Convención Nacional Democrática de México, 16 de septiembre de 2006, El Catoblepas 55:1, 2006 (original) (raw)
El Catoblepas • número 55 • septiembre 2006 • página 1
Convención Nacional Democrática de México
Claves de un nudo histórico
Ismael Carvallo Robledo
Se presenta una selección de documentos (e imágenes) en donde quedan ofrecidas las claves esenciales que definen el sentido histórico del proceso mexicano cuya dialéctica encuentra un punto de inflexión política en la Convención Nacional Democrática, efectuada el 16 de septiembre de 2006 en el Zócalo de la Ciudad de México
«El mundo es materia en movimiento.»
Lenin
«Para Gramsci, el Marx científico no es ya un positivista, sino el investigador que ha descubierto los hechos básicos en que arranca el acto histórico
(unidad, en la praxis, de los procesos de base y la acción política).
¿Qué factor desencadena el acto histórico?: la ideología.»
Manuel Sacristán
I. Presentación
1
El proceso político mexicano en cuyo desdoblamiento se inscribe, determinándose, nuestro presente,{1} entra en una nueva fase de configuración histórica que tiene como punto de inflexión política la Convención Nacional Democrática que se llevó a efecto el sábado 16 de septiembre de 2006, en el Zócalo de la Ciudad de México, ante aproximadamente un millón de personas.
En dicha Convención, se desconoció, por partida doble, tanto a Felipe Calderón como Presidente de la República como al régimen de instituciones, bloques de poder e intereses establecidos por cuyo través se urdió el fraude político-mediático-electoral con el que Calderón ha sido impuesto en la titularidad de la Jefatura del Estado mexicano.
Al mismo tiempo, Andrés Manuel López Obrador fue reconocido como Presidente legítimo de México y como dirigente político del movimiento de restauración de la República. Los asistentes, y el pueblo de México, quedaron emplazados para el día 20 de noviembre de 2006, aniversario de la Revolución Mexicana, para su toma de posesión.
2
La Convención, si seguimos aquí la tesis de Manuel Camacho,{2} se inscribe en una articulación de nudos históricos que, bajo la figura de Convenciones Nacionales, se ofrecen como los amarres histórico-políticos en cuya trabazón ha quedado afianzada la estructura material del Estado mexicano contemporáneo.
Desde esta perspectiva, una perspectiva cuya implantación política se define con arreglo al criterio fundamental según el cual sólo a través del poder del Estado es como la praxis política encuentra su momento de verdad, ha habido cuatro grandes convenciones nacionales en el siglo XX: la Convención Anti-rreeleccionista, convocada en 1910 por Francisco I. Madero y con la que se derrocó al antiguo régimen porfirista; la Convención de Aguascalientes de 1914, convocada por Venustiano Carranza, Jefe del Ejército Constitucional levantado contra Victoriano Huerta, y que a la postre fracasó por el desacuerdo entre Carranza y Villa; el Constituyente de Querétaro de 1916-1917, convocado por la facción victoriosa –dentro de la «lucha de facciones» desencadenada tras la fallida Convención de Aguascalientes– encabezada por Carranza y Obregón, y cuya cristalización política quedó cifrada en la Constitución Política que al día de hoy rige a la Nación; y la convención convocada y concebida por Plutarco Elías Calles, en 1929, que culminó en la asamblea fundacional del Partido Nacional Revolucionario (hoy PRI) y que marcó el derrotero político, institucional y burocrático por el que discurrió buena parte del siglo XX mexicano.
Según esta periodización, la Convención Nacional Democrática del 16 de septiembre de 2006, al tiempo de ser la primera del siglo XXI es también la quinta gran Convención Nacional desde la Revolución de 1910.
3
Ante el abyecto silencio mediático (con algunos medios que han sido la excepción como La Jornada, Proceso y Radio Monitor{3}) con el que se ha montado un verdadero cerco informativo «orwelliano»; ante la patética estulticia política de Vicente Fox, el cinismo lóbrego de Felipe Calderón, la levedad ideológica y la ambigüedad cómplice de Cuauhtémoc Cárdenas{4} y el griterío de intelectuales orgánicos y fundamentalistas democráticos que exigen que las disputas políticas se encaucen única y exclusivamente dentro de los límites de la razón pura, un nuevo bloque histórico se abre paso con un destacamento político de fuerzas dispuesto en varios frentes: un presidente de México en resistencia, Andrés Manuel López Obrador y un Frente Amplio Progresista como bloque de aglutinación ideológica, política y organizativa en donde quedarán articulados, por un lado, el bloque de la Coalición Por el Bien de Todos, como su brazo parlamentario y, por el otro, el Gobierno de la Ciudad de México como punto de apoyo estratégico en tanto que núcleo político de la república.
Así también, han quedado conformadas de modo paralelo tres comisiones permanentes de la Convención Nacional Democrática: una Comisión Política Nacional, una Comisión de Resistencia Civil y una Comisión del Proceso Constituyente (proceso que aparece en el horizonte inmediato de acción política de todo el movimiento).
Queda definida así una dialéctica en cuyas tensiones habrá de fraguarse un complejo y arduo proceso de systasis de la sociedad política mexicana, que está llamado a ser, del mismo modo que la Revolución mexicana de 1910, un referente histórico y político fundamental para toda Iberoamérica, y un polo de gravitación ideológica en orden a la configuración de la séptima generación de la izquierda, puesto que consideramos, parafraseando a Manuel Ugarte, que en el Río Bravo se divisa, como la postrimería de una Idea política que lucha por su permanencia, el horizonte último para el porvenir de un continente.
II. Documentos
A
Convocatoria a la Convención Nacional Democrática
15 de Agosto de 2006
Al pueblo de México:
Hoy vivimos momentos de definición histórica. Muchos mexicanos pensamos que es tiempo de reafirmar los derechos ciudadanos y los ideales de libertad, democracia y justicia.
De consumarse el fraude electoral para imponer al candidato de la derecha en la Presidencia de la República, se estaría pisoteando la voluntad del pueblo expresada en las urnas el dos de julio y se estaría violando a la vista de todos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A este agravio, que representa en los hechos reducir la democracia a una mera farsa, habría que agregar la decadencia y el descrédito de las instituciones que han dejado de representar el interés general del pueblo, como lo establece la Constitución.
En realidad, una minoría rapaz ha secuestrado a las instituciones y se ha dedicado a imponer autoridades para mantener y acrecentar privilegios, sin interés alguno en el destino del país, y mucho menos, en los reclamos de todo un pueblo que se ahoga en la injusticia y la pobreza.
Por esta razón, y con apego al artículo 39 de la Constitución, que a la letra dice:
«La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno».
LLAMAMOS a todos los mexicanos, mujeres y hombres libres, concientes y preocupados por el destino de la Nación, a poner fin a la República simulada, a construir las bases de un verdadero Estado social democrático de Derecho y a llevar a cabo las transformaciones profundas que el país necesita.
Esto implica: Combatir la pobreza y la monstruosa desigualdad imperante; defender el patrimonio de la Nación; impedir la enajenación de los bienes nacionales y la privatización del petróleo, la electricidad, la educación pública, la seguridad social y los recursos naturales; hacer valer la democracia y los derechos ciudadanos; defender el derecho público a la información; acabar con la corrupción y la impunidad de los poderosos; y renovar a fondo todas las instituciones civiles para ponerlas al servicio del pueblo y sujetarlas genuinamente a los principios constitucionales.
Convocamos a la realización de la Convención Nacional Democrática «Por el Bien de Todos», a celebrarse en el Zócalo de la Ciudad de México a partir del 16 de septiembre de 2006.
Esta Convención se llevará conforme a las siguientes bases:
Primera. De su concepto.
La Convención Nacional Democrática es:
Una iniciativa para organizar la resistencia civil pacífica de la sociedad y exigir el respeto de la voluntad popular.
Un diálogo democrático por la libertad, la justicia y la democracia, entre las diversas expresiones sociales, políticas y culturales de la Nación. Se trata de una discusión sobre la crisis política abierta por la imposición antidemocrática y la solución a los problemas fundamentales de México.
Segunda. De su objetivo.
La Convención Nacional Democrática tendrá como propósito fundamental decidir, con representantes de todos los pueblos del país, el papel que asumiremos en la vida pública de México ante la actual circunstancia.
Tercera. De los asistentes:
1.- Serán delegados de la Convención Nacional Democrática:
Todos los delegados electos en asambleas populares en pueblos, comunidades, municipios, organizaciones civiles, sociales y políticas.
Los presidentes municipales, síndicos, regidores, diputados locales, asambleístas, gobernadores, diputados federales y senadores que deseen participar.
Los militantes y dirigentes municipales, estatales y nacionales de partidos y agrupaciones políticas que decidan asistir.
Los miembros de organizaciones ciudadanas sin filiación partidista y de organizaciones sociales independientes, así como hombres y mujeres libres sin distinción de raza, credo, ideología o condición social.
Los delegados deberán acreditarse en todos los municipios y entidades federativas ante la Comisión Organizadora de la Convención Nacional Democrática.
