un proyecto «claro y distinto», El Catoblepas 11:1, 2003 (original) (raw)

El Catoblepas • número 11 • enero 2003 • página 1

El Paro Cívico

de diciembre en Venezuela:
un proyecto «claro y distinto»

Iñigo Ongay

Se analiza la trastienda «transparente» del Paro Cívico
iniciado en Venezuela en diciembre de 2002

1. Introducción

El lector habitual de El Catoblepas tiene a su disposición en el número 6 de esta revista un sagaz análisis por parte de Gustavo Bueno del proyecto confuso y contradictorio que pudo envolver la huelga general convocada para el 20 de Junio de 2002 por los sindicatos españoles UGT y CCOO; tal proyecto apenas podía ocultar, tras sus pretensiones de constituirse en huelga puramente «económica» (resultado del talante «autoritario» y «no dialogante» del gobierno del PP a la hora de tramitar su Decreto –o «Decretazo»– Ley sobre la protección del desempleo), el alcance político-partidista que cabía atribuir con claridad a los objetivos reales de los convocantes (los sindicatos UGT y CCOO sin duda además de USO, CGT, CUIS y otras centrales más minoritarias, pero también –y acaso sobre todo– los partidos políticos de izquierda PSOE e IU), a sus intenciones objetivas.

Intenciones que podían hacerse realmente muy claras (sin perjuicio de la oscuridad interesada de las justificaciones ideológicas segregadas por los dirigentes de tales plataformas) a la luz de la fecha escogida para ejecutar el paro: el 20 de Junio de 2002, coincidiendo «casualmente» con la reunión en Sevilla de los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE y el fin de la presidencia semestral de España y de José María Aznar{1}. La confusión denunciada por Bueno estribaba fundamentalmente en este sentido en la ambigua actitud de los huelguistas que parecían pretender por así decir, nadar y guardar la ropa, «jugar a la insurrección» (por hacer uso de una expresión de Lenin) y a la Huelga General Revolucionaria a la par que mantener el papel de cívicos ciudadanos de una democracia liberal parlamentaria ejerciendo el derecho a la huelga sancionado por la Constitución española de 1978. Sin embargo, un paro general que promociona sus objetivos a través de la acción persuasora de los «piquetes informativos», de la coacción física ilegítima (como lo es desde luego la ejercida por las partidas piqueteras de los sindicatos dado que sólo al estado –como señalaba entre otros Maximiliano Weber– conviene el monopolio del uso legítimo de la fuerza física) y del quebrantamiento de derechos fundamentales y libertades públicas como lo son el derecho al trabajo o a la propiedad no puede ser sin duda una huelga democrática, tales procedimientos cuadrarían bien acaso con las exigencias de una huelga enmarcada (a título de «lucha económica») en el combate del proletariado por el socialismo y la toma del poder estatal (los aparatos del estado en el sentido de Lenin) burgués{2}, sin embargo no parece que los dirigentes de la UGT y de CCOO, en su calidad de opulentos funcionarios del estado burgués hayan diseñado sus programas en vistas a la revolución social en occidente.

Del mismo modo tampoco podrá considerarse en manera alguna como huelga «económica» a aquella que se mantenga directa u oblicuamente orientada a la erosión y el desgaste de un gobierno democráticamente elegido («por las urnas», y con mayoría absoluta ) en beneficio de los partidos políticos de la oposición y tal vez de terceras potencias inmersas en la lucha por la vida que supone la biocenosis constituida por la Unión Europea.

«Ahora bien, la fecha del 20-J «probaba demasiado» como fecha de convocatoria de una huelga general no política-partidista sino puramente económica, entre los múltiples días de elección posible para celebrar la Huelga. Probaba que esta Huelga iba dirigida contra el presidente Aznar, y buscaba deslucir a toda costa en su final («que no se fuera de rositas») la Presidencia europea. Pero en todo caso los partidos políticos de la exposición, y muy especialmente los gobiernos socialistas de las comunidades autónomas, apoyaron en todo momento y entusiásticamente la huelga convocada por los sindicatos («Párale los pies a la derecha» decía Izquierda Unida). Por tanto, aún concedido que la Huelga no hubiera tenido en su origen una intencionalidad político partidista, es indiscutible que cobró esta intencionalidad, no sólo en el proceso de convocatoria, sino en su ejecución.
(2) Pero si se quería derribar al Gobierno, en una democracia no sería la Huelga General el procedimiento más indicado, habría que esperar al cambio en las urnas. ¿O es que no se quería derribar al Gobierno por procedimientos democráticos?
Más aún: según algunos analistas la intencionalidad política de la Huelga General habría rebasado el ámbito partidista nacional (español), porque su finalidad política habría que medirla en un ámbito internacional, aquel en el que se mantienen enfrentados el (supuesto) eje Washington Londres Madrid Roma, frente al (supuesto) eje Berlín París. La presunta gestión brillante de Aznar al frente de la UE, y su renuncia como candidato a la Presidencia en las elecciones de 2004 en España, le habrían colocado en una disposición muy favorable como futuro presidente, y no meramente semestral (tras las reformas del reglamento) de Europa, un cargo al que Felipe González habría secretamente aspirado en su momento apoyado por la socialdemocracia alemana y francesa. Era preciso, por tanto, rebajar el brillo de Aznar al final de su gestión europea, mediante una Huelga General clamorosa que el «contubernio» habría urdido»{3}

Pues bien, la implacable denuncia de Bueno de la oscuridad y confusión del proyecto huelguista de junio de 2002 y de los objetivos inconfesados de sus protagonistas puede también ser aplicado con provecho a una situación que, si bien muy diferente por sus circunstancias, guarda analogías rastreables con aquel: el «Paro Cívico» que durante el mes de diciembre de 2002 han venido promoviendo en Venezuela los miembros de la Coordinadora Democrática (alianza partidista de las fuerzas políticas que conforman la oposición al gobierno presidido por Hugo Chávez Frías), el sindicato CTV (Central de Trabajadores de Venezuela) y la organización empresarial Fedecámaras (de cuyas filas saliera un personaje tan significativo para esta historia como Pedro Carmona).

2. Antecedentes: el 11 de abril de 2002 y su contexto

Como es bien sabido de todos, el 11 de abril de 2002 tuvo lugar en la República Bolivariana de Venezuela una intentona golpista (autodenominada eufemísticamente por sus autores «golpe cívico-militar») que durante dos días cancelaría provisionalmente el régimen democráticamente elegido en las consultas electorales del 30 de julio de 2000 (comicios en los que el Movimiento V República y su candidato el coronel Hugo Chávez Frías cosecharían una holgada mayoría absoluta, nada menos que el 59% de los votos emitidos). Durante dos días por lo tanto, el caos y la confusión se apoderaron del país sudamericano al quedar interrumpido el orden político constituido por la Carta Magna promulgada en 1999 y que vendría a ser anulada por los golpistas. En efecto, una camarilla de usurpadores procedentes sobre todo de la patronal Fedecámaras y alentados por el beneplácito de ciertos sectores del ejército y de la práctica totalidad de los medios de «el cuarto poder» (tanto en el interior como en el exterior de Venezuela) –los disparos de los mercenarios francotiradores golpistas sobre la población civil pudieron transformarse, por obra de la manipulación televisiva en actos intolerables de represión perpetrados por el despótico gobierno de Chávez– lograron acceder a la toma del «ejecutivo» (o del poder operativo de la capa conjuntiva del cuerpo político venezolano, según la teoría sintáctica del poder político propuesta en Primer Ensayo de las Categorías de las Ciencias Políticas{4}) y acometieron la tarea de anular la Constitución de 1999 y desbaratar las instituciones políticas emanadas de la misma. A partir de aquí, los precipitados acontecimientos son cosa ya de sobra sabida{5}. El Presidente legítimo de Venezuela, Hugo Chávez, pudo regresar al palacio presidencial aupado por la «chusma» y protegido por la mayoría leal de las fuerzas armadas de la nación. En ristre además portaba, como ha subrayado Gustavo Bueno Sánchez, dos símbolos de incalculable eficacia: la Ley Fundamental de la República, y un crucifijo. De este modo –suponemos que con cautela redoblada–, la llamada Revolución Bolivariana pudo reanudar sus propios rumbos. La oposición empero, también. Y el mismo líder de los golpistas y por un día presidente de la nación, Pedro Carmona Estanga obtuvo incluso de Andrés Pastrana, a la sazón Presidente de la atribulada Colombia, la oferta del status de «Refugiado Político» (resulta curioso, dicho sea de paso, comprobar como el gobierno colombiano acostumbra a reprochar a Chávez su supuesta colaboración con los guerrilleros de las FARC en tanto Pastrana se dedica a ofrecer refugio a probados sediciosos como el presidente de Fedecámaras).

