Rubén Darío Castro Orbe | Universidad Central del Ecuador (UCE) (original) (raw)

Papers by Rubén Darío Castro Orbe

[ES]El blanqueo de capitales se ha erigido en un connotado problema de la sociedad actual dado qu... more [ES]El blanqueo de capitales se ha erigido en un connotado problema de la sociedad actual dado que causa graves daños a la economfa de las naciones hasta inestabilidad y alto riesgo a la convivencia democrática. Sea por los efectos o por sus relaciones causales, dinámica y caracterfstlcas, es relevante para la potrtlca criminal, el Derecho Penal y el Derecho Procesal penal, al punto de constituirse en un desafio actual ante la exigencia social de alcanzar eficacia en su combate. La naturaleza del deUto que es uno de los de mayor complejidad por la connotación económica, institucional y gravedad, el uso de medios sofisticados para ocultar rastros, y el tipo de actores implicados, ha generado actuaciones administrativas, preliminares y judiciales cuestionadas en su eficacia preventiva, control y combate, cuanto sobre su ocultamiento, encubrimiento e impunidad. En este contexto, la investigación penal,la judicialización de casos y la posibilidad de probarlos y sancionarlos, motivan divergencias entre quienes legitiman actuaciones notoriamente reñidas con derechos y garantras procesales bajo la pretensión de eficacia, con quienes las reprochan en defensa de los derechos y garantfas fundamentales. Por ello, el problema plantea entender con cierta precisión la variedad y dinámica de fas conductas, para articular una proposición sistémica del ámbito procesal penal que procure, a la par, una actuación más eficaz en el combate pero evite posibles sesgos y violaciones contra las garantías procesales constitucionales. Esto, obliga a un punto de partida con dos aristas: por un lado, el actual Derecho Procesal penal de nuestros Estados que carece aún de medios humanos y técnicos para satisfacer a plenitud la prueba de estos ilicitos; y por otro, la cuestión nos aboca a preservar la armonfa entre las garantlas procesales constitucionales que tutela el régimen jurídico de todo acusado y la carga de la prueba que le corresponde a la acusación y que, en estos delitos, evidencia inaccesibil!dades o imposibilidades cuya consecuencia final es la impunidad de muchas conductas conocidas por el sistema penal de fos pafses. Cualquier proposición para lograr un combate eficaz, como exigen algunos sectores sociales y del poder, debe alejarse de cualquier pretensión de legitimación de aflicción a los derechos fundamentales y a las garantfas jurldlcas constitucionales como el debido proceso, la presunción de inocencia o el derecho a la defensa, entre otras. La respuesta a la demanda de seguridad, conlleva tanto la necesidad de eficacia en la lucha contra este delito, cuanto la de preservar los derechos fundamentales y el mantenimiento de un régimen acorde con el Estado de Derecho. Una orientación en otro sentido (como ha ocurrido en los foros cientffico-jurídicos) contradice ta concepción de que no es legitimo que el Estado use los mismos recursos, medios y conductas que se propone combatir. Las propuestas suponen la actuación legitima del Estado y de los demás actores de esa lucha. Asi, el estudio de aspectos procesales relevantes relacionados con fa carga de la prueba es de enorme trascendencia en un Estado de Derecho, por su complejidad e implicaciones. La premisa inicial es que los derechos fundamentales no son absolutos y, como todo derecho, tienen restricciones. las contradicciones entre derechos o entre derechos y garantras, determina ponderar y determinar la necesidad y viabilidad jurfdica de restringir ciertos derechos y ga ntras para habmtar exigencias procesales que implicarfan, por ejemplo, revertir la carga probatoria al imputado, con el presupuesto de que ella siempre implica la necesidad de cada parte por demostrar lo que es de su interés. El objetivo medular del estudio es la proposición sistémica de mecanismos jurfdico-procesales que, observando la tutela de los derechos fundamentales y la aplicación de principios acordes con ellos, habiliten la eficacia lnvestlgativa y prueba del delito, para combatirlo. El estudio de la prueba debe llevarse a cabo en sede procesal y requiere recuperar significativas y determinantes consideraciones teóricas para el desarrollo del proceso y la actuación de los sujetos procesales, cuanto para la decisión judicial motivada. Entre otros, se debe resolver los aspectos relacionados con su categorización jurfdlco-procesal, o sobre los que versa la prueba, o sobre las clases de prueba -con fundamental relevancia, sobre la prueba indiciaria- y las posibilidades y requerimientos que de ello surgen para las partes y para el juez (especialmente en función de la motivación y construcción de la decisión). Implica analizar las posibilidades, requisitos y condiciones que permitirran determinar hasta dónde es posible revertir la Carga probatoria al acusado, por estar dentro de su ámbito de control y disponibilidad sin afectar las precitadas garantfas. Todo, a consecuencia de las inaccesibilldades, imposibilidades y negaciones que, a cargo de la acusación, se convierten en evidentes causas de…