2.- La Comisión Organizadora de la Convención Nacional Democrática dirigirá invitaciones a personalidades civiles, intelectuales, comunicadores, académicos, científicos y artistas de nuestro país, así como a movimientos y organizaciones sociales y políticas que participarán como observadores.
3.- Todos los delegados tendrán derecho a voz y a voto.
4.- Los invitados tendrán sólo derecho a voz.
5.- Al momento de inscribirse, los delegados deberán suscribir el compromiso de cumplir con el reglamento de la Convención.
6.- Cada delegado o colectivo que lo designe, se hará responsable de sus gastos de transporte y alimentación.
Cuarta. De las comisiones.
1.- La Comisión Organizadora de la Convención Nacional Democrática estará integrada por José Agustín Ortiz Pinchetti, Jesusa Rodríguez, Rafael Hernández Estrada, Socorro Díaz, Dante Delgado, Gonzalo Yánez, Elena Poniatowska y Fernando Shütte.
2.- Se formarán comisiones organizadoras en cada estado de la República integradas por dos miembros designados por la Comisión Nacional Organizadora y otros cuatro ciudadanos representantes de la entidad.
3.- La Comisión Organizadora de la Convención Nacional Democrática aprobará el reglamento de la Convención que normará el programa de actividades, los proyectos de resolución, el temario y los procedimientos de discusión. Estos documentos se darán a conocer con la debida anticipación para su análisis, estudio y discusión.
Quinta. Transitorios.
Todos aquellos aspectos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por la Comisión Organizadora de la Convención Nacional Democrática.
Zócalo de la Ciudad de México, 15 de agosto de 2006.
Atentamente
Comisión Organizadora de la Convención Nacional Democrática
Firmas
B
Proyecto de Resolución
de Andrés Manuel López Obrador
Proyecto de resolución que presenta Andrés Manuel López Obrador al Pueblo de México para su análisis, discusión y, en su caso, para su aprobación en la Convención Nacional Cemocrática
El día de hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió convalidar el fraude a la voluntad ciudadana expresada en las urnas el dos de julio y respaldar a los delincuentes que nos robaron la elección presidencial. Con esta decisión se rompe el orden constitucional y, en los hechos, se abre el camino a un usurpador que pretende ocupar la Presidencia de la República mediante un Golpe de Estado.
Los siete magistrados del supuesto Tribunal Electoral asumieron una actitud cómplice al desechar pruebas contundentes y pretender ignorar lo que es de dominio público. Durante todo el proceso electoral de 2006, desde su preparación hasta su calificación, el presidente Vicente Fox organizó y ejecutó un operativo de Estado para impedir a toda costa la llegada a la Presidencia de la República del candidato de la Coalición Por el Bien de Todos.
El fraude electoral no sólo le cerró el paso a un aspirante presidencial, sino que anuló de facto los derechos constitucionales del pueblo de México de escoger libre y democráticamente a quien gobierne los destinos de la Nación. Estamos ante un evidente retroceso en la vida democrática del país porque no hubo respeto al sufragio y se pretende cancelar el derecho de millones de mexicanos, en particular de los más pobres, de elegir un gobierno que verdaderamente los represente.
En una República democrática y representativa, el sufragio efectivo constituye la expresión de la soberanía popular. Pero una minoría rapaz que se ha apropiado ilícitamente del poder y de los recursos de la Nación, ha perpetrado este fraude electoral para imponer sus intereses por sobre las aspiraciones y necesidades del pueblo mexicano. Representa un atentado contra la soberanía nacional que, como establece el artículo 39 constitucional, reside esencial y originariamente en el pueblo.
La imposición y la usurpación comenzaron a fraguarse desde finales de 2003, cuando el gobierno de Vicente Fox y los grupos de poder más conservadores del país iniciaron una campaña para destruirnos políticamente. Primero intentaron involucrarme en presuntos actos de corrupción con los llamados videoescándalos. Ahora se sabe que fue una conspiración en mi contra, urdida por Carlos Salinas, Diego Fernández de Cevallos y Vicente Fox, en la que utilizaron a las instituciones del Estado y a los medios de comunicación. Quedó claro que se trató de una maniobra planeada desde el poder para desacreditarnos.
Posteriormente, recurrieron al desafuero. Torciendo la ley y utilizando instituciones del Estado como la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Cámara de Diputados, trataron de destituirme como Jefe de Gobierno del Distrito Federal para despojarme de mis derechos políticos e inhabilitarme jurídicamente como candidato. Pero la movilización de cientos de miles de mexicanos detuvo esta injusticia y me sacó adelante.
Como fallaron todos los intentos ilegales por impedir mi participación en la elección presidencial, el gobierno y la derecha planearon el fraude en los comicios de este año para detener nuestro triunfo.
El verdadero motivo para obstaculizar nuestro arribo a la Presidencia de la República, es porque defendemos un Proyecto de Nación que representa una crítica de fondo al modelo económico neoliberal que sólo ha beneficiado a unos cuantos privilegiados y ha empobrecido a la mayoría de los mexicanos. Nuestra propuesta de gobierno constituye un peligro para los intereses de una minoría rapaz y poderosa.
El fraude electoral de 2006 ha sido a la vez el más burdo y el más sofisticado de la historia electoral de México. Se recurrió lo mismo a los métodos tradicionales como el acarreo de votantes, la sustitución de funcionarios de casilla, el relleno de urnas con votos ilegales, y la falsificación de actas de escrutinio de las casillas, que a medios más sofisticados como la manipulación de los sistemas de cómputo, todo lo cual configuró una serie interminable de ilícitos electorales.
Desde el inicio del proceso electoral, el aspirante del PAN se convirtió en el abanderado oficial al que Vicente Fox buscó imponer por todos los medios, violando las leyes y la Constitución. El Presidente de la República, en lugar de actuar como estadista, se comportó como jefe de grupo y utilizó ilegalmente la estructura del Estado y recursos materiales oficiales para apuntalar la candidatura panista. Se usaron recursos públicos para comprar votos y los beneficios de los programas sociales a cambio de sufragios para el partido de la derecha.
El Instituto Federal Electoral, lejos de actuar como juez y árbitro de la contienda, se subordinó a los intereses de una minoría y de su candidato, convirtiéndose en cómplice del fraude para legalizar la imposición. Las autoridades electorales actuaron de manera facciosa y permitieron que el gobierno y el PAN gastaran millones de pesos públicos y privados que rebasaron con mucho los límites legales establecidos; toleraron también que, contraviniendo la ley, el partido de la derecha lanzara una guerra sucia en nuestra contra a través de los medios masivos de comunicación, como nunca se había visto en nuestro país; y por si fuera poco, solaparon la campaña ilegal del Consejo Coordinador Empresarial y de algunos grupos económicos para calumniarnos y generar miedo en la población. Con todo ello, antes de la jornada electoral ya se había configurado y tipificado el fraude como un operativo de Estado.
En la elección presidencial, el IFE violó sistemáticamente los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que deberían haber normado su actuación. Este organismo, en vez de cumplir con sus obligaciones legales, actuó abiertamente a favor del partido en el poder. En particular, fue notoria la complicidad con el gobierno federal de los consejeros electorales, quienes fueron designados en realidad por el PAN y por Elba Esther Gordillo Morales, símbolo del corporativismo sindical caduco y del antiguo sistema político priísta.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que conforme al artículo 99 constitucional es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, a pesar de las evidencias del fraude, se opuso a limpiar la elección y se negó a realizar el recuento «voto por voto» y «casilla por casilla», no obstante le fue demandado por millones de mexicanos y que tiene facultades de ley para ello.
Las irregularidades fueron muchas y en las cifras del IFE la diferencia entre los candidatos punteros fue mínima, pues el aspirante del PAN habría obtenidos 15.000.284 votos y el abanderado de la Coalición Por el Bien de Todos, 14.756.350 votos; es decir, una diferencia entre ambos de apenas 0,58 por ciento (243.934 sufragios), pero los magistrados del Tribunal Electoral, en un acto de simulación, sólo ordenaron la apertura de 11.839 casillas –al final resultaron 11.720–, correspondientes al 9,07 por ciento de las 130.477 instaladas en todo el territorio nacional.