Por lo demás no existen por el momento pruebas evidentes que dejen constancia de la participación de los Estados Unidos de América del Norte en el conato de pronunciamiento plutócrata del 11 de abril de 2002. Sin embargo no se nos antoja tampoco ni mucho menos una hipótesis descabellada y gratuita la que obliga a suponer que semejante operación (que conllevaba además la necesaria cooperación de grupos periodísticos de todos los países) jamás hubiera podido organizarse, y menos ser conducida a buen puerto de espaldas a la connivencia y el beneplácito de los poderes imperiales{6} del «amigo americano», para decirlo con el título de una película de Win Wenders.

Efectivamente, el régimen de Chávez en Venezuela ha venido a representar, desde sus mismos inicios, una suerte de piedra en los zapatos de las políticas exteriores de EUA, así al menos lo han ratificado constantemente incluso las propias declaraciones del Emperador y sus autorizados consejeros (sobre todo en este punto es crucial la importancia del papel jugado por el recientemente cesado Subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, el cubano-austríaco Otto Reich), tanto las «palomas» de Collin Powell como los provenientes del grupo de los «halcones» (Condolezza Rice, Dick Cheney, &c), su Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, la Agencia Central de Inteligencia y demás organismos encargados de velar por la «salud democrática» de las colonias. ¿Y qué es concretamente lo que puede resultar tan molesto en el gobierno venezolano? Pues entre otras cosas, y desde el punto de vista de la capa cortical de los cuerpos de las sociedades políticas{7}, las relaciones diplomáticas (también comerciales) que éste ha ido estableciendo con regímenes indeseables por formar parte del «Eje del Mal» (Irak, Irán con los que Venezuela mantiene el trato obligado entre socios de la OPEP), ser considerados «Estados Delincuentes» (Libia) o suponer un valladar respecto a la penetración norteamericana en su zona más querida de influencia: América, su «regioncita del sur de Río Grande» (es el caso de Cuba, que según se ve compra petróleo a Venezuela a precios privilegiados a cambio de servicios sanitarios y educativos).

Sin embargo, con ser importantes sin duda ninguna, las cuestiones diplomáticas tampoco terminan por agotar el problema. La existencia misma del gobierno chavista compromete además la puesta en práctica de los planes y programas inmediatos de EEUU en orden a construir en la América Española,un área de acceso comercial, político y militar sometido a su exclusivo monopolio. Estos planes quedarían, según interpreta un teórico tan solvente como James Petras, engranados en la actual transformación del esquema imperial neoliberal –que caracterizara la errática gestión de Clinton– en un esquema de imperialismo depredador neo-mercantilista –que nada tendría que ver con el libre mercado en sus simplistas versiones habituales– apto para hacer frente al empuje competitivo de las potencias rivales (ante todo la UE, Japón, &c., pero también –y cada vez más– China), en este sentido adquirirá un peso notable la adopción de medidas económicas proteccionistas a fin de blindar sectores no competitivos de la industria norteamericana (pongo por caso los aranceles concernientes a la producción siderúrgica que a punto estuvieron de enfrentar a EEUU con China y otros socios de la OMC), así como el diseño de tratados comerciales y acuerdos económicos tales como el TLC (con Méjico y Canadá), o –sobre todo– el ALCA aprobado en Québec y cuyo alcance es ya continental (por cierto que el más mínimo estudio de las disimétricas condiciones que tal tratado impone a sus estados socios pone en evidencia que el contexto «biocenótico» que este acuerdo abre aparece como todavía, si cabe, más salvaje que el que es propio de la UE). Claro que, la puesta en práctica de este ortograma imperial adoptado por los Estados Unidos de América del Norte involucra desde luego la movilización de las capas basales y corticales del cuerpo político imperial, reclama tanto del concurso de los brazos financieros del Imperio (préstamos, ajustes estructurales) como de los buenos oficios de la OTAN (la guerra anti-terrorista, la lucha contra el narcotráfico, las «intervenciones humanitarias»). Se hacen necesarios en la misma medida los funcionarios de cuello blanco y los marines{8} así como durante el siglo pasado fueron impagables los servicios de aquellos abnegados puritanos del Instituto Lingüístico de Verano entregados a la salvífica tarea de llevar la traducida palabra de Dios ante el «Libre Examen» de los indígenas de Iberoamérica{9}. El ALCA y el TLC se coordinan con el Plan Colombia (dirigido al barrido de las FARC-EP y el ELN calificados de «Terroristas» al mismo nivel que Al Quaeda, HAMAS o ETA como si todo fuese lo mismo) y con el Plan Puebla Panamá.

Con todo, la ejecución de los mencionados planes parecen involucrar además el desvencijamiento riguroso de los tejidos económicos de los estados sudamericanos y centroamericanos implicados: eso, por lo menos, es lo que queda patente a la luz de casos como los de Chile, Argentina, Brasil o Méjico (los nefastos frutos de cuya exposición a los efectos del TLC-NAFTA merecerían de suyo un tratamiento mucho más detenido) y ello por no hablar de situaciones todavía más elocuentes (Uruguay, Perú, Guatemala, Bolivia) que nos darían desde luego motivos para sospechar que es puro cinismo tratar de aducir que tales países permanecen en «vías de desarrollo», a no ser que aclare a renglón seguido, que este desarrollo conduce a más subdesarrollo.

En todo caso, la mera rapacería siempre puede quedar muy bien encubierta en virtud de un manto eufemístico y oscurantista de trampas terminológicas e imposturas conceptuales (cercanas en cierto modo a la neolengua de la que hablaba el británico Jorge Orwell en su novela 1984) urdidas por el control propagandístico y que no siempre resulta fácil de desenmascarar{10}.

Por último queda por mencionar, un factor basal que sin duda alguna tuvo una relevancia principal en el caso que nos ocupa –como lo han puesto de manifiesto muchos analistas, entre otros Eliseo Rabadán en el artículo citado–: los recursos petroleros venezolanos. Al parecer Iberoamérica en su conjunto (incluyendo a Venezuela, Méjico, Colombia, Brasil. &c.) conserva el 9.1% de los recursos mundiales de petróleo con una duración prevista aproximada de 38 años; concretamente la nación sudamericana es el quinto exportador mundial de tan preciado material y el principal suministrador de EEUU (junto con Arabia Saudita y Méjico). La producción petrolera venezolana asciende a tres millones de barriles diarios y cuenta con una de las dos empresas más importantes del Hispanoamérica (PVSA, la otra es la mejicana PEMEX) así como también con la mayor central refinadora del mundo (la Central Refinadora de Paraguaná). No conviene tampoco perder de vista el sintomático hecho de que –como bien lo recuerda Eliseo Rabadán– fuera precisamente una huelga en PVSA el desencadenador principal de la intentona golpista del 11 de abril de 2002{11}. Por lo tanto tampoco estamos hablando de una fuente bruta de crudo, sino de un fontanar tecnológica y políticamente colonizado, roturado, cuyas reservas pueden alcanzar un significado político de primer orden ante el escenario dibujado por un planeta de recursos limitados (como ya hemos dicho los totales petrolíferos de Iberoamérica no son infinitos ni mucho menos, se estima una durabilidad de 38 años vista sic rebus stantibus; tampoco parece que las grandes reservas del Próximo Oriente –Arabia Saudita, Kuwait, Irak– vayan a durar mucho tiempo más, de hecho no se calcula que lleguen a los 100 años):

«El control del petróleo, por ejemplo, se considera una y otra vez desde perspectivas economicistas-realistas como motivo suficiente para explicar incluso una guerra en la que intervienen varios Estados. Se hablará de una guerra desencadenada en el fondo por motivos económicos, apenas disimulados, en la superficie, por distintas fórmulas ideológica (la restauración de un orden jurídico internacional, o la reivindicación de las libertades fundamentales por parte de ciertos pueblos oprimidos). Pero es el concepto mismo de un «control económico-político del petróleo» aquello que debe ser puesto en tela de juicio, como concepto meramente abstracto. Y ello porque el petróleo no puede reducirse a un valor de cambio, cotizable en las Bolsas internacionales (que tampoco son instituciones constitutivas de un orden autónomo). El petróleo significa muy poco (económica, históricamente) fuera del contexto de una industria y de una tecnología muy compleja, resultado de un específico proceso histórico, que implica a su vez todo un modo de vida, a toda una cultura o civilización, el control del petróleo equivale al «control de esa civilización.». Cabría decir por tanto, que las ideas se hacen presentes no como «contenidos de una mentalidad» sino como las formas mismas de los automóviles que se utilizan (o se desea destruir), de las lámpara que alumbran, de los materiales con los cuales se construyen las autopistas, las cajas, los trajes y hasta los alimentos y las medicinas. Estas son las «ideas» que mueven a la historia, esas son las «superestructuras» o, por lo menos, allí están como principios activos El petróleo del desierto carece de valor, y aun de existencia visible fuera de la «civilización industrial», puesto que sólo gracias a complejos tecnológicos puede ser extraído y refinado.»{12}

Las luchas internas de la PVSA jugarán un papel destacado en la segunda parte de nuestro trabajo.