El blanqueo de capitales se ha erigido en un connotado problema de la sociedad actual dado que ca... more El blanqueo de capitales se ha erigido en un connotado problema de la sociedad actual dado que causa graves danos a la economfa de las naciones hasta inestabilidad y alto riesgo a la convivencia democratica. Sea por los efectos o por sus relaciones causales, dinamica y caracterfstlcas, es relevante para la potrtlca criminal, el Derecho Penal y el Derecho Procesal penal, al punto de constituirse en un desafio actual ante la exigencia social de alcanzar eficacia en su combate. La naturaleza del deUto que es uno de los de mayor complejidad por la connotacion economica, institucional y gravedad, el uso de medios sofisticados para ocultar rastros, y el tipo de actores implicados, ha generado actuaciones administrativas, preliminares y judiciales cuestionadas en su eficacia preventiva, control y combate, cuanto sobre su ocultamiento, encubrimiento e impunidad. En este contexto, la investigacion penal,la judicializacion de casos y la posibilidad de probarlos y sancionarlos, motivan diverge...

Rubén Castro Orbe, 2020

La propuesta de la norma está concebida en función de las condiciones que implica la capacidad de... more La propuesta de la norma está concebida en función de las condiciones que implica la capacidad del Estado para enfrentar la crisis y haciendo alusión a los recursos con que cuenta el sector público para el propósito; de modo que se mide el problema exclusivamente a partir de las condiciones del Estado y sus disponibilidades, no desde los esfuerzos y recursos que también debe hacer y comprometer el sector privado. ¿Por qué el análisis de la situación económica del país no alude a las ganancias acumuladas por las más grandes empresas del país en estos últimos años? ¿No es esa una visión más integral de la realidad para determinar quiénes necesitan ser apoyados y qué recursos y de quiénes, deben contribuir a soportar la crisis?

Resumen: Admitir la naturaleza político-ideológica del Derecho procesal penal y del ejercicio del... more Resumen: Admitir la naturaleza político-ideológica del Derecho procesal penal y del ejercicio del ius puniendi del Estado permite apreciar que el Derecho adjetivo es la voluntad de dominio, ya no en sí, sino para sí que tiene, como posibilidad verificable, la vulneración de la defensa del encausado. Por ello se ha de concluir que la utilización (o politización) de las judicaturas no es un problema que deviene solo del carácter del Derecho procesal. La cuestión central refiere a la misma naturaleza de la Función Judicial-que es política-y a las relaciones determinadas por ciertas condicionantes de las fuerzas en torno al poder que definen si el aparto judicial está o no al servicio del autoritarismo o de otras posibilidades de ejercicio del poder. Tal subordinación opera también cuando no hay dictadura o gobiernos no autoritarios. En este contexto, apreciar al Derecho probatorio y qué es la prueba y para qué sirve en el proceso, contribuye a esclarecer que este específico ámbito del derecho procesal penal tiene determinantes connotaciones que derivan de los principios jurídicos de los que recibe su fundamento, y su influencia sobre otros derechos conexos. De ello se derivan dos cuestiones centrales. La primera corresponde a que el derecho probatorio no refiere, apenas, a cualquier actuación procesal (como posibilidad de incorporar al proceso elementos para la configuración de la verdad formal), sino que constituye una de las más importantes garantías procesales. En general (no solo en el ámbito penal) es inconcebible el Derecho procesal sin derecho probatorio. Por ello es, sobre todo, garantía procesal. La segunda, por lo mismo, es constituye garantía al procesado sobre la calidad de la prueba de la acusación (es aquí donde muestra su real potencial como garantía). A la luz de estas reflexiones se posibilita esclarecer el escenario de riesgos y aflicciones que puede sufrir el derecho de defensa del encausado; sobre todo, será posible advertir la importancia de la teoría de la prueba prohibida, en el propósito de advertir a las partes procesales y a los jueces las violaciones y actuaciones ilegales que, por ser tales, carecen de eficacia procesal. Palabras clave: derecho probatorio, derecho de defensa, garantía, eficacia probatoria, prueba prohibida o ilícita.