A pesar de ello, esta diligencia judicial practicada por el Tribunal demostró que las alteraciones de los resultados electorales no fueron producto de «errores aritméticos» de los ciudadanos, sino parte de un operativo de fraude electoral fraguado y organizado por el grupo en el poder. En este recuento parcial quedó de manifiesto que se violó de manera sistemática la ley para defraudar a los votantes, llegándose incluso a manipular el conteo de los votos:
En el operativo fraudulento se introdujeron y eliminaron de manera ilegal votos en las urnas, pues en 43 por ciento de las casillas revisadas por los jueces se encontraron votos de más; es decir, votos que no fueron emitidos por ciudadanos. Se introdujeron ilegalmente un promedio de seis sufragios por casilla y en 30 por ciento de las urnas se robaron un promedio de 10 votos emitidos a favor del candidato presidencial de la Coalición Por el Bien de Todos;
La falsificación dolosa de actas de escrutinio se hizo evidente al recontar los votos, en miles de ellas aparecen registrados sufragios que no corresponden a los depositados por los ciudadanos. En 81 por ciento de las actas de escrutinio revisadas existen variaciones respecto a los votos emitidos, lo que confirma la adulteración masiva y deliberada para favorecer al candidato de la derecha, al que se le agregaron de forma artificial un promedio de 1.14 votos por casilla;
Este recuento demostró también que los paquetes electorales fueron abiertos y manipulados después del cómputo distrital; en todos los distritos electorales revisados, se encontraron cientos de paquetes sin los sellos oficiales y sin las firmas de los representantes de los partidos y de los funcionarios de casilla, evidenciándose de tal manera un manejo ilegal de paquetes, sobres y boletas electorales, antes, durante y después del cómputo distrital;
El recuento parcial ordenado por los magistrados comprobó así, que el Consejo General del IFE y muchos de los Consejos Distritales actuaron con dolo, en complicidad con el gobierno federal, para beneficiar al PAN y robarnos la elección presidencial.
Si nos atenemos a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral para analizar las casillas que se recontaron, podemos asegurar que nosotros ganamos la elección. La sentencia del Tribunal Electoral para ordenar la apertura de los paquetes electorales establece que «el número de ciudadanos debe ser igual a las boletas depositadas en la urna y a la votación emitida». Y precisa: «En especial, las cifras correspondientes a las boletas depositadas en la urna y la votación total emitida deben coincidir, pues en este caso ya no se concibe la posibilidad de que en el paso de extraer las boletas y contabilizar los votos para los contendientes, merme o se incremente la suma de boletas extraídas de la urna, por lo cual, si alguna de esas cifras es mayor, se genera un indicio en el sentido de que en algún momento del escrutinio y cómputo, se sustrajeron indebidamente votos válidos o se incluyeron espurios, salvo que se demuestre lo contrario».
La Ley General del Sistema de Impugnación en Materia Electoral establece, en su artículo 75, como causales de nulidad de casillas, entre otras: «Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de las mismas».
Si los magistrados hubiesen respetado los términos de la sentencia para el recuento parcial de casillas que ellos mismos aprobaron, y acatado la legislación electoral, tendrían que reconocer que en las casillas recontadas hay 71 mil, 142 votos espurios, introducidos ilegalmente en las urnas, y 122 mil, 266 sufragios válidos que fueron sustraídos inexplicablemente. Si hubieran aplicado la ley y respetado sus propios criterios, deberían haber anulado las casillas donde se mantienen estas irregularidades aún después del recuento. Y si hubieran procedido de esa manera, habrían reconocido que la Coalición Por el Bien de Todos triunfó en la elección presidencial por 526 mil votos.
Es más, si se aplican los mismos criterios legales y se proyectan a la votación nacional, eliminando los votos espurios agregados de forma arbitraria y los que fueron sustraídos con dolo, los magistrados debieron reconocer que ganamos la Presidencia de la República por más de dos millones de votos. De esa dimensión ha sido el fraude electoral realizado en contra nuestra.
El gobierno federal a fin de imponer el fraude, después del dos de julio siguió violentando el orden legal del país y con un nuevo derroche de recursos públicos y privados, ha buscado, con una campaña en los medios de comunicación, convencer a los mexicanos de que ganó el candidato de la derecha, aunque en realidad perdió la elección presidencial. El presidente Fox llegó al colmo de presionar públicamente a los magistrados para que fallaran a favor de sus deseos y proclamó el triunfo del candidato oficial, lo que dejó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sin la posibilidad de emitir libremente su resolución.
Al declarar válidos los resultados de los comicios, los magistrados asumieron una decisión política y no jurídica. La sumisión de estas personas, que no supieron actuar como jueces, a los designios de un grupo de privilegiados y de extremistas de derecha, que se han apoderado del aparato estatal haciendo a un lado los intereses de la República, representa no sólo una vergüenza en la historia de nuestro país, sino una violación al orden constitucional y un verdadero Golpe de Estado.
Esta situación de violencia institucional y de trastocamiento de las instituciones es, para millones de mexicanos, ofensiva e inaceptable.
Por eso, desde el 15 de agosto, ya previendo esta confabulación contra la voluntad popular, convocamos a la Convención Nacional Democrática Por el Bien de Todos que, con representantes de los pueblos, comunidades, barrios, municipios, organizaciones sociales, civiles, sindicales y políticas de todo el país, se reunirá el 16 de septiembre de 2006 para decidir en definitiva el papel que asumiremos en la vida pública de México.
El artículo 39 constitucional a la letra dice:
«La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno».
En consecuencia, en el marco de la resistencia civil pacífica que estamos llevando a cabo y con fundamento en este artículo constitucional, propongo para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Convención Nacional Democrática, el siguiente:
PLAN
1º. Se desconoce el cómputo oficial dado a conocer el día de hoy por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que pretende legalizar el fraude cometido el dos de julio de 2006.
2º. Se rechaza la usurpación y se desconoce al señor Felipe Calderón Hinojosa como presidente de la República, lo mismo que a los funcionarios que él designe, así como a todos los actos de su gobierno de facto, ya que todo poder público debe dimanar de la libre voluntad del pueblo.
3º. Propongo que la Convención Nacional Democrática resuelva, previa deliberación y con el voto libre de los delegados, si constituimos un Gobierno de la República o una Coordinación de la Resistencia Civil Pacífica. Esto implica también decidir, democráticamente, si habremos de reconocer y ratificar a un Presidente legítimo de los Estados Unidos Mexicanos, o si la Convención elige a un Jefe de Gobierno en Resistencia, a un encargado del Poder Ejecutivo, o a un Coordinador Nacional de la Resistencia Civil Pacífica. Todo ello, en tanto dure la usurpación.
4º. El órgano que aprobemos y quien lo represente deberá aplicar un programa básico con cinco objetivos fundamentales:
Llevar a cabo todas las acciones necesarias para defender y proteger a millones de mexicanos pobres, humillados y excluidos, que tienen hambre y sed de justicia, buscando combatir a fondo la pobreza y la creciente desigualdad que imperan en nuestro país.
Defender el patrimonio de la Nación, que es de todos los mexicanos, por lo que no se permitirá bajo ninguna modalidad la privatización del petróleo ni de la industria eléctrica, como tampoco de la educación pública en todos sus niveles, ni de las instituciones de salud y de seguridad social; y se defenderán por todos los medios legales y mediante acciones de resistencia civil pacífica, los recursos naturales estratégicos para el bienestar de los mexicanos y la independencia y soberanía de la Nación.
Hacer valer el derecho público a la información a fin de que los medios de comunicación públicos y privados garanticen espacios a todas las expresiones sociales, culturales y políticas del país, brinden una información veraz y objetiva, contribuyan al enriquecimiento cultural de los mexicanos y sirvan de base para que la población participe de manera consciente y libre en la toma de decisiones.
Trabajar para hacer desaparecer el Estado patrimonialista ya que el gobierno no puede seguir siendo un comité al servicio de una minoría, por lo que la lucha contra la corrupción y la impunidad debe enfrentarse como una prioridad, a fin de que se castigue a quienes desde el poder lo utilizan para beneficio propio, cometen abusos transgrediendo impunemente las leyes y despojan a los mexicanos de su patrimonio. El poder público y el ejercicio del gobierno no pueden significar la protección de privilegios ni de la corrupción.
Luchar para que las instituciones nacionales sean objeto de una renovación profunda, en particular las instituciones políticas, que lejos de atender el interés público se encuentran secuestradas por unos cuantos grupos de poder y sólo actúan en su beneficio. La política económica y hacendaria se aplica sólo en beneficio de algunos potentados y traficantes de influencias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en lugar de proteger al débil, actúa para legalizar los despojos que comete el fuerte y proteger a los delincuentes de cuello blanco.
5º. Propongo que la Convención Nacional Democrática decida si el órgano de gobierno y quien lo represente, se instale y tome posesión formalmente el 20 de noviembre o el primero de diciembre de 2006.
6º. Los acuerdos tomados por la Convención Nacional Democrática Por el Bien de Todos deberán asumirse de manera voluntaria por ciudadanos libres de todas las condiciones sociales, pueblos, religiones e ideologías.
7º. El nuevo gobierno surgido de la Convención Nacional Democrática no pedirá apoyo corporativo e incondicionalidad a nadie y respetará las decisiones que tomen partidos políticos, legisladores, gobernadores e integrantes de los ayuntamientos del país.
Mexicanas y mexicanos:
Hoy vivimos momentos de definición histórica. Ante la gravedad de los acontecimientos, muchos ciudadanos, hombres y mujeres libres, pensamos que es tiempo de reafirmar los derechos individuales y sociales, y los ideales de libertad, democracia y justicia que han marcado las luchas más nobles de los mexicanos.
Con la imposición del gobierno de la usurpación se violó la soberanía popular y se transgredió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A este agravio, que representa en los hechos reducir la democracia a una mera farsa, hay que agregar la decadencia y el descrédito de las instituciones públicas que han dejado de representar el interés general del pueblo.
