Derecho Constitucional, Derecho Administrativo Research Papers (original) (raw)

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- European History, Eastern European Studies, European Studies, Constitutional Law

El autor, luego de desarrollar diversos aspectos sobre el Sistema de Defensa Jurídica del Estado –incluyendo su marco normativo y su estructura, así como diversas problemáticas–, concluye en que la situación actual de este sistema debe ser revalorada con urgencia, proponiendo su fortalecimiento bajo el entendido de que en la labor de los procuradores se ponen en juego intereses comunes de toda la sociedad.

RESUMEN:
El presente trabajo tiene por objeto analizar algunas de las cuestiones que se han suscitado en la doctrina —sobre todo entre los penalistas— y en la jurisprudencia constitucional y ordinaria, a la hora de interpretar la concisa y genérica declaración del primer inciso del art. 25.2 CE, cuando se dice que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. En concreto, nos hemos ocupado de dos cuestiones interpretativas: la primera si la reeducación y reinserción social va a ser el único y exclusivo fin de las penas privativas de libertad, y la segunda, si dicha finalidad constituye o no un derecho fundamental de los condenados, al hallarse regulada dentro de la Sección primera del Capítulo segundo del Título primero de la Constitución. De la postura que se adopte en relación con ambas cuestiones dependerá, entre otros aspectos, la constitucionalidad o ilegalidad de determinadas penas privativas de libertad o de determinadas actuaciones de la Administración penitenciaria.

Lo que quiero subrayar es que el sistema judicial que nosotros tenemos y el rol del juez dentro de ese sistema judicial fue pensado para atender otro tipo de conflictos, y muchas de las preguntas que intento plantear hoy no tienen que ver justamente con conflictos de tipo individual, con conflictos de tipo privado, sino con conflictos de interés público. Desde esta perspectiva, creo que el rol de los jueces en la actualidad es un rol político, tal vez más político que nunca en la historia. Cuando hablo de rol político, valga la aclaración —aunque creo que es sobreabundante—, no estoy hablando de política partidaria. La palabra política tiene numerosas acepciones, pero básicamente tiene que ver con lo que es la ciencia de la organización del gobierno. Si queremos tener algunas respuestas y empezar a mejorar alguna de las cosas que están pasando con nuestro sistema de administración de justicia, sobre todo en el contexto de estos casos de interés público, tenemos que hacernos cargo de una idea que me parece que es básica y evidente: los jueces están haciendo política. Lo están haciendo a través de sus decisiones. No lo están haciendo como lo hace el Poder Ejecutivo o el Legislativo, sino a través de decisiones tomadas en el contexto de casos, causas o controversias, lo cual —insisto— es su misión esencial y fundamental. Pero también es una función política que no existía cuando esas causas eran puramente individuales, privadas. Pasa a ser una función política cuando esas causas involucran a millones de personas

- by Francisco Verbic
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- Constitutional Law, Procedures, Comparative Civil Procedure, Civil Procedure

Análisis respecto de las normas vigentes en materia de interceptaciones de comunicaciones en Argentina y otros países, con propuestas

Se realiza un análisis completo del sistema previsional argentino y de los principios jurídicos que lo rigen. Luego se definen que son los principios de sustitutividad y de proporcionalidad, de donde surgen y si tienen verdaderamente jerarquía constitucional. Se analiza el nuevo paradigma surgido en materia de seguridad social y cuales son los principios que lo rigen. Se concluye que los principios de sustitutividad y de proporcionalidad, no en realidad, verdaderos principios que rijan el sistema.

- by Jotabé González Saborido and +1
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- Filosofía Política, Filosofia do Direito, Derecho, Filosofía del Derecho

Análisis del derecho constitucional a la educación y la libertad de enseñanza en la Constitución Política del Perú.