Pues bien, es claro que todo ello constituye un suculento suelo nutríceo del que el Imperio no iba en modo alguno a prescindir (entre otras cosas porque no puede. Importa que se entienda bien esto: no se trata tanto de emitir una denuncia voluntarista de la perversa avaricia de los yanquis ni nada por el estilo cuanto de elaborar un análisis afilado de los dinamismos dialécticos –dialéctica entre estados– propios de las morfologías imperiales que, ellas mismas, obran por encima –o «por debajo» como se prefiera– de la ética o la moral. Naturalmente que los diagnósticos formalmente políticos que perseguimos no excluyen necesariamente por sí mismos toda consideración ético-moral de los fenómenos de referencia, éstas incluso puede quedar mejor pertrechadas al amor de aquellos).

Estamos pues, en el caso del abortado golpe del 11 de abril dde 2002, ante lo que podría ser considerado como la primera escenificación en el siglo XXI de la famosa Doctrina Monroe operando in actu exercitu, una injerencia en toda regla en el orden instituido de una nación soberana. Una práctica que a lo largo de la historia reciente ha sido bien recurrente, como advierte Noam Chomsky, dentro de la defensa por parte de EEUU de las libertades políticas, sobre todo de la «quinta libertad» amenazada por la competencia de terceras potencias imperiales:

«Según los planificadores estadounidenses –que no dejan de tener razón– el mundo está poblado de enemigos de la quinta libertad, quienes quieren impedir el libre ejercicio del derecho fundamental a robar y explotar. Entre los enemigos más peligrosos y amenazantes a lo largo de la historia de Estados Unidos está Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón y otros poderes industriales que pertenecen a lo que hoy llamamos «el Primer Mundo». La expansión e intervención de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental han estado guiadas desde sus orígenes por su preocupación respecto a dichos enemigos. Lo mismo ocurrió con la conquista de las Filipinas a principios de siglo, la cual dejó como saldo varios centenares de miles de filipinos muertos y muchos miembros del mando militar estadounidense acusados de atrocidades brutales (y condenados a insignificantes sentencias) por consejos de guerra. Dicha operación fue llevada a cabo para asegurar a Estados Unidos una posición favorable en la competencia por el control de la riqueza y los mercados de Asia. La famosa retórica florida del Presidente Woodrow Wilson durante la primera guerra mundial ocultó las medidas mediante las cuales Estados Unidos desplazó a Gran Bretaña de Centroamérica, tomando el control de los recursos petrolíferos de Guatemala, para mencionar un solo ejemplo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se aprovechó del cansancio de Gran Bretaña para ensanchar su influencia y control, a expensas de los ingleses en América Latina, Asia y el Oriente Medio.»{13}

La dialéctica entre estados por lo tanto, como sostiene Gustavo Bueno, es efectiva, y envuelve la dialéctica entre clases, subordinándola y acotándola:

«(...) Cada Estado, y más aún los Estados imperialistas, no se constituyen únicamente en función de la «expropiación» de los medios de producción en el ámbito de su recinto territorial. Cada Estado (ya en la fase de las «ciudades -estado enclasadas») se constituye en función de la apropiación del recinto territorial en el que actúan y mediante la exclusión de ese territorio y de lo que contiene de los demás hombres que pudieran pretenderlo. El enfrentamiento entre los Estados, según esto, habría que de ser ya considerada (aunque el materialismo histórico tradicional no lo haya hecho así) como un momento de la misma dialéctica determinada por la apropiación de los medios de producción (originariamente el territorio, sus recursos mineros, su agua, su energía fósil...) por un grupo o sociedad de hombres, excluyendo a otras sociedades o grupos congéneres. De este modo resultará que son ya los mismos expropiados de cada Estado aquellos que por formar parte de él, están expropiando a su vez unos bienes a los cuales en principio, tienen también «derecho» los extranjeros. (...)

Y en la medida en que cada Estado sólo se constituye como tal y desarrolla sus fuerzas de producción en le proceso mismo de codeterminación (incluyendo los intercambios comerciales ) con los otros Estados competidores, y en la medida en que la apropiación de los medios de producción, definidos dentro de los límites de cada Estado sólo puede considerarse consumada tras la constitución del mismo Estado (cuya eutaxia sería meramente nominal si no contase con el consenso, espontáneo, obligado o aceptado de los mismos expropiados, que prefieren o necesitan mantenerse en el Estado a emigrar a otros Estados) habrá que concluir que la división de la sociedad en clases no es anterior al Estado sino, al menos lógicamente, posterior a él.»{14}

Empero mientras tanto, tampoco cabe pensar –mal que le pese al denodado funcionario Francisco Fukuyama– que la historia haya concluido ya, en un gratificante happy end perpetuo para la «Pax Americana». Por circunscribirnos al ámbito Iberoamericano en el que se desenvuelven los acontecimientos que analizamos pueden detectarse con facilidad ciertas tendencias pujantes y significativas que marcan, en nuestros días, la escala inmediata en que es preciso moverse para entender algo: fenómenos como las contundentes victorias de Luis Ignacio Lula Da Silva en las elecciones generales de 2002 en Brasil, por ejemplo, o de Lucio Gutiérrez en Ecuador pero también la fuerza electoral creciente del MAS y su líder Evo Morales en Bolivia{15}. Además subsisten, en la zona hispanoamericana, múltiples «puntos calientes»{16} de los que Cuba y Venezuela son tan solo los ejemplos más esclarecedores. La guerra civil en Colombia y el avance cierto de las FARC-EP y el ELN cuya lucha se ha extendido ya la propia Bogotá, ha determinado la declaración del «Estado de Conmoción Interna» por parte del Gobierno presidido por el nuevo mandatario Álvaro Uribe. A la luz de la doctrina política expuesta por Carlos Schmitt en La Dictadura, puede ciertamente mantenerse que el gobierno colombiano demuestra con ello ser soberano («Soberano es quien declara el estado de excepción, quien conserva la jurisdicción sobre el ius belli), pero también es verdad que las FARC son asimismo soberanas sobre el territorio dominado («liberado»), con lo que la situación reproduce bien de cerca las pautas de un enfrentamiento bélico civil (con dos unidades políticas enfrentadas según el esquema schmittiano de «amigo-enemigo»- enemigos públicos y no rivales privados, hostis, no inimicus- en el que el jurista alemán colocaba el momento esencial del «el concepto de lo político»{17}) y no tanto las del terrorismo como suele pretenderse. Ahora bien, la intervención imperial en la guerra civil colombiana no es ya, un asunto sobre el que quepa emitir opiniones como queda patente a la luz del Plan Colombia. Es más, el miércoles 4 de diciembre (coincidiendo no sólo con la plena efervescencia del «Paro Cívico» venezolano, sino también con el mes de Presidencia colombiana del Consejo de Seguridad de la ONU, con lo que el factor iraquí no podía ser más diáfano) la visita del secretario de Estado de EEUU Collin Powell, al Palacio Nariño, sirvió para atar el incremento de las ayudas norteamericanas al gobierno de Uribe en doscientos millones de euros.

Podrían mencionarse otras situaciones igualmente relevantes y reveladoras (la crisis económica argentina que va llegando paulatinamente a condiciones verdaderamente vergonzosas, sobre todo el las provincias norteñas de aquel país sudamericano) pero acaso podrían terminar por alejarnos demasiado del problema del Paro Venezolano. No nos resistimos, en cambio a enfatizar la importancia que en este contexto vale atribuir a la propuesta española y portuguesa formulada en la «Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno» de 2002, celebrada recientemente en la República Dominicana; una propuesta que iría en la dirección del fortalecimiento de la estructura económica y política (no ya cultural, literaria, simbólica ) de la Comunidad Iberoamericana. Al margen de las limitaciones obvias que al alcance de tales planteamientos impone la misma pertenencia de España y Portugal a la UE, y la amenaza intrusiva de EEUU, nos parece que es precisamente esta dirección la única que puede imprimir a la mecánica de las Cumbres un vigor que evite que éstas permanezcan reducidas a la condición de papel mojado.{18}

3. El Paro Cívico de diciembre de 2002 en Venezuela

Gustavo Bueno Sánchez culminaba su análisis del golpe de estado de abril del modo siguiente:

«Ahora la mayoría de los venezolanos han decidido que la República Bolivariana es el camino para acercar las diferencias económicas y sociales entre los venezolanos, para lograr un reparto más equitativo de su riqueza. Si esta mayoría no es defraudada, el sistema democrático puede apoyar a la revolución mucho tiempo. Y esa mayoría no será fácilmente defraudada si se perciben avances significativos, y sobre todo si los políticos no se corrompen y comienzan a robar directamente, o permiten que sus amigos se enriquezcan. Si no se duermen... que el enemigo tampoco va a dormirse.»