No solo está en cuestión la estructura jurídica del Estado y su régimen político. En un país como el nuestro, donde existen tantos privilegios y tanta desigualdad, la democracia adquiere una dimensión social fundamental: se convierte en un asunto de sobrevivencia. La democracia es la única opción, la única esperanza para millones de pobres; representa para la mayoría de la gente la vía para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Por todo eso, hacemos el compromiso de defender la democracia y hacerla valer.
A fin de mantener sus privilegios y por capricho de los poderosos, se anuló la voluntad popular y, en consecuencia, se hace imprescindible reivindicar y luchar por la justicia, la democracia y la renovación radical de las instituciones de la República.
¡Nunca más una República simulada¡ ¡Nunca más la violación a los principios constitucionales que garantizan los derechos del pueblo! ¡Nunca más instituciones dominadas por el poder y el dinero! ¡Nunca más el engaño y la mentira como forma de gobierno! ¡Nunca más aceptaremos un gobierno ilegal e ilegítimo en nuestro país!
Convoco hoy al pueblo de México a iniciar juntos una etapa nueva de la vida pública del país. Con los principios por delante, con la dignidad moral y con el apoyo de la gente, haremos los cambios y las transformaciones que necesita la República.
Esta propuesta está inspirada en lo más profundo de la historia de nuestro país y en pensamientos como los del presidente Benito Juárez, que en su tiempo escribió: «El pueblo que quiere ser libre lo será. Hidalgo enseñó que el poder de los reyes es demasiado débil cuando gobiernan contra la voluntad de los pueblos».
Andrés Manuel López Obrador
En la Plaza de la Constitución, Zócalo de la ciudad de México, a 28 de agosto de 2006.
C
Proyecto de resolución presentado por
José Agustín Ortiz Pinchetti y Juan Ramiro Robledo,
12 de septiembre de 2006
Plebiscito para el proceso constituyente
Como mexicanos, concientes y responsables de los momentos y circunstancias que vive la Patria, los suscritos y muchos mas delegados convencionistas, hacemos esta propuesta de punto al Proyecto de Resoluciones que presentó a esta Asamblea el pasado día 28 de Agosto Andrés Manuel López Obrador, para que conjuntamente se analice, discuta y en su caso se apruebe en el pleno de la próxima Convención Nacional Democrática; y
Considerando
Que las instituciones políticas del país se han usado para lograr y mantener los privilegios de una minoría divorciada con el interés Nacional.
Que los gobernantes de los últimos años han utilizado el poder político para privatizar los bienes y la riqueza nacional.
Que el golpe de mano asestado por el Presidente Fox, las instituciones electorales y los grupos de la derecha facista, ha vulnerado la vigencia del orden constitucional.
Que el proceso de elecciones del pasado 2 de julio reveló la crisis política en que se encuentra el gobierno y descubrió que su relación con la sociedad y el pueblo se han interrumpido desde hace mucho tiempo.
Que las Instituciones logradas con las grandes luchas históricas, que consagran los derechos individuales y sociales de los mexicanos y los principios fundamentales de la justicia y la legalidad, son letra muerta para los gobernantes, los magistrados y los poderosos influyentes.
Que en suma, la visión antinacional y de facción que tiene el gobierno, ha convertido a la República en una mera simulación y han vuelto ineficaces las disposiciones constitucionales.
Que todo lo anterior es motivo y fundamento suficiente para venir a proponer un PUNTO RESOLUTIVO, en los siguientes términos:
Primero: La Convención Nacional Democrática determina realizar un Plebiscito en todo el país para consultar al pueblo de México si debe convocarse a un proceso Constituyente que revise y reforme el orden constitucional.
Segundo: El proceso Constituyente dará las normas para crear un nuevo régimen político nacional y poner las bases para un Estado de bienestar.
Tercero: La consulta plebiscitaria deberá prepararse y organizarse por una comisión que designe esta Convención, dentro de los próximos doce meses.
D
Discurso de Andrés Manuel López Obrador
en la Convención Nacional Democrática,
16 de septiembre de 2006
Amigas, amigos, delegadas, delegados de todos los pueblos, colonias, municipios, regiones, estados de nuestro país.
Hoy es un día histórico. Esta Convención Nacional Democrática ha proclamado la abolición del actual régimen de corrupción y privilegios y ha sentado las bases para la construcción y el establecimiento de una nueva República.
Antes que nada, conviene tener en claro por qué hemos tomado este camino. Es obvio que no actuamos por capricho o interés personal. Nuestra decisión y la de millones de mexicanos aquí representados es la respuesta firme y digna a quienes volvieron la voluntad electoral en apariencia y han convertido a las instituciones políticas en una farsa grotesca.
¿Cómo se originó esta crisis política y quiénes son los verdaderos responsables?
Desde nuestro punto de vista, la descomposición del régimen viene de lejos, se acentuó en los últimos tiempos y se precipitó y quedó al descubierto con el fraude electoral.
Esta crisis política tiene como antecedente inmediato el proyecto salinista, que convirtió al gobierno en un comité al servicio de una minoría de banqueros, hombres de negocios vinculados al poder, especuladores, traficantes de influencias y políticos corruptos.
A partir de la creación de esta red de intereses y complicidades, las políticas nacionales se subordinaron al propósito de mantener y acrecentar los privilegios de unos cuantos, sin importar el destino del país y la suerte de la mayoría de los mexicanos.
Desde entonces, el principal lineamiento del régimen ha sido privilegiar los intereses financieros sobre las demandas sociales y aún, sobre el interés público.
En este marco de complicidades y componendas entre el poder económico y el poder político, se llevaron a cabo las privatizaciones durante el gobierno de Salinas.
También, en este contexto, debe verse el asunto del FOBAPROA, el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México desde la época colonial.
Recordemos que Zedillo, con el apoyo del PRI y del PAN, del PRIAN, decidió convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública.
A la llegada de Vicente Fox se fortaleció y se hizo más vulgar esta red de complicidades, al grado que un empleado del banquero Roberto Hernández pasó a ser el encargado de la hacienda pública.
Pero lo más grave es que Fox se convirtió en un traidor a la democracia y se dedicó tenaz y obcecadamente, con todos los recursos a su disposición, a tratar de destruirnos políticamente.
En esta cruzada, Fox se confabuló con Roberto Hernández, Claudio X. González, Carlos Salinas, Mariano Azuela, Diego Fernández de Cevallos, Gastón Azcárraga y para ello contaron con la complicidad de algunos medios de comunicación, de intelectuales alcahuetes, de periodistas deshonestos y de quienes se hacen pasar por jueces.
En fin, se formó en contra nuestra una pandilla de delincuentes de cuello blanco y de políticos corruptos.
Ahora bien, conviene preguntarnos por qué este grupo fue capaz de desatar tanto odio, por qué llegaron incluso al descaro de promover la intolerancia, el clasismo y de utilizar el racismo para distinguirse y descalificar lo que nosotros dignamente representamos.
La respuesta es sencilla: tienen miedo de perder sus privilegios y los domina la codicia.
Por eso no aceptan el Proyecto Alternativo de Nación que nosotros postulamos y defendemos. Por eso, para seguir detentando la Presidencia de la República, no les importó atropellar la voluntad popular y romper el orden constitucional.
Pero vayamos al fondo. ¿Qué fue lo que ganaron realmente? ¿Creen acaso que el pelele que impusieron les va a significar tranquilidad y normalidad política? ¿Creen acaso que ahora sí nada les impedirá quedarse con el gas, la industria eléctrica y el petróleo? ¿Creen acaso que seguirán impunemente haciendo jugosos negocios al amparo del poder público y disfrutando de sus privilegios fiscales? ¿Creen acaso que van a seguir sobajando al pueblo de México?
Se equivocan, no pasarán. Se equivocan porque afortunadamente hoy existe en nuestro país una voluntad colectiva dispuesta a impedirlo y porque millones de mexicanos no queremos que el poder del dinero suplante al poder público, que debe ser el verdadero poder político.
Por todas estas razones, esta Convención, de conformidad con el Artículo 39 de la Constitución vigente, ha decidido romper con ellos, recuperar nuestra soberanía y emprender el camino para la construcción de una nueva República.
Pueden quedarse con sus instituciones piratas y con su Presidente espurio, pero no podrán quedarse con el patrimonio de la Nación, ni con nuestras convicciones, ni con nuestra dignidad.
Amigas y amigos:
Estamos aquí para decirles a los hombres del viejo régimen que no claudicaremos. Jamás nos rendiremos. Estamos aquí para decir a los cuatro vientos que defenderemos el derecho a la esperanza de nuestro pueblo, que no aceptamos el oprobio como destino para nuestro pueblo.
Que se oiga bien y que se oiga lejos:
No aceptamos que haya millones de niños desnutridos y enfermos, y sin porvenir.
No aceptamos que a los jóvenes, que nacieron bajo el signo del neoliberalismo, se les quite el derecho al estudio y se les condene a la marginación social.
No aceptamos la falta de presupuesto ni las campañas de desprestigio contra la educación pública.
No aceptamos la violación de los derechos de las mujeres.