A partir del desarrollo de problemas como la corrupción y la delincuencia organizada, el Estado h... more A partir del desarrollo de problemas como la corrupción y la delincuencia organizada, el Estado ha develado de manera más evidente su carácter clasista. Lo más trascendente de esta evidencia permite apreciar que la burguesía que instrumentaliza sus intereses, no es solo la tradicional que vive de la acumulación capitalista sustentada en la explotación de la plusvalía del trabajo sino una nueva, constituida a partir de la acumulación que permiten los delitos económicos más connotados de la contemporaneidad. Se pretende comprender que la visión del Estado benéfico y el concepto de delito no son apropiados para abordar estas expresiones de la actual sociedad y se propone incursionar en la comprensión del Estado criminal y del sistema delictivo como necesidades teóricas para tratar otros problemas de la sociedad como los que refieren a las prácticas de violencia y su impunidad.

Aborda la política estatal dirigida a criminalizar actividades ejecutadas, especialmente en el ám... more Aborda la política estatal dirigida a criminalizar actividades ejecutadas, especialmente en el ámbito del comercio, por sectores sociales pauperizados que, en la literatura sociológica o de la economía fueron cualificados mayoritariamente como "informales". Muestra la inconsistencia y sesgos de esa criminalización.

Propone, en el plano normativo y dogmático constitucional, varios principios orientados a consoli... more Propone, en el plano normativo y dogmático constitucional, varios principios orientados a consolidar el Estado Constitucional de Derecho, la preservación de la democracia y habilitar la responsabilidad del funcionariado estatal en general en la aplicación y preservación de la Constitución y el régimen que ella instituye.

Trata las instituciones del Derecho Colectivo en el Derecho Laboral ecuatoriano y sin embargo de ... more Trata las instituciones del Derecho Colectivo en el Derecho Laboral ecuatoriano y sin embargo de ser edición de 1994 mantiene vigencia plena en sus contenidos dogmático-jurídicos. Es un texto para apoyo a los estudiantes de la carrera de Abogado consultado en las universidades ecuatorianas

Expone los fundamentos del la teoría marxista del Derecho y desarrolla algunas apreciaciones sobr... more Expone los fundamentos del la teoría marxista del Derecho y desarrolla algunas apreciaciones sobre varios aspectos del orden jurídico y de las relaciones jurídicas; al tiempo, muestra las debilidades teóricas de algunas concepciones jurídicas, con énfasis en Kelsen, Hegel y las tesis que informarían una comprensión idealista y no científica de la categoría jurídica.

Son las siete de la mañana y, en el portal de la iglesia, una mujer cuya apariencia es de unos cu... more Son las siete de la mañana y, en el portal de la iglesia, una mujer cuya apariencia es de unos cuarenta años, exhibiendo su pierna lacerada, vocifera unas cuantas frases parecidas a rezos que se mezclan con pedigüeñas súplicas de unos centavos para sus curaciones o para mantener a sus hijos. Al otro costado, un andrajoso y mugriento sujeto, estira su brazo para mostrar en su mano un jarro sucio y desvencijado en el que las monedas producen un sonido -casi silencioso-cuando alguien las deja caer en su interior. En otro sitio de la ciudad, un hombre joven a quien le acompaña un raquítico perro atado con una soga, escarba entre las fundas de basura apiñadas en el sitio dispuesto por la empresa municipal. Y, en la avenida grande, donde existe una enorme afluencia de vehículos apurados, una madre con su hijo recién nacido en brazos, intenta aprovechar el semáforo en rojo para recorrer lo que más pueda cerca de las ventanas de los autos para recaudar -con rogativas-las dádivas de los que le tienen conmiseración.

Conference Presentations by Rubén Darío Castro Orbe

Se aborda una sustentación teórico-constitucional del carácter especial y sui géneris del órgano ... more Se aborda una sustentación teórico-constitucional del carácter especial y sui géneris del órgano denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social-Transitorio, que fue dispuesto en la Consulta y Referéndum celebrado en Ecuador el 4 de febrero de 2018 y se explica los alcances de sus potestades.

Rubén Castro Orbe, 2020