Y efectivamente, el enemigo no se durmió en modo alguno. Pocos meses después de abril de 2002, la reacción volvió a protagonizar en las calles de Caracas manifestaciones, disturbios varios, y «caceroladas» exigiendo –y ello como si los manifestados detentaran alguna autoridad para realizar exigencias de este tipo– la revocación de la Constitución de 1999 y la dimisión del Presidente Chávez. Por su parte, el gobierno ha venido denunciando otras intentonas de pronunciamientos Cívico-Militares, amagos de magnicidio, &c.

Ahora bien, los acontecimientos sin comparación más graves sufridos en la vida política de la República Bolivariana son los representados por la Huelga General indefinida que los más significativos sectores de la oposición al régimen han iniciado en el último mes de 2002: la Coordinadora Democrática por un lado –por el lado de la «clase política»– y CTV y Fedecámaras por el otro –del lado de la «sociedad civil», de los «agentes sociales»–.

3.1. El Paro Cívico: los «Hechos»

Presentamos a continuación un sucinto recorrido por los hitos más significativos que han venido rodeando la convocatoria de una Huelga General indefinida en Diciembre de 2002 en Venezuela:

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce en su artículo 72, la posibilidad de convocar, a mitad de la legislatura (a los cuatro años de mandato gubernamental; las legislaturas venezolanas son más largas que las españolas) un referéndum revocatorio de todos los cargos elegidos por mandato popular. De este modo, la continuidad del Presidente Chávez y del gobierno del Movimiento V República podría, según lo estipula la misma Carta Magna, someterse, a partir de agosto de 2003, a las consultas electorales previstas por la legalidad democrática venezolana y ser así, depuesto legalmente por la oposición. Eso sí: siempre claro está, que la oposición alcance –con alguna de las fuerzas políticas que se enfrentan al gobierno– el mismo número de votos (es decir una amplia mayoría absoluta) que obtuvo el Polo Patriótico, en las elecciones celebradas en 1999. Esta victoria es al parecer, de momento, notablemente improbable.

Sin embargo los partidos políticos que conforman la Coordinadora Democrática solicitaron al Consejo Nacional Electoral –detentador del llamado «Poder Electoral» tal y como queda reconocido por el artículo 292 de la Constitución– el adelanto del eventual referendo revocatorio al 2 de febrero de 2003. El Tribunal Supremo de la nación anuló la decisión adoptada –a lo que se ve, a través de un proceso trufado de irregularidades– por el C.N.E, y fue entonces cuando la oposición política (la Coordinadora Democrática), Fedecámaras y el sindicato CTV tomaron la determinación de volver a la carga, a fin de poder en esta ocasión finiquitar el trabajo abortado chapuceramente en abril: derrocar a Chávez y anular la Constitución «por la vía de los hechos», de las caceroladas y de la «Huelga General Revolucionaria». No son ciertamente otras las conclusiones que cabe sacar de las amenazas caciquiles de Carlos Ortega, líder de la aristocracia obrera petrolera, según las cuales el coronel Chávez Frías habría «desaprovechado la última oportunidad para abandonar el poder político por las buenas».

El lunes 2 de diciembre de 2002 tuvo lugar una huelga general desprovista de reivindicaciones laborales que no consiguió ni de lejos, paralizar el país (los pequeños y los medianos comercios continuaron funcionando con normalidad, al igual que los medios de transporte público, el abastecimiento petrolero, la educación, la circulación financiera &c). En vistas del fracaso de sus objetivos, los grupos responsables de la convocatoria decidieron extender indefinidamente el paro nacional (calificado ya de «Paro Cívico» por los propios organizadores en una añagaza terminológica que la prensa nacional e internacional ha terminado por asimilar «ingenuamente»{19}). En previsión de que la gasolina y el gas pudieran empezar a escasear, colocando así a la sociedad política en su conjunto al borde del colapso, la oposición, a través de uno de sus voceros Andrés Velásquez, lanzó la consigna «El pueblo a la calle», ratificando de este modo la conversión táctica del Paro Cívico en Paro Activo, la huelga de la clase ociosa y de los trabajadores privilegiados comenzó a abrirse camino a través de los disturbios, los sabotajes, las manifestaciones y la acción coactiva de los piquetes de la CTV. Para el tercer día de huelga, un pequeño grupo de gerentes y directivos de la petrolera PVSA se declaró en huelga tratando de bloquear la marcha del mayor sector industrial venezolano. Mientras tanto, Chávez que suspendió el miércoles 4 un viaje previsto a Brasilia donde el jefe del Estado tenía que haber asistido a una convención de MERCOSUR, pronunció a través de la radio un llamamiento a la población en el que declaró que el gobierno neutralizaría los planes desestabilizadores de la oligarquía:

«(...) el país no lo van a embochinchar ni lo van a desestabilizar. Las acciones de la Guardia Nacional seguirán tomándose contra los grupos que pretendan desestabilizar. Esas actuaciones para neutralizar esos pequeños intentos son para evitar un escenario mayor. Pero estamos muy lejos de un estado de excepción.»{20}

El jueves 5, cuarto día desde el inicio del paro, mientras el carguero petrolífero Pilin León y otros tres mercantes se unían a la huelga (lo que propició por cierto la correspondiente intervención militar que acabó por sustituir a la tripulación amotinada por otra leal), fuentes de la delegación de la OEA (Organización de Estados Americanos) presidida por César Gaviria que permanece en Venezuela desde el 8 de noviembre, señalaron que guardaban sospechas de que la oposición «manejaba una agenda oculta» acaso referida al control de los pozos petroleros útiles como baza en un eventual proceso negociador. Y en efecto, sólo de este modo cabe explicar la calculada coordinación con la que comenzaron a trabajar los desestabilizadores opositores persiguiendo el desabastecimiento petrolero del quinto exportador mundial de crudo. Empezaron a encadenarse de este modo, los plantes de algunos buques armadores y remolcadores tanto estatales como privados con el paro de trabajadores de la empresa refinadora más importante del mundo (el Centro Refinador de Paraguaná) lo que impidió el tratamiento de más de un millón de barriles diarios{21}.

Sin embargo sería la noche del viernes 6 de diciembre de 2002, cuando el conflicto huelguista adquirió una nueva forma: un tiroteo iniciado en la Plaza Francia, en el distrito caraqueño de Altamira se resolvió en la muerte de cinco civiles y un buen número de heridos. De forma inmediata, Enrique Medina Gómez, un general sedicioso de las fuerzas armadas venezolanas, atribuyó el altercado sin presentar prueba alguna al gobierno «chavista» e irresponsablemente llamó al ejército al levantamiento armado. Horas después, aprovechando los tres días de luto «activo» decretados por la Coordinadora Democrática en honor a las víctimas de la Plaza de Altamira, también los partidos de oposición responsabilizaron a Chávez de las muertes y convocaron a la población a ejercer la desobediencia civil contra el Ejecutivo Forajido. Sin embargo el general de división Julio García Montoya desilusionó con la ratificación de la lealtad de las fuerzas armadas a la democracia y la Constitución, la esperanza de los golpistas en un alzamiento militar.

El lunes 9 de diciembre, miles de seguidores del gobierno y del movimiento V República, hastiados tal vez de la intoxicación informativa causada por los brazos propagandísticos de la reacción, tomaron las instalaciones de canales de radio y televisión tales como Globovisión, Televen y Venevisión en Caracas o TVS en la ciudad de Maracay en tanto los huelguistas –aunque de esto último no se hayan hecho tanto eco los medios periodísticos españoles{22}– hacían los propio, destruyendo la sede de la televisión pública. Además el mismo miércoles 11 una minoría del Tribunal Supremo formada por ocho de los veinte magistrados que componen el Alto Tribunal se adherían al paro desestabilizador. Evidentemente el conflicto había alcanzado niveles preocupantes que hacían atisbar los posibles hilos de la estrategia opositora, se trataba pues de sembrar el caos y la confusión en el país (a través de los inapreciables beneficios que reporta el controlar la prensa y el permanecer en disposición de sobornar generosamente a los sectores más mercenarios del ejército) para poder justificar así, ante el grave peligro que corre la «democracia» y la estabilidad económica en Venezuela, una eventual re-edición corregida y aumentada del golpe de estado del 11 de abril.