No aceptamos que las mujeres, para conseguir trabajo, tengan que ser vejadas, porque así lo imponen las reglas inhumanas del mercado.
No aceptamos la discriminación por motivos religiosos, étnicos o sexuales.
No aceptamos que la mayoría de los ancianos del país vivan en el abandono y que quienes se hayan jubilado después de toda una vida de trabajo, reciban una bicoca de pensión.
No aceptamos que a los trabajadores, después de los 40 años de edad, se les nieguen las oportunidades de empleo y se les trate como parias sociales.
No aceptamos que el salario mínimo no alcance para que el trabajador viva y mantenga a su familia con dignidad y decoro.
No aceptamos que, ante la escasez de puestos de trabajo, mujeres y hombres tengan jornadas laborales de más de 8 horas al día.
No aceptamos el trabajo infantil.
No aceptamos que millones de mexicanos se vean obligados a abandonar a sus familias y a sus pueblos, para ir a buscar trabajo del otro lado de la frontera.
No aceptamos que el campesino y el productor tengan que vender barato todo lo que producen y comprar caro todo lo que necesitan.
No aceptamos la privatización de la industria eléctrica ni del petróleo en ninguna de sus modalidades.
No aceptamos que haya borrón y cuenta nueva. El Fobaproa no es un caso cerrado, es un expediente abierto.
No aceptamos el saqueo del erario. Le daremos seguimiento puntual al manejo del presupuesto, a los contratos de obras y servicios y denunciaremos permanentemente todo acto de corrupción.
No aceptamos el nepotismo, el influyentismo, el amiguismo, ninguna de esas lacras de la política.
No aceptamos el abandono al campo.
No aceptamos la cláusula del Tratado de Libre Comercio, según la cuál para el 2008 quedarán libres las importaciones, la introducción de maíz y de fríjol del extranjero.
No aceptamos la competencia desleal que padecen los productores nacionales en beneficio de los productores extranjeros.
No aceptamos que se siga degradando nuestro territorio, los recursos naturales, por la voracidad de unos cuantos nacionales y extranjeros.
No aceptamos que continúe el monopolio de empresas vinculadas al poder que rehuyen a la competencia y obligan a los consumidores mexicanos a pagar más que en el extranjero por las comunicaciones, los materiales de construcción, las tarjetas de crédito y otros productos y servicios.
No aceptamos la manipulación que practican algunos medios de comunicación, ni su desprecio altanero por la cultura y por el buen gusto.
No aceptamos el autoritarismo, la represión ni la violación de los derechos humanos.
Y menos aceptamos que todas estas grandes injusticias sean producto de la fatalidad y del destino de nuestro pueblo.
No, compañeras y compañeros, amigas y amigos, este es el saldo lamentable del régimen antipopular y entreguista que ha venido imperando y que hoy hemos decidido abolir. Por eso es un día histórico.
¿Cómo imaginamos a la nueva República?
La nueva República tendrá, como objetivo superior, promover el bienestar, la felicidad y la cultura de todos los mexicanos.
Aspiramos a una sociedad verdaderamente justa, elevada sobre la base de la democracia y de la defensa de la soberanía nacional.
Nos interesa entendernos con todos los sectores de buena voluntad, pero vamos a persuadir y convencer que por el bien de todos, primero los pobres.
Promoveremos que se eleve a rango constitucional el Estado de Bienestar para garantizar efectivamente el derecho a la alimentación, el trabajo, la salud, la seguridad social, la educación y la vivienda.
Exigiremos que se pague la deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas, y pugnaremos por el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.
Construiremos una nueva legalidad donde las instituciones se apeguen al mandato constitucional, sirvan a todos por igual y protejan al débil ante los abusos del fuerte.
Vamos a emprender una renovación tajante de la vida pública desterrando la corrupción, la impunidad y el influyentismo. Ya nadie podrá sentirse dueño y señor en nuestro país.
Amigas y amigos:
En el proceso de construcción de la nueva República tenemos que atender y cuidar tres aspectos fundamentales:
Primero. No caer en la violencia, evadir el acoso y mantener nuestro movimiento siempre en el marco de la resistencia civil pacífica.
Segundo. No transar, no vendernos, no caer en el juego de siempre, de la compra de lealtades y conciencias disfrazada de negociación.
Tercero. Tenemos que luchar con imaginación y talento para el romper el cerco informativo y crear mecanismos alternativos de comunicación. Tenemos que hacer posible que la verdad se abra paso y llegue hasta el último rincón de nuestra patria.
Amigas y amigos:
El día de hoy, esta Convención Nacional Democrática ha tomado decisiones trascendentes. Son muchos los frutos de esta asamblea fundacional. No sólo hemos rechazado al gobierno usurpador sino que hemos decidido emprender la construcción de una nueva República.
Se aprobó también el plan de resistencia civil pacífica y la preparación de los trabajos para la reforma constitucional y lograr que las instituciones sean verdaderamente del pueblo y para el pueblo.
Fruto de este proceso que ha desembocado en la Convención Nacional Democrática ha sido, sin duda, la creación del Frente Amplio Progresista.
Esta nueva agrupación política será el espacio para articular a todos los ciudadanos y organizaciones políticas y sociales que se expresaron durante la campaña, así como para recibir nuevas adhesiones.
El Frente Amplio Progresista surge en el momento preciso en que, a la vista de todos, se ha conformado un bloque de fuerzas derechistas, a partir de la alianza abierta y descarada entre el PAN y las cúpulas del PRI.
De modo que el Frente Amplio Progresista tendrá como objetivo principal enfrentar al bloque conservador, al brazo político de la minoría rapaz que tanto daño ha causado a nuestro país.
A final de cuentas, volvemos a lo que ha sido la historia de México. Antes eran liberales y conservadores. Ahora, en la lucha política de nuestro país habrá dos agrupamientos distintos y contrapuestos: derechistas y progresistas.
Esta Convención ha decidido crear también un nuevo gobierno, que se instituye para ejercer y defender los derechos del pueblo.
El gobierno que emerge será obligadamente nacional. Tendrá una sede en la capital de la República y, al mismo tiempo, será itinerante para observar, escuchar y recoger el sentir de todos los sectores y de todas las regiones del país.
Habrá un gabinete, es decir, un equipo de trabajo que integre los diagnósticos, proponga las soluciones y examine las posibilidades en cada caso. Los recursos, como es obvio, son escasos, pero el trabajo de equipo, la honradez, la interacción con la sociedad, podrán convertir la escasez en eficacia.
¿Por qué acepto el cargo de Presidente de México?
Ofrezco a ustedes y al pueblo de México mi explicación. Frente a la operación fraudulenta que lesionó la democracia electoral e intenta detener la democratización económica, social y cultural; frente al uso faccioso del Poder Ejecutivo y de los recursos públicos de un candidato y de un partido; frente a la intromisión ilegal y pandilleril de un buen número de empresarios y caciques sindicales, esos que ya santifican el clientelismo; frente al secuestro de las instituciones, que en este caso, son típicamente sus instituciones, como el IFE, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia; frente a todo esto, y ante el cúmulo de pruebas que hemos presentado y que fueron tramposamente desechadas, mantenemos una certidumbre: ganamos la elección presidencial.
Acepto el cargo de Presidente de México porque rechazamos la imposición y la ruptura del orden constitucional. Aceptar el fraude electoral, como algunos están proponiendo, y reconocer a un gobierno usurpador, implicaría posponer indefinidamente el cambio democrático en el país.
Sería hacerles el juego, que yo acepte la imposición, me convierta en dirigente de la oposición nacional y les hiciéramos ese juego. No, por eso acepto el cargo de Presidente de México, porque rechazamos la imposición y la ruptura del orden constitucional.
El triunfo en las urnas nos compromete ante nuestros electores y ante los votantes honrados del 2 de julio que, opciones políticas aparte creyeron en la validez de la elección. Ese compromiso con la democracia, es el que nos impulsa.
Nuestros adversarios se imponen con el dinero, el prejuicio conservador, la injusticia, la ilegalidad, la propiedad de muchísimos medios informativos. Nosotros contamos con la voluntad de cambio de millones de personas.
El régimen político de ellos se agotó; en cambio, desde nuestro punto de vista, la Presidencia, esta Presidencia, simboliza las esperanzas, los esfuerzos y el anhelo de justicia social del pueblo de México.
Además, el encargo de Presidente de México se me confiere en el marco de un movimiento empeñado en transformar las instituciones y refrendar la República, es decir, aclarar el sentido de la vida política, hoy tan enturbiado.
La Presidencia, en una democracia genuina, es la interpretación justa y cotidiana de los sentimientos, de los deseos del pueblo, de los sentimientos, de los deseos de la gente y de la comunidad.
Es obvio que acepto este honroso cargo no por ostentación o por ambición al poder. Lo asumo, incluso a sabiendas de que también por esto voy a ser atacado. Pero lo hago convencido de que así voy a seguir contribuyendo, junto con muchos otros mexicanos, mujeres y hombres, como ustedes, en las transformaciones del país, por nosotros y por las nuevas generaciones, por los que vienen detrás, por nuestros hijos, que podamos verlos de frente y no nos reclamen porque en estos momentos de definición supimos estar a la altura de las circunstancias.