- by Enrique Rajevic
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- Finance, Accountability, Governance, Participatory Democracy

En la evolución que ha tenido el derecho administrativo, desde materializarse como una Disciplina del Derecho Público y ser la máxima expresión de la función pública ante sus administrados, también se han configurado una serie de garantías frente a los últimos. Encontramos antecedentes históricos en Colombia, cuando este país comenzaba a mostrar ánimos de independencia y sus entes territoriales querían una porción de libertad y autonomía. La Constitución de Cúcuta de 1821 en su artículo 157 manifestaba lo siguiente: “La libertad que tienen los ciudadanos de reclamar sus derechos ante los depositarios de la autoridad pública, con la moderación y el respeto debidos, en ningún tiempo será impedida ni limitada”, aunque no estaba consagrado como un derecho propiamente dicho, era un reconocimiento a los administrados a solicitar aquello que se relacionará con la naturaleza de la autoridad, para la satisfacción de sus necesidades, cambiando así, el carácter deprecativo de las solicitudes ante las autoridades y dándoles en cambio un carácter más formal.
Se pensaría entonces que no fue hasta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1973 que se reconoció la Petición como un derecho, pero en Colombia ese acontecimiento se dio con la Constitución de 1886 en el artículo 45: “Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, ya sea por motivos de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución” y solo adquirió la categoría de fundamental con la Constitución de 1991. Está evolución formal del Derecho de Petición llevo también a que el Constituyente primario encontrará mecanismos para que la Administración ofreciera una respuesta al peticionante, debido que, una respuesta clara, precisa y de fondo garantiza el cumplimiento de los fines del Estado y de una consonancia con los principios de Eficacia y Celeridad de la Administración Pública.
Es este orden ideas, encontramos que la administración debe tener unos términos para entregar una respuesta al peticionante y garantizar materialmente el Derecho de Petición, porque la interposición de una petición no es sinónimo de satisfacción del derecho, el mismo sólo se verá satisfecho cuando la administración se manifieste con respecto de las Peticiones del administrado, de lo contrario, si la sola satisfacción del derecho dependiera de la presentación de la Petición, la administración podría sujetar al peticionante a largos periodos de espera por una respuesta, siendo que el Derecho de Petición obedece a una garantía fundamental del administrado, en consecuencia, su carácter fundamental le imprime premura y diligencia a la respuesta.
Es así como aparece el silencio administrativo, como un acto presunto, como una ficción jurídica, que pretende conseguir, aún sin la existencia de una respuesta, la eficacia del Derecho de Petición. Esta institución jurídico-administrativa como forma de efectivizar la materialización de un derecho y que el administrado pueda finiquitar el procedimiento administrativo, permite continuar el hilo procesal de una actuación administrativa y también garantizar al peticionante una herramienta para dar conclusión a la vía gubernativa. En este trabajo, presentaremos al silencio administrativo como un acto presunto que puede equipararse a una presunción iuris tantum.

MODELO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTAR DESCARGOS - PROCESO ADMINISTRATIVO

Desde los albores de la independencia de México, uno de los temas medulares que han ocupado la agenda política y ha suscitado acaloradas discusiones entre los legisladores de cada época, ha sido el control de las actividades de los agentes del Estado. Dentro de este contexto de controles, ha surgido el tema de la responsabilidad de los servidores públicos (o responsabilidad oficial), encaminada primordialmente a evitar la comisión de conductas irregulares, arbitrarias o ilícitas de aquellos encargados del desarrollo de las actividades del Estado, o en su caso sancionar estas conductas. Esta obra hace un recorrido histórico por las principales normas sobre responsabilidades en México, desde el periodo colonial hasta la reforma que institucionaliza el sistema nacional anticorrupción en 2015.

Tesis de Maestría en Derecho Procesal de la U.N.R. Este trabajo hace referencia a la Provincia de Mendoza (Arg.), no obstante sus valoraciones son en gran medida trasladables a otros estados provinciales o nacionales de la región (Latinoamérica), en que aún no se satisfaga la garantía de la doble instancia en el proceso administrativo.