Y entretanto, ¿en qué consistieron exactamente –vale preguntar– las labores mediadoras de la OEA, César Gaviria y sus muchachos?. El domingo 9 de diciembre, Gaviria consiguió reunir en una mesa de negociación sendas delegaciones de las partes enfrentadas. Con todo, y sin perjuicio de que como lo explicó el representante de la OEA, ambas partes «se trataran con respeto», no parece que tal maniobra haya tampoco servido de mucho; y no precisamente debido a la intransigente actitud del gobierno. La Coordinadora Democrática, Fedecámaras y CTV han virado de objetivo táctico, sustituyendo la reivindicación de un referéndum consultivo no vinculante por la exigencia del cese automático del actual gobierno venezolano y de su Presidente. Condiciones de todo punto inaceptables en una sociedad democrática como podrá comprenderse con facilidad sobre todo si se tiene en cuenta que aunque pretendan erigirse en «representantes de la sociedad civil»{23}, ni CTV, ni Fedecámaras representan realmente a nadie al margen de los trabajadores y empresarios asociados, y desde luego no les asiste ningún derecho a tratar de tumbar- en virtud de la contundencia de la acción directa- a un gobierno que cuenta de momento con la aprobación de la absoluta mayoría de los venezolanos. En concreto era Carlos Ortega quien, como quien habla en nombre de el pueblo en virtud de una sabiduría dinamada de lo alto cuyos esotéricos contenidos se mantuvieran inaccesibles, se atrevía a advertir:

«Chávez se equivocó, se le terminó el tiempo de burla. El paro cívico nacional activo es indetenible y triunfador. (...) que de una vez por todas renuncie es necesario para que el país pueda transitar por la vía de la paz, la tranquilidad y restituir la confianza. La gente a la que usted nunca escuchó, lo echará»

También Jaime Carter, ex presidente de los EEUU recientemente condecorado con el Premio Nobel de la Paz en su calidad de «desfacedor de entuertos» internacionales ha tratado de meter baza mediadora en el asunto recomendando irénicamente:

«(...) negociar con buena voluntad, intentar llegar a algún acuerdo con la oposición, y considerar si, en el marco de la Constitución, el pueblo venezolano puede decidir si el presidente Chávez debería poner fin a su mandato.»

El portavoz de la Presidencia de los Estados Unidos de América del Norte, Ari Fleischer, también advertía en la misma línea, que el único camino pacífico es el adelanto electoral que reclaman los huelguistas.

Por su parte finalmente, el Gobierno chavista prepara, en flexible y democrática actitud una enmienda a la Constitución de 1999 a fin de poder terminar con la crisis en virtud de un adelanto electoral que despoje a los huelguistas de argumentos justificadores de sus actividades perturbadoras del orden instituido. Ahora bien, es dudoso que ni siquiera esta medida consiga acabar con el paro; antes al contrario, tan «tolerante» determinación corre el riesgo de ser interpretada más bien como un gesto de debilidad y cobardía por parte del gobierno. Y ello tanto de cara a la reacción (que no está sin duda interesada tanto en un adelanto electoral cuanto en una «solución final» que permita acabar con la Revolución y comenzar la tarea de restituir los privilegios económicos y sociales de la oligarquía) como respecto a las mismas bases populares que en su día apoyaron al Movimiento V República (quienes desde luego no están interesadas en que el Gobierno de Chávez haga dejación de su obligada firmeza). Una salida alternativa acaso más drástica, de la que los golpistas serían –todo hay que decirlo– los únicos responsables, podría ser la representada por una suerte de Dictadura Comisarial que contribuya a descabezar las organizaciones sediciosas antes de que éstas logren asfixiar la eutaxia del régimen bolivariano. Escribimos in medias res, cuando el proceso todavía se mantiene in fieri. Es así por lo tanto que, carentes de ciencia de visión, desconocemos cuál pueda ser finalmente la resolución del conflicto a pesar de lo cual, algunas líneas alternativas aparecen sin duda ninguna, como más probables que otras y no es difícil calcular para el futuro,escenarios todavía más graves y turbulentos para la democracia si el gobierno no pone decididamente los medios para conjurarlos.

3.2. El Paro: un proyecto claro y distinto

Volvamos un momento sobre la consideración del proyecto huelguista español del 20-J y a la denuncia que de la confusión presente en sus planteamientos realizaba Gustavo Bueno. Decíamos al principio de este artículo que el análisis crítico de Bueno puede también esclarecer la situación venezolana si bien aparentemente son muchas y muy fundamentales las diferencias que subsisten entre los programas de ambas huelgas generales y sus respectivas ejecuciones; y ello hasta el punto de que pudieran parecer absolutamente incomparables. En efecto, mientras que uno de los motivos de denuncia en los que incidía el artículo de Gustavo Bueno era sin duda alguna la oscuridad que podía detectarse al sondear las inconmensurabilidades entre los discursos de los promotores de la huelga general del 20-J (según éstos, «una huelga meramente económica, centrada en reivindicaciones laborales, totalmente al margen de cualquier motivación político-partidista») y los objetivos reales aunque inconfesados de naturaleza claramente política y aun partidaria (la estrategia de «acoso y derribo» al gobierno de la nación, a su Presidente José María Aznar y al partido que lo sustenta, el PP durante el acto de clausura de la presidencia española de la UE) en la medida en que la misma huelga (junto con otros movimientos tácticos y estratégicos) quedaba internamente concatenada con las aspiraciones de la «oposición política» y el partido que la comanda. Y ello por dejar intacto, aspectos todavía peor aclarados de la convocatoria del 20-J tales como lo puedan ser la coincidencia con el encierro de la Universidad Pablo de Olavide, o los «contubernios» internacionales que se dibujan a escala europea e internacional.

En cambio, el Paro Cívico venezolano de diciembre parece por el contrario, escenificar un proyecto de carácter en cierto modo inverso. Si la huelga general española constituía sobre todo una movilización «oscura y confusa», la venezolana parece ser en cambio, la puesta en marcha de planes y programas escrupulosamente «claros y distintos». Y efectivamente; es así para empezar que ni siquiera cabe objetar a la convocatoria de paro de la oposición venezolana la pretensión de pasar, ladinamente, por una huelga meramente laboral dado que, entre otras cosas, ninguna reivindicación económico-salarial figura entre los objetivos de los promotores del paro. Se diría que lejos de ocultar bajo una confeccionada mascarada la realidad de un paro subrepticiamente político, las acciones encadenadas de los opositores al gobierno de Chávez han pretendido «reconocer» ab initio, las intenciones político-partidistas que habrían movilizado la huelga. ¿Y cuáles son tales intenciones tan transparentes?, desde luego lograr la cancelación de la Constitución de 1999 y desalojar de la Presidencia del gobierno a Hugo Chávez Frías, pero procediendo –faltaría más– en todo momento bajo la especie de la democracia. De este modo los venezolanos que han participado en los sucesos de diciembre de 2002 –y que en tantos casos coinciden además con los organizadores de la asonada de abril o de quienes, aun sin organizarla, permanecían celebrándola cuando se vieron sorprendidos por el regreso del coronel de paracaidistas al Palacio Presidencial de Caracas– han conseguido presentarse «ante la opinión pública internacional» (y ello por supuesto, con la inestimable colaboración de la influencia de los medios de prensa y las agencias de noticias) como honrados y cívicos defensores de la democracia liberal, constitucional y de partidos, como paladines del «Estado de Derecho». Correlativamente, los responsables de la Coordinadora Democrática, Fedecámaras y el sindicato CTV han podido hacer aparecer a Hugo Chávez como una suerte de sátrapa bananero, un tirano enemigo de la división de poderes y de la partitocracia constitucional al mando de las hordas desbridadas que formarían, según esta versión, los Círculos Bolivarianos. Un demagogo, acaso poderoso por su ascendencia sobre el «populacho»:

«A medida que las fuerzas democráticas avanzan en el proyecto de poner en pie a la ciudadanía para acabar con la extravagante dictadura de Hugo Chávez, el presidente ex -golpista, o simplemente golpista, se encierra en su búnker ideológico y castrense, rechaza cualquier sugerencia por razonable que sea proveniente de la OEA o de cualquier otro organismo mediador y acusa a sus adversarios de chantajistas, golpistas, cipayos del imperialismo, etc, etc. Ni Saddam Hussein (un amigo de Chávez, junto con el coronel Gadafi, otro amiguete) hubiera igualado al sátrapa venezolano en improperios de este jaez. Días pasados, Chávez parecía dispuesto a aceptar un referéndum sobre su permanencia en el poder previsto para el mes de febrero próximo. Ahora ya no. Ahora exige que si hay referéndum se celebre a mitad de su mandato, el mes de agosto próximo y que sea simplemente consultivo, es decir que no le obligue a nada. Obviamente la coordinadora democrática que agrupa a todas las fuerzas de la oposición civil y ciudadana rehúsa tal añagaza. Mientras tanto, las fuerzas armadas, la policía militarizada y las bandas o comandos «bolivarianos» atacan violentamente a quienes, en la calle o en las fábricas, en los barrios o en los «ranchitos», mantienen la cabeza alta y apoyan el paro general indefinido»{24}.