Además, en las actuales circunstancias, aceptar este encargo es un acto de resistencia civil pacífica, y es lo que más conviene a nuestro movimiento. Es un tengan para que aprendan, un tengan para que aprenda a respetar la voluntad popular.
Amigas y amigos, compañeros, compañeras.
Les hablo con sentimiento y con el corazón. Es un timbre de orgullo, es un honor representarlos. Tengan la seguridad de que lo haré con humildad y convicción. No voy a traicionarlos, no voy a traicionar al pueblo de México. Es un honor estar con ustedes y voy a ser siempre su servidor.
Reitero mi compromiso con ustedes, con los que nos dieron su confianza el 2 de julio, con muchos más, y sobre todo con los pobres y humillados de nuestra patria.
¡Que viva la Convención Nacional Democrática!
¡Que viva la nueva República!
¡Viva México!
¡Viva México!
¡Viva México!
E
Resoluciones votadas en la Convención Nacional Democrática
16 de septiembre de 2006
1. ¿Estás de acuerdo en desconocer al usurpador Felipe Calderón como Presidente de la República’
2. ¿Estás de acuerdo en rechazar la República simulada y en declarar la abolición del régimen de corrupción y privilegios?
3. ¿Estás de acuerdo en reconocer el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales del 2 de julio?
4. ¿Estás de acuerdo que Andrés Manuel López Obrador sea reconocido como Presidente de México o como Coordinador de la Resistencia?
5. En su caso, ¿estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador integre un Gabinete, elija una sede de gobierno, observe un Protocolo Republicano; y recabe fondos propios?
6. Si es reconocido como Presidente de México, ¿Qué fecha sería mejor para su toma de posesión, el 20 de noviembre o el primero de diciembre de 2006?
7. ¿Estás a favor del Programa Básico de la convención?:
Combatir la pobreza y la desigualdad. Defender los derechos sociales (ecuación, salud y vivienda), económicos (trabajo y salario justo), culturales (diversidad y derechos de las minorías) y políticos de todos los mexicanos, particularmente de los pueblos indios, mujeres, personas con capacidades diferentes y de la tercera edad.
Defender el patrimonio de la Nación. No se permitirá la privatización del petróleo, gas y electricidad; tampoco de la educación pública, de la salud y de la seguridad social. Se defenderán los recursos naturales estratégicos como el agua y los bosques; la independencia y la soberanía de la Nación.
Haremos valer el derecho público a la información. Que los medios de comunicación, públicos y privados, garanticen espacios a todas las expresiones sociales, culturales y políticas, brinden información veraz objetiva, enriquezcan la cultura de los mexicanos y contribuyan a la democratización del país.
Rechazamos el Estado patrimonialista, que el gobierno siga en manos de una minoría, lucharemos contra la corrupción y la impunidad. Castigo a quienes desde el poder cometen abusos y se enriquezcan.
Luchar por la renovación profunda de las instituciones.
8. ¿Estás de acuerdo con la realización de un plebiscito para impulsar un proceso constituyente con el propósito de que las instituciones sean efectivamente del pueblo y para el pueblo?
9. ¿Estás de acuerdo que la Convención, como Asamblea soberana, celebre reuniones periódicas?
10. ¿Apruebas la integración de las comisiones de la Convención Nacional Democrática?:
Comisión Política Nacional: Elena Poniatowska, Berta Maldonado, Socorro Díaz, Jesusa Rodríguez, Federico Arreola, Dante Delgado, Rafael Hernández Estrada, José Agustín Ortiz Pnchetti y Fernando Schüte. Más los miembros de las Comisiones Organizadoras Estatales.
Comisión de Resistencia Civil: Jesusa Rodríguez, Martí Batres, Guadalupe Acosta Naranjo, Gerardo Fernández Noroña, Layda Sansores, Herón Escobar, Carlos Imaz, Ramón Pacheco y Alfonso Ramírez Cuellar.
Comisión del Proceso Constituyente: Enrique González Pedrero, José Agustín Ortiz Pinchetti, Jaime Cárdenas, Ignacio Marván, Elisur Arteaga, Horacio Duarte, Arturo Núñez, Ricardo Monreal, Leticia Bonifaz, Julio Scherer Ibarra, Juan Ramiro Robledo y Eduardo Beltrán.
11. Aprobar el Programa de Acciones de Resistencia Civil.
12. ¿Estás de acuerdo que la próxima reunión de la Convención Nacional Democrática, sea el 21 de marzo de 2007?
Nota: Las resoluciones de la Convención Nacional Democrática son de carácter voluntario, no obligatorio. No se pide incondicionalidad a nadie. Este movimiento está integrado por ciudadanos libres y concientes.
Sufragio efectivo, no imposición
III. Análisis
La nueva República
Porfirio Muñoz Ledo{5}
21 de septiembre de 2006
La Convención Nacional Democrática, que tuvo lugar el 16 de septiembre por la tarde, salió ilesa del acoso combinado del aguacero, el escepticismo y el vituperio. Con el trasfondo de una intensa emoción cívica, delegados de miles de comunidades y organizaciones del país ratificaron su rechazo a la imposición y confirmaron un rumbo alternativo para la nación. Establecieron los fundamentos de una nueva correlación de fuerzas entre los sectores progresistas del país y el bloque abigarrado de la derecha.
El tema central del debate político y de la decisión histórica es la legitimidad. Lo que se dirimió fue nada menos que la capacidad inmanente del pueblo para ejercer su soberanía mediante el sufragio. El principio que se afirmó fue el primero de los que consagra la fracción décima del artículo 89 de la Constitución: la autodeterminación de los pueblos. El objetivo que se definió es la restauración de la República y la abolición de un régimen de simulación y de un sistema de privilegios. La convicción que unió la voluntad de los asambleístas fue la reafirmación de la dignidad ciudadana.
No deja de ser reveladora la reacción contumaz de nuestros impugnadores. Su llamado a una reconciliación postiza en contradicción con el mandato del sufragio público; su insistencia en apelar a una pretendida unidad nacional cuando el dilema planteado es la reivindicación de la legalidad republicana. Se nos invita a sellar una suerte de abrazo de Acatempan en el que prevaleciera nuevamente un concepto abstracto de nación sobre el ejercicio de la soberanía popular.
A través de un propagandismo falaz, se ha hecho creer a la población y a la opinión internacional que la coalición Por el Bien de Todos y hoy la Convención Nacional Democrática se han colocado al margen de la ley. Se oculta, por la propagación reiterada de la mentira, el cúmulo de violaciones en que incurrieron el gobierno federal, numerosos gobiernos de los estados, el partido en el poder, los medios de información e influyentes sectores privados con el objeto de torcer el resultado de la elección. Se pretende derogar por esa vía la legislación electoral y entronizar la impunidad política.
Se invierte, de este modo, el sitio que a los actores en contienda les corresponde en el estricto campo del orden constitucional. Por añadidura, y mediante el concurso de intelectuales biempensantes, se confiere a la falsedad los atributos de la verdad. Se acepta que las instituciones electorales encargadas de organizar la contienda y de calificar el resultado de la elección actuaron conforme a derecho, cuando lo contrario es lo evidente e irrefutable.
Reconocer que el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la abstención culpable de la Suprema Corte determinen sin apelación la legalidad de los comicios, conduce a una dicotomía entre dos posiciones irreductibles. Haber evadido el recuento de los votos es una autoincriminación de quienes así lo decidieron. Haberse negado a la aplicación de la "causal abstracta", que hubiera conducido a la nulidad de las elecciones, obedeció a un designio irresponsable, cuyo fruto es la profundización de la crisis política a la que nos ha lanzado el proyecto reeleccionista de la derecha.
Cuando los convencionistas deciden reconocer el carácter legítimo del mandato de Andrés Manuel López Obrador están actuando, más allá de la pasión partidaria, con riguroso apego a la lógica. Si el resultado que proclamaron las autoridades en favor de Felipe Calderón Hinojosa no corresponde a las exigencias de certeza y legalidad que la Constitución estipula, otro es el depositario del sufragio mayoritario de los ciudadanos. No olvidemos que la titularidad del Poder Ejecutivo es, por definición, unipersonal e indivisible.
Durante los días previos a la convención, los partidos integrantes de la coalición decidieron formar un Frente Amplio Progresista conforme a las disposiciones legales vigentes. Su propósito es integrar un polo de izquierda que promueva un proyecto alternativo de nación y bregue por su concreción histórica. En él concurrirán personalidades intelectuales, dirigentes civiles y organizaciones sociales y sindicales identificados por la causa común de impedir la usurpación y de crear las condiciones para el establecimiento de una nueva República.
La convención decidió, a la par del reconocimiento de un presidente legítimo, la creación de un gabinete de contrapropuesta política y de vigilancia rigurosa sobre las iniciativas y acciones del bloque conservador.