- by Emanuel Saldi
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- Derecho Administrativo, Derechos Humanos, Derecho, Derecho Procesal

Este trabajo examina las líneas de continuidad de la Administración Pública chilena en las Constituciones de 1833, 1925 y 1980, entre las que está el presidencialismo, la rigidez institucional, la pretensión de un empleo público basado en el mérito y el centralismo, para luego analizar tres intentos fallidos de innovación en este ámbito: la descentralización territorial, la creación de una jurisdicción contencioso-administrativa especializada y la profesionalización del empleo público. A la luz de lo anterior formula algunas recomendaciones para el proceso constituyente en curso.

Aportes al debate sobre el alcance del control judicial de la tarifa, ante los derechos, garantías y principios reconocidos al usuario de los servicios públicos por el art. 42 de la C.N., y en el marco de una concepción procedimental de la Justicia.
El presente trabajo (tesina de maestría) realiza un análisis general del régimen de los servicios públicos de jurisdicción local, especialmente focalizado en la materia tarifaria, esto es: su forma jurídica, contenido, pautas que deben reunir para su validez, procedimientos y organismos que intervienen, intereses o sujetos afectados, así como los medios para su control y alcance del mismo. Ello con el objetivo de posibilitar la formulación de factores o mínimos normativos comunes que operan en todo el sistema.
Finalmente, pretende ser un aporte para el conocimiento, comprensión, mejor operatividad y –eventualmente- la crítica respecto del régimen local de los servicios púbicos.

Paper presented to STEM 2017 (Madrid): An analyse of the process of europeanisation of the modern Spanish Administrative Law produced from the time of the approval of the current Spanish Constitution (1978) and the entry of Spain in the European Union (1986) to our days, identifying the most affected areas and the basic trends of the whole process.
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Ponencia presentada en el STEM 2017 (Madrid); Un análisis del proceso de europeización del Derecho administrativo español de nuestros días que se ha producido desde la aprobación de la Constitución española de 1978 y la entrada de España en las Comunidades Europeas en 1986 hasta nuestros días, identificando las áreas más afectadas y las tendencias básicas de todo el proceso.

- by Andrés Boix Palop
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- European Union, European Union Law, Spain, Derecho Administrativo

En este trabajo se argumenta que los algoritmos empleados por parte de las Administraciones públicas para la adopción efectiva de decisiones han de ser considerados reglamentos por cumplir una función material estrictamente equivalente a la de las normas jurídicas, al reglar y predeterminar la actuación de los poderes públicos. Adicionalmente se estudia cómo, una vez asumida esta naturaleza jurídica reglamentaria de estas herramientas de programación, se deducen consecuencias jurídicas respecto de cómo han de realizarse los procedimientos de elaboración y aprobación de estos algoritmos, la necesidad de que los mismos estén debidamente publicados como normas jurídicas que son o la exigencia de que existan mecanismos de recurso directo e indirecto frente a los mismos. Todas estas consecuencias, como se expone en el texto, suponen un significativo y muy necesario incremento de las actuales garantías frente al empleo de algoritmos por parte de los poderes públicos.

- by Andrés Boix Palop
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- Algorithms, Algorithm, Derecho Administrativo, Derecho constitucional

Hans Mundaca Hassmussen.
En este artículo se analiza la legitimidad de la denominada potestad sancionadora de la administración ejercida por entes privados, ello se entiende posible por la proyección de esta potestad en el campo privado fundada en la técnica de autoadministración, por ello, de manera previa se revisan los requisitos de constitucionalidad y de ejercicio de la potestad sancionadora de la administración, como también la naturaleza de las sanciones.

- by Luca R Perfetti
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- Jurisprudence, Constitutional Law, European Law, Human Rights Law

Nuestra administración de justicia atraviesa una profunda crisis, que afecta a sus principios organizativos y a su posición misma en el entramado institucional del Estado. Diversos factores –históricos, políticos, corporativos– han confluido para liquidar el viejo sistema de justicia liberal y sustituirlo, mediante las reformas de 2003, 2009 y 2015, por un modelo sustancialmente distinto. El problema es, en opinión del autor, que el nuevo sistema gravita en torno a una burocracia centralizada, despersonalizada y supeditada al poder político, que deja al juez arrinconado y capitidisminuido. Ello supone grave menoscabo de las garantías constitucionales, nos aísla de las mejores corrientes del panorama comparado –Francia, Alemania, Inglaterra– y presagia una completa desnaturalización del proceso civil moderno introducido en España al fin, con secular atraso, en 2000. Brillante, rigurosa e incisiva, la obra no dejará indiferente a nadie interesado en este aspecto esencial de nuestro Estado de Derecho.