Sin embargo esta interpretación apenas puede mantenerse, y ello por motivos diversos. Tanto las caceroladas –que no fueron en ningún caso «espontáneas muestras de indignación de las masas ciudadanas» o al menos no lo parecieron según el modo de su ejecución–, como la obra de los piquetes y saboteadores, tanto la cercanía del conato golpista de abril como la coordinación «milimétrica» de militares rebeldes, sindicalistas, empresarios y periodistas tienden más bien, a probar precisamente la contraria de la que se sostiene. Los responsables del paro han venido a reproducir en sus desenvolvimientos, fiel y minuciosamente una pauta que supone la puesta en ejercicio del manual de la CIA para derrocamientos de gobiernos democráticos sin ausencia de detalle alguno: desde el aprovechamiento de la debilidad e indecisión del gobierno (cuyas actividades represivas sólo cínica y descaradamente puede pretender denunciar la oposición ) hasta las tentativas de estrangulamiento económico y de colapso energético pasando por la interconexión de partidos políticos, sindicatos y empresarios en un curso único de operaciones sediciosas{25}.

Acaso la Coordinadora Democrática confiaba, en este sentido, en lograr al paso del despliegue de sus actuaciones, generar tal sensación de caos y de descontrol político en el país que pudiera justificarse la puntilla de un nuevo golpe militar que rematase la tarea iniciada el 11 de abril de 2002; tampoco es imposible que el desenlace de la función se mantuviera inextricablemente entretejido, en las intenciones de sus planificadores,con una intervención «humanitaria» final a cargo del Tío Sam y sus muchachos. Aníbal Romero, politólogo de la Universidad Simón Bolívar parece desear una tal intervención sobre su país cuando en un artículo publicado en Libertad Digital expone:

«El problema de Washington y de una parte de la oposición venezolana ha sido creer que la democracia tiene siempre que defenderse con métodos democráticos. No es así, sencillamente porque la violencia y el despotismo pueden acabar con ella y con frecuencia lo han logrado. Para sostener la democracia es indispensable actuar con claridad conceptual y absoluta firmeza práctica, sin caer en el engaño y en el chantaje de los que usan la democracia para destruirla. No debe tolerarse al intolerante y Washington ha errado en su miope suposición según la cual admitir los fenómenos degenerativos de la democracia- como el chavismo- equivale a protegerla. Al contrario, con esa política la desprestigian más» (Aníbal Romero, «Washington y la situación venezolana, en Libertad Digital.

Sin embargo, si es verdad como parece que el objetivo último de los huelguistas es derrocar al Gobierno del Polo Patriótico no se ve cuál es exactamente la razón que ha movido a la Coordinadora Democrática a iniciar el «Paro Cívico» en lugar de esperar a que, según lo establece la misma Constitución de la República, agotada la primera mitad de la legislatura, el ordenamiento político permita celebrar un plebiscito electoral apto para desalojar, si el _demos «_soberano» así lo requiere claro está, a Hugo Chávez del sillón presidencial. Según lo interpreta Heins Dieterich{26} sería menester asignar importancia, en esta cuestión, al interés que puedan tener los golpistas en paralizar con premura la entrada en vigor prevista para el primero de enero de 2003 de dos leyes bosquejadas por el Gobierno: la Ley de Hidrocarburos tendente a desmantelar la corrupta infraestructura de la PVSA (estatalizando el total de los ingresos de la mismas) y la Ley de Tierras cuyas repercusiones sobre los privilegios plutocráticos de los latifundistas agrarios y los especuladores inmobiliarios se hace preciso cercenar mediante la conmoción ciudadana y el sabotaje{27}. Claro que también a la luz de este contexto cabe entender muy bien el significado que las resonancias del paro venezolano de diciembre han podido adquirir (sea pasiva, sea activamente) para la Casa Blanca y los poderes imperiales precisamente cuando la eventualidad de una nueva guerra «humanitaria» contra Irak puede comprometer el suministro petrolero de EEUU ante terceros productores de la zona del Golfo Pérsico; también interesa recordar en este sentido, que para EEUU, la teocracia wahabita de Arabia Saudí ha comenzado ya a dejar de comparecer como un fiable aliado en Próximo Oriente y como una fuente estable de oro negro en vistas a los indicios de la colaboración económica saudita –en la que justamente estuvo implicado al parecer el embajador en Washington de aquel país– en el ataque al corazón del imperio y en la yihad globalizadora de ideología islámica cuya primera manifestación pudo contemplarse por medio de la televisión formal el 11 de septiembre de 2001.

Y ya que la afectada transparencia del proyecto huelguista de diciembre en Venezuela, encubre en realidad, como podemos advertir, la oscuridad y confusión propias de un planteamiento cuyo alcance político-partidista apenas puede dejar de quedar patente cuando se practica un análisis mínimamente riguroso, ¿cabrá al menos considerar democráticamente aceptable (en el sentido de la democracia parlamentaria y de partidos «realmente existente») el despliegue de los particulares programas de sus promotores? Evidentemente no; al menos en tanto queramos atenernos al modo de ejecución que ha caracterizado las asonadas y los motines del mes pasado y de los que hemos tratado de dar razón morosamente. Y ello justamente dado, entre otras cosas, que nadie puede seriamente pretender –más allá de las regurgitaciones voluntaristas y subjetivistas interesadas más indecentes– que las «caceroladas» o las marchas hasta el Palacio Presidencial representan realmente la «voluntad del pueblo» frente a un Gobierno elegido mediante sufragio universal que cuenta con el 59% de los votos; tampoco se ve con facilidad como puedan componerse con la democracia parlamentaria que los huelguistas dicen defender, procedimientos tales como la «acción directa», el «golpe de estado» o simplemente el sabotaje y las operaciones coactivas de los piquetes «informativos» que muy poco significan en democracia, salvo tretas sediciosas. Y esto, precisamente, por no decir nada en torno a los movimientos conducentes a copar la producción industrial a efectos de poder controlar, como medida de presión, la capa basal de un cuerpo político:

«Una Huelga General democrática no puede parar la Nación, ni causarle daños tan graves; los derechos de una parte de la sociedad política no pueden atentar a la sociedad política misma y por ello «la ley que regule el ejercicio de este derecho (de Huelga), sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.»{28}

Lo que se quiere dar a entender con todo esto es algo realmente muy obvio y que se diría que resulta inequívoco: dar por buenas las veleidades ideológicas del discurso justificador al que los golpistas venezolanos y sus voceros periodísticos, «fabricantes de consenso» (en el sentido de Chomsky) se atienen requiere haber abstraído gratuitamente la «curiosa circunstancia» de que ha sido otro el veredicto popular clamorosamente establecido. Con todo, ello nos parece demasiado abstraer. Otra cuestión es ya que efectivamente la democracia liberal entendida a la manera de Schumpeter, como mero procedimiento técnico de segregación formal de líderes gobernantes (es decir, la democracia simpliciter: no hay otra) propicia de suyo la posibilidad de que las elites plutocráticas y caciquiles consigan, acompañadas de la aristocracia obrera del petróleo y de sectores lacayunos del ejército, sacar adelante un plan de acción conducente a la postración de un Estado en orden al mantenimiento de sus privilegios sociales y económicos y todo ello, a mayor gloria de los intereses depredadores de potencias imperiales a las que no puede serle ajena la marcha política de Venezuela.

«Todo esto es muy eficaz. Llega hasta nuestros días. Y desde luego, se plantea con mucho cuidado. La gente de la industria de las relaciones públicas no se dedica a ello para divertirse. Lo que hace es trabajar. Trata de inculcar los valores correctos. De hecho, tiene una concepción de lo que debería ser la democracia: debería ser un sistema en el cual se forme a la clase especializada para que trabaje al servicio de los amos, la gente que es dueña de la sociedad. Al resto de la población se le debería privar de toda formad e organización, porque la organización sencillamente causa problemas. Debería estar sentada a solas enfrente del televisor mientras le meten el mensaje en la cabeza, el mensaje que dice que el único valor en la vida es tener más mercancías o vivir como esa rica familia de clase media que aparece en la pantalla y tener valores bonitos como la armonía y el americanismo.»{29}

Notas

{1} También en Sevilla, y el día 21 de Junio de 2002 un grupo de varios centenares de inmigrantes ilegales (procedentes en su mayoría del norte de África, aunque también de Centroamérica o del Este de Europa) que permanecían «encerrados» desde el 10 del mismo mes en la Universidad Pablo de Olavide, iniciaron una huelga de hambre indefinida a fin de doblegar la firme actitud del gobierno central y de que éste cediese ante sus reivindicaciones de «papeles para todos». Tales propósitos naturalmente no podían ser llevados adelante de ninguna manera y resultaba bien sencillo predecir que el encierro tendría que ser finalmente anulado y sus protagonistas desalojados de la universidad andaluza, como así ocurrió en efecto: concretamente el 8 de agosto. En todo caso, es conveniente tener en cuenta que también el encierro (apoyado –y según muchos comentaristas políticos asesorado– además por la izquierda y por los sindicatos, ONGs, &c.) vino a quedar yuxtapuesto en tiempo y en lugar a la citada cumbre de la UE, como si se tratase –y no queremos tampoco resultar desmedidamente suspicaces– de la acción combinada de huelguistas e inmigrantes.