Esta determinación se corresponde con una antigua tradición democrática que ha conocido, en todas partes del mundo, gabinetes de sombra, gobiernos de resistencia, movimientos de liberación nacional, legalidades en el exilio y repúblicas itinerantes. Sin contar con la gama interminable de acciones de resistencia civil y de defensa contra la opresión.
Empeño inútil sería buscar fisuras entre el Frente Amplio y el gobierno surgido de la convención. Una es, como solía decir Morelos, la parte ocupada y otra la parte liberada de la nación. Encontrarán más temprano que tarde su unidad mediante la revolución de las conciencias y la renovación de las costumbres.
Quienes tienen a su cargo funciones locales de gobierno, tareas parlamentarias y representaciones sociales legítimamente alcanzadas, deben ejercerlas con imaginación y pugnar por su continuo ensanchamiento por el sufragio y la confianza ciudadana. Quienes asumen la continuidad de la contienda cívica, que no pudo ser abortada por la acción ilegal de las autoridades, reivindican el deber de encarnar la soberanía conculcada. Ambas vertientes de la lucha democrática se complementan y otorgan sentido a un mismo proyecto transformador.
El propósito mayor que nos vincula es la instauración de una nueva constitucionalidad, que desde hace años contiene las esperanzas de los demócratas mexicanos y ha sido el objetivo último de una transición hoy traicionada por la rapiña.
Hace siete años, en la proclamación de esta causa, afirmé que más allá de las campañas electorales, nuestra búsqueda es "una definición contemporánea de los objetivos del país, de la arquitectura de sus instituciones, de los valores públicos que sustentamos y de nuestra inserción en el mundo". Hoy reanudamos, en un contexto dramático e irrepetible, aquella convocatoria para edificar la nueva República.
La CND: sus matices
Manuel Camacho Solís{6}
18 de septiembre de 2006
La Convención y sus decisiones darán lugar a una nueva controversia. Sobre todo, la de nombrar a Andrés Manuel López Obrador presidente legítimo marcará el debate público y provocará innumerables descalificaciones. Sin embargo, por encima del golpeteo, la Convención Nacional Democrática es un hecho político trascendente.
La Convención es el espacio y el momento en el que la oposición de izquierda ha definido los cursos que seguirá su acción política. Mostró que, a dos meses y medio de las elecciones, se mantiene un fuerte movimiento opositor. Quien haya estado presente en el zócalo sabe que algo profundo estaba corriendo entre quienes mantuvieron una máxima atención, no obstante el aguacero, los problemas que tuvo el sonido y la larga espera que los llevó a mantenerse de pie cuando menos ocho horas. Quienes ahí estaban son ciudadanos decididos a seguir a AMLO.
El movimiento opositor tiene ya un plan, cuya ejecución impactará a la política nacional. Es un dato nuevo, frente al cual nadie puede permanecer ajeno. De aquí al 1 de diciembre se mantendrá la movilización. La toma de posesión de Felipe Calderón estará presionada por una inconformidad organizada y por un calendario que seguirá montado en las fechas y símbolos históricos. Su posicionamiento frente a esta iniciativa opositora se convierte así en su definición política central. Ya no podrá definir una agenda propia sin tomar en cuenta la de sus opositores.
El movimiento opositor tiene asegurada una dimensión suficiente como para obligar a una respuesta del régimen. La hipótesis que manejó el gobierno de que, después de algunas semanas, la protesta de AMLO tendería a agotarse y desaparecer, ya no ocurrió. El problema ya no se arregla solo. Si frente a él no se construye una iniciativa política grande, se convertirá en el catalizador de las más diversas inconformidades y en una fuerza que elevará los costos de la entrada de Calderón y hará difícil que el próximo gobierno se consolide.
La CND se salió de la trampa de enfrentarse a todas las instituciones y al orden constitucional. Se ha definido en oposición al régimen de privilegios y no en desconocimiento de la Constitución y de las instituciones. Ha definido un objetivo estratégico que significa una salida al movimiento y que puede representar una salida política para la nación. El objetivo es crear una cuarta república. Es decir, un nuevo régimen político. No se busca para ello ir a un nuevo constituyente, sino a un proceso constitucional. No se busca una nueva Constitución, sino una nueva constitucionalidad.
La oposición de izquierda, por su parte, ha decidido conformar el Frente Amplio Progresista. Con lo cual también se vienen abajo todos los intentos políticos de dividir a la coalición o de generar confusión. Se integra un frente que competirá con el polo de derecha. Así, el Frente se coloca en una posición ideal para capitalizar a su favor los errores del gobierno y para ampliar sus alianzas nacionales y regionales. Su fuerza en el Congreso y en los gobiernos locales se potencia.
La decisión de la CND que será más controvertida será la de formar un gobierno y nombrar un presidente. Un gobierno que no tenga en sus manos las funciones clásicas que lo caracterizan no es en esencia un gobierno. Pero si esa organización compuesta de unos cuantos líderes es capaz de desarrollar las funciones que desempeña un gobierno sombra en un régimen parlamentario, ese gobierno tendrá un alto impacto en una etapa de la vida política donde los posicionamientos políticos son tan escasos. La figura de presidente ejercerá esa función crítica en relación al presidente legal, pero sobre todo será quien escuche al pueblo, lo conforte y le dé liderazgo en la defensa de sus causas y demandas más sentidas. Esa figura de defensor del pueblo será una presión fuerte para la gobernabilidad. Lo será, sobre todo, por la razón que determinó su aceptación: el no reconocimiento a Calderón. La presidencia de AMLO es una medida extrema de resistencia civil pacífica.
Entrevista a Manuel Camacho Solís
por Fátima Monterrosa
Revista emeequis, 10 de septiembre de 2006
Templado en la lucha por el poder durante sus años en el PRI, es difícil ver a Manuel Camacho Solís perder fácilmente el tono y la forma. Por eso extraña que, al hacer una primera evaluación de la campaña presidencial de López Obrador, una pregunta le haga perder el equilibrio.
—¿Cuál fue el principal error de la campaña presidencial, porque en el PRD comienzan a apuntarse los dardos hacia las redes ciudadanas? –se le comenta.
—¡No, eso no, eso no es cierto! Las redes ciudadanas no tuvieron la responsabilidad de la estructura electoral –responde mientras apura una pasta italiana.
—Entonces ¿qué falló, cual fue el principal error? –se le insiste. Y es cuando este hombre, político con más de cuarenta años en la brega, no duda en señalar hacia un objetivo que durante semanas ha sido escudo entre los perredistas para no echar la mirada hacia dentro de la campaña.
—El error fue confiar en que el gobierno iba actuar limpiamente. ¡Ese es el error principal! Porque eso es lo que más costó. Hubo otros errores en la campaña, ¡claro que los hubo! Pero si no hubieran ocurrido los actos ilegales, no hubiera ganado Calderón. Me queda claro que lo que explica la derrota es la cantidad de actos ilegales que hubo.
—¿Sin embargo, dentro del PRD se comenta insistentemente que uno de los errores principales fue que Andrés Manuel designara a personas sin experiencia, como Alberto Pérez Mendoza, en la estructura electoral y a Francisco Yee, en la promoción del voto?
—Insisto, eso es mucho menos importante de lo que hicieron el PAN y el gobierno. Las deficiencias que pudo haber, internas, en su momento se evaluarán. Te pueden costar uno por ciento, pero las acciones del otro lado, a veces te costaban cinco o seis por ciento, como lo reflejaban las propias encuestas.
Camacho Solís fue uno de los hombres más cercanos a López Obrador durante la campaña. Y por esa cercanía se le comenta también sobre un punto que cada día recorre más el perredismo: la soberbia de Andrés Manuel a la hora de tomar decisiones.
—No, mira, si no hubiera sido por él, el PRD nunca hubiera obtenido los votos que obtuvo la coalición. Y otros hubieran sido los resultados de no existir tantos actos ilegales que cometió el gobierno y que realizaron los distintos intereses vinculados con el gobierno y el PAN.
—¿Pero qué tanto pesó que Andrés Manuel no dejó que nadie más operara la campaña?
—¡El mundo no es perfecto! Todo tiene su proceso en contra. ¡Yo digo que López Obrador le dio mucho más votos al movimiento! El profesionalismo no se mide por la perfección, se mide por el promedio, es como el beisbol, es el average lo que hace al profesional.
—¿Y el hecho de que Ebrard no haya realizado una campaña tan intensa en el Distrito Federal y no haya obtenido más votos, confiarse en que ya tenía el triunfo?
—La victoria de Ebrard en el Distrito Federal fue contundente y la victoria de Andrés Manuel aquí no pudo ser más exitosa. Estás hablando de que alguien que saque 60 por ciento no puedes pensar que no fue exitosa ¡Eso ya de plano es no tener idea!
—¿Pero la diferencia entre López Obrador y Calderón fue de 250 mil votos?
—El Distrito Federal respondió maravillosamente bien. El regente del Distrito Federal durante el gobierno de Carlos Salinas asegura que mantendrán el capital político de 35 por ciento de la votación que obtuvieron en las elecciones del 2 de julio. Por ello pretenden consolidarlo a través del Frente Amplio Progresista que integraron con el PT y Convergencia.
En la breve plática que abre, Camacho Solís se da tiempo para reprochar la actuación de la prensa y las casas encuestadoras que aseguran que López Obrador perdió el respaldo de la población por haber bloqueado durante 49 días Reforma.
—¡Los medios mexicanos se han sovietizado! ¿Tienes alguna duda de que estén controlados los medios? ¡Sinceramente! Hay campañas costosísimas de cientos de millones de pesos pagadas por organizaciones fantasmas diciendo que fue maravillosa la actuación del IFE y del Trife. ¿Quién paga todo eso? La cerrazón que hay para la coalición en varios medios, la propaganda que se hace todos los días. Y a pesar de eso se mantiene la intención del voto y la coalición logró posicionarse como una fuerza de oposición en el país. Y esa es una fuerza que nadie puede negar.
Finalmente acepta que el movimiento de resistencia civil tuvo un solo error: «No lograr su objetivo principal de contar todos los votos», pero sostiene la misma posición que hasta ahora ha mantenido el movimiento de López Obrador: la derrota no fue por errores internos, sino por «haber creído que el gobierno jugaría limpio».
Doble poder
Octavio Rodríguez Araujo{7}
18 de septiembre de 2006
Una cosa es representar a la oposición y otra representar a un gobierno legítimo y popular. La primera, como bien señaló López Obrador el 16 de septiembre, sería aceptar que Felipe Calderón ganó y que se le presenta oposición, como la de un partido que pierde en una elección. Parece un matiz sin importancia, pero no lo es.
Cuando hay una elección unos ganan y otros pierden, así ha sido siempre. Pero si se gana a la mala, violando la legislación vigente, cometiendo fraudes y calificando la elección por consigna y no por razón y objetividad, no hay ganador pero tampoco perdedor. En una elección legal, equitativa y transparente el que gana, aunque sea por un voto, se convierte en gobernante y el que pierde se convierte en oposición. Cuando, por ejemplo, el PAN ganó en 2000 el PRI pasó de partido gobernante por siete décadas a partido de oposición. Ahora no es así. Hay oposición, desde luego, pero no sólo al gobierno de Calderón si logra tomar posesión, sino al proceso que lo ha convertido por ahora en presidente electo espurio.
El matiz introducido por López Obrador es tan fino como efectivo. Se es oposición, sí, pero al mismo tiempo no, pues si se reconoce ser oposición se estaría reconociendo el triunfo de Calderón y se estaría avalando el proceso electoral en su conjunto, incluida su calificación por el tribunal electoral.
No. Lo que se plantea es otra cosa. Habrá, en el peor de los casos, un gobierno espurio y otro legítimo. Dos gobiernos, uno de las instituciones cuyos titulares traicionaron al usarlas en su provecho, torciendo las leyes, y otro que ha sido elegido, sin presiones de ninguna clase, en la convención nacional democrática instalada el 16 de septiembre en el Zócalo de la ciudad de México, con la representación de todas las entidades de la Federación.
Se dirá que no hay modo de saber si la elección de AMLO como presidente legítimo es de veras mayoritaria. La duda está ahí, cierto, pero no menos cierto es que tampoco se sabe si Calderón ganó la elección del 2 de julio. El Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se negaron a que se contaran todos los votos (el IFE sigue negándose con argucias legaloides), y con estas actitudes dejan en el aire la incertidumbre sobre el resultado de los comicios. Lo que sí sabemos es que los aparatos del actual Estado mexicano han querido y quieren imponer al ex candidato del PAN y que hicieron todo lo que pudieron por impedir que AMLO fuera presidente. Pero también sabemos que una amplia representación popular y nacional, por su lado, votó mayoritariamente (no por unanimidad) que el ex jefe del Gobierno del Distrito Federal sea el presidente de México, el legítimo por encarnar la voluntad del pueblo representado en la convención nacional democrática.
La situación no es inédita en la historia de México, pero las analogías no explican nada, sólo ilustran. Estamos en presencia de un doble poder potencial, gracias a la torpeza y a la necedad de quienes encabezan las instituciones de la República. Si las campañas electorales y la elección misma hubieran obedecido a los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, no estaríamos viviendo la situación de crisis (y esperanza) del momento. El doble poder es resultado de la miopía de quienes actuaron por analogía y no con parámetros de realidad. Pensaron que las cosas serían como en 1988, cuando ante el gran fraude gubernamental, obvio para casi todo mundo, la oposición aceptó ser oposición a secas para reconstruirse y tratar de ganar en elecciones futuras, en lugar de responder ante el fraude con el pueblo burlado. En aquel entonces el líder prefirió la resignación y el reconocimiento de las instituciones, como si éstas fueran entidades abstractas e indeterminadas, y no la lucha por lo que burdamente se le había arrebatado, al líder y al pueblo que lo apoyaba. Pero la historia no se repitió. Ahora hubo y hay un líder que no se dejó y que oyó con cuidado al pueblo que tampoco quiso dejarse y aceptar la imposición. Por esto hay un doble poder, no por analogía, no por imitación, no por capricho, no por afanes protagónicos de nadie. El doble poder, insisto, lo han producido los que no conocen ni asumen la historia de nuestro país ni la fuerza de la voluntad popular. El doble poder, que finalmente se resolverá con la derrota de uno de los dos, es resultado, por un lado, del desprecio al pueblo, y por otro lado de un pueblo y un líder que dijeron «no a la imposición».
Este desprecio al pueblo es típico del pensamiento conservador, de quienes creen que la política es arreglo cupular en salones aislados del ruido. Bajo estas creencias concluyeron, erróneamente, que un líder es por definición un manipulador de masas (que los hay y los ha habido) y no la persona que esperaban millones de mexicanos hartos de que les vean la cara y les den atole con el dedo. Un verdadero líder, para serlo, tiene que ser no sólo apoyado sino creíble para quienes lo apoyan. Un verdadero líder es el que marca la agenda política y social de un país. Un verdadero líder es el que, aunque no quieran, deviene referente ineludible hasta de sus enemigos, como ha ocurrido desde hace más de dos años entre la gente del poder. Esto es un líder, y porque es un líder reconocido, es que ha sido elegido presidente legítimo del país.
El pueblo tiene la palabra y llegará hasta donde quiera, con un líder que reiteradamente ha dicho que no lo traicionará, que no se venderá y que no será víctima del temor o la cobardía.
IV. Imágenes
Convención Nacional Democrática de México
16 de septiembre de 2006
V. Otras referencias
- El sendero del Peje: http://senderodelpeje.blogspot.com
- Página de AMLO: http://www.amlo.org.mx
- Página de la CND: http://www.cnd.org.mx
- Bloque de opinión: http://bloquedeopinion.blogspot.com
Notas
{1} Véanse los artículos dedicados a la cuestión en la página 4 de El Catoblepas (Los días terrenales): «John D. Negroponte y la Geopolítica de la sucesión presidencial en México», de Fausto Fernández Ponte, 37:4; «Ante el desafuero de Andrés Manuel López Obrador», 38:4; «Notas para una clasificación de las izquierdas mexicanas en el siglo XX», de Ismael Carvallo, 43:4; «Andrés Manuel López Obrador: candidato a la presidencia de la república; Marcelo Ebrard: candidato a la Jefatura de Gobierno del DF», de Ismael Carvallo, 46:4; «La disputa política en el México de 2006», de Mauricio Saez de Nanclares, 52:4; «Antropologismo político e historicismo político», de Ismael Carvallo, 54:4; y «México, 2 de julio. Crónica de la usurpación», de Alberto Schneider, 55:4.
{2} Véase el libro de Manuel Camacho Solís, La encrucijada, y después del antiguo régimen, ¿qué?, 2001, Ciudad de México, Editorial Océano.
{3} Véanse los sitios de Internet correspondientes: www.proceso.com.mx, www.jornada.unam.mx y www.monitor.com.mx.
{4} El señor Cárdenas, a quien muchos siguen refiriéndose con solemnidad como «el ingeniero», buscando desmarcarse de López Obrador con desesperación, se ha dedicado en todo este tiempo a predicar, en foros nacionales o internacionales, pero en todo caso desde los márgenes en los que él mismo se ha arrinconado, tesis –o, más bien, opiniones– de una levedad e inconsistencia ideológica y, más aún, filosófico política, que, antes que beligerancia dialéctica, producen pena y sonrojo; sobre todo cuando se le observa a la luz de un horizonte pasado en el que su figura se nos ofrece como decisiva en el proceso de transformación política de este país a partir del final de la década de los 80. Pero esta pena y sonrojo no son otra cosa, nos parece, que la constatación de un hecho de todo punto singular, a saber: que tal horizonte desde cuya luz se había estado observando a Cuautémoc Cárdenas como una figura políticamente imprescindible, es un horizonte que, desde el punto de vista de los acontecimientos recientes, ha quedado ya desdibujado.
{5} Ex-Embajador de México ante la Unión Europea; miembro del Frente Amplio Progresista.
{6} Miembro de la Dirección Política del Frente Amplio Progresista
{7} Profesor de la Facultad de Ciencias Política y Sociales de la UNAM.
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