El trabajo comenta el artículo 73 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CCABA).
Se introduce el tema distinguiendo los conceptos de inhabilidad e incompatibilidad. Luego aborda el fundamento de las incompatibilidades: El conflicto de interés.
Se hace una reseña del debate al momento de sancionar la Constitución porteña y luego se comenta - uno a uno - los supuestos del artículo 73 de la CCABA.
A continuación se refiere de modo suscinto el procedimiento para impugnar la incorporación de Diputados previsto en el Reglamento de la Legislatura de la CABA.
Finalmente se cita jurisprudencia y bibliografía relacionada.

O presente trabalho tem por objetivo examinar, sob uma perspectiva crítica, a utilização da noção de mínimo existencial como um critério determinante para delimitar a exigibilidade judicial dos direitos fundamentais econômicos e sociais. Para tanto, busca-se precisar o significado jurídico conferido ao conceito, perpassando pela análise de suas origens, natureza e fundamentos jurídicos, estrutura normativa, relação com os direitos fundamentais econômicos e sociais, para demonstrar que a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm se valido do mínimo existencial de maneiras muito distintas e com propósitos diferenciados. Objetiva-se, assim, mapear as variadas posições adotadas a respeito dos diversos aspectos da noção de mínimo existencial, com o escopo de evitar confusões acerca do tema. Verifica-se, na pesquisa, que há três focos principais de divergências em relação à concepção de mínimo existencial, nem sempre explícitos nas obras sobre o assunto e nas decisões judiciais que o invocam: (a) quanto ao seu conteúdo: conteúdo determinável no caso concreto vs. existência de um rol constitucional preferencial; (b) quanto à sua estrutura normativa e forma de aplicação: direito prima facie (princípio) vs. direito definitivo (regra); (c) quanto à sua utilidade como critério de justiciabilidade dos direitos sociais: mínimo existencial como piso mínimo vs. mínimo existencial como teto máximo. Ao longo do estudo, são apresentados alguns caminhos e posicionamentos voltados a um emprego funcional do conceito, demonstrando a impossibilidade de utilizá-lo como critério definitivo para delinear a exigibilidade judicial dos direitos fundamentais sociais.

Se ha presentado el Proyecto de Ley Nº 23/2016-CG de fecha 11 de agosto del 2016, contenido en el Oficio Nº 01399-2016-CG/DC, dirigido
a la Presidencia del Congreso de la República, el cual propone que todo
trabajador del Estado se encuentre obligado a presentar la declaración
jurada de bienes, ingresos y rentas ante la Contraloría General de la República y que esta sea publicada en el diario oficial El Peruano. Para el autor, dicha iniciativa por parte de la CGR es muy interesante y será comentada a continuación.

Trabajo de investigación enfocado al análisis regulatorio de las disposiciones que reglamentan el otorgamiendo de concesiones para la explotación del espectro radioelectrónico en México, haciendo énfasis en el mercado de la televisión... more

Mediante el Decreto Legislativo N° 1353 se crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y un ente colegiado denominado Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este último ha traído diversas críticas, incluso por el equipo del Grupo de Trabajo conformado por el Ministerio de Justicia para la evaluación de su creación. Una de estas críticas se fundamenta en que ahora los administrados deben recurrir a una instancia administrativa más para tener recién un resultado favorable en cuanto a la solicitud de información presentada por ellos. El presente artículo analiza los alcances de este discutido Tribunal.

Cronología del conflicto constitucional producido en España con motivo de las crecientes reivindicaciones de independencia de parte de la población catalana. La cronología abarca más de una década de acontecimientos relevantes, jurídicos y políticos, y se inicia con la aprobación en el Parlament de Catalunya del un nuevo Estatut d'autonomia, el 30 de septiembre de 2005, cerrándose en las vísperas de la posible Declaración de Independencia consecuencia del referéndum de autodeterminación unilateral del 1 de octubre de 2017.