{2} A fin de cuentas como habría declarado muy bien el mismo Lenin en Las tareas de las asociaciones juveniles, «(...) nuestra moral se halla en todo y para todo sometida a los intereses de la lucha de clases del proletariado. Nuestra ética surge de esos mismo intereses de la lucha del proletariado. La lucha de clases es continua y nuestra tarea consiste en subordinar todos los intereses a esta lucha. No hay que acariciar la cabeza de nadie, podrían morderte la mano. Hay que golpearles la cabeza sin piedad.»

{3} «La Huelga General del 20-J: Un proyecto confuso», El Catoblepas, nº 6, agosto de 2002, pág. 2.

{4} Op. vid., Gustavo Bueno, Primer ensayo sobre las categorías de las 'ciencias políticas', Biblioteca Riojana, Logroño 1991, págs. 323 y ss.

{5} En el número 3 de El Catoblepas puede consultarse tres artículos sobre el particular, a los que remitimos al lector interesado por este recientísimo episodio de la historia de Hispanoamérica: Gustavo Bueno Sánchez, «Venezuela y Hugo Chávez, la constitución y el crucifijo», El Catoblepas, nº 3, mayo de 2002, pág. 10, Fernando Flores, y Eliseo Rabadán, «El coronel en su laberinto o la encerrona neoliberal: Chávez frente a la democracia imperial», pág. 6.

{6} James Petras por ejemplo (aunque no sólo él) da un paso más que nosotros, a su juicio «la Casa Blanca organizó el golpe», Cfr. en línea http://rebelion.org/petras/petras090602.htm

{7} Para la distinción entre las capas basal, conjuntiva y cortical del cuerpo político, véase, Gustavo Bueno, Primer ensayo sobre las categorías de las 'ciencias políticas', Biblioteca Riojana, Logroño 1991, ante todo págs. 307 y ss.

{8} Para toda esta temática ha de revisarse el excelente trabajo de James Petras, «El Capitalismo al fin del milenio», disponible en línea, http://rebelion.org/petras/milenio-petras.htm

{9} Ver Gustavo Bueno Sánchez, «Babel redivivo o divide vencerás», El Catoblepas, nº 2, pág. 10. También debe consultarse el texto del antropólogo norteamericano David Stoll, ¿Pescadores de hombres o constructores de imperio, versión en formato electrónico en la «Biblioteca Nódulo» (http://nodulo.org/bibl/stoll/ilv.htm)

{10} Veamos como Petras trata de desentrañar certeramente el tupido andamiaje de tales ardides ideológicos:

«Inmediatamente después entraron en juego los ideólogos del nuevo orden imperial. Ellos elaboraron un nuevo discurso (globalización) para darle una cierta legitimidad. El nuevo proyecto imperial hace varias afirmaciones y proyecciones futuras acerca del desarrollo capitalistas que necesitan ser deconstruidas y sometidas a un análisis crítico. La primera afirmación es que el sistema anterior «estatalista-populista» y su modelo económico estaba en crisis, una vez cumplido su ciclo, y que un nuevo modelo de acumulación era necesario, dirigido hacia el exterior en lugar de estar orientado hacia adentro: dirigido hacia el mercado mundial- el motor del crecimiento económico y el sector privado –su chofer–. La segunda afirmación es que el nuevo modelo requería un período de ajustes penosos en el cual los salarios más bajos y la eliminación de los empleos en servicios públicos llevaría a un crecimiento dinámico basado sobre la concentración del ingreso (un nivel más alto de ahorro e inversión), y flujos de capital en amplia escala, de largo plazo, que llevarían a nuevos trabajos mejor pagados y a ingresos más altos. La tercera afirmación es que la «transformación productiva» (conversión económica) y «modernización» que acompañó la liberalización incrementaría la competitividad internacional de las firmas latinoamericanas, aumentaría el consumo privado sobre la base de menores costos de producción e importaciones más competitivas y llevaría a una torta económica más grande, que incrementaría el ingreso real y beneficiaría a los pobres, aun cuando las desigualdades sociales existentes persistieran, como se esperaba que sucediera. Finalmente, los neoliberales sostienen que, una vez que el nuevo orden esté establecido, la liberalización económica conducirá a una política democrática. Entonces surgirán políticos responsables, preocupados con la administración del sistema de libre mercado y con evitar las demagógicas e irracionales demandas «populistas».» James Petras, vid supra.

{11} Lo que por cierto supondría una curiosa semejanza con otro proceso de interrupción armada del orden democrático: el golpe de estado chileno del 11 de septiembre 1973 preludiado por las huelgas en la Mina cuprífera de El Teniente que fueron organizadas por el sindicalismo de la aristocracia obrera como reconstruye cinematográficamente con mano maestra y detallismo extraordinario Patricio Guzmán en su gran película La batalla de Chile: la lucha de un pueblo sin armas (Chile Cuba, 1979).

{12} Gustavo Bueno, Ibid, págs. 160-161, subrayados del autor.

{13} Noam Chomsky, Sobre el Poder y la Ideología. Conferencias de Managua 2, Visor Dis, 2000, pág. 16.

{14} Gustavo Bueno, «Dialéctica de clases y dialéctica de Estados (respuesta a la crítica al libro España frente a Europa publicada en la revista Anábasis por Juan Bautista Fuentes Ortega.», El Basilisco, nº 30, 2001, págs. 83-90, pág. 88.

{15} Cfr. al respecto, «Hemos hecho explotar un germen de poder popular», en Resumen Latinoamericano, nº 61, septiembre-octubre de 2002, pág. 2.

{16} Cfr James Petras, «La polarización izquierda-derecha entre las urnas y la calle», disponible en internet, http://rebelion.org/petras/polarizacion210502.htm

{17} Cfr, Carlos Schmitt, El Concepto de lo Político, Alianza, Madrid 1998 (original alemán de 1932).

{18} En España frente a Europa, Gustavo Bueno atina con la clave del asunto a nuestro juicio. El texto siguiente es largo, pero creemos que merece la pena citarlo in extenso:

«Ahora bien, las «Cumbres», por su propia naturaleza, y como único modo de asegurar su recurrencia, tienden a poner entre paréntesis las cuestiones más conflictivas (relativas a la estructura política y económica de la «Comunidad») y se mantienen en el terreno de la «cooperación cultural», educativa o tecnológica. Tampoco ofrecen un marco adecuado para la cuestión de fondo, que tiene que ver con la «identidad cultural» a saber: ¿hay que adoptar como perspectiva subordinante la recuperación y consolidación de las culturas étnicas, o hay que consolidar esta perspectiva como subordinada esencialmente a la perspectiva hispana o iberoamericana, dejando de lado los programas de «inmersión total» de los pueblos en sus etnias respectivas? Son alternativas que difícilmente pueden resolverse a través de las «Cumbres», y aun de los procedimientos del diálogo ininterrumpido. Sólo un Mercado Común de países iberoamericanos, planteado en principio en términos estrictamente económicos, podría avanzar el proyecto hacia una ulterior Confederación de los pueblos iberoamericanos. Al menos parece evidente que los países americanos prefieren la apertura de mercados de bienes y de personas a los tratados de cooperación cultural, tecnológica o sanitaria o incluso a las inversiones de las grandes empresas que actúan desde la perspectiva de la «prepotencia de los conquistadores»; si bien esta apertura es vista con recelo desde Europa, y no solamente desde Francia, por parte de los campesinos franceses. También algunas asociaciones españolas (Asaja, por ejemplo) han manifestado sus recelos ante una posible avalancha de Mercosur. El contenido económico de un Mercado Común, con un Banco Central y una moneda única, presupondría ya, por el simple hecho de mantenerse, la voluntad de una convivencia comunitaria que podría ser capaz de reabsorber muchas divergencias irreversibles que se mantienen en el terreno de los principios.» Gustavo Bueno, España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999, pág. 389.

{19} Como muestra del partidismo inocente que ha llevado a los «medios de comunicación» a hacer suyo curiosamente el discurso de los huelguistas merece la pena transcribir las palabras de Rafael del Naranco, corresponsal en Caracas del diario español El Mundo:

«Es el contraste de la Venezuela de hoy y la realidad de una situación política en un país enfrentado en dos grandes bloques sociales como no se veía desde la lejana época de las guerras federales. Por esa razón, la única salida viable es que los venezolanos celebren un referéndum para saber cuántos votos tiene el gobierno y cuántos la oposición. Y de esa forma, dentro del juego democrático, limar asperezas. No será nada fácil, pues los ánimos están muy caldeados y los enfrentamientos son comunes entre los grupos opositores en las calles de las ciudades de todo el país. Pero,si no se realiza el plebiscito, el fantasma de una guerra civil seguirá latente.» («Un grupo de pistoleros mata a 2 personas y hiere a 14 en Caracas», El Mundo, 7 de diciembre de 2002, pág 32.)

