranjero, dependiendo de las oscilaciones de las cosechas. España no sólo ha quedado muy rezagada respecto a los países que han pasado al socialismo –la mayoría de los cuales estaban menos desarrollados cuando iniciaron su transformación–, no sólo se ha hecho mayor su atraso en relación con los países capitalistas más avanzados, sino que incluso países recién salidos del yugo colonial progresan a un ritmo mayor que el de España.

La verdad estricta es que la dictadura de Franco no se propuso en ningún momento sacar a España de su atraso secular. Su móvil ha sido siempre asegurar a los monopolios la obtención de los máximos beneficios explotando a la clase obrera, expoliando a los campesinos y a las capas medias. Otro móvil ha sido reforzar el potencial militar del país, según los planes estratégicos del Pentágono, con el designio de preparar la guerra contra los países socialistas. A eso y sólo a eso se han reducido sus móviles. El relativo desarrollo industrial que haya podido lograrse en algunos casos es una consecuencia y no un fin. La retórica acerca de la «industrialización» no tenía otra finalidad que revestir con colores patrióticos los más sórdidos intereses.

Los cambios operados en 1959 en la política económica de la dictadura equivalen al reconocimiento oficial del fracaso de la línea de «industrialización», a la confesión de que por ese camino el país iba a la catástrofe económica. Sin embargo, la verdadera industrialización de España es más necesaria y urgente que nunca, pero no podrá llevarse a cabo mientras sea el capital monopolista quien dicte despóticamente su ley en la economía y en la política españolas.

En otros países, merced al más temprano y rápido desarrollo capitalista –determinado por el triunfo de las revoluciones burguesas– y a la colonización de otros pueblos, el capitalismo monopolista encontró amplia base para su expansión, y, durante cierto período, una parte considerable de la sociedad en las metrópolis, incluyendo algunos sectores de la clase obrera, se benefició con las migajas de la explotación colonial. [7]

En España, el capital monopolista tropezó con las desfavorables condiciones antes indicadas. Cuando, por fin, después de haber encontrado en la dictadura franquista el instrumento que necesitaba, intentó apartar, a su manera, los obstáculos que impedían su expansión, halló un mundo muy distinto al que había soñado en 1936, al emprender la guerra contra el pueblo. En vez de la victoria de la coalición hitleriana, con la que esperaba abrirse camino a la expansión colonial en Africa y en América del Sur, se encontró con el derrumbamiento del sistema colonial del imperialismo; en vez de un sistema capitalista que, destruida la Unión Soviética, dominara de nuevo sin restricción sobre el orbe, se vio en un mundo capitalista debilitado, constreñido, en el que la encarnizada competencia intermonopolista hacía más ilusorias que nunca las esperanzas expansionistas del enclenque imperialismo español. Y ante éste no quedó otra salida que la que ha seguido: hacer de España misma su colonia, realizar a costa de las generaciones españolas que viven en el mundo del siglo XX, ya mediado, una acumulación capitalista que recuerda por su brutalidad e inhumanidad algunos rasgos de la «acumulación primitiva» realizada por el capital, en otros países, siglos atrás, a costa de los campesinos y de los pueblos coloniales.

Así es como el capital monopolista pudo, durante algún tiempo, no sólo acumular e invertir capital en los sectores susceptibles de rendirle mayor beneficio, sino desarrollar cierto mercado en la esfera de los bienes de producción, valiéndose de los recursos del Estado, y de que la gran producción industrial capitalista crea ella misma, hasta cierto límite, su propio mercado.

Otros factores contribuyeron también, transitoriamente, a ampliar el mercado, incluso el de artículos de consumo: las destrucciones causadas por la guerra civil, las necesidades congeladas por ésta y por la guerra mundial, la incorporación a la industria, como asalariados, de una masa importante de obreros agrícolas y campesinos pobres que antes se abastecían principalmente de su economía natural; y el crecimiento demográfico.

Pero los efectos de estos factores ampliativos del mercado se vieron contrarrestados poco a poco y, finalmente, rebasados por las consecuencias que para el nivel de vida de los trabajadores y de las capas medias tenían los métodos de acumulación empleados; por la persistencia del estancamiento agrícola, derivado de las supervivencias feudales no liquidadas, y por la acentuación de la dependencia del capital monopolista extranjero, principalmente del norteamericano.

De esa manera, el crecimiento de la capacidad productiva en una serie de ramas, aunque insuficiente para industrializar el país, fue, sin embargo, lo bastante grande para chocar de nuevo, como en las décadas anteriores a la guerra civil, si bien en grado mucho mayor, con la estrechez del mercado interior y la falta de mercados exteriores.

Por tanto, la causa inmediata de la grave crisis que en 1959 se hizo del todo evidente, no es que en España se consumiera demasiado, como decían las explicaciones oficiales, sino que se consumía demasiado poco, aunque esta realidad apareciera invertida, [8] mistificada, por los efectos de la inflación. Y las motivaciones profundas residen en la naturaleza misma del sistema económico-social, cuyo rasgo más característico, como se deduce del análisis precedente, es que sobre la frágil base de una economía atrasada, con grandes supervivencias feudales, como sigue siendo la economía española, se ha erigido una enorme, rapaz y onerosa estructura monopolista.

Además de los efectos económico-sociales directos enumerados, ese sistema, sobre todo en las condiciones de la dictadura franquista, ha llevado a la creación de un enorme aparato burocrático, para regimentar y controlar la vida económica y política del país, así como al mantenimiento de una gran máquina militar y represiva. La enorme carga financiera que todo ello representa, incrementada por las obligaciones militares contraídas en los pactos con Estados Unidos, contribuye en medida considerable a obstruir toda vía de progreso económico.

Por otro lado, desde el momento en que para triunfar sobre el competidor hace falta contar con gran influencia sobre los órganos del Poder, el sistema del capitalismo monopolista de Estado significa el imperio de la corrupción en todas sus manifestaciones; el soborno de los ministros y de otros funcionarios, la contabilidad falsa, el fraude y las maquinaciones financieras se convierten en norma de la vida económica. Los escándalos que han jalonado la existencia del franquismo no son otra cosa que el pálido reflejo de esa situación, anclada en la naturaleza misma del sistema. Además de la descomposición moral que ello irradia a toda la vida nacional, entraña el despilfarro de grandes recursos y es un freno considerable para el progreso técnico, puesto que los beneficios de las empresas dependen más de su capacidad de maniobra en el engranaje de la corrupción imperante, que de la renovación del equipo técnico o de la mejor organización del trabajo.

A los factores expuestos, suficientes por sí solos para cerrar el camino a la industrialización de España, se agrega la imposibilidad de toda verdadera dirección y planificación de la economía. Dirección y planificación implican subordinación de los intereses privados al interés nacional, mientras que la intervención del Estado franquista supone sacrificar a los monopolios los intereses nacionales y sus principales representantes, los trabajadores, creadores directos de todas las riquezas.

Ni siquiera al precio de este sacrificio es posible la planificación de la economía porque el capitalismo monopolista de Estado, si bien liquida, en lo fundamental, la libre concurrencia, no pone fin a la concurrencia en general, sino que, por el contrario, la hace más enconada. Entre los monopolios y las empresas no monopolistas, y entre los mismos grupos y empresas monopolistas se libra una encarnizada lucha por el control del mercado, de las materias primas, de los resortes estatales. En cada momento, según quien domina en esa contienda, la «dirección» y la «planificación» tienen lugar en su beneficio. La consecuencia, en este sentido, es hacer aún más caótica la anarquía típica del capitalismo, cuya raíz está en la propiedad privada de los medios de producción. Ese conjunto de factores, al actuar en el marco de la débil economía española, ha originado las agudas deformaciones y desequilibrios, [9] las crisis de superproducción y las convulsiones financieras, las crisis agrarias y comerciales que han ido produciéndose a lo largo del período franquista.

Pero, al forzar el proceso de concentración y centralización de la producción y del capital, al someter a la intervención y control del Estado toda la vida económica del país, el capital monopolista ha acentuado considerablemente el carácter social de la producción. El proceso productivo y distributivo aparece cada día más estrechamente unificado y controlado por el capital financiero. Y todo nuevo intento, por uno u otro medio, dirigido a acelerar el proceso de centralización y concentración –el «plan de estabilización» es uno de ellos– reforzará ese carácter social de la producción que, objetivamente, exige planificación y dirección, y por tanto entra en conflicto cada vez más agudo con el carácter privado, capitalista, de la apropiación, generador de la anarquía que imposibilita dicha planificación.

De este modo, la dictadura fascista de la oligarquía financiera que, según los ideólogos franquistas, iba a superar las contradicciones del capitalismo y a liquidar la lucha de clases, ha llevado en realidad a una profundización, sin precedentes en España, de la contradicción principal del capitalismo puesta al descubierto por el marxismo: la contradicción entre el carácter social de la producción y el carácter privado de la apropiación. Ello ha tenido como consecuencia la exacerbación de los conflictos y contrastes que se derivan de esa contradicción principal: la concentración de la riqueza en un polo y de la miseria en otro; el conflicto entre la ampliación de la capacidad productiva del país y la insuficiencia del mercado, limitado por la baja capacidad adquisitiva de las masas, las crisis económicas, &c.

Aunque las fuerzas productivas en España estén menos desarrolladas que en otros países capitalistas, chocan más radicalmente con las supervivencias feudales y el atraso general de la economía española, lo que hace más virulentos las contradicciones y conflictos engendrados por el capitalismo monopolista, agudizando la necesidad objetiva de que los instrumentos básicos de producción, hoy en manos de los monopolios, pasen a ser propiedad de todo el pueblo; es decir, la necesidad objetiva de la transformación socialista de la sociedad española.

Ese conjunto de contradicciones hace que, en la etapa actual, la contradicción que se sitúa en el primer plano de la realidad económico-social, como se deduce de todo el precedente análisis, es la que opone los intereses de la oligarquía financiera y terrateniente, monopolista, a los intereses económicos de las clases y capas sociales explotadas y expoliadas por aquélla, desde el proletariado a la burguesía no monopolista. Esta contradicción ha llegado a un punto crítico en el momento en que ve la luz el presente Programa y exige medidas que permitan superar, sin sacrificar al pueblo, la crisis actual, que no es sólo una crisis cíclica de superproducción, sino una crisis de estructura.

Si, como hemos visto, la ampliación –dentro de su persistente atraso– del potencial productivo ha chocado con la insuficiencia del mercado, la solución no puede ser, como pretende la oligarquía [10] monopolista, destruir parte del aparato productivo, para que la parte restante, perfeccionándose, sea colocada en condiciones de competir en el mercado interior y exterior con los monopolios extranjeros. Semejante «solución» entraña para los trabajadores el paro y salarios de hambre, y para multitud de pequeños y medios industriales, comerciantes, artesanos y campesinos, la ruina y la proletarización. Pero, además, dado el atraso técnico de la producción española y la dominación de los grandes trusts internacionales en el mercado exterior, es ilusorio pensar que la generalidad de las empresas españolas supervivientes del «saneamiento» podrían conquistar «un puesto bajo el sol» de alguna importancia; en el mejor de los casos, su destino sería convertirse en apéndice de los trusts internacionales que ampliarían considerablemente su penetración en la economía española. En definitiva, incluso el insuficiente desarrollo industrial de los años pasados sería frenado y sustituido por una tendencia a la agrarización y a acentuar la colonización de España en beneficio del capitalismo monopolista internacional.

Frente a esa orientación de la oligarquía financiera, la única solución que corresponde a los intereses nacionales, coincidentes con los intereses de los trabajadores y de la burguesía no monopolista, es la ampliación del mercado interior y el acceso a nuevos mercados exteriores no dominados por los monopolios. Para conseguirlo es preciso la elevación del poder adquisitivo de los obreros y de las capas medias, el desarrollo de la agricultura y una industrialización inspirada en las necesidades reales del país.

Esto, a su vez, no puede lograrse sin la liquidación de las supervivencias feudales, la limitación del poder de los monopolios y una política de coexistencia pacífica y de relaciones económicas y culturales con los países socialistas.

El obstáculo esencial para que esas necesidades objetivas de la sociedad española se abran paso, para que puedan realizarse las medidas y reformas que exige la crisis del actual sistema económico-social, es el poder político de la oligarquía financiera, el Estado fascista del general Franco.

Pero al mismo tiempo que ha creado las condiciones materiales, económicas, que exigen su desaparición, la dictadura fascista del capital monopolista ha desarrollado también las fuerzas sociales llamadas a realizar esa necesidad histórica.

Para asegurar la dominación absoluta de la oligarquía financiera, la dictadura fascista de Franco tuvo que recurrir desde el primer momento al terror más bárbaro que recuerda la historia de España; hubo de abolir todas las libertades fundamentales, incluidas las libertades autonómicas, y no sólo poner fuera de la ley a los sindicatos y partidos obreros y democráticos, sino incluso suprimir la existencia independiente de los partidos políticos que de manera más peculiar representaban a los grupos conservadores tradicionales. [11]

La retórica falangista sobre la «democracia orgánica basada en las instituciones naturales» –puesta en circulación, sobre todo, después que el hundimiento de las principales potencias fascistas aconsejó dejar de llamar a las cosas por su nombre–, la escenificación teatral de las Cortes y de otros institutos del régimen, son la simple envoltura demagógica de la fría regimentación de toda la sociedad en el encasillado de la organización corporativa, bajo el mando arbitrario y despótico de los jerarcas, designados desde arriba y flanqueados por la máquina policíaca de la dictadura.

Este régimen policíaco y terrorista ha ido acompañado en lo cultural por el imperio del oscurantismo, la vuelta a la milagrería medieval, la supeditación de la ciencia a los dogmas teológicos, la degeneración de todo el sistema de enseñanza, desde la escuela a la universidad, la decadencia de la investigación científica y el atraso técnico, el exilio forzoso o voluntario de muchos de los mejores valores de la Ciencia y la Cultura nacionales.

La misma debilidad interior que obligó a erigir el terror policíaco en norma de gobierno, obligó también al régimen franquista a convertir el vasallaje respecto a la potencia imperialista dominante en norma de su política exterior; primero fue Alemania, luego Estados Unidos. Y así la retórica imperial se tradujo en la subordinación servil a la potencia que en 1898 hizo la guerra a España para apropiarse los últimos restos del viejo imperio español. Además de remachar la dependencia con respecto al capital monopolista internacional –dependencia que se profundizaría si llegara a consumarse la integración en las uniones monopolistas de la Europa Occidental–, esa política exterior ha transformado España en una base atómica del Estado Mayor norteamericano, con evidente menoscabo de la soberanía nacional y grave riesgo para la seguridad del país.

Pero esa política de terror, de opresión, de oscurantismo, de claudicación nacional, acompañada siempre de la más cínica demagogia, si bien ha permitido a la dictadura de Franco prolongar su dominación, ha engendrado y acumulado contra ella un enorme potencial revolucionario.

El pueblo español no podía resignarse y no se ha resignado jamás a la esclavitud fascista. El pueblo que dio al mundo los ejemplos de la Guerra de Independencia y de la revolución liberal de comienzos del siglo XIX; que a lo largo de éste tomó varias veces las armas en las guerras civiles y en las barricadas en defensa de la libertad; que en 1873 proclamó la primera República, en 1917 intentó de nuevo derribar la Monarquía y en 1931 lo logró, instaurando la segunda República; que durante cinco años luchó por afianzar el régimen democrático frente a la contrarrevolución fascista y en 1936 no vaciló en recurrir a las armas para defender la República y la independencia nacional, escribiendo durante tres años las páginas más gloriosas de la historia contemporánea de España, este pueblo no podía avenirse a vivir bajo la dictadura fascista.

Desangrado por cien heridas –un millón de muertos en la guerra civil, medio millón de exiliados, decenas de miles de presos, fusilados, torturados, asesinados– el pueblo español sufrió años de [12] agotamiento y postración pero poco a poco fue recuperando sus fuerzas y la confianza en ellas. Las luchas guerrilleras de los primeros años, prolongación de la guerra civil y expresión española de la guerra mundial antifascista; los movimientos de masas que se iniciaron después; la hábil utilización de las posibilidades y organizaciones legales, combinada con la acción clandestina; las huelgas económicas y las jornadas nacionales de protesta; las huelgas políticas, han ido jalonando el despertar combativo del pueblo español, de nuevo en pie, en marcha hacia la libertad.

Al mismo tiempo, los cambios históricos operados en la situación internacional; la correlación de fuerzas cada día más favorable al campo del socialismo, a los pueblos que se liberan del yugo colonial y a los defensores de la paz y la democracia en el mundo entero, representan una ayuda creciente a la lucha del pueblo español contra la dictadura fascista.

Durante un período, el franquismo contó con cierto apoyo o con la neutralidad de sectores de las clases medias, urbanas y rurales, que se dejaron seducir por las promesas y atemorizar por la aparente fortaleza de la dictadura. Pero poco a poco dichos sectores fueron comprobando que el franquismo hacía la política más conveniente para los intereses del capital monopolista y de la aristocracia terrateniente. Al mismo tiempo fueron percatándose de que la dictadura no era tan fuerte como parecía. La naturaleza de clase del régimen franquista, su debilidad interna, se fueron haciendo más evidentes.

El proceso más arriba descrito, de expansión del capital monopolista a costa de la reforzada explotación de la clase obrera y de la expoliación de las capas medias, campesinas y urbanas; a costa también de los intereses de la burguesía no monopolista, tuvo repercusiones cada vez más netas en la conciencia de las clases y sectores sociales lesionados, traduciéndose en hostilidad política contra la dictadura. Los métodos despóticos, arbitrarios y terroristas de ésta chocaban cada vez más con la repulsa de la gran mayoría de la población y, al mismo tiempo, se mellaban, no sólo porque el pueblo perdía el miedo, sino porque el ambiente general antifranquista contagiaba a los mismos órganos represivos del Estado.

La inmensa mayoría de los que habían combatido junto a Franco no por eso resultaban menos perjudicados por los monopolios y aprendían en la realidad cotidiana que los que habían ganado la guerra no eran ellos, sino los grandes capitalistas y la aristocracia terrateniente. Fueron restañándose las heridas y relegándose al olvido los odios abiertos por la guerra civil entre sectores del pueblo, debido a que una parte de éste, engañada o forzada, sirvió de instrumento al franquismo para la lucha contra la otra parte.

Lo esencial, para cada uno, pasó a ser su posición social frente a los monopolios, y no el bando en que combatiera durante la guerra civil. A este proceso contribuyó poderosamente el papel creciente desempeñado en la sociedad por las jóvenes generaciones no participantes en la guerra, que han llegado a constituir la parte más activa, política y socialmente, del pueblo. Para estas generaciones es más fácil ver la guerra civil como un hecho histórico y [13] percibir que hoy la divisoria de la sociedad española no pasa por las trincheras de la guerra, sino entre la oligarquía monopolista y el resto de la población.

A medida que se hacía más pesado el yugo de la oligarquía monopolista en el terreno económico-social, a las distintas clases y grupos sociales les resultaba más insoportable la opresión política, la privación de libertades, y más apremiante la necesidad de disponer de organizaciones políticas y profesionales propias para defender sus intereses.

El sentimiento nacional y la aspiración de recobrar las libertades autonómicas perdidas fue renaciendo en Cataluña, Euzkadi y Galicia frente a la opresión del ultracentralista y burocrático Estado franquista.

En el curso de todo ese proceso iba cristalizando en la conciencia de muchos españoles, como reacción frente a siglo y medio de incesantes guerras civiles, la imperiosa necesidad nacional de instaurar un régimen de convivencia cívica que abriese cauce, sin nuevos baños de sangre, al renacimiento de España.

En resumen: antes hemos visto cómo en la base económica de la sociedad española la dominación del capital monopolista y de la aristocracia terrateniente ha entrado en profunda contradicción con las exigencias del desarrollo de las fuerzas productivas. Ahora vemos cómo esa contradicción ha ido reflejándose, en distintas formas, en la conciencia de vastos sectores, y repercutiendo en el terreno político. Así se ha situado en el primer plano, no sólo de la economía, sino de la conciencia de las masas y de la lucha política, la contradicción que divide a la España de hoy en dos campos opuestos:

A un lado, la oligarquía financiera, monopolista, que incluye a la aristocracia terrateniente absentista, con su instrumento de Poder, la dictadura fascista del general Franco.

Al otro, la inmensa mayoría de los españoles: obreros industriales y agrícolas; campesinos medios, pobres y ricos; burgueses pequeños y medios de la industria y del comercio; intelectuales, funcionarios, &c.

Subsisten en este segundo campo las contradicciones, antagónicas por su esencia de clase, entre proletariado y burguesía no monopolista, entre obreros agrícolas y campesinos ricos, pero los intereses comunes engendrados por la opresión del capital monopolista se adelantan al primer plano en la etapa actual, y dictan la necesidad de un compromiso político para la lucha común contra la dictadura del general Franco que abra el camino a un régimen democrático, de convivencia civil, en cuyo marco se inicie la recuperación económica y cultural de España.

Las mismas contradicciones básicas que han hecho nacer y desarrollarse las tendencias a la reconciliación nacional de signo democrático, han determinado la descomposición de las fuerzas sociales y políticas de la dictadura. Son dos aspectos de un mismo proceso. [14]

Falange murió como partido de masas –sin haberlas tenido nunca en abundancia– y quedó reducida a un esqueleto burocrático, carcomido por luchas de capillas y personas. Los intentos de vitalizar el «movimiento» han fracasado sin remisión. La sorda lucha entre el OPUS, los restos del naufragio falangista, la fracción monárquica franquista, los ultras católicos y el carlismo, tal es la desgarrada realidad de ese «movimiento» que Franco trata, vanamente, de recomponer. Esta descomposición política de la dictadura tiene manifestaciones cada día más profundas en las instituciones que han sido su soporte esencial : la Iglesia, el Ejército y los órganos de represión.

Para defenderse, la dictadura, auxiliada en esta tarea por los servicios propagandísticos, diplomáticos y secretos de las potencias imperialistas que la protegen, concentra sus esfuerzos en impedir por todos los medios que cristalicen y adquieran expresión política concreta las tendencias objetivas de reconciliación nacional, antifranquista y democrática. Y el recurso principal de que se vale es fomentar el anticomunismo en las filas de los partidos y organizaciones de la oposición, agitar el falso dilema de: «Franco o comunismo».

La política de reconciliación nacional del Partido Comunista se apoya en las indicadas tendencias objetivas que impulsan el entendimiento de todas las fuerzas de oposición y determinan la creciente descomposición del franquismo. La finalidad esencial de esta política es facilitar la unidad y la acción común del máximo posible de fuerzas contra la dictadura; aprovechar todas las disensiones y fisuras que se manifiestan entre los elementos franquistas. Con esta táctica el Partido Comunista trata de lograr la liquidación de la dictadura y el tránsito a la democracia de la manera más pacífica posible, con el menor quebranto para el pueblo.

En el conjunto de fuerzas sociales que luchan por la democracia la principal es la clase obrera, a la que el mismo proceso de concentración del capital fortalece numéricamente y ayuda a organizarse, concentrándola en grandes empresas, mientras que las clases y grupos sociales intermedios entre ella y la oligarquía monopolista, sufren un constante proceso de disgregación. La clase obrera es, además, la más consecuente en la lucha por la democracia, porque tanto para defender sus intereses inmediatos de clase, como para cumplir su misión histórica –la transformación socialista de la sociedad– le conviene el desarrollo ininterrumpido de la democracia hasta que maduren las condiciones para el paso de la democracia burguesa a la democracia socialista. En cambio, las fuerzas burguesas y pequeño-burguesas interesadas en la democracia son esencialmente vacilantes cuando se trata de instaurarla y de defenderla, como lo demuestra una larga experiencia histórica y, en particular, la experiencia de la segunda República española. Por otra parte, coincidiendo sus intereses como clase con las tendencias objetivas del desarrollo histórico, la clase obrera es la única que puede dar a su lucha un fundamento científico, la única capaz de utilizar plenamente las posibilidades de previsión que proporciona la ciencia marxista-leninista.

Por las razones expuestas, la clase obrera es la fuerza más cohesionada, más organizada, más revolucionaria, en mejores condiciones objetivas para dirigir la lucha de todo el pueblo por la [15] transformación democrática de España. De ahí se deriva el papel de vanguardia que corresponde al Partido Comunista, como partido de la clase obrera, papel que la práctica de la lucha social y política en la España actual ratifica a cada paso.

Por su número y por el peso específico de la agricultura en la economía española, los campesinos constituyen, después de la clase obrera, la fuerza social más importante de la revolución. La explotación de que son objeto por parte de los terratenientes y del capital monopolista hace de los campesinos pobres y medios los aliados más próximos de la clase obrera. Sin ellos no es posible la victoria de la democracia hoy, ni del socialismo mañana.

Tienen asimismo gran importancia como aliados de la clase obrera las capas medias urbanas que sufren también la opresión de la oligarquía financiera y, en particular, la intelectualidad que, en la medida en que es consciente de su misión al lado del pueblo, está llamada a desempeñar un papel ideológico y político de primer orden.

Por eso en el Partido Comunista se agrupan no sólo las fuerzas más avanzadas de la clase obrera, sino también de la intelectualidad, de los campesinos y de las capas medias. Y en el Programa del Partido Comunista no se incluyen solamente las reivindicaciones obreras, sino además las reivindicaciones específicas de esas clases y grupos sociales en los que la clase obrera ve sus aliados naturales.

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El precedente análisis del desarrollo de la sociedad española lleva a la conclusión de que bajo la dictadura fascista del capital monopolista se han ahondado considerablemente las contradicciones objetivas generadoras de la revolución española, que las clases reaccionarias creyeron haber enterrado para siempre en 1939, y que, paralelamente, han madurado las fuerzas sociales históricamente llamadas a llevarla a cabo. De ese análisis se deduce, asimismo, que la revolución española pasará por dos etapas fundamentales:

La primera, la etapa actual, en la que la revolución tiene un carácter antifeudal y antimonopolista, y en la que se propone, como objetivos fundamentales, la liquidación de las supervivencias feudales y la limitación del poder de los monopolios, la instauración y el fortalecimiento de un régimen democrático, la defensa de la independencia nacional y de la paz.

La segunda, en la que se convierte en revolución socialista, proponiéndose la transformación socialista de la sociedad –resolviendo, de paso, las tareas que queden pendientes de la primera etapa– y, posteriormente, la transición gradual del socialismo a su fase superior, la sociedad comunista.

De acuerdo con esas etapas, el Partido Comunista divide su Programa en dos partes:

I. – Objetivos inmediatos y próximos.
II. – Objetivos finales.

Objetivos inmediatos y próximos

El objetivo inmediato del Partido Comunista de España es acabar con la dictadura fascista del general Franco y abrir cauce al desarrollo democrático del país.

Con este fin, el Partido Comunista está dispuesto a hacer las concesiones necesarias –que no impliquen dejación de sus principios– para lograr, de una u otra forma, el entendimiento de todas las fuerzas antifranquistas de derecha e izquierda.

El Partido Comunista considera que la base de todo acuerdo o pacto entre las fuerzas antifranquistas debe ser un programa mínimo en el que, a su entender, deberían figurar los siguientes puntos :

Desarrollo de la lucha unida contra la dictadura, hasta conseguir su derrocamiento por medio de la huelga nacional pacífica.
Restablecimiento de todas las libertades democráticas, sin discriminaciones de ninguna clase.
Amnistía general para los presos y exiliados políticos, extensiva a todas las responsabilidades derivadas de la guerra civil, en ambos bandos contendientes. Abolición de la pena de muerte.
Mejoramiento de las condiciones de vida de los obreros, campesinos, empleados, funcionarios, y de las masas populares en general.
Política exterior favorable a la coexistencia pacífica.
Elecciones constituyentes con plenas garantías democráticas, para que el pueblo español pueda escoger libremente el régimen de su preferencia.

El Partido Comunista no concibe estos puntos como una posición cerrada, sino como una base de discusión, abierta a otras sugestiones y sometida a las contingencias que puedan presentarse en la evolución de la situación política.

El Partido Comunista apoyaría a todo gobierno de transición –formando parte de él o desde fuera– que se comprometiese a realizar una política inspirada en el programa más arriba enunciado. [18]

Una vez derrocada la dictadura del general Franco, y en el proceso del establecimiento y desarrollo de un régimen democrático, el Partido Comunista defenderá una política cuyas líneas generales quedan definidas por los puntos que se exponen a continuación, susceptibles de modificaciones concretas, a tono con los cambios que se produzcan en la situación.

Política Internacional

El Partido Comunista luchará consecuentemente por la paz y el desarme, por la coexistencia pacífica y las relaciones fructíferas entre los Estados, independientemente de su régimen social y político, por la independencia y la seguridad de España. Movilizará a las masas populares por dichos postulados y tratará de que éstos sirvan de base a la política exterior del Estado.

Por considerarlos fundamentales en esa orientación general, el Partido Comunista propugnará:

— La renuncia solemne de España a la guerra como instrumento de política exterior y su oposición a participar en todo bloque o alianza militar.

— Una actuación consecuente de España en los organismos y conferencias internacionales en favor del desarme general, apoyando todo paso dado en esa dirección, y en particular la prohibición de las pruebas de armas de destrucción masiva y la abolición de éstas.

— El restablecimiento de las relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con los países socialistas y otros no socialistas con los cuales no existen en la actualidad.

— La revisión de los tratados de 1953 con Estados Unidos a fin de suprimir las bases norteamericanas en España y derogar todas las cláusulas militares o de otra índole que entrañen merma de su soberanía, peligro para su seguridad o detrimento para su economía, estableciendo las relaciones entre ambos Estados sobre la base del respeto mutuo de la independencia y soberanía nacionales, de la no injerencia en los asuntos internos y del mutuo beneficio. Oposición a la instalación de rampas de lanzamiento de cohetes balísticos en el territorio español.

— El fiel cumplimiento por España de los acuerdos con Marruecos y la solución de los problemas pendientes en el espíritu del respeto a la soberanía e independencia nacionales del Estado marroquí, de la no injerencia en sus asuntos internos y del reconocimiento de la integridad territorial de Marruecos de acuerdo con su pasado histórico. Establecimiento de estrechas y amistosas relaciones entre ambos Estados y en general con los países del Mogreb para la defensa común contra el imperialismo y el fomento de la cooperación económica y cultural. [19]

— La solidaridad con todos los pueblos liberados del yugo colonial o que luchen por su liberación y, en especial, pleno apoyo a los pueblos que en diversos territorios africanos sufren aún la opresión del colonialismo español y aspiran a su independencia.

— La anulación del Pacto Ibérico y el estrechamiento de las relaciones fraternales con el pueblo portugués en la lucha común por la democracia.

— La liquidación de las últimas secuelas en Europa de la segunda guerra mundial, mediante la conclusión del tratado de paz con los dos Estados alemanes, solución del problema de Berlín Oeste y lucha contra el restablecimiento del militarismo alemán.

— Una política de estrecha amistad y colaboración política, económica y cultural con los pueblos hermanos de Latino-América. que luchan por la independencia nacional, la democracia y el progreso.

— El desarrollo del comercio exterior sin discriminaciones, sobre la base del mutuo beneficio. Aprovechamiento, en este sentido, de las grandes posibilidades que ofrece el comercio con los países socialistas, en cuyos mercados puede España colocar gran parte de su producción agrícola, textil, minera, manufacturada, &c., y adquirir maquinaria, combustibles y materias primas.

— Que en relación con la posibilidad de obtener asistencias extranjeras para acelerar el desarrollo económico nacional, se gestionen los empréstitos, créditos, y ayuda técnica que, desprovistos de cláusulas políticas y militares, sean ventajosos para España, independientemente del régimen social o político del país que los ofrezca. En cuanto a las inversiones de capitales privados se facilitarán las que no perjudiquen a la industria nacional, sino que, por el contrario, contribuyan a desarrollarla. Oposición a todo intento del capital monopolista internacional de sojuzgar económica y políticamente a nuestro país.

— Que España no sea integrada en los organismos auspiciados por los monopolios europeos y norteamericanos, tales como el Mercado Común y la Asociación de Libre Cambio, porque tal integración ocasionaría graves perjuicios a la economía española y acentuaría su dependencia. El Partido Comunista considera que el progreso de los pueblos europeos occidentales no puede verse separadamente y en lucha contra los otros pueblos del Centro y Este de Europa, sino dentro del marco de la colaboración económica, cultural y política cada vez más estrecha entre todos los pueblos del continente.

Política interior

En el terreno de la política interior, el Partido Comunista aplicará una línea consecuente de defensa y consolidación de la democracia, de elevación del nivel de vida de las masas trabajadoras y de las capas medias, de limitación del poder de los monopolios, de [20] fomento de la economía, desarrollo de la cultura y mejoramiento de la enseñanza. El logro de estos objetivos exigirá profundas reformas de estructura.

Entre los aspectos fundamentales que concretan dicha orientación general destacan los siguientes:

Desarrollo y defensa de la democracia

El eje de la política del Partido Comunista una vez derrocada la dictadura franquista e instaurado un régimen democrático será la lucha firme y consecuente por la consolidación y el desarrollo de la democracia conquistada, por que los principios democráticos sean plenamente recogidos en la Constitución, en la estructura del Estado, en la actividad de sus órganos, así como en la política gubernamental. El Partido alertará y movilizará a las masas frente a todo atentado o conspiración contra el régimen democrático y educará al pueblo en las experiencias históricas que se derivan de las causas que llevaron a la pérdida de la segunda República.

El Partido Comunista se pronuncia por la República democrática y confía plenamente en que ésta será también la opinión de la mayoría de los españoles. Sin embargo, el Partido Comunista acatará en todo caso la voluntad nacional, libremente expresada.

El Partido Comunista preconiza un Parlamento elegido por sufragio universal, igual, directo y secreto, mediante un sistema electoral basado en la representación proporcional, con derecho de todos los españoles de ambos sexos, a elegir desde los dieciocho años y a ser elegidos desde los veintiuno.

El Partido Comunista propugnará la autonomía, dentro de la esfera de su competencia, de los órganos de administración local, elegidos democráticamente sobre la misma base anterior.

El Partido Comunista considera que el aparato del Estado, incluyendo sus Fuerzas Armadas y de Orden Público, deberá reorganizarse sobre bases democráticas, respetando los derechos adquiridos de los que se comprometan a servir lealmente al nuevo régimen elegido por el pueblo.

Consecuente con su política tradicional de defensa del derecho de los pueblos a su libre autodeterminación, el Partido Comunista apoyará el derecho de los pueblos de Cataluña, Euzkadi y Galicia a decidir libre y democráticamente de su destino. El Partido Comunista está seguro de que los pueblos catalán, vasco y gallego sabrán escoger el régimen que, dando satisfacción a sus aspiraciones nacionales, salvaguarde al mismo tiempo su unidad con los demás pueblos de España dentro de un Estado multinacional, para la lucha común por la democracia, la independencia nacional y el progreso económico y social.

El Partido Comunista luchará por la unidad sindical de la clase obrera en una sola Central Sindical, independiente del Estado y de los partidos políticos. La independencia respecto a estos últimos, [21] no excluye la colaboración para fines comunes. La filiación deberá ser voluntaria y la cuota pagada directamente a los sindicatos. El Partido Comunista propugnará que todos los bienes materiales de los actuales sindicatos verticales pasen a ser propiedad de la nueva Central Sindical.

El Partido Comunista defenderá la completa libertad de cultos, la libertad de conciencia y el respeto absoluto a las convicciones, tanto de los creyentes como de los que no lo sean. En relación con la Iglesia católica, el Partido Comunista se atendrá a una política que contribuya a fortalecer el régimen democrático, logrando que la adhesión de las masas católicas no sea perturbada por motivos de conciencia, y propiciando la colaboración entre la Iglesia y el Estado democrático, cada cual en la esfera que le es propia y sin injerencia mutua. Con este fin, preconizará la separación de la Iglesia y del Estado, pero reconociendo los sentimientos religiosos de gran parte de la población, propondrá que el Estado subvenga a las necesidades del culto en las proporciones que se determinen.

El Partido Comunista luchará por que sean sustraídos al control de los monopolios, instrumentos modernos de formación de la opinión pública tan poderosos como la radio y la televisión, de manera que puedan ser utilizados por los partidos políticos y las organizaciones democráticas.

Elevación del nivel de vida de los trabajadores y de las capas medias

Trabajadores industriales y agrícolas

El Partido Comunista defenderá permanentemente los intereses de los obreros y demás trabajadores (industriales y agrícolas), considerando como reivindicaciones esenciales las siguientes :

— Salario mínimo vital con escala móvil por ocho horas de trabajo (siete, seis o cinco en los trabajos insalubres, en ciertos trabajos agrícolas, &c.).

— Semana de cuarenta horas sin disminución del salario.

— A trabajo igual, salario igual para las mujeres y los jóvenes.

— Seguro suficiente y general contra el paro.

— Revisión y unificación de todo el sistema de Previsión Social, a fin de dar a los seguros sociales la efectividad de que han carecido durante el franquismo. En su administración deberán participar directamente los trabajadores.

— Los retiros y pensiones de vejez, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, &c., deberán estar protegidos contra el alza del coste de la vida mediante la escala móvil que les garantice su capacidad adquisitiva inicial. [22]

— Subsidio familiar decoroso, mensual, que deberá ser percibido por todas las familias trabajadoras, y alimentado por las cuotas de las empresas, en particular de las grandes.

— Vacaciones pagadas de 15 días anuales como mínimo.

— Extensión efectiva de todo el sistema de seguros sociales al campo. El descanso dominical retribuido, deberá ser garantizado también a los obreros agrícolas. En caso de que las faenas del campo impongan la necesidad de trabajar el domingo y días festivos, estas jornadas habrán de ser retribuidas como horas extraordinarias.

— Mejoramiento y coordinación de la sanidad pública; construcción de nuevos hospitales, sanatorios, maternidades, casas-cuna, &c., garantizando la asistencia, en primer lugar, a los más débiles económicamente.

— Construcción en cantidad suficiente y en los plazos más cortos posibles, de viviendas confortables y baratas para resolver la crisis de alojamiento que padecen principalmente los trabajadores.

— Organización eficiente del aprendizaje profesional, financiado por el Estado y las grandes empresas.

(Las anteriores reivindicaciones representan, a juicio del Partido Comunista, las más importantes y comunes a todos los trabajadores del país, tanto industriales como agrícolas; se sobreentiende que el Partido apoyará al mismo tiempo las reivindicaciones específicas de determinadas categorías: mineros, obreros agrícolas, jóvenes, mujeres, &c., así como las particulares de cada empresa o taller).

Campesinos

El Partido Comunista defenderá en todo momento los intereses de los campesinos trabajadores (pobres y medios), incluidos los arrendatarios y aparceros, a todos los cuales considera como los aliados más próximos de la clase obrera, y apoyará aquellas reivindicaciones de la burguesía agraria (campesinos ricos) que reflejan la lucha de ésta contra los monopolios y la aristocracia absentista. Además de la reforma agraria, que más adelante se expone, y de las ventajas que redundarán para el campo de la elevación del poder adquisitivo de las masas y del desarrollo del comercio exterior, el Partido Comunista considera esenciales las siguientes reivindicaciones de los campesinos:

— Precios remuneradores para los productos agrícolas. Con este fin, el Partido Comunista aboga, entre otras medidas, por:

Que el Servicio Nacional del Trigo se transforme en organismo regulador que adquiera a precios de sostén, remuneradores, los productos que voluntariamente le ofrezcan los campesinos; [23]

Que las pequeñas explotaciones campesinas que sólo disponen de 70 Qm. (o menos) de trigo para la venta, o su equivalente en otros productos, reciban una prima del 15% sobre el precio base;

Que en la adquisición de los productos del agro, sujetos a transformación industrial, desaparezcan las concesionarias exclusivistas y las limitaciones por zona, favoreciendo por todos los medios la formación de cooperativas que tomen en sus manos dicha operación. En todo caso, en la fijación de los precios de la remolacha, el algodón, el tabaco y otros productos deben tenerse siempre en cuenta los costes de producción, en cuya determinación participen los mismos campesinos.

— Disminución sustancial de las cargas tributarias, para lo que el Partido Comunista propugna, entre otras medidas:

Reducción de los líquidos imponibles que hayan sido incrementados abusivamente bajo el franquismo. Supresión del arbitrio sobre la riqueza provincial y de la contribución urbana sobre los edificios que forman parte de la explotación campesina;

Exoneración completa de la contribución rústica y pecuaria de todas las explotaciones agrícolas y ganaderas cuyo producto neto no exceda lo que debe ser considerado como salario familiar.

— Aumento sustancial de las inversiones estatales en el campo. Dotación del Ministerio de Agricultura con medios suficientes a fin de que puedan garantizarse a los agricultores semillas seleccionadas, medidas eficaces contra las plagas y las epizootias, parques de maquinaria, laboratorios científicos y granjas experimentales, técnicos agrarios en cantidad suficiente, &c.

Reforma del Servicio Nacional del Crédito Agrícola, de manera que pueda hacer frente a todas las necesidades de crédito en la agricultura, proporcionándole a un interés no superior al dos por ciento a los particulares (cuando se trata de créditos modestos o motivados por siniestros, pérdida de las cosechas, &c.) y a las cooperativas, cajas rurales, grupos sindicales de colonización, &c. En ningún caso el tipo de interés podrá exceder del tres por ciento, y los plazos deberán ser suficientemente largos.

— Fomento de la ganadería, sobre la base de ayudar a su desarrollo en las pequeñas explotaciones agrícolas; de intensificar el cultivo de plantas forrajeras y aplicar una política nacional de piensos que facilite éstos en cantidad suficiente y a precios módicos a los agricultores y ganaderos; de revalorizar los precios de la ganadería limitando los privilegios de los intermediarios monopolistas en la leche, la carne, la lana, &c. [24]

— Ayuda intensa al movimiento cooperativo en el campo, favoreciendo por todos los medios la creación y desarrollo de cooperativas de distribución, de venta, de crédito, de transformación y elaboración de los productos del campo, de medios de producción y de maquinaria, de cultivo en común de las pequeñas parcelas. El movimiento cooperativo deberá regirse democráticamente y recibir la ayuda necesaria en capitales del Servicio Nacional del Crédito Agrícola.

— Política de defensa de los arrendatarios y aparceros, que, entre otros aspectos, incluya:

Supresión de todos los desahucios en tanto que no entre en acción la nueva Ley de reforma agraria;

Efectividad para los arrendatarios del derecho de revisión de rentas previsto por la ley de 1935;

Ayuda a los arrendatarios protegidos para que puedan ejercer en la práctica el derecho de compra de la tierra y extensión de este derecho a todos los arrendatarios;

Prolongación de los contratos de arrendamiento siempre que lo desee el arrendatario y cumpla éste las condiciones estipuladas;

Obligación del propietario de indemnizar en todos los casos al arrendatario por las mejoras introducidas por éste en la finca;

Prolongación de las aparcerías por un período más largo al de un ciclo de cultivo, revisión de las aparcerías de tipo leonino y concesión a los aparceros de la posibilidad de transformar la aparcería en arrendamiento;

Supresión de todas las contribuciones e impuestos repercutibles sobre los colonos, arrendatarios y aparceros cuando el rendimiento de la explotación –habida cuenta de la renta– no supere a lo que debe constituir el salario familiar.

Capas medias urbanas

El Partido Comunista propugnará una política de elevación del nivel de vida de las capas medias urbanas. Defenderá los intereses de los empleados, funcionarios, maestros, médicos, abogados, profesores, técnicos, escritores, artistas y otras profesiones liberales, así como las reclamaciones justificadas de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden Público; defenderá los intereses de los comerciantes e industriales modestos y apoyará aquellas reclamaciones de la burguesía media que expresen la legítima defensa de ésta contra los monopolios. En particular: [25]

— El Partido Comunista apoyará las justas reclamaciones de aumento de sueldo de empleados, funcionarios, maestros, catedráticos y demás profesiones liberales, cuyos ingresos actuales no alcancen a cubrir dignamente las necesidades más elementales de esas categorías de ciudadanos; defenderá el principio de que el sueldo por la jornada reglamentaria de trabajo debe ser suficiente para cubrir dichas necesidades, sin recurrir a otros empleos.

— La lucha por la solución del problema de la vivienda para los trabajadores debe considerarse extensiva a las capas medias, especialmente a sus sectores más modestos.

— Para el mejoramiento de la situación en las capas medias de la población, el Partido Comunista concede especial importancia a la reforma fiscal que deberá reducir considerablemente la carga tributaría que hoy abruma a la gran masa de profesionales, comerciantes e industriales modestos.

— El Partido Comunista considera que deberán reducirse las cargas sociales que hoy pesan sobre la pequeña y media burguesía, incrementando en la proporción correspondiente las que recaen sobre las grandes empresas.

— Abogará por un sistema de crédito a bajo interés y con plazos suficientes, que favorezca el desarrollo de la industria y del comercio no monopolista.

— El aumento de los salarios de los trabajadores, la elevación general del nivel de vida del pueblo, ampliará considerablemente el mercado interior para los industriales y comerciantes, así como las posibilidades de trabajo para las profesiones liberales. En la misma dirección influirán las medidas de restricción del poder de los monopolios, la industrialización y el auge económico general del país. La ampliación del comercio exterior con los países socialistas abrirá nuevos horizontes para ciertos sectores de la burguesía media.

Reformas de estructura

El Partido Comunista entiende que la elevación del nivel de vida de los trabajadores y de las capas medias, la realización de cambios radicales en la distribución de la renta nacional, el desarrollo de la economía nacional al ritmo que requiere la liquidación del atraso de nuestro país, son imposibles sin profundas reformas de estructura que eliminen en unos casos y comiencen a reducir en otros, los obstáculos fundamentales que se levantan en el camino del progreso de España. Entre ellas, el Partido Comunista considera que la más importante y urgente, en la etapa actual, es la reforma agraria. [26]

Reforma agraria

El Partido Comunista propone una profunda Reforma agraria cuyos aspectos esenciales sean:

1. — La expropiación con indemnización de los grandes latifundios de la aristocracia absentista y de las grandes fincas incultas o irracionalmente cultivadas, de acuerdo con las siguientes normas generales:

— Las tierras expropiadas serán valoradas en concordancia con la contribución que vienen satisfaciendo al Estado, y el pago de la indemnización se efectuará en títulos de la Deuda al 2% nominal, intransferible, no negociable y no descontable.

— No serán incluidas en la expropiación las explotaciones, cualquiera que sea su extensión que, llevadas directamente por el propietario, sean cultivadas de una manera racional.

— El fondo de tierras expropiado se distribuirá: si se trata de tierras cultivadas en cualquiera de las formas –arrendamiento, aparcería, rabassa morta, foro, censo enfitéutico–, entregándolas a sus actuales cultivadores (gratuitamente si la renta no excede de 40 Qm. expresada en trigo; a pagar en veinte años, con un interés del 2 %, en caso de arrendamiento de tipo superior).

Las otras tierras disponibles serán distribuidas gratuitamente entre los obreros agrícolas y los campesinos pobres insuficientemente dotados de tierra.

— A todos los campesinos que reciban tierra, el Estado les proporcionará los instrumentos de trabajo y los créditos necesarios para el mejor cultivo y aprovechamiento de la misma.

2. — La concentración parcelaria, necesaria desde el punto de vista económico y social en ciertas zonas del país, deberá realizarse de modo que sirva para mejorar la situación, ante todo, de los campesinos pobres y medios, así como de los obreros agrícolas que sufren la insuficiencia o carencia total de tierra. Con este fin, éstos deberán estar representados democrática y mayoritariamente en los organismos locales que deciden de la concentración. Esta ha de ser, además, plenamente voluntaria, para lo cual habrá de conjugarse con la expropiación de las grandes fincas incultas, irracional o insuficientemente cultivadas; el problema del minifundio sólo podrá resolverse a base de la liquidación del latifundio.

3. — Realización de un verdadero plan nacional de obras de regadío, con la orientación de que sirva para mejorar efectivamente la situación de millares de campesinos [27] y no, como en la actualidad, para beneficiar a un puñado de aristócratas. Los campesinos asentados en las zonas de colonización deberán estar libres de toda carga durante las dos primeras cosechas y se reducirán al mínimo las cantidades a amortizar. Los colonos podrán elegir libremente los cultivos y recibirán la ayuda suficiente de parte del Estado. No se admitirá el desahucio administrativo.

4. — Política racional de repoblación forestal que, a diferencia de la practicada por la dictadura, no perjudique los intereses de los campesinos, y salvaguarde los de las municipalidades y el fomento de la ganadería.

Medidas contra los monopolios

Cada día es más extensa y más clara en los sectores populares la conciencia de que sus sufrimientos y dificultades materiales arrancan del poder y de los monstruosos beneficios de los monopolios. Ello hace que la exigencia de medidas en contra de éstos se vaya extendiendo en el país.

La política del Partido Comunista se orienta y se orientará cada vez más en esa dirección. El primer golpe contra los grupos monopolistas será la liquidación de la dictadura de Franco que es el instrumento con que hoy ejercen su poder omnímodo y brutal contra el pueblo. El programa más arriba expuesto de reivindicaciones de la clase obrera, de los campesinos y de las capas medias apunta principalmente contra los monopolios. Cada victoria en la lucha por convertirlo en realidad será un golpe descargado contra los exorbitantes beneficios del capital monopolista. La Reforma agraria, dirigida directamente contra la aristocracia absentista, es también –en la medida en que ésta se halla entrelazada, fundida con el capital monopolista, y lo está en alto grado– un golpe muy sensible contra los monopolios.

Otra medida eficaz antimonopolista es la profunda reforma fiscal que preconiza nuestro Partido. Esta reforma se basa en un impuesto sobre los beneficios (altamente progresivo en sus escalas más elevadas) y un impuesto de derechos reales que grave, también de forma muy progresiva, a las grandes herencias. A la par con ello, reducción considerable de los impuestos indirectos. De esta manera se disminuirían, en gran medida, las cargas tributarias de los que viven de su sueldo o salario, de la pequeña y media burguesía, y se recargaría, en cambio, todo lo necesario, las correspondientes a las sociedades monopolistas y a las grandes fortunas del país.

En el momento oportuno el Partido Comunista planteará otras medidas de carácter más radical contra los monopolios, tales como:

— La nacionalización de la Banca, de industrias básicas y servicios en los que existe un alto grado de monopolio.

— La democratización de los organismos de gestión de los sectores públicos de la economía, el desarrollo de la iniciativa y de [28] la intervención de los trabajadores en todos los aspectos de la vida económica.

— El control democrático de los planes estatales de inversión en la industria y la agricultura.

Al fijar esta posición, el Partido Comunista tiene en cuenta que la nacionalización de ramas de la industria, el control estatal del crédito y otras medidas de esta índole, tienen uno u otro carácter, sirven a unos u otros sectores sociales, según en manos de quién está el poder del Estado. Si lo detenta el capital monopolista, redundarán en su beneficio, acrecentarán su poder. Esto es lo que ocurre bajo la dictadura de Franco: la nacionalización de los ferrocarriles, el control del crédito, la creación del Instituto Nacional de Industria y de otros organismos similares, han sido otros tantos medios de extender y afianzar la dominación del capital monopolista en el país.

Pero con la implantación de un Estado democrático la situación cambiará por completo. Y apoyándose en la lucha de las masas populares, y como fruto de ella, se crearán condiciones para aplicar medidas de nacionalización y otras, que tendrían entonces un carácter diametralmente opuesto a las nacionalizaciones y controles del franquismo, sirviendo a los intereses nacionales y populares, y limitando de una manera efectiva el poder de los monopolios.

La posibilidad de que así suceda aparecerá sin duda en el curso de la lucha por la consolidación y desarrollo de la democracia; en cada fase de esta lucha, el Partido Comunista colocará en primer plano unas u otras de las indicadas medidas, de acuerdo con la situación en el país, con la correlación de fuerzas en presencia.

Sobre la base de la elevación del nivel de vida de los trabajadores y de las capas medias, de las premisas favorables que crearían la reforma agraria y las sucesivas medidas antimonopolistas, el Partido Comunista preconizará una política de industrialización del país en beneficio de la mayoría de los españoles y no, como la llamada industrialización del franquismo, que sólo favorece a una reducida oligarquía.

El Partido Comunista apoyará aquellas reivindicaciones de las regiones o provincias que puedan contribuir a su mejor desarrollo económico, como, por ejemplo, el restablecimiento del régimen de «puerto franco» para las Islas Canarias, unánimemente reclamado por el pueblo del archipiélago.

Desarrollo y orientación democrática de la enseñanza, la ciencia y la cultura en general

Una de las preocupaciones esenciales del Partido Comunista en. las nuevas condiciones democráticas será el mejoramiento de la enseñanza oficial, desde la escuela primaria a la Universidad y la Escuela Técnica Superior, facilitando el acceso a ellas de más amplios sectores. de la población; el fomento de la investigación científica y técnica; la ampliación considerable del número y [29] calidad de los cuadros pedagógicos, técnicos, científicos; la protección de la cultura y el arte nacionales. Partiendo de esta orientación, el Partido Comunista se propone lograr:

— El aumento considerable del presupuesto de Instrucción Pública.

— La intensificación en gran escala de la construcción de escuelas y de la formación de maestros, de manera que pueda asegurarse la enseñanza obligatoria y gratuita a todos los niños hasta los catorce años.

— La revisión de los planes de enseñanza primaria, media y superior, conforme a los principios y métodos de la pedagogía progresiva y de la ciencia.

— Organización de un sistema eficiente de enseñanza técnica, en consonancia con las necesidades de la economía nacional.

— Un subsidio suficiente del Estado a los hijos de los trabajadores y familias modestas que demuestren capacidad para acceder a la enseñanza media y superior; mejoramiento, en general, del sistema de becas, comedores escolares y universitarios, cooperativas, residencias, &c.

— El respeto de la autonomía universitaria.

— Un incremento considerable de los recursos destinados a la investigación científica y técnica, asegurándole en todos los órdenes las condiciones necesarias para su desarrollo. Extensión del sistema de becas para ampliación de estudios en el extranjero y del intercambio de profesores y estudiantes con otros países.

— Protección y fomento de las artes, la literatura, el teatro y el cine nacionales.

— Ayuda al desarrollo de las culturas propias de Cataluña, Euzkadi y Galicia.

— El desarrollo de la lucha contra el analfabetismo, creación de bibliotecas populares y de misiones culturales que faciliten la difusión de la cultura entre las masas trabajadoras.

— El fomento de la cultura física y el deporte, de manera que su práctica se haga asequible a las masas populares, en particular a la juventud trabajadora y estudiantil.

Objetivos finales

Como hemos visto, la dictadura fascista de la oligarquía financiera, impulsada por el único móvil de multiplicar los grandes beneficios capitalistas y necesitando para ello forzar el proceso de acumulación y concentración del capital, ha acentuado, al mismo tiempo, sin proponérselo, el carácter social de la producción. Se ha desarrollado la gran industria, la división social del trabajo, la interdependencia entre los diversos sectores productivos. El capitalismo monopolista de Estado ha llevado al último grado posible dentro del capitalismo esa interdependencia y conexión, no sólo entre las diferentes fases y ramas de producción, sino también entre ésta y la distribución y el consumo; entre la industria, el comercio, la agricultura y las finanzas. Virtualmente, toda la economía nacional ha sido unificada bajo el yugo explotador del capital monopolista.

Pero el capital monopolista no sólo actúa como agente ciego del proceso de socialización del trabajo y de la producción, sino que, al mismo tiempo, es el mayor obstáculo que encuentra ese proceso para desenvolverse plenamente, tal como lo exigen las modernas fuerzas productivas. Estas requieren el crecimiento ininterrumpido de la capacidad adquisitiva de las masas, pero la explotación de que son víctimas estas masas produce los efectos contrarios; requieren una dirección planificada, pero el capital monopolista engendra la anarquía, las crisis, las deformaciones y desequilibrios porque es el reino de los grandes intereses privados, incompatibles con la dirección y planificación económica a tono con los intereses nacionales.

Por lo tanto, el desarrollo económico-social de España, pese a su retraso en el aspecto productivo y técnico, ha creado las condiciones materiales económicas que hacen necesaria y posible la transformación socialista de la sociedad. Necesaria, porque sin esa transformación las fuerzas productivas no pueden alcanzar el nivel que permita resolver los problemas materiales y espirituales del país. Las reformas y medidas antifeudales y antimonopolistas llevadas a cabo en la primera etapa de la revolución permitirán un cierto desarrollo de las fuerzas productivas, pero este mismo desarrollo las hará chocar más radicalmente con las relaciones capitalistas monopolistas de producción. Y del capitalismo monopolista no se puede volver atrás, a un neoliberalismo económico, como utópicamente sueñan algunos pequeño-burgueses; se puede únicamente ir hacia adelante, hacia el socialismo.

Y posible, porque el mismo sistema de capitalismo monopolista de Estado facilita, desde el punto de vista económico, dicha [32] transformación. Bastaría que los instrumentos de producción que hoy se encuentran –directamente o a través del Estado– en manos de unos cuantos centenares de grandes monopolistas, pasaran a ser propiedad de todo el pueblo, para que los sectores decisivos de la economía nacional se convirtiesen en socialistas.

Ahora bien, esas premisas materiales, económicas, no bastan para que se opere la transformación socialista de la sociedad. Tienen que darse, además, las premisas políticas que permitan a la clase obrera conquistar el poder del Estado y utilizarlo para reducir la resistencia de las clases explotadoras y organizar la nueva economía socialista. Pero esas premisas políticas irán creándose en el curso mismo de la primera etapa, antifeudal y antimonopolista, de la revolución. Al emprender reformas económicas y sociales que mejoren la situación de las masas trabajadoras y de las capas medias de la población, se atentará a los beneficios del capital monopolista y se quebrantará su poder económico. La inevitable resistencia que opondrá el capital monopolista exigirá de la clase obrera y de las capas medias una lucha cada vez más resuelta para vencer dicha resistencia con nuevas medidas políticas y económicas. La democracia no podrá afirmarse y avanzar en el curso de esa difícil lucha más que si la clase obrera es capaz de unir sus filas, de agrupar en torno suyo a todas las fuerzas progresistas, ante todo a la gran masa campesina trabajadora, y de convertirse así en la clase dirigente de la sociedad, lo que equivale a crear las condiciones políticas para la conquista del poder del Estado. De no suceder esto, de quedar a merced de la dirección de los grupos políticos burgueses y pequeño-burgueses, la democracia marcharía a la deriva, debilitada por las inevitables vacilaciones y claudicaciones de esos grupos y se vería expuesta a perecer de nuevo, como la segunda República, a manos de la contrarrevolución. Fortalecerse y desarrollarse, avanzando hacia el socialismo, o retroceder de nuevo hacia el fascismo: he ahí el dilema que se le planteará a la democracia española después de la liquidación del franquismo.

Las circunstancias internacionales en que esa democracia habrá de desenvolverse favorecerán en gran medida la solución del dilema a favor del socialismo.

La presente época se caracteriza por el paso del capitalismo al socialismo en escala mundial. Desde la Gran Revolución Socialista de Octubre, en un plazo histórico sumamente breve, el socialismo ha triunfado en países donde habitan casi mil millones de seres, la tercera parte de la humanidad. La atrasada Rusia de los zares se ha convertido en la gran potencia industrial, socialista, de nuestros días, que ha conquistado la vanguardia del progreso científico y técnico y se halla en vísperas de dejar atrás a los Estados Unidos en todos los órdenes. Una vez realizado el Plan septenal soviético y los planes en curso en los otros países socialistas –la casi totalidad de los cuales eran países atrasados– al campo socialista corresponderá en 1965 más del 50% de la producción industrial mundial.

Esta realidad no sólo es testimonio de la superioridad del sistema socialista; es índice, al mismo tiempo, del cambio decisivo [33] operado en la correlación mundial de fuerzas entre el capitalismo y el socialismo a favor de este último. Sobre esta base, y contando con la vigilancia y la lucha activa de los pueblos, puede asegurarse la paz e impedirse que el imperialismo aplaste a sangre y fuego el desarrollo democrático e independiente de cada país, como hizo con la República española. La nueva democracia española podrá apoyarse en esta nueva situación internacional.

La influencia de la ideología socialista y la atracción de los éxitos del socialismo sobre los trabajadores y las capas medias españolas, acelerarán considerablemente la creación de las condiciones políticas para el paso de España al socialismo, facilitando la alianza de la clase obrera con los campesinos, la intelectualidad. y las capas medias.

Contando con el ejemplo y la experiencia de las revoluciones socialistas en otros países, con sus ricas tradiciones revolucionarias y su larga y multifacética experiencia, la clase obrera española, dirigida por el Partido Comunista, se pondrá en condiciones de aprovechar las favorables circunstancias objetivas nacionales e internacionales, para llevar a cabo la revolución socialista.

Esta histórica misión de la clase obrera se verá facilitada porque en España el proletariado, comprendiendo obreros industriales y agrícolas con sus familias, representa aproximadamente la mitad de la población del país. Si a esto se suman otros sectores trabajadores de la ciudad y del campo, como son los campesinos pobres y medios, los artesanos, los empleados modestos, &c., el conjunto constituye la gran mayoría de la sociedad española. La larga lucha contra el franquismo, seguida de la lucha por la consolidación y el desarrollo de la democracia, unirá y aglutinará cada día más, en torno a la clase obrera, a esa gran masa vitalmente interesada en el triunfo del socialismo.

En una coyuntura favorable esa fuerza decisiva podrá pronunciarse, dentro de la legalidad democrática, por la transformación socialista de la sociedad, enviar al Parlamento una mayoría encargada de llevar a cabo dicha transformación, y dar nacimiento a un poder ejecutivo dirigido por la clase obrera que, apoyándose en el Parlamento y en la acción de las masas, obligue a la burguesía monopolista a capitular ante la voluntad mayoritaria de país sin posibilidad de recurrir a la lucha armada contra el pueblo.

El Partido Comunista enuncia en su Programa el propósito de hacer cuanto esté de su parte por imprimir ese curso pacífico y parlamentario a la revolución socialista en España.

Las difíciles condiciones históricas en que se llevó a cabo la revolución socialista en Rusia y en otros países, la resistencia encarnizada de las clases dominantes, reforzada por la ayuda del imperialismo –mediante la intervención armada, en el caso de Rusia y China, por los métodos de «guerra fría» en otros casos– imprimieron al paso del capitalismo al socialismo en dichos países rasgos que no es forzoso se repitan en las nuevas condiciones [34] históricas. El marxismo-leninismo enseña que la revolución socialista es imposible sin que la clase obrera tome el poder político, cree el Estado socialista y asegure en él su dirección; pero al mismo tiempo, indica que las vías, las formas, las peculiaridades de la revolución y del Estado socialistas pueden ser muy diversas según las condiciones históricas, según las tradiciones y la situación específica de cada país.

Dadas las nuevas condiciones internacionales y nacionales más arriba indicadas, la victoria del socialismo en España podría tener lugar por la vía pacífica y parlamentaria si las fuerzas que se consideran progresistas, en vez de aliarse con los grupos reaccionarios del capitalismo, como hicieron en otras partes, se deciden a marchar adelante hacia el socialismo, junto al Partido Comunista. Esta consideración se refiere muy particularmente al Partido Socialista, pero también atañe a diversos grupos democráticos, anarcosindicalistas, pequeño-burgueses y a los sectores obreros y progresistas del catolicismo español.

Sobre esta base, el Estado y la democracia socialistas podrían asentarse en España en un sistema parlamentario, con pluralidad de partidos políticos, representantes de las diversas clases y capas interesadas en la realización del socialismo.

El gobierno y la coalición de fuerzas políticas cristalizada en torno a un programa socialista, adoptarían en el Parlamento las medidas legislativas necesarias y movilizarían a las masas para aplicarlas. Al mismo tiempo, cortarían de raíz toda veleidad de complot o resistencia armada de los grupos reaccionarios, teniendo en cuenta en este aspecto no sólo la experiencia de las revoluciones socialistas de otros países, sino, muy particularmente, la de la segunda República española, que pereció por debilidad frente a sus enemigos.

La existencia de esa coalición de fuerzas políticas con un programa socialista, haría posible que durante el período de transición del capitalismo al socialismo se utilizaran formas menos dolorosas que en otros países como, por ejemplo, la colaboración de la burguesía no monopolista con el sector estatal, socialista de la economía (método aplicado con éxito en China): permitiría, en general, que la adaptación de la inmensa mayoría de los miembros de la sociedad al nuevo régimen social se realizase sin grandes desgarramientos ni dolorosos conflictos, durante todo el período que la práctica haga preciso.

La necesidad de que la clase obrera asegure su papel dirigente en el Estado socialista, sin lo cual no es concebible la existencia misma de éste, exige que al frente de la clase obrera se encuentre un partido revolucionario marxista-leninista con suficiente madurez ideológica y política, con sólida organización y gran autoridad ante las masas. Ese partido es el Partido Comunista.

Eso quiere decir que en la coalición política creada sobre la base de un programa socialista, el Partido Comunista desempeñaría un papel dirigente, pero éste no vendría impuesto por ninguna decisión exterior a la coalición misma, sino por la propia fuerza de las cosas. En toda coalición política hay siempre un [35] partido que asume las responsabilidades y los deberes fundamentales, por ser el partido que de manera más profunda refleja las aspiraciones de la coalición y por constituir su fuerza fundamental. En la fase de la transformación socialista de la sociedad ese partido no puede ser, lógicamente, otro que el partido marxista-leninista de la clase obrera.

El Partido Comunista podrá desempeñar esa función estrechamente asociado con el Partido Socialista, si éste abraza una línea verdaderamente revolucionaria.

Tal es la vía que el Partido Comunista se esforzará por abrir a la transformación socialista de España. Pero, al mismo tiempo, no pierde de vista que el odio de clase contra las masas trabajadoras y el intento de salvar hasta el fin los injustos intereses del capital monopolista pueden llevar a éste a ofrecer una resistencia armada que obligue a la clase obrera y a sus aliados a recurrir también a las armas. Vacilaciones y deserciones de las fuerzas políticas pequeño-burguesas podrían facilitar el que las clases explotadoras emprendieran semejante camino. Otro factor que podría obligar a las masas populares a recurrir a las armas sería la intervención armada del imperialismo.

Pero, por una u otra vía, la futura victoria del socialismo en España es inevitable. Será, además, la única solución que ponga fin definitivamente a su atraso, como lo ha sido en otros países que se encontraban en condiciones análogas. El dilema que se presentará ante la sociedad española no será entre el socialismo y otra perspectiva cualquiera, sino entre las vías posibles del paso al socialismo.

Las líneas generales de la transformación socialista de la sociedad española pueden condensarse en los siguientes puntos :

1. Abolición de la propiedad privada capitalista sobre los medios de producción fundamentales (fábricas, minas, medios de transporte, &c.) y su conversión en propiedad social.

En un primer momento, el Estado socialista procederá a la nacionalización de las empresas monopolistas de la industria, el transporte, la banca y el comercio, que pasarán a formar el sector socialista de la economía.

Los sectores no monopolistas de la burguesía podrán colaborar con el sector estatal-socialista y recibir ayuda del Estado en materias primas, capitales y mercado asegurado. De esta manera, beneficiosa para sus propietarios, las empresas no monopolistas irán integrándose gradualmente en la economía socialista. Los propietarios podrán desempeñar funciones de gestión, administración, dirección técnica, &c., según sus capacidades y su actitud hacia el socialismo. [36]

El Estado socialista respetará y salvaguardará la propiedad privada de los instrumentos personales de trabajo y el ejercicio de la actividad de los pequeños productores individuales, y ayudará a estos sectores mediante el fomento de la cooperación y por otros medios.

2. En la agricultura, el Estado socialista liquidará los últimos vestigios feudales que puedan aún subsistir y amparará la pequeña propiedad campesina, asegurándole tierra suficiente, protección económica y ayuda técnica en todos los órdenes.

La transformación socialista de la agricultura se realizará paulatinamente, sobre la base de la libre decisión de los campesinos, a través de formas cooperativas, desde las más elementales (cooperativas de compra y distribución, de cultivo en común de la tierra, de empleo común de la maquinaria, &c.) hasta las formas superiores (cooperativas de producción basadas en la propiedad común de la tierra y de los instrumentos de producción esenciales).

El campesino sólo se incorporará a las cooperativas cuando haya llegado a la conclusión de que ello es más ventajoso para sus intereses. A ninguna categoría de campesinos se le privará de la posibilidad de incorporarse a la vía cooperativa y de participar de sus beneficios.

3. El régimen socialista logrará desde el primer momento el mejoramiento radical de las condiciones de vida de los trabajadores manuales e intelectuales. Abolida la explotación capitalista, regirá el principio socialista: «De cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo.» El trabajo se convertirá en la medida fundamental para valorar la posición del hombre en la sociedad. Se acabará con el paro, la inseguridad en el mañana, el hambre y la miseria. La capacidad adquisitiva de las masas crecerá ininterrumpidamente.

No quiere ello decir que el régimen socialista podrá satisfacer desde el primer momento, en la medida deseable, todas las necesidades de los trabajadores. La herencia dejada por el capitalismo, el insuficiente desarrollo de las fuerzas productivas, exigirán durante un período esfuerzos y sacrificios para acumular recursos que permitan industrializar el país y crear la abundancia de productos. Pero el pueblo realizará ese esfuerzo con entusiasmo, sabiendo que no trabaja para los explotadores, sino para sí mismo y para las generaciones venideras.

4. Liberadas del freno que representan las relaciones capitalistas, las fuerzas productivas podrán multiplicarse sin limitaciones, aprovechando plenamente las posibilidades de la ciencia y la técnica contemporáneas. La propiedad social de los medios de producción permitirá la dirección y planificación de la economía, el empleo racional de los recursos disponibles y la rápida multiplicación de éstos mediante la elevación de la productividad del trabajo (basada en la nueva técnica y no en la explotación del obrero) y el descubrimiento de nuevas riquezas naturales, que en España existen, pero que el capitalismo es incapaz de investigar y, menos aún, de poner en explotación. [37]

La fraternal colaboración con los otros países socialistas, la desinteresada ayuda técnica y económica que estos países prestarán a la España socialista, así como la aplicación de una política de coexistencia pacífica y de fructífera cooperación económica con los países capitalistas que correspondan en reciprocidad, permitirá acelerar rápidamente el ritmo de la industrialización de España sin una tensión excesiva para el país, y poner fin en un plazo históricamente breve a su atraso.

5. El régimen socialista será una democracia de trabajadores manuales e intelectuales.

El instrumento fundamental de esta democracia socialista será el Estado socialista, Estado de nuevo tipo, encargado de garantizar las libertades y los derechos de los trabajadores, organizar la economía socialista, desarrollar la cultura y la ciencia y defender a la sociedad socialista contra sus enemigos interiores y exteriores.

La democracia socialista no se limita a proclamar formalmente las libertades y los derechos, como ocurre en la democracia burguesa, donde el disfrute real de esos derechos y libertades queda supeditado a la posición económica, sino que garantiza su ejercicio efectivo a todos los ciudadanos.

En la democracia socialista tendrán plena libertad para desarrollar sus actividades todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones de masas, juveniles, femeninas, culturales, deportivas, &c., que actúen dentro de la legalidad socialista y no conspiren para restablecer el régimen capitalista de explotación del hombre por el hombre. La democracia socialista se manifestará en la misma producción, en las empresas, donde los obreros y técnicos elegirán democráticamente sus comités para colaborar con la dirección de la empresa en la tarea de asegurar la buena marcha de la producción y condiciones satisfactorias de trabajo, salario, seguridad, higiene, &c.

El Parlamento será elegido por sufragio universal, directo y secreto. De la misma manera serán elegidos los órganos locales de gobierno, que gozarán de autonomía dentro de la esfera de su competencia.

Se garantizará plenamente el derecho de autodeterminación de las naciones catalana, vasca y gallega.

Existirá completa libertad religiosa y, dentro de ella, la Iglesia podrá ejercer sus actividades espirituales específicas.

Los principios y normas de la democracia socialista y del funcionamiento de su Estado se proclamarán en la Constitución socialista elaborada por una Asamblea Constituyente y refrendada por todo el país.

El Estado socialista, que será democracia y libertad efectivas para todo el pueblo, será al mismo tiempo dictadura contra los enemigos de la sociedad socialista que conspiren para restablecer el sistema capitalista de explotación del hombre por el hombre. [38]

El socialismo, al poner fin a la división de la sociedad en clases antagónicas, abre, por primera vez en la historia, la posibilidad de solucionar con métodos apropiados, sin violencias, todas aquellas contradicciones que puedan surgir en su desarrollo.

6. El Estado socialista practicará desde el primer día una política de paz y desarme, de colaboración fraternal con los otros Estados socialistas, y de coexistencia pacífica, de intercambio económico y cultural con los países capitalistas.

7. La transformación socialista de la estructura económica y del régimen político irá acompañada de una profunda revolución cultural cuya primera manifestación será la posibilidad real para las masas trabajadoras de tener acceso a la escuela, al instituto y a la universidad. El Estado socialista garantizará que todos los jóvenes dotados tengan abierto el camino a las cimas de la ciencia, la técnica y el arte; dedicará los recursos necesarios para sacar a la investigación científica del marasmo en que la ha hundido el capitalismo monopolista. En pocos años se formarán los miles de cuadros técnicos que demanda el desarrollo económico de España.

La revolución cultural se caracterizará, además, por el hecho de que la decadente ideología y moral burguesas se verán desplazadas en el proceso de la libre lucha ideológica por la ideología y la moral socialistas, que dignificarán los valores humanos, protegerán la familia, darán un ideal a la juventud y proporcionarán a la cultura, al arte y a la ciencia una fecunda base filosófica.

8. El socialismo liquidará el atraso de España, continuará su rica historia y la pondrá en condiciones de dar al progreso humano una aportación digna de sus grandes tradiciones culturales.

El desarrollo económico y cultural, la elevación del nivel de vida del pueblo y la maduración de su nueva conciencia socialista, crearán paulatinamente las condiciones para el paso gradual del socialismo a su etapa superior, el comunismo. En la sociedad comunista, el gran desarrollo de las fuerzas productivas, la abundancia de bienes materiales, la elevada conciencia del pueblo permitirán aplicar la divisa: «De cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades.»

Con el comunismo se extinguirán completamente las clases, las diferencias esenciales entre el trabajo físico e intelectual, y entre la ciudad y el campo; la democracia socialista alcanzará su pleno florecimiento y el Estado se extinguirá gradualmente. La sociedad. asegurará directamente las funciones económicas, administrativas y culturales que requiere una organización social tan altamente compleja como será la comunista. En el impetuoso desarrollo de la sociedad comunista surgirán nuevos problemas que harán precisos nuevos esfuerzos creadores del hombre.

Estos rasgos generales de lo que significará para España la sociedad. socialista y su etapa superior, el comunismo, no son ya simples tesis teóricas; son, dentro de las peculiaridades propias de cada país, y de las circunstancias históricas en que han surgido, una realidad viva, presente en la Unión Soviética donde se ha iniciado el paso gradual al comunismo, y presente en los otros países que aún se hallan en la fase de la construcción del socialismo.

Conclusión

El presente Programa del Partido Comunista de España, aprobado en su VI Congreso, parte de la situación concreta en que se encuentran España y el mundo al iniciarse la sexta década del siglo XX, y de las perspectivas previsibles que de esta situación se deducen al analizarla con el método marxista-leninista.

La cuestión esencial para España en la hora actual, es la concentración de todos los esfuerzos nacionales, de las energías revolucionarias de la clase obrera y de las masas populares, en el gran objetivo de poner fin al fascismo y abrir cauce al renacimiento democrático e independiente de la Patria. La solución de este problema, previo a todos los demás, señalará el comienzo de un viraje histórico en los destinos de España.

Pero a la hora de iniciar este viraje, todos los españoles, y muchos no sin inquietud, se preguntan: ¿adónde vamos?

El presente Programa contiene la respuesta del Partido Comunista. No cabe duda de que la práctica y la teoría, en constante enriquecimiento, así como los elementos casuales a través de los cuales se abre paso la necesidad histórica, impondrán rectificaciones y complementos. Sin embargo, la perspectiva del futuro español es, en sus rasgos esenciales, la que aquí se expone. Hacia ella presionan, con creciente fuerza imperativa, las leyes objetivas del desarrollo social.

Pero esas leyes no se abren paso automáticamente, sino a través de la acción de las fuerzas sociales interesadas en que prevalezcan. Cuanto más resuelta y consciente sea esa acción, tanto antes las fuerzas de lo nuevo ya en sazón se abrirán camino, venciendo la resistencia de lo viejo y caduco. La dictadura de Franco, por extrema que sea su descomposición, sólo desaparecerá bajo los golpes de la lucha de las clases y grupos sociales interesados en ponerle fin. Y la democracia no podrá consolidarse después más que mediante la lucha del pueblo dirigido por la clase obrera. Las masas son, en todas las situaciones, las artífices de la Historia.

Dicha lucha exige unidad y organización, abnegación y sacrificios, los cuales no son posibles si las fuerzas más avanzadas de la clase obrera, de la intelectualidad y de las masas populares no tienen clara conciencia de los objetivos que hay que alcanzar. Contribuir a crear esa conciencia es la finalidad principal que persigue este Programa.

Transcripción íntegra del texto impreso en un opúsculo de 39 páginas de papel (135×210 mm), sin pie de imprenta, que en su portada dice:
«VI Congreso del Partido Comunista de España / (28-31 de Enero de 1960) / Programa del Partido Comunista de España», y en su contraportada: «Precio: 10 pesetas».