- by Andrés Boix Palop
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- Catalonia, Derecho Administrativo, Derecho constitucional, Catalunya

Texto de la ponencia presentada en el Seminario de Teoría y Método de noviembre de 2014 en la Universitat de Barcelona, dentro de la mesa sobre la Metodología del Derecho público, en tanto que comentario a la ponencia principal presentada por el Prof. J.M. Rodríguez de Santiago sobre "NORMAS DE CONDUCTA Y NORMAS DE CONTROL: UN ESTUDIO METODOLÓGICO SOBRE LA DISCRECIONALIDAD PLANIFICADORA, LA PONDERACIÓN Y SU CONTROL JUDICIAL"

Constituye un análisis de la potestad reglamentaria con la que cuenta el presidente de la república en los estados presidencialistas. Es un estudio de las características, límites, determinaciones y diferentes materias lerativas a la reglamentación. Además, es un apego a la visión de la teoría cosntitucional y la ciencia política que encaminan el tratamiento de esta materia.

- by José Chalco Salgado
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- Constitutional Law, Political Economy, Democracy, Direito Constitucional

En el marco de los cambios trascendentales producidos en la regulación de la responsabilidad estatal por las leyes 26.944 y 26.994, algunas Provincias han comenzado a dar cuenta del rol que les cabe en este nuevo escenario. Así ocurre con la de Entre Ríos, en la que en estos días se discute un proyecto de ley de responsabilidad del Estado, el que es objeto de análisis crítico en este trabajo.

Se analiza el esquema competencial existente en Argentina en torno a la gestión ambiental y su regulación legal

Há um silêncio da doutrina do Direito Administrativo no que diz respeito à discricionariedade administrativa em matéria de direitos fundamentais sociais. Para suprir essa lacuna, o artigo propõe-se a defender três ideias: (i) existe uma diferença entre situações que envolvem a discricionariedade administrativa quando o objeto de análise é a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais e quando o foco examinado é a sua dimensão objetiva; (ii) eventuais referências genéricas à “discricionariedade da competência administrativa em matéria de direitos fundamentais” podem subverter o verdadeiro significado dessa categoria jurídica, convertendo-a em um coringa do Poder Público para acobertar omissões arbitrárias; (iii) a eficácia irradiante derivada da vertente objetiva dos direitos fundamentais reduz sobremaneira a discricionariedade administrativa, podendo chegar a suprimi-la, a ponto de tornar vinculada a competência da Administração e obrigá-la a remover todos os entraves existentes e criar todas as condições necessárias para proporcionar a máxima satisfação de tais direitos, e de interpretar todo o ordenamento jurídico da maneira mais apropriada à realização ótima dos valores subjacentes aos direitos fundamentais.

La presente nota a fallo pretende poner de resalto el pronunciamiento judicial en causa "UNLaM" y los derechos que están en juego en el caso que comentamos. Se trata, ni más ni menos, que del derecho de acceso a la educación superior, de un lado, y la autonomía universitaria, por el otro, ambos consagrados en nuestra Constitución Nacional. Un breve recorrido sobre el caso en cuestión y unas conclusiones provisorias en las que afirmamos que la decisión judicial en análisis es contraria a disposiciones expresas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En el presente trabajo presentaremos un modelo argumentativo simplificado de la ponderación, para que sea una herramienta que ayude a la justificación argumentada de la labor del operador jurídico al momento de encarar la ponderación de principios. Al dividir y precisar las distintas fases que debe agotar el operador jurídico durante la ponderación, se le coloca en una posición de tener que argumentar adecuadamente cada premisa y que la misma quedaría expuesta para ser verificada por la comunidad sociopolítica y jurídica, a fin de determinar si existen buenas razones para su endoso o aceptación. Para ello examinaremos los principios jurídicos y la ponderación, y una vez concluida esta parte, estaremos en condiciones de entender el modelo que se propone.