{20} Tomado de el reporte de Milagros López de Guerrero, enviada especial en Méjico de El Correo Español. El Pueblo Vasco: «El tercer día de huelga contra Chávez no logra paralizar a Venezuela», El Correo, 5 de diciembre de 2002, pág 41. En un vídeo mandado a la cumbre brasileña de MERCOSUR, Chávez excusó su ausencia en razón de permanecer «derrotando al golpismo desestabilizador»: «Ustedes saben que en Venezuela estamos librando una nueva batalla en defensa de nuestra Constitución, la más legítima que el pueblo ha tenido en su historia» («Milagros López de Guerrero, «Los primeros signos de desabastecimiento de petróleo agravan la crisis», El Correo, 7 de diciembre de 2002, pág 37.

{21} Con todo, a la altura del 12 de diciembre el Ministro de Energía y Minas, Rafael Ramírez, daba razón del éxito de las medidas adoptadas en orden a «decapitar» la incidencia de las labores saboteadoras de los gerentes plantados: para aquella fecha, el llenadero de Yagua permanecía dispuesto para suministrar petróleo a más de diez estados de la nación, seguían asimismo operativos el llenadero El Palito y su oleoducto anejo, la situación podía encuadrarse dentro de la normalidad en Barquismeto, Vigía, San Tomé, Guaraguao &c, lo que podría garantizar el suministro a la mayor parte del territorio nacional. Por lo demás el ministro informaba de que las revueltas y sabotajes en Apure y otros estados se mantenían próximas a quedar por entero sofocadas.

{22} Juan Jesús Aznárez del rotativo español El País titulaba el miércoles 11 de diciembre, como sigue: «Chávez lanza a sus seguidores a la calle para intimidar a la prensa de la oposición».

{23} Para una contundente crítica al constructo fantasmagórico e ideológico que constituye la idea misma de «sociedad civil», puede leerse los «Comentarios al _Manifiesto contra la telebasura_» de Gustavo Bueno, en Telebasura y Democracia, Ediciones B, Barcelona 2002, a nuestros efectos nos interesan ante todo las págs 239 y ss.

{24} Alberto Mínguez, «Chávez en su búnker», Libertad Digital. Otra muestra del mismo autor, «Todo bajo control», Ibíd.

{25} Las similitudes con el caso chileno son puntuales e impresionantes como puede advertirse redcordando esquemáticamente los principales mojones que estructuraron los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973: «La actitud intransigente de esta aristocracia obrera, cuando los condicionamientos económicos de la situación impedían acceder a las mejoras por ellos solicitadas, encontró eco en la Democracia Cristiana, que pasó a convertirse en su mejor defensora. La huelga, que duraría setenta y cuatro días, tendría hechos tan violentos como el asalto «a tiro limpio» de los locales de la Unidad Popular en Rancagua. Más tarde se produce una marcha de mineros sobre Santiago, y, al ser detenida por la Policía, paran un tren e incendian dos vagones. Sin embargo, un millar de mineros llegan a la capital, donde secundados por jóvenes de la Democracia Cristiana, ocupan todo el centro levantando barricadas. La Central Única de Trabajadores hace un llamamiento a los trabajadores de los cordones industriales, logrando desalojar a los mineros, pero al precio de un muerto y setenta y cuatro heridos. Los democratacristianos levantan barricadas en otras partes, que la Policía tiene que destruir con tanquetas.. Los mineros reciben refugio en la sede de la Democracia Cristiana. Entre tanto, en el Barrio Alto, elegantes damas, afectadas por la situación de los mineros, se dedican a recoger fondos para el sostenimiento de la huelga. Pero todavía llegarían a más los parlamentarios democratacristianos al convertir en un gran dormitorio colectivo para los mineros y sus familias, la gran Sala del Congreso, en cuyo jardín se celebra una misa y una cena colectiva.

Por su parte, el Partido Nacional no se queda a la zaga. Más o menos coincidiendo con los hechos protagonizados por la Democracia Cristiana, la juventud del Partido Nacional lanza un plan de «resistencia civil» contra el Gobierno, proporcionando una estrategia común, para toda la oposición, en un documento que sin ambages y con una claridad meridiana, sugiere que «más vale arriesgarse durante un tiempo que sacrificar todo- incluso el futuro individual y familiar- en aras de la indecisión».

Pero la palma de la agitación se la lleva como siempre, el partido fascista Patria y Libertad. El Gobierno se decide a aplicar «mano dura» contra este movimiento, pero la dureza consiste en prohibir los desfiles y manifestaciones de esta agrupación y disponer que «cualquier militante al que se encuentre portando armas de cualquier tipo será detenido de inmediato y entregado a los tribunales». Es tal la represión contra Patria y Libertad que, en sólo una semana (del 17 al 24 de junio) esta organización consigue realizar 77 atentados con bombas y participa el día 24 del mismo mes en el «Tancazo».

Entre tanto, el Gobierno se ve desprovisto de toda autoridad y a merced de lo que se quiera hacer de él. Varios parlamentarios de izquierda, incluida la hermana de Allende, son vejados en la vía pública, y estas agresiones llegan hasta el propio general Prats al que se insulta, y se le deshinchan las ruedas del coche, teniendo que hacer uso de la pistola para defenderse.

Pero tal vez el hecho más asombroso es que un tribunal declara culpable al secretario de la Gobernación (que es puesto en libertad bajo fianza) por haber clausurado unos días antes una radio de la oposición, Radio Agricultura que había incitado a la rebelión, y cuyo director sería nombrado,por la junta militar, jefe de la instaurada censura de todos los medios de comunicación- Es cerrado por el Gobierno durante seis días, el diario El Mercurio, por publicar el Manifiesto del Partido Nacionalista sobre la desobediencia civil.

El día 29 de junio, un regimiento compuesto por 600 miembros y diez tanques, apoyado por elementos civiles de Patria y Libertad, ataca el Palacio de la Moneda con intención de derrocar al Gobierno. Fuerzas bajo el mando de Prats sofocan rápidamente la rebelión. Siete militares y cinco civiles mueren y son heridos diez de los primeros y treinta de los segundos. Pero la estadística más importante derivada de este acontecimiento es que, de acuerdo con lo manifestado en una reunión de los generales en activo con el Presidente, sólo cuatro de dieciocho se mostraron dispuestos a ayudarle, y que en las filas de los oficiales de menos rango, mostraban igual actitud contraria al Gobierno ocho sobre diez.

Como el golpe militar había fallado, la Democracia Cristiana no tiene inconveniente en declarar, el mismo día del «Tancazo» (de tanque), su adhesión al régimen constitucional y a los principios democráticos. Después del 11 de septiembre haría lo mismo, pero con respecto al régimen entrante. Sin embargo, se mostró totalmente intransigente en permitir que el Gobierno declarara el estado de sitio, con lo que se hubiera podido poner fin a la situación reinante. También se ponen inconvenientes para que entre a formar parte de un nuevo Gobierno, el rector de la Universidad Católica, un democratacristiano. (...)

Otra de las consecuencias del golpe es que, como medida de defensa y obedeciendo a un plan previamente concebido, la Central Única de Trabajadores dio orden a los obreros de ocupar las fábricas, negándose a desalojarlas a pesar de haber sido desobedecido el motín del coronel Souper. En las empresas se vive un clima de auténtica revolución y no se hace otra cosa que prepararse para el inevitable desenlace.

En los barrios burgueses el clima es similar: se reparten armas, se crean milicias, se establecen planes defensivos y hasta se habilitan depósitos de víveres y hospitales.

Patria y Libertad azuza el fuego para preparar y acelerar los acontecimientos. En los tres últimos meses lleva a cabo cerca de mil atentados. Son volados oleoductos, cientos de metros de carreteras y vías férreas, atacadas las casas de los militares partidarios, o, simplemente colaboradores con el régimen; se cortan las comunicaciones se hace un llamamiento desde una emisora tomada por asalto; una torre de televisión es volada; ocho ciudades se quedan ala vez sin fluido eléctrico.» (Juan Maestre, Made in América. Entre la masacre y el golpe de estado., Zero, Bilbao 1974, págs 106-109.)

{26} Heins Dieterich, «¿Por qué la urgencia de los golpistas venezolanos?», disponible en línea en rebelion.org

{27} Ensayando una dirección similar a la que recorre Dieterich, titula el diario mejicano La Jornada: «Tras el fracaso de abril, diciembre negro era parte del plan de paro en Venezuela. Urge derrocar a Chávez ante la entrada en vigor de la Ley de Hidrocarburos». Puede consultarse en Internet: http://rebelion.org/venezuela/jornada091202.htm

{28} Gustavo Bueno, «La huelga del 20-J: Un proyecto confuso», El Catoblepas, nº 6, agosto de 2002, pág. 2.

{29} Noam Chomsky, Actos de Agresión, Crítica, Barcelona 2000, pág. 